COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA LOS JUECES QUE INTERVINIERON COMO CONTENDIENTES EN LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES EN LOS CUALES SE SUSTENTARON LOS CRITERIOS EN OPOSICIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito -ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito-, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, en lo que interesan, son:
"SEGUNDO. El conflicto competencial entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad capital, se debe resolver en favor del Juzgado Séptimo por las siguientes razones:
"En efecto, de autos se advierte que la aquí quejosa ... acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y señaló como acto reclamado la resolución de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, dictada por el Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual confirma el auto de formal prisión emitido por el Juez menor letrado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en el proceso penal número 690/96, instruido en su contra por el delito de amenazas.
"Así también se advierte, que dicha demanda de garantías le tocó conocer por turno al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, quien mediante proveído dictado en el cuaderno auxiliar A040/98-II en fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho, se declaró incompetente para conocer de la demanda de referencia; considerando que el acto reclamado tenía el carácter de declarativo carente de ejecución material al estar gozando la amparista del beneficio de la libertad provisional bajo caución, y planteó la competencia al Juez Primero de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad capital. De igual forma se observa que mediante proveído dictado en el cuaderno de antecedentes 15/98, de fecha dieciséis de marzo del presente año, el mencionado Juez Primero de Distrito en el Estado, no aceptó la competencia considerando que dicho acto reclamado sí tiene una ejecución material, en virtud de que la resolución reclamada, la cual confirma el auto de formal prisión, vincula a la quejosa al Juez natural que está conociendo del proceso aun cuando la multicitada amparista estuviera gozando del beneficio de la libertad bajo caución.
"Sentado lo anterior, debe decirse, que en la especie, la resolución reclamada sí tiene una ejecución material, aun y cuando la peticionaria de garantías esté gozando de la libertad caucional, pues al confirmar la resolución reclamada dictada por el Magistrado responsable, el auto de formal prisión, trae como consecuencia que quede firme dicho auto de término constitucional, por lo que dicho acto reclamado sí tiene una ejecución material que consiste en que sujeta a proceso a la hoy peticionaria de garantías por el delito que se le persigue; y aun cuando la amparista goce del beneficio de la libertad bajo fianza, está sujeta al cumplimiento de determinadas obligaciones ante el Juez de la causa, como lo es la de presentarse ante el juzgado de la causa cuantas veces sea requerida, por lo que el incumplimiento de las mismas trae como consecuencia la revocación de dicho beneficio, y a la vez la reaprehensión de la quejosa para ser puesta a disposición de esta última autoridad ante quien se le sigue el proceso penal, que en la especie lo es el Juez menor letrado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo que en esas condiciones es claro que la resolución reclamada sí tiene una ejecución material, y lo es en la multicitada ciudad de Reynosa, pues en dicho lugar es donde con motivo de la resolución reclamada se sujetó a proceso a la amparista al confirmarse el auto de término constitucional, por lo que debe concluirse que la resolución reclamada no tiene el carácter de declarativa.
"En esas condiciones, es claro que quien debe conocer de la demanda de garantías promovida por ... es el Juez Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en términos del artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues como ya se dijo en la especie dicho acto consistente en la resolución de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete emitida por el Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado sí tiene una ejecución material la cual tendrá lugar en la multicitada ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
"Además de que el auto de formal prisión como cabeza del proceso genera la existencia de éste, que deberá tener ejecución en el lugar donde se tramita el juicio, y en ese orden de ideas de acuerdo a lo establecido por el artículo 36 de la ley de la materia, quien debe conocer del juicio de amparo es el Juez Séptimo de Distrito en el Estado."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA. COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA EN AMPARO. La resolución dictada por el Magistrado responsable que confirma un auto de formal prisión, tiene ejecución material, no es de carácter simplemente declarativo, porque en virtud de dicha determinación el gobernado queda sujeto a proceso ante el Juez de la causa, y aun cuando se encuentre gozando del beneficio de la libertad bajo fianza, queda vinculado a determinadas obligaciones, como lo es la de presentarse al juzgado cuantas veces sea requerido, so pena, en caso de incumplimiento, de revocarse el beneficio y ordenarse su reaprehensión. Bajo esta óptica es competente para conocer de la demanda de garantías promovida en contra de la resolución que confirma el auto de término, el Juez de Distrito del lugar en donde resida el Juez de la causa."(1)
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, en lo que a este fallo interesa, resolvió:
"CUARTO. ... Así, de los términos precisados en los considerandos que a éste anteceden, se advierte plenamente la existencia de un conflicto de competencia entre el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y el Juez Octavo de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
"Previo a su estudio y resolución, indispensable resulta precisar que ambos Jueces contendientes fundaron sus determinaciones en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, mismo que establece:
"‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"‘Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
"‘Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’
"De esa forma, en el caso, el Juez Noveno de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, sostiene que el acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, no tiene ejecución material en esta ciudad, por tratarse de una resolución meramente declarativa y el Juez Octavo de Distrito en el Estado, residente en Chihuahua, capital, a su vez aduce que si bien dicho acto no tiene una ejecución material en forma inmediata, sí la tiene en forma indirecta, la cual será llevada a efecto por la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Asentado lo anterior, procede determinar que la ejecución a que se refiere el precepto transcrito, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; así fue precisado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 13/95, que se consulta en la página 107, Tomo I, junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido son: ‘COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.’
"Acorde con ello, debe tenerse en cuenta que los artículos 398 y 400, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establecen:
"‘Artículo 398. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o solamente en el primero.
"‘La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la resolución recurrida hasta que se dicte, en segunda instancia, la que corresponda.
"‘La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución apelada.
"‘Lo dispuesto en los párrafos que anteceden se entenderá sin perjuicio de que las resoluciones apeladas produzcan todos sus efectos legales con relación a los inculpados que no hubieren apelado, si sólo uno de ellos o varios hubieren interpuesto el recurso.’
"‘Artículo 400. Cuando se trate de causas que se refieran a delitos cuya pena máxima sea superior a cuatro años de prisión, procede la apelación en efecto devolutivo cuando se trate:
"‘...
"‘VII. De autos de formal prisión y de libertad por falta de elementos para procesar.’
"De dicho contexto legal se desprende que el recurso de apelación que se interpone contra el auto de formal prisión debe admitirse en el solo efecto devolutivo y, además, que tal interposición no origina la suspensión de la ejecución de la resolución apelada; por tanto, queda expedita la jurisdicción del Juez que emitió la traba para seguir conociendo de los autos principales.
"Así, no obstante que el tribunal de alzada, al conocer de tal recurso, tiene facultades expresas para examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la resolución apelada y que hayan sido materia de agravio; si dicha autoridad confirma la resolución emitida por el juzgador natural, que sujetó al quejoso a la traba de formal prisión, tal decisión no puede considerarse que tenga ejecución material, en tanto que el recurso de apelación que dio origen a su emisión no suspendió la ejecución de la resolución apelada por parte del Juez de primera instancia que lo emitió; por tanto, la decisión de segunda instancia que confirma el auto de formal prisión apelado no conlleva una ejecución material, ni siquiera indirecta, atento a que la misma recaía por entero en el a quo, quien no vio suspendida su jurisdicción para ese efecto con motivo del recurso de apelación interpuesto, ello, por disposición expresa del artículo 398 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; de ahí que su impugnación, para su debido análisis en la vía constitucional, procede tramitarse ante un Juez de Distrito residente en el lugar donde el emisor del acto reclamado tenga su domicilio.
"En esas condiciones, si la sentencia de segunda instancia reclamada que confirma el auto de bien preso apelado por ... emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no es susceptible de tener ejecución material, en el caso, conforme al tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido en su contra, debe recaer en un Juez de Distrito del lugar de la residencia de la mencionada autoridad responsable, que en la especie resulta ser el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua."
El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial 8/2003, en lo que interesa, resolvió:
"QUINTO. Con el propósito de determinar si existe el conflicto competencial planteado, es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.
"Así, de los términos precisados en los considerandos que a éste anteceden, se advierte plenamente la existencia de un conflicto de competencia entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y el Juez Octavo de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
"Previo a su estudio y resolución, indispensable resulta precisar que ambos Jueces contendientes fundaron sus determinaciones en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, mismo que establece:
"‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"‘Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
"‘Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’
"De esa forma, en el caso, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, sostiene que el acto reclamado al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, no tiene ejecución material en esta ciudad, por tratarse de una resolución meramente declarativa, y el Juez Octavo de Distrito en el Estado, residente en Chihuahua, capital, a su vez, aduce que si bien dicho acto no tiene una ejecución material en forma inmediata, sí la tiene en forma indirecta, la cual será llevada a efecto por el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Ahora bien, sin soslayar que el quejoso también reclamó la ejecución del acto atribuido a la autoridad ordenadora, debe puntualizarse que de la demanda se advierte que no fueron reclamados vicios propios de dicha ejecución; asentado lo anterior, procede determinar que la ejecución a que se refiere el precepto transcrito, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; así fue precisado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 13/95, que se consulta en la página 107, Tomo I, junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido son: ‘COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que puede derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades.’
"Acorde con ello, debe tenerse en cuenta, que los artículos 825, inciso b), 827 y 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establecen:
"‘Artículo 825. Salvo los casos expresamente exceptuados por la ley, procede la apelación en ambos efectos respecto de las siguientes resoluciones: ... b) De los autos que resuelvan, en artículo de previo y especial pronunciamiento, sobre personalidad o capacidad de las partes y los que versen sobre nulidad de actuaciones o de notificaciones tramitadas con arreglo a las disposiciones de este código sobre incidentes de previo pronunciamiento.’
"‘Artículo 827. Admitida la apelación en ambos efectos el Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remitirá los autos al superior quedando, entre tanto se decida la apelación, suspendida la jurisdicción en el asunto principal si en él se interpuso el recurso, o bien, solamente en el incidente que por cuerda separada se estuviera tramitando. En los juicios sucesorios, la apelación en ambos efectos, admitida en alguna de sus secciones, no suspende la jurisdicción del Juez para seguir conociendo de las demás, salvo que se refiera a la jurisdicción del Juez o la personalidad o representación del albacea o herederos.’
"‘Artículo 840. El superior, dentro de los tres días siguientes al en que debidamente quede notificada la sentencia, librará testimonio de ella y de sus notificaciones al inferior, anotándose en el toca la fecha en que se haga la remisión. En el mismo testimonio o ejecutoria se insertarán las constancias de autos que sean necesarias para proceder a la ejecución de la sentencia.’
"De dicho contexto legal se desprende, que el recurso de apelación que se interpone contra el auto que resolvió acerca de la personalidad de las partes debe admitirse en ambos efectos (suspensivo y devolutivo), lo que origina la suspensión de la jurisdicción del Juez para seguir conociendo de los autos principales (efecto suspensivo), en la inteligencia de que con la remisión de los autos al superior, se devuelve a éste la jurisdicción original delegada en los Jueces de primera instancia (efecto devolutivo); así, el tribunal de alzada, al conocer de tal recurso, tiene facultades expresas para examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la resolución apelada y que hayan sido materia de agravio.
"Lo anterior, por no estar permitido en dicha legislación procesal el reenvío, pues en virtud del efecto devolutivo del recurso, el tribunal ad quem está facultado para analizar con plenitud de jurisdicción los aspectos no tocados por el a quo, inclusive la cuestión principal controvertida; apoya lo expuesto el criterio visible en la página 38, Tomo IV, Parte SCJN, Sexta Época, del Apéndice de 1995, cuyos rubro y texto son: ‘APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. En el sistema procesal en que no existe reenvío, el tribunal de apelación debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al inferior que las subsane, porque debe corregirlas por sí mismo.’
"De ese modo, si la autoridad ordenadora confirmó la interlocutoria emitida por el juzgador natural, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad hecho valer por el ahora quejoso, la ejecución de tal decisión por parte del a quo no puede considerarse material, ni directa, ni indirecta, en tanto que ésta sólo podría estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías, lo que no acontece en el presente asunto, porque la sentencia de segunda instancia reclamada, para surtir plenos efectos, no requiere de ejecución material alguna, de ahí que su impugnación, para su debido análisis en la vía constitucional, procede tramitarse ante un Juez de Distrito residente en el lugar donde dicha ordenadora tenga su domicilio.
"Lo anterior se explica, en virtud del hecho de que la sentencia reclamada al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quedó firme de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece:
"‘Artículo 396. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria por ministerio de ley: ... III. Las sentencias de segunda instancia.’
"Por tales motivos, si las sentencias de segunda instancia no requieren acto de ejecución alguno para surtir plenos efectos, ya que éstos surgen a la vida jurídica desde la fecha de emisión de dicha resolución, los Jueces de primera instancia, como el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, impedidos se encuentran para ejecutar materialmente las resoluciones de la alzada y, consecuentemente, en el caso, no puede atribuirse al mencionado juzgador actuación alguna en ese sentido que pudiera ocasionar lesión a las garantías individuales del quejoso.
"En esas condiciones, si la sentencia de segunda instancia reclamada, emitida por el Magistrado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no requiere de ejecución material para surtir plenos efectos, en el caso, conforme al tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido en su contra, debe recaer en un Juez de Distrito del lugar de residencia de la mencionada autoridad responsable, que en la especie resulta ser el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; surge la aplicación del criterio visible en la página 31, Tercera Parte, Volumen CXXXII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido son: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. ACTO QUE NO ADMITE O NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente para conocer del amparo relacionado es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto.’
"En mérito de lo supra asentado y de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, es al Juez Octavo de Distrito en el Estado, residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a quien corresponde seguir conociendo del juicio de garantías de referencia, a quien deberán remitirse los autos del juicio de garantías objeto del conflicto competencial planteado, para que prosiga con su trámite."
CUARTO. Procedencia de la contradicción de criterios. Previo al análisis de la cuestión fundamental de este fallo, resulta necesario determinar si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una contradicción de criterios.
Para que se surta la señalada procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos de aquellas que, aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)
Precisado lo anterior, debe señalarse que en la especie sí se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 2/98-IV, y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, excluyendo de la contradicción el conflicto competencial 8/2003, resuelto por este último, como se demostrará posteriormente.
Sin que sea obstáculo a lo anterior el que el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2005, no haya dado lugar a tesis expuesta de manera formal. Ello, en virtud de que para que exista contradicción de tesis basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por los Tribunales Colegiados de Circuito en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
Lo anterior encuentra apoyo en lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial contenido en la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(3)
Dicho lo anterior, lo que procede es demostrar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, y para ello se hace la siguiente relación:
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito -ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito-.
Conflicto competencial 2/98-IV
Juzgados contendientes: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa; y Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria.
Quejosa: ...
Acto reclamado: La resolución dictada en el toca de apelación 268, que confirma el auto de formal prisión dictado por el Juez menor letrado de Reynosa dentro del proceso penal número 690/96, instruido en contra de la quejosa por el delito de amenazas.
Autoridad responsable: Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria.
Tribunal que conoció del conflicto competencial: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
• Se parte, en primer término, del contenido del artículo 36 de la Ley de Amparo, respecto a que son competentes para conocer de un juicio de amparo los Jueces de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o, si éste no tiene ejecución material, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.
• Se considera que la resolución reclamada -fallo dictado en el toca de apelación que confirma el auto de formal prisión- no es meramente declarativa, sino que sí tiene una ejecución material.
• Lo anterior, toda vez que se estima que la confirmación de un auto de formal prisión trae como consecuencia que quede firme dicho auto de término constitucional, lo que genera el efecto de sujetar a proceso al inculpado, lo que implica una ejecución material.
• Así también, se considera que aun cuando la quejosa goce del beneficio de la libertad bajo fianza, queda sujeta al cumplimiento de determinadas obligaciones ante el Juez de la causa, cuyo incumplimiento genera la revocación de dicho beneficio y, por ende, la eventual reaprehensión de la misma.
• Por lo anterior, se resuelve que la resolución que confirma un auto de formal prisión sí tiene ejecución material, misma que ha de llevarse a cabo en el lugar en que resida el Juez de primera instancia, ante quien se le siga el proceso penal al inculpado -en el caso, el Juez menor letrado con residencia en Reynosa, Tamaulipas-. De ello que se otorgue competencia para conocer del amparo indirecto en cuestión al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa.
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
Conflicto competencial 1/2005
Juzgados contendientes: Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua.
Quejosa: ...
Acto reclamado: La resolución pronunciada en el toca de apelación 549/03, que confirma el auto de formal prisión dictado por la Juez Segundo Penal del Distrito Judicial Bravos, en contra del quejoso, por el delito de homicidio calificado.
Autoridad responsable: Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua.
Tribunal que conoció del conflicto competencial: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
• Se parte, asi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19233-3aee9301/competencia-en-amparo-se-surte-a-favor-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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