SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DEL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CUANDO EN EL INCIDENTE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES II, V O VI DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO. SUSPENSIÓN. PRUEBAS ADMISIBLES CUANDO SE RECLAME EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL CORTE EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para establecer la existencia de la contradicción denunciada, es necesario acudir a las consideraciones de las ejecutorias dictadas por los tribunales contendientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 6/2002, promovido por José Gerardo Gómez Reyes, el veinticuatro de enero de dos mil dos, en lo que interesa a la presente contradicción de tesis, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios hechos valer son ineficaces. El recurrente alega, en esencia, que el acuerdo combatido es ilegal, porque el Juez de Distrito le negó la suspensión provisional de los actos reclamados, no obstante de encontrarse reunidos los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo para concederla, motivando indebidamente dicha determinación bajo los argumentos consistentes en que de concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público, violando el contenido de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que al decretarse la medida cautelar, se permitiría una reconexión irregular y la utilización de la energía eléctrica en esas condiciones, sin especificar cuáles eran esas disposiciones de orden público, por lo que el acuerdo recurrido también carece de fundamentación y motivación, cuando lo cierto es que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en virtud de que: ‘el artículo el suministro (sic), sin que se requiera para el efecto intervención de la autoridad, cuando: I. Exista falta de pago de la facturación durante un periodo normal de la misma; II. Se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición del suministrador; III. Las instalaciones del usuario no cumplan con las normas oficiales mexicanas; IV. Se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; V. Se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo, y VI. Se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV, el suministrador deberá dar aviso al usuario con tres días de anticipación a la fecha fijada para el corte, plazo dentro del cual se podrá regularizar la situación o liquidar el adeudo correspondiente.’, por lo que si el recurrente no se encuentra en alguna de las hipótesis anteriores, debe estimarse que el precepto que las prevé se infringió en su perjuicio, e incluso aun cuando se actualizara el supuesto previsto por la fracción II, la Comisión Federal de Electricidad debió darle aviso con tres días de anticipación a la fecha fijada para el corte, plazo dentro del cual se puede regularizar la situación o liquidar el adeudo correspondiente, sin embargo, la referida comisión no respetó en ningún momento tal garantía, violándose en su perjuicio lo establecido por el artículo 35 del Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, al haber cortado el suministro de energía eléctrica de manera inmediata, fuera de todo procedimiento administrativo y judicial, lo cual lo dejó en estado de indefensión, ya que ni siquiera se le permitió arreglar su situación ante el proveedor, de ahí que se vio en la necesidad de ordenar a un electricista se reconectara nuevamente por no adeudar cantidad alguna ante la responsable o haber alterado sellos oficiales del medidor, como alega la indicada autoridad, pues el hoy recurrente no es perito en la materia para saber si arbitrariamente la autoridad responsable quiere imputarle una infracción que nunca ha cometido, por ello, considera que no se viola disposición pública alguna de concederse la suspensión provisional, ni el contenido del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues actualmente, como lo manifestó en el escrito inicial de la demanda, contrariamente a lo establecido por el Juez de Distrito, el suministro de energía eléctrica se encuentra actualmente reconectado, por lo que son improcedentes las manifestaciones que al decretarse la medida cautelar se permitiría una reconexión irregular y la utilización de la energía eléctrica en esas condiciones, pues la finalidad de haber solicitado la suspensión provisional del acto reclamado es dejar las cosas en el estado en que se encuentran en tanto se arregla la situación jurídica del recurrente, para no sufrir nuevamente un corte en el suministro de energía de manera ilegal e injustificada.
"Los referidos argumentos son ineficaces, pues aun cuando el a quo, para negar la suspensión provisional de los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la orden de corte del suministro de energía eléctrica, con base en que de otorgarse la suspensión provisional respecto de los aludidos actos reclamados, se contravendrían disposiciones de orden público, no citó cuáles eran esas disposiciones, lo cierto es que ello no tiene el alcance de revocar el acuerdo recurrido, si se toma en consideración que, como bien lo determinó el Juez Federal, de concederse la suspensión provisional de los actos reclamados sí se contravendrían normas de ese carácter, específicamente las contenidas en los artículos 26, fracciones II y VI, de la Ley de Energía Eléctrica y 35, fracción VI, del reglamento relativo, que prevén la suspensión del servicio de energía eléctrica, entre otras hipótesis, cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control y medición del suministrador, o bien, cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del referido suministrador, lo que, interpretado a contrario sensu, implica la prohibición en la utilización del servicio en esos casos, de ahí que si el a quo estimó con base en la prueba aportada por el propio quejoso, consistente en ‘prueba de suministros en baja tensión’, expedida por la Comisión Federal de Electricidad, División Oriente, que existía una anomalía en el medidor exterior, en razón de que el sello interior tipo plomo es de los no oficiales, es evidente que de otorgarse la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban al momento de la presentación de la demanda, implicaría la contravención de las referidas disposiciones que establecen lo contrario (sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto), máxime que si el propio quejoso señaló en la demanda de amparo que el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, se suspendió el suministro de energía eléctrica en su domicilio, no obstante que se encontraba al corriente en su pago, por lo que procedió a contratar a un electricista para volverlo a reconectar, es inconcuso que, como bien lo estimó el a quo, de concederse la referida suspensión provisional se permitiría una reconexión irregular y la utilización de la energía eléctrica en esas condiciones, lo que sería jurídicamente inadmisible, pues de ser así, el órgano jurisdiccional se sustituiría en facultades exclusivas de autoridades administrativas, por ende, no se reúnen las exigencias del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.
"En consecuencia, al resultar ineficaces los agravios examinados, procede declarar infundado el presente recurso de queja."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el incidente en revisión 320/2005, interpuesto por Ricardo Jiménez Santos, el cinco de agosto de dos mil cinco, en lo que interesa al presente asunto, sostuvo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. De los agravios que se transcriben, resulta sustancialmente fundado lo que aduce el recurrente en torno a que, en el caso, con el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.
"En principio, conviene establecer que el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone, en lo que trasciende (lo transcribe):
"Ahora bien, si se entiende por interés social el que tiene un conglomerado humano en conjunto frente a una situación específica que lo afecta positiva o negativamente, y por normas de orden público a aquellas que no previenen conductas que sólo afectan intereses particulares, sino generales y de importancia trascendente para la colectividad, debe decirse que si, en la especie, la suspensión se solicitó respecto de la cuantificación, facturación, cobro y amenaza de corte del suministro de energía eléctrica que se le proporciona al quejoso, ahora recurrente, por aprovechamiento indebido del fluido relativo, de acuerdo a lo manifestado en el informe rendido por las autoridades responsables, Comisión Federal de Electricidad, coordinadora general del Programa de Abatimiento de Pérdidas de la División de Distribución Oriente, Zona Veracruz, así como del departamento comercial de la propia comisión citada, visible en las fojas veinticuatro a veintiséis del cuaderno inicial respectivo, cabe concluir que de concederse la suspensión solicitada no se contravendrían disposiciones de orden público, ya que de otorgarse dicha medida no se altera la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica a la colectividad, ni se obstaculiza que ésta tenga un provecho, como que se le prive de un beneficio que le otorga la ley; de donde este Tribunal Colegiado de Circuito considera que se debe conceder la suspensión solicitada, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo.
"Robustece la consideración anterior, la jurisprudencia que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que se comparte y aparece publicada en la página setecientos veintidós, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año mil novecientos noventa y cinco, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.’ (la transcribe).
"No es óbice a lo anterior, que el quejoso no hubiera ofrecido medios de convicción que desvirtuaran las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables, ya que no debe perderse de vista que las pretensiones de tal autoridad, con los elementos de juicio aportados en el incidente de suspensión, son materia de análisis en el juicio principal, además de que dado el breve término que tiene el Juez Federal para resolver la controversia incidental, difícilmente podría admitir y desahogar todas las pruebas que pudieran aportar las partes para justificar sus aseveraciones, o bien, desvirtuar las de su contraria, lo que le permitiría adoptar una decisión suficientemente informada y apegada a derecho.
"Además, la finalidad del incidente consiste en suspender el acto reclamado, empero esto no entraña que deban tenerse en consideración cuestiones de fondo del asunto en este trámite, como ocurriría si se calificara que el cobro y corte del suministro relativo devienen de una reconexión ilícita, como incorrectamente lo hizo el Juez de Distrito, pues con ello se dejaría sin materia el juicio de amparo.
"Esto es así, porque si bien es cierto que los actos que se reclaman según las autoridades responsables se originaron por haber descubierto, con motivo de la verificación realizada, una irregularidad que denominan ‘carga conectada antes de medición’, lo cual viola los términos del contrato de suministro que tiene celebrado con el usuario, no debe pasarse por alto que este aspecto debe ser motivo de análisis en el juicio de amparo indirecto de donde se deriva este incidente, pues es entonces cuando se calificará la legalidad o ilegalidad de los actos que se reclaman, por lo que de negarse la suspensión solicitada basándose sólo en la prueba aportada por las responsables, que está agregada en la foja dieciséis del cuaderno de suspensión respectivo, se estaría resolviendo la litis constitucional, dejando sin materia el juicio de amparo biinstancial, pues así se tienen por ciertas las manifestaciones de las autoridades responsables, cuando aún no se dilucida la cuestión de fondo planteada, por lo cual, es necesario, por el momento, para decidir lo conducente sobre la suspensión definitiva solicitada, sólo atender a que se satisfagan los requisitos exigidos por el invocado artículo 124 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, lo que ya se examinó.
"En las relatadas condiciones, ante la eficacia del agravio que se examina, lo que procede, en la especie, es revocar el auto que se revisa y conceder al quejoso la suspensión de los actos reclamados que solicita.
"En el mismo sentido fueron resueltos, por este Tribunal Colegiado de Circuito, los incidentes en revisión administrativa 115/2005, interpuesto por María del Rosario Hernández Molina, a través de su autorizado, resuelto en sesión de ocho de abril de dos mil cinco, y el diverso 129/2005, interpuesto por el quejoso Silvestre Correa Flores, resuelto en sesión de nueve de mayo del mismo año, que se tienen a la vista y constituyen para este órgano colegiado un hecho notorio, en términos de la jurisprudencia que por analogía se aplica y se publica en la página ciento diecisiete, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.’ (la transcribe).
"Vista la conclusión a la que se llegó con el estudio del agravio anterior, es innecesario el análisis de los demás que se hacen valer, toda vez que cualquiera que fuese el resultado de su examen, ello en nada cambiaría el sentido del presente fallo.
"Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, misma que este cuerpo colegiado hace suya, visible en la página trescientos noventa y siete, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete al dos mil, de voz: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (la transcribe)."
En relación con el mismo tema, el mencionado tribunal hizo los siguientes señalamientos al resolver el incidente en revisión 115/2005:
"SEXTO. Es sustancialmente fundado el primero de los agravios que hace valer la recurrente.
"En él aduce, en esencia, que con la reconexión del servicio de suministro de energía eléctrica, aun en el supuesto no concedido de que se tratara de un uso irregular, no se obstaculiza o entorpece la planeación del sistema eléctrico nacional, ni la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, o bien, la realización de obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional, es decir, con la concesión de la medida cautelar no se genera una desventaja para la colectividad, ni se le impide la obtención de un provecho, dado que no se altera la prestación del servicio público de energía eléctrica, ni se obstaculiza su cobro.
"Para arribar a esta conclusión, es necesario destacar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de corte del suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la calle Isabel Carreón, número mil treinta y tres, Fraccionamiento Villa Rica, en la ciudad de Veracruz, Veracruz, así como el corte mismo de dicho fluido.
"Asimismo, del análisis de las constancias que obran agregadas en el incidente de suspensión, se advierte que por auto de treinta y uno de enero de dos mil cinco, el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva le fuese reinstalado a la quejosa, aquí recurrente, el servicio de energía eléctrica, para lo cual -indicó- era necesario que satisficiera los requisitos técnicos y de seguridad que fijan las normas mexicanas, en términos del artículo 28 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hecho que, señaló, debería acreditar la autoridad responsable ante ese juzgado.
"La coordinadora general del Programa Especial de Abatimiento de Pérdidas Área Comercial, de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Veracruz, señalada como autoridad responsable, al rendir su informe previo manifestó, entre otras cuestiones (las cuales no viene al caso destacar todas, por no formar parte de la litis en el presente recurso), que es cierto el acto consistente en el corte del servicio de suministro de energía eléctrica, en razón de que la quejosa, aquí recurrente, además de tener un adeudo por concepto de facturación normal tiene otro por concepto de ajuste a la facturación derivada de un ilícito, motivo por el cual desde el mes de diciembre de dos mil cuatro se le suspendió dicho fluido, atento a que, según dijo, se actualizaron las hipótesis previstas en las fracciones I, II y IV del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues dada la irregularidad detectada en el domicilio de la recurrente, emerge la facultad que otorga la ley a ese organismo público para realizar el corte del suministro de energía eléctrica, sin responsabilidad alguna, conforme al invocado numeral 26 de la ley en comento.
"Por consiguiente, solicitó se negara la suspensión definitiva, pues la anomalía apuntada infringía los términos del contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que de otorgarse se contravendrían disposiciones de orden público, además de que se permitiría el uso ilícito del servicio, que bien podría constituir una conducta delictiva, como es el ‘robo’ de fluido de energía eléctrica.
"Así las cosas, mediante resolución interlocutoria pronunciada el nueve de febrero de dos mil cinco, el Juez de Distrito determinó negar la suspensión definitiva respecto al corte del suministro de energía eléctrica, por estimar que del informe previo rendido por la autoridad responsable se desprende que el corte obedece a irregularidades detectadas en el suministro de energía, consistente en el ‘robo’ de dicho fluido, lo cual -dijo- contraviene lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que de concederse la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público, infringiéndose con ello la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues se permitiría una reconexión irregular y la utilización de la energía eléctrica en esas condiciones.
"Ahora bien, sobre el particular, el artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que para que proceda la suspensión del acto reclamado, deben concurrir los siguientes requisitos: ‘I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; y, III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’
"Del precepto transcrito, se desprende que la fracción II señala como uno de los requisitos para decretar la suspensión del acto reclamado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y determina en forma casuística las hipótesis en las cuales, de concederse la suspensión, sí se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
"La enumeración de casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, no es limitativa sino enunciativa y tan es así que el propio artículo 124 invocado, al enumerarlos se refiere a esos casos, ‘entre otros’.
"En concatenación con lo anterior, debe precisarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno.
"Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.
"Estos razonamientos encuentran apoyo en las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/98, que dio origen a la jurisprudencia número 81/99, visible en la página trescientos catorce, Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NEGARSE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DISMINUCIÓN DEL TECHO FÍSICO MENSUAL A UNA EMPRESA QUE GOZANDO DE SUBSIDIO PRODUZCA TORTILLA DE MAÍZ PARA CONSUMO HUMANO DE PRECIO CONTROLADO.’ (la transcribe).
"En vinculación con los anteriores razonamientos, se considera que el ‘orden público’ y el ‘interés social’ se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; de acuerdo con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Volumen VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (la transcribe).
"Atento a lo antes expuesto, cabe señalar que asiste razón a la recurrente, pues a criterio de este Tribunal Colegiado, las razones expresadas por el Juez de Distrito al emitir la interlocutoria recurrida, en modo alguno podrían considerarse suficientes para estimar que con la concesión de la suspensión definitiva se contravienen disposiciones de orden público, ya que no basta que la exigencia relativa a que quien solicite el servicio de suministro de energía eléctrica debe satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas, derive de una ley de orden público, como lo es el artículo 28 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que se considere que la concesión de la suspensión contraviene lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, parte de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, y lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma, por lo que la contravención al orden público, en términos generales, se presenta cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, tal como ha quedado establecido en los términos de las jurisprudencias emitidas sobre el particular anteriormente transcritas.
"Por tanto, si no se aportaron elementos de prueba que demuestren que con el otorgamiento de la suspensión se impide a la Comisión Federal de Electricidad la realización del servicio de suministrar energía eléctrica a la colectividad, que le está encomendada de conformidad con el artículo 2o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, o bien, que se le impida el cobro del servicio de dicho fluido, no hay razón para que se niegue a la parte quejosa, aquí recurrente, la medida cautelar solicitada, pues se reitera, no basta que el acto reclamado se haya emitido con base en un procedimiento tutelado por una ley de orden público, para estimar que el otorgamiento de la medida suspensional contraviene dicha ley, sino que es necesario que con la suspensión se prive a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo cual no acontece en el caso.
"Aunado a lo expuesto, las razones por las que el Juez de Distrito consideró que con la concesión de la suspensión definitiva se contravienen disposiciones de orden público, constituyen argumentos que conforman propiamente la materia de fondo del juicio de amparo, pues lo relativo a que si la quejosa, ahora recurrente, cometió una irregularidad en términos de las fracciones I, II y IV del artículo 26 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, que amerite el corte inmediato del servicio de la energía eléctrica, es materia de la que se ocupará la sentencia de fondo del juicio de garantías, a la luz de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo.
"Sin que con lo anterior se pase por alto el contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, que dispone que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; toda vez que no aparece demostrado, al menos por ahora, que las irregularidades previstas en el artículo 26, fracciones I, II y IV, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el que la autoridad responsable encuadra la conducta de la quejosa, ahora recurrente, constituyan un delito.
"La suspensión definitiva otorgada surte efectos de inmediato y sin necesidad de exigir garantía alguna, toda vez que no existe tercero perjudicado a quien pudiese perjudicar esta decisión, como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo, ni se está en la hipótesis prevista en el artículo 135 de esa misma ley, que exige el otorgamiento de garantía cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones, atento a que la quejosa, ahora recurrente, no reclamó el cobro por consumo de energía eléctrica, sino el corte de dicho fluido.
"Lo anterior tiene apoyo además, en la jurisprudencia X.2o. J/5, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, consultable en la página mil seiscientos veinticinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, cuyos rubro y texto dicen: ‘SUSPENSIÓN. NO ES PROCEDENTE SOLICITAR LA GARANTÍA CUANDO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.’ (la transcribe).
"En esas condiciones, ante lo fundado del agravio en estudio, lo que procede es revocar la resolución interlocutoria en la parte recurrida y conceder la suspensión definitiva del acto reclamado a la coordinadora general del Programa Especial de Abatimiento de Pérdidas Área Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Veracruz, con sede en esa misma ciudad, consistente en el corte del suministro de energía eléctrica, para el mismo efecto concedido en la suspensión provisional."
Criterio que también sostuvo ese órgano colegiado al resolver el amparo en revisión 129/2005, cuya transcripción se estima innecesaria por reiterar las mismas consideraciones.
CUARTO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, y de cuya interpretación esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para que exista materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por este Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de do
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19350-4806bf25/suspension-es-improcedente-tratandose-del-corte-de-suministro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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