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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ COMO REQUISITO PARA DEDUCIR LOS GASTOS EN EFECTIVO QUE SE HAYAN EFECTUADO CON CHEQUE NOMINATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1997 Y 2000).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19296
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 1068.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el trece de julio de dos mil cinco, el amparo directo 191/2005, en la parte que interesa, estableció:

"Ahora bien, el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante el ejercicio revisado de dos mil, disponía:

"‘Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

"‘...

"‘III. Que se comprueben con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio; y que en el caso de contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a $1'194,535.00, efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente los pagos en efectivo cuyo monto exceda de $5,973.00 excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos a que se refiere esta fracción cuando las mismas se efectúen en poblaciones sin servicios bancarios o en zonas rurales. Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo, la expresión «para abono de cuenta del beneficiario».’

"...

"A este respecto, resulta indispensable acudir a la exposición de motivos de la reforma sufrida por el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre del año dos mil, en la cual la fracción III del referido precepto, fue reformada y en ella se adicionó, por primera vez, la obligación de efectuar los pagos en dinero cuyo monto excediera de dos veces el salario mínimo general de su zona económica vigente el primero de enero del año de que se trate, con cheques nominativos cuando en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cien millones de pesos, pues en dicha exposición el legislador externa el motivo de la medida tildada de inconstitucional, en los siguientes términos:

"‘Cámara de Origen: Diputados. Exposición de motivos. México, D.F., a 9 de diciembre de 1982. Iniciativa ... En cuanto a las deducciones autorizadas, se proponen diversas adiciones en el artículo 24, la primera de ellas en la fracción III, para contemplar que se comprueben con documentación que reúna los requisitos señalados por las disposiciones fiscales y tratándose de contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a una cantidad equivalente a quince veces el salario mínimo general de la zona económica del contribuyente, elevado al año efectúen mediante cheque nominativo o tarjeta de crédito del contribuyente los pagos cuyo monto exceda al salario mínimo general de su zona económica vigente el 1o. de enero del año de que se trate, elevado al mes; la finalidad de esta adición es permitir a las autoridades fiscales una comprobación de las deducciones que efectúen los contribuyentes más eficaz; la fracción IX se reforma para incluir entre los supuestos contemplados a los ingresos por dividendos y en general por ganancias distribuidas por sociedades mercantiles; y por último, en la fracción XX del precepto que se comenta se establece en el caso de motocicletas sólo serán deducibles hasta en un 70% los pagos por el uso o goce temporal de las comprendidas en la fracción I del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos ...’

"Como se logra desprender de la exposición antes transcrita, el motivo por el cual el legislador al imponer la obligación a los contribuyentes de pagar sus gastos con cheque nominativo en el caso de que sus ingresos hubieran excedido de un límite determinado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, responde, como se dijo, a la necesidad de tener un mayor control de las deducciones que se realicen, máxime en el caso de que excedieran de una determinada cantidad de ingresos, pues esto da lugar a que se presuma una determinada capacidad contributiva, es decir, la razón objetiva de que en el caso se hubiera hecho una distinción entre los contribuyentes que obtenían un determinado monto de ingresos y otros que no lo hubieran obtenido, es la de tener la posibilidad de controlar y verificar que los gastos efectivamente se realizaron y que son deducibles, pues como se señaló anteriormente esto redundará en la reducción de la base gravable y, por tanto, de los impuestos por pagar, razón por la cual es correcto que el legislador prevea mayores requisitos para un tipo de contribuyentes que otros, pues presuntivamente la capacidad contributiva es mayor en unos que en otros y, por tanto, se dé un trato distinto a unos que a otros, pues es justo que los que ganan más paguen más, toda vez que la equidad debe atender al ingreso que se obtenga y no así a los requisitos que se deben cumplir para realizar las deducciones. En este orden de ideas, es claro que deviene infundado el argumento relativo a que el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el diverso precepto 31, fracción IV, de la Constitución Federal, atento a que aquel dispositivo legal, además de no rechazar ninguna deducción ni permitir el incremento artificial de la base gravable, sólo exige que las erogaciones que pretenden realizarse se hubieran hecho con cheque nominativo a fin de poder establecer con mayor facilidad la relación jurídica entre comprador y vendedor, así como el objeto del gasto cuya contraprestación se pretende deducir, sin que con ello se transgredan los principios de justicia tributaria establecidos en el citado precepto constitucional.

"Así, resulta errónea la pretensión de considerar inequitativo el trato que da la ley a contribuyentes que se ubican en diversos supuestos. Dicho de otra manera, el principio de equidad en materia tributaria se refiere, como ya se mencionó, a que las leyes fiscales deben dar un trato igual a aquellos sujetos que están en los mismos supuestos y desigual a aquellos que se colocan en situaciones desiguales y, por tanto, al no tratarse de contribuyentes que se encuentren en la misma hipótesis por el hecho de haber obtenido un ingreso mayor a otros contribuyentes, es claro que no existe la inequidad alegada, pues a supuestos diferentes se les dé un trato también diferente."

Asimismo, es pertinente puntualizar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el dos de mayo de dos mil tres, el amparo directo 32/2003, en lo conducente, sostuvo:

"SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer son parcialmente fundados.

"La quejosa alega en el primer concepto de violación, que el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y siete (en el que se basó la autoridad responsable para declarar la validez del rechazo de deducciones efectuado por la demandada), es inconstitucional al ser evidente el trato inequitativo que brinda a contribuyentes que se encuentran ante el mismo hecho generador.

"...

"Para mejor comprensión del asunto, cabe precisar que el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y siete, establecía:

"‘Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: ... III. Que se comprueben con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, y que en el caso de contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cuatrocientos mil pesos, efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, los pagos en efectivo cuyo monto exceda de dos mil pesos, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos a que se refiere esta fracción cuando las mismas se efectúen en poblaciones sin servicios bancarios o en zonas rurales. Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo, la expresión «para abono en cuenta del beneficiario».’

"De la transcripción anterior, se advierte que el requisito general exigido por la fracción III del artículo citado para la procedencia de las deducciones autorizadas en el capítulo relativo de la ley en consulta (previstas específicamente en los artículos 22 y 24), consistía en que las deducciones se comprobaran con documentación que reuniera los requisitos previstos por las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expidiera, así como de quien hubiera adquirido el bien respectivo o recibido el servicio. Empero, también se aprecia que para las deducciones pretendidas por contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cuatrocientos mil pesos, el legislador añadió los requisitos siguientes:

"1) Que se efectuaran mediante cheque nominativo del contribuyente, los pagos en efectivo cuyo monto excediera de dos mil pesos, excepto cuando dichos pagos se hicieran por la prestación de un servicio personal subordinado; y,

"2) Que cuando los pagos se efectuaran mediante cheque nominativo, éste debería ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del registro federal relativo, así como en el anverso del mismo, la expresión ‘para abono en cuenta del beneficiario’.

"Como excepción, se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, cuando las mismas se efectuaran en poblaciones sin servicios bancarios o en zonas rurales y, como modalidad, que los pagos que en los términos indicados debieran efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrían realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.

"El artículo 22 del mismo ordenamiento legal, vigente en el propio año, establecía:

"‘Artículo 22. Deducciones. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, aun cuando se efectúen en ejercicios posteriores. II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores. No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera o piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas onzas troy. III. Los gastos. IV. Las inversiones. V. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario inicial fuere el mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería. VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo. VII. Las aportaciones a fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología, así como las aportaciones a fondos destinados a programas de capacitación de sus empleados en los términos del artículo 27 de esta ley. VIII. La creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. IX. Derogada. X. Los intereses y la pérdida inflacionaria determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 7o. B de esta ley. XI. Los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando las distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 78 de esta ley.’

"La interpretación sistemática de los artículos 22 y 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite establecer que la procedencia de las deducciones autorizadas por el primero de los preceptos citados, estaba supeditada al cumplimiento de los requisitos contenidos en el mencionado artículo 24, entre ellos, el establecido en su fracción III, a los que se ha hecho referencia. Asimismo, se desprende que la procedencia de dichas deducciones y, por ende, el cumplimiento de aquellos requisitos era trascendente para la determinación de la base gravable sobre la que se aplicaría la tasa correspondiente a fin de obtener el monto del impuesto a pagar, pues de los ingresos obtenidos por el contribuyente durante el ejercicio correspondiente, se disminuyen las deducciones autorizadas, depurando así la totalidad de esos ingresos.

"En la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y uno (abrogada por la ley vigente a partir del primero de enero del año dos mil dos), se expresó en relación con el tema de las deducciones en general en cuyo capítulo se encuentra el artículo 24, fracción III, en análisis, lo siguiente:

"‘De las deducciones en general. Este capítulo contiene las deducciones a que tienen derecho los contribuyentes. En la sección I, se enuncian en forma genérica todas las deducciones y los requisitos que deben reunir y en las secciones posteriores se tratan en forma específica las más relevantes. Las deducciones que se enumeran son las siguientes: las devoluciones, descuentos o bonificaciones; el costo; los gastos; las inversiones; las pérdidas de bienes por caso fortuito o fuerza mayor; las derivadas de operaciones en moneda extranjera; los créditos incobrables; las aportaciones para fondos destinados a la investigación y desarrollo de tecnología y la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad. En el caso de los ganaderos se autoriza como deducción la diferencia entre los inventarios inicial y final de un ejercicio, cuando el inicial fuere el mayor. Los requisitos que deberán reunir las deducciones son los siguientes: Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad empresarial; proceder en los términos de la sección III de este capítulo cuando se trate de inversiones; comprobarse con documentación que reúna los requisitos fiscales señalados en el reglamento; registrarse debidamente en contabilidad, haberse dado cumplimiento a las obligaciones en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros. Los pagos por salarios, honorarios o arrendamiento, deberán haber sido efectivamente pagados en el ejercicio de que se trate. Los intereses sólo son deducibles si los capitales tomados en préstamo se invierten en los fines del negocio. Para deducir los pagos por asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías efectuados a personas residentes en el extranjero, se deberá comprobar que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello; que los preste en forma directa y no a través de terceros, que consista en servicios que efectivamente se hayan llevado a cabo y que el contrato se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transparencia de Tecnología. Cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se efectúen a personas obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes debe proporcionarse la clave respectiva. En los pagos a quienes estén obligados a trasladar el impuesto al valor agregado, la traslación debe ser expresa y por separado en la documentación comprobatoria. Los pagos por honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquiera otra índole, se determinarán en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia. Son gastos deducibles por concepto de previsión social los que se efectúen por jubilaciones, fallecimiento, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles o actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga ...’

"Cabe precisar que el texto del artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, ha sido esencialmente el mismo desde su entrada en vigor hasta el año de mil novecientos noventa y siete, que es el año de vigencia en que se tilda de inconstitucional, con la salvedad de las cantidades precisadas en dicha fracción, las cuales se fueron actualizando mediante las disposiciones de vigencia anual correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 7o. C de dicho ordenamiento legal, en relación con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, en la inteligencia de que las cantidades de cuatrocientos mil pesos y de dos mil pesos contempladas en la fracción mencionada, vigente en mil novecientos noventa y siete, se encuentran actualizadas conforme al mes de enero de mil novecientos noventa y cinco, con base en la disposición de vigencia anual relativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

"El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, prevé: ‘Artículo 31. Son obligaciones de todos los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el principio de equidad en los tributos, previsto por el citado artículo 31, fracción IV, ha considerado que éste radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, concluyendo que la equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, en la inteligencia de que para poder cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, con la condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que deben sustentarse en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, las cuales pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política social o incluso extrafiscales.

"Dicho criterio se encuentra plasmado en las tesis de jurisprudencia números 251 y 255, visibles en las páginas doscientos noventa y seis, doscientos noventa y siete, trescientos dos y siguiente del Tomo I, Materia Constitucional, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’ e ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.’

"Ahora bien, aplicando las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el principio de equidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en torno a los requisitos previstos por el artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y siete, para la procedencia de las deducciones autorizadas por el diverso artículo 22 de dicho ordenamiento, específicamente que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cuatrocientos mil pesos, consistentes esencialmente en efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente los pagos en efectivo cuyo monto excediera de dos mil pesos, que cuando los pagos se efectuaran de esa forma, los cheques debían ser de su cuenta y contener su clave del registro federal relativo, así como en el anverso del mismo, la expresión ‘para abono en cuenta del beneficiario’, debe concluirse que en ese aspecto la fracción III del artículo 24 referido, viola el principio constitucional aludido, toda vez que da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece mayores requisitos para la procedencia de las deducciones autorizadas por la ley, tratándose de contribuyentes que hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cuatrocientos mil pesos en el ejercicio inmediato anterior, respecto de quienes no hubieren obtenido dicho ingreso, a pesar de ser sujetos pasivos de ese impuesto, con iguales condiciones tributarias en cuanto a la determinación del mismo, sin que exista en la propia ley o en la exposición de motivos relativa, una justificación objetiva y razonable del tratamiento diferente entre una y otra categoría, aun cuando se ubican en situaciones análogas como causantes de ese tributo, pues cualquier persona moral que con motivo de las actividades que realice esté obligada al pago del impuesto en comento, tiene derecho a efectuar las deducciones previstas por el citado artículo 22, de manera que al encontrarse en la misma hipótesis de causación, en principio debe existir igualdad en cuanto a la exigencia de los requisitos para las deducciones autorizadas por la ley, pero al no acontecer así, sin que exista una justificación objetiva y razonable para ello, esa circunstancia hace derivar la inconstitucionalidad del citado artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y siete."

De la referida ejecutoria derivó la tesis VII.2o.A.T.51 A, visible en la página 1824 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, que dice:

"RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL EXIGIR MAYORES REQUISITOS PARA LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR LA LEY, TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR HUBIEREN OBTENIDO INGRESOS ACUMULABLES SUPERIORES A CUATROCIENTOS MIL NUEVOS PESOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1997). El artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente en 1997), exigía como requisito general para la procedencia de las deducciones autorizadas por la ley, que éstas se comprobaran con documentación que reuniera los requisitos previstos por las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expidiera, así como de quien hubiera adquirido el bien respectivo o recibido el servicio, pero tratándose de contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cuatrocientos mil nuevos pesos, se requería, además, efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente los pagos en efectivo cuyo monto excediere de dos mil nuevos pesos, que cuando los pagos se efectuaran de esa forma los cheques debían ser de su cuenta y contener la clave del registro federal respectiva, así como en el anverso la expresión ‘para abono en cuenta del beneficiario’; por lo cual debe concluirse que en ese aspecto la fracción III del artículo referido viola el principio de equidad previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al otorgar un trato distinto a sujetos del impuesto que se ubican en la misma situación legal, por establecer mayores requisitos para la procedencia de las deducciones mencionadas, tratándose de contribuyentes que hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a cuatrocientos mil nuevos pesos en el ejercicio inmediato anterior, respecto de quienes no hubieran obtenido dicho ingreso, a pesar de ser sujetos pasivos de ese mismo impuesto, con iguales condiciones tributarias en cuanto a la determinación del mismo, sin que exista en la propia ley o en la exposición de motivos relativa, una justificación objetiva y razonable del tratamiento diferente entre una y otra categoría."

CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer, debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"CONT

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19296-dec96910/renta-el-articulo-24-fraccion-iii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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