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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LAS QUE SE OMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO LEGAL, Y LAS DICTADAS DESPUÉS DE FALLADO EL JUICIO DE GARANTÍAS EN PRIMERA INSTANCIA, SIEMPRE QUE LA AFECTACIÓN QUE PRODUZCAN NO SEA REPARABLE POR LA AUTORIDAD QUE LAS PRONUNCIE O POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20084
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 336.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que versan sobre la procedencia del recurso de queja establecido en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno en su resolución.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la presentó la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, tiene legitimación para hacerlo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a esta denuncia de contradicción de criterios, son las que a continuación se precisan.

1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y nueve el recurso de queja 123/89, estimó en lo que interesa, lo siguiente:

a) Que el auto o proveído dictado por el juzgador (acto positivo), pronunciado durante la tramitación del incidente de suspensión en el juicio de amparo, que no admita expresamente el recurso de revisión y que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, es impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo.

b) Que tal impugnación es procedente, a pesar de que se recurra de la resolución una conducta omisiva del juzgador, como la abstención de acordar lo relativo a la solicitud de la parte quejosa, de una suspensión de los actos reclamados, por hechos supervenientes, ya que es precisamente, dicha omisión, la que puede ocasionar tal perjuicio, y al no existir recurso alguno en la Ley de Amparo por el cual se pueda combatir se deja a la parte agraviada en estado de indefensión.

De dicha posición del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó la siguiente tesis:

"Octava Época

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989

"Página: 631

"QUEJA. PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES OMISIVAS DEL JUZGADOR. De conformidad con el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia, el recurso de queja es procedente cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que se interponga en contra de una resolución dictada por los Jueces de Distrito o por el superior del Tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo. 2. Que dicha resolución sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, o que se dicte después de fallado el juicio en primera instancia cuando no sea reparable por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 3. Que la resolución emitida no admita expresamente el recurso de revisión. 4. Que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparables en la sentencia definitiva. Ahora bien, el término resolución ha sido definido por el Diccionario de la Real Academia Española en su décimonovena edición, como ‘4// Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial’, por lo tanto, al existir un auto o proveído dictado por el juzgador (acto positivo), ya sea durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admita expresamente el recurso de revisión y que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, el mismo resulta impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, a pesar de que lo que se recurre sea una conducta omisiva del juzgador, ya que es precisamente, dicha omisión, la que puede ocasionar tal perjuicio, y al no existir recurso alguno en la ley de la materia por el cual se pueda combatir, se deja a las partes en estado de indefensión.

"Queja 123/89. Marcial Ávila Arias y otros. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández."

Los antecedentes fundamentales de los que derivó esta tesis son los siguientes:

Durante la tramitación del incidente de suspensión la parte quejosa solicitó que se dejara sin efectos la negativa de la suspensión definitiva y se le concediera la suspensión provisional de los actos reclamados, con base en que existían hechos supervenientes que ameritaban ser suspendidos.

Al proveer sobre esa solicitud, el Juez de Distrito simplemente pidió la rendición del informe previo a las autoridades responsables y fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, mas se abstuvo de acordar lo relativo a la suspensión provisional solicitada (fojas 34 a 36 del cuaderno de contradicción de tesis).

Por esa razón los quejosos interpusieron el recurso de queja en contra de la referida determinación, al estimar que en dicha resolución el juzgador omitió pronunciarse sobre dicha suspensión provisional.

Sobre esa cuestión, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, es procedente en contra de la resolución recaída a la petición de suspensión, por hechos supervenientes, en la que el juzgador omitió pronunciarse sobre la suspensión provisional, pues juzgó que el Juez se limitó a solicitar el informe previo a las autoridades responsables y a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental.

Al respecto, el referido tribunal mencionó que: "aunque el agravio manifestado por los quejosos se endereza en contra de una omisión del Juez del conocimiento, la misma es combatible a través del recurso a estudio en virtud de que, tal recurso se interpone en contra de una resolución del Juez a quo (acto positivo), dictada durante la tramitación del incidente de suspensión relativo, que no admite expresamente el recurso de revisión y que dada su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio al quejoso".

El mencionado tribunal agregó: "al existir un auto o proveído dictado por el Juez de Distrito, que no admite expresamente el recurso de revisión y que puede causar daño o perjuicio al quejoso no reparable en la sentencia interlocutoria (ya que bien podría suceder que al concluirse la tramitación del incidente y al dictarse la sentencia respectiva, ya se hubieran ejecutado los actos reclamados en forma irreparable), el mismo resulta impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, a pesar de que lo que se recurre sea una conducta omisiva del juzgador, ya que es precisamente dicha omisión, la que ocasiona perjuicio al quejoso, y al no existir recurso alguno en la ley de la materia por el cual se pueda combatir, se deja a la parte quejosa en estado de indefensión".

Las restantes tres ejecutorias remitidas a esta Primera Sala por el referido tribunal, no guardan relación con el tema específico de la denuncia de contradicción de tesis, es decir, con la procedencia del recurso de queja en contra de una resolución respecto de la que se impugne la conducta omisiva del juzgador, como la abstención de acordar una promoción de alguna de las partes del juicio.

2. En lo que respecta al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el treinta y uno de marzo de dos mil seis el recurso de queja 10/2006, determinó por mayoría de votos en la parte que interesa, lo siguiente:

a) Que el recurso de queja a que alude la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo es improcedente, si se interpone en contra de un acuerdo en el que el Juez que conozca del juicio de amparo omite proveer sobre el escrito en el que se ofrezcan pruebas.

b) Que dicha improcedencia deriva de que la indicada disposición legal se refiere a las resoluciones que sean actos jurisdiccionales de carácter positivo, y la omisión atribuida al Juez es susceptible de combatirse en los agravios que se hagan valer en el recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia definitiva del juicio de amparo.

c) Por último, precisó que no compartía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, transcrita con anterioridad, del siguiente rubro:

"QUEJA. PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES OMISIVAS DEL JUZGADOR."

Los antecedentes esenciales que originaron el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se circunscriben a lo siguiente:

En un escrito el quejoso hizo al Juez de Distrito tres peticiones, relacionadas con el ofrecimiento y desahogo de pruebas.

En el acuerdo respectivo el Juez ordenó agregar a los autos el escrito de referencia y tuvo por hecha la objeción de un dictamen pericial.

Por estimar que el Juez sólo se pronunció respecto de una de las peticiones realizadas y omitió acordar lo relativo a las restantes dos peticiones (el ofrecimiento de las pruebas y la designación de un nuevo perito en grafoscopía), el agraviado solicitó al Juez que subsanara dicha omisión, a lo cual le recayó un acuerdo del juzgador en el sentido de que se agregara a los autos el escrito de mérito, y que en cuanto a su contenido se estuviera a lo acordado con anterioridad.

En contra de dicha determinación del Juez, el promovente interpuso el recurso de queja.

El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el citado recurso de queja es improcedente cuando se interpone en contra de un acuerdo en que el Juez de amparo omite proveer el escrito en que se ofrecen pruebas, puesto que el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se refiere a resoluciones, lo que implica o debe entenderse como actos jurisdiccionales de carácter eminentemente positivo.

De ahí que en concepto del tribunal la citada omisión es susceptible de combatirse, en vía de agravios, a través del recurso de revisión, que se interponga en contra de la sentencia definitiva, de no ser así, ningún sentido tendría la existencia del artículo 91, fracción IV, de dicha ley, que prevé el remedio para las violaciones a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o a las omisiones cometidas por el juzgador de amparo, que dejen sin defensa al recurrente o que influyan en el sentido de la sentencia.

Al final de su resolución, como ya se indicó, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito expresó que no compartía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ya transcrita, del siguiente rubro:

"QUEJA. PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES OMISIVAS DEL JUZGADOR."

CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, que amerite ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente, del Pleno de este Alto Tribunal.

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De esta jurisprudencia se advierte que para la configuración de una contradicción de tesis, que deba dilucidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos:

1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adopten posturas divergentes;

2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y,

3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes; lo que implica que deben partir del análisis esencial de semejantes supuestos.

QUINTO. En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados, que condicionan una contradicción de tesis, y para constatarlo es menester examinar a continuación la parte conducente de las ejecutorias de las que derivaron los criterios en conflicto:

1. De la síntesis considerativa localizada en las páginas 4 a 9 de la presente ejecutoria, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estableció en esencia lo siguiente:

Que es procedente el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que se interponga en contra de un auto o proveído dictado por el juzgador (acto positivo), aunque se impugne una conducta omisiva del juzgador, cometida en la resolución recurrida.

Que tal omisión impugnable puede ser la abstención del Juez, de acordar en la resolución recurrida pronunciada en el incidente de suspensión, lo relativo a la suspensión provisional con motivo de hechos supervenientes, solicitada por la parte quejosa, y que es precisamente dicha omisión la que le puede ocasionar perjuicio.

2. En sentido opuesto, el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito determinó que el recurso de queja de que se trata es improcedente, si se interpone en contra de un acuerdo en el que el Juez omite proveer sobre el escrito en el que se ofrezcan pruebas.

Juzgó que dicha improcedencia deriva de dos factores: el primero porque el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se refiere a las resoluciones que tengan la naturaleza de actos jurisdiccionales, de carácter positivo; y en segundo lugar, porque la omisión atribuida al Juez es susceptible de combatirse en los agravios que se hagan valer en el recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia definitiva del juicio de amparo.

Según se aprecia, los citados tribunales analizaron una cuestión jurídica similar en sus ejecutorias, esto es, la procedencia del recurso de queja en relación con una resolución en la que se atribuyó una omisión al Juez de Distrito que la pronunció.

Del análisis de esa cuestión que cada tribunal realizó resultaron sus posturas divergentes, pues mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció que en ese caso es procedente el recurso de queja, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito por su parte negó dicha procedencia.

Además de ello, los distintos criterios derivaron del examen de elementos coincidentes, como lo son:

1. El contenido de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo; y,

2. La resolución dictada por el Juez de Distrito a la que se le imputó una conducta omisiva (en un caso la abstención del Juez de acordar lo relativo a la suspensión provisional, por hechos supervenientes, y en el otro, la omisión de proveer sobre el escrito en el que se ofrezcan pruebas).

Ello implica que los tribunales adoptaron sus criterios divergentes, a partir del análisis esencial de semejantes supuestos, relacionados con la referida conducta omisiva.

No es obstáculo para considerar la existencia de la contradicción de tesis, que en el caso resuelto por uno de los tribunales se impugnó una resolución pronunciada en el incidente de suspensión, es decir, que una cuestión haya versado sobre la resolución en la que el Juez omitió acordar lo relativo a la suspensión provisional, por hechos supervenientes; mientras que otro de los tribunales se ocupó de la resolución en la que el Juez omitió proveer sobre el escrito en el que se ofrecieron pruebas.

Se estima así, toda vez que en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se comprenden ambas hipótesis, pues el recurso de queja procede contra resoluciones que se pronuncien ya sea durante el procedimiento del juicio, como en el trámite del incidente de suspensión, según lo revela su transcripción.

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;"

Cabe aclarar que en el asunto del que derivó uno de los criterios, no se impugnó la negativa a otorgar la suspensión provisional, sino la resolución que al proveer sobre la solicitud del quejoso de otorgar tal medida cautelar, por hechos supervenientes, el juzgador omitió pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión provisional, pues en concepto del órgano colegiado, en relación con la referida solicitud, el Juez de Distrito en su resolución se limitó a pedir a las autoridades responsables su informe previo y a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, sin pronunciarse sobre la suspensión provisional.

Esto revela que en el citado recurso de queja no se impugnaba algún criterio del Juez sobre la procedencia o no de la medida cautelar provisional, sino que al proveer sobre la solicitud de la quejosa, si bien pidió el informe previo de las autoridades responsables, omitió pronunciarse sobre dicha providencia en el acuerdo recurrido recaído a la petición correspondiente.

Debe destacarse igualmente, que si bien en principio, pareciera que uno de los tribunales sostiene que sólo procede el recurso de queja en contra de actuaciones positivas del juzgador, y el otro órgano judicial considera que ese recurso no procede cuando se trata de conductas omisivas del Juez, lo que podría hacer pensar, inadecuadamente, que es inexistente la contradicción de tesis; sin embargo, existe un punto fundamental que provoca claramente la existencia de la contradicción de los tribunales, como se explica a continuación.

Con tal propósito es necesario tener en cuenta que, en ambos casos, no se impugnó en el recurso de queja la falta de actuación del juzgador, como sería el no acordar una promoción de las partes; sino que mediante el recurso de queja, en ambos asuntos, se combatieron resoluciones judiciales, a las que se les atribuyó, como vicio de ilegalidad, el no ser exhaustivas, ser incompletas o, si se quiere decir de otra manera, por ser omisivas en determinado aspecto.

Entonces, como se ha visto, queda demostrado que en los dos casos examinados por los tribunales aquí en contradicción, el recurso de queja se interpuso en contra de resoluciones positivas, a las que la quejosa les atribuyó una omisión (el vicio de ilegalidad ya referido).

Inclusive el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, si bien sostuvo que la omisión del Juez debe combatirse en revisión, no menos cierto es que expresamente señaló: "es improcedente (el recurso de queja) cuando se interpone en contra de un acuerdo, en que el Juez de amparo omite proveer el escrito en el que se ofrecen pruebas". Esta consideración revela que ese órgano jurisdiccional consideró que el acuerdo pronunciado por el Juez era el objeto de impugnación mediante el recurso de queja, y la falta de pronunciamiento en el propio acuerdo, sobre las pruebas propuestas (en específico sobre la solicitud de designación de otro perito), era el vicio de ilegalidad, es decir, el agravio causado a la parte recurrente.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual sustentó que es posible impugnar la determinación que implique la omisión o abstención del Juez, de acordar lo relativo a la suspensión provisional con motivo de hechos supervenientes, expresamente señaló que al existir "un auto o proveído dictado por el Juez de Distrito ... el mismo resulta impugnable a través del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, a pesar de que lo que se recurre sea una conducta omisiva del juzgador, ya que es precisamente dicha omisión, la que ocasiona perjuicio al quejoso, y al no existir recurso alguno en la ley de la materia por el cual se pueda combatir, se deja a la parte quejosa en estado de indefensión".

Con esto se confirma que en este asunto sí se satisfacen los supuestos jurídicos que hacen patente la contradicción de tesis denunciada y debe ser resuelta por este Alto Tribunal.

SEXTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se establece en la presente ejecutoria.

El tema de esta contradicción de tesis radica en dilucidar si es procedente o no el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra de resoluciones dictadas por Jueces de Distrito en las que omitan realizar algún pronunciamiento legal.

Debido a que este tema tiene íntima conexión con la procedencia del recurso de queja contemplado en la fracción VI del artículo 95 de la ley de la materia, el cual requiere como condición para poder impugnar resoluciones mediante ese recurso, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la referida ley, es menester en primer lugar precisar los siguientes puntos:

Se debe realizar la transcripción y análisis de los artículos 83 y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que son los que establecen la procedencia de los recursos de revisión y queja, respectivamente.

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;

"II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales:

"a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;

"b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y,

"c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;

"III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;

"IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley."

De los preceptos legales antes transcritos, derivan los siguientes requisitos de procedencia del recurso de queja materia de este asunto.

1. Sólo es procedente en contra de resoluciones dictadas por Jueces de Distrito o el Superior del tribunal a quien se impute la violación de garantías.

2. Tales resoluciones son primeramente las que se pronuncian durante el trámite del juicio de amparo o del incidente de suspensión.

3. Las propias resoluciones no deben admitir expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83 previamente transcrito.

4. Que por su naturaleza trascendental y grave las resoluciones puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes.

5. Que éstos no sean reparables en la sentencia definitiva.

6. Igualmente procede el recurso de queja contra las resoluciones que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, pero en este supuesto, es menester que no sean reparables por las mismas autoridades que las pronuncien o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.

La fracción VI del artículo 95 establece, de manera destacada, que el recurso de queja procede contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, y este último numeral se refiere en específico al superior del tribunal que haya cometido la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII, y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal; dictadas aquéllas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan el recurso de revisión.

Ahora bien, en el artículo 83 de la Ley de Amparo, que establece los supuestos de procedencia del recurso de revisión, no se señala expresamente el supuesto de las resoluciones dictadas por Jueces de Distrito en las que omitan realizar algún pronunciamiento legal, por lo que esta disposición legal no constituye un impedimento para que sean recurribles mediante el recurso de queja, las resoluciones en las que el juzgador deje de proveer sobre alguna cuestión jurídica.

En este tenor, si la omisión cometida por un Juez de Distrito al emitir una resolución no puede ser combatida a través del recurso de revisión, con ello se cumplen los referidos tres primeros requisitos que establece la fracción VI del artículo 95, para la procedencia del recurso de queja, previamente indicados.

En cuanto al cuarto requisito, relativo a que por su naturaleza trascendental y grave las resoluciones puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, ello dependerá de la valoración que se haga en cada caso en particular, por parte del Tribunal Colegiado de Circuito que sea competente para conocer del recurso, de acuerdo con las peculiaridades propias del asunto, por lo que en abstracto no puede considerarse incumplido dicho requisito.

En este aspecto tiene aplicación, por analogía, la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Apéndice 2001

"Tomo: VI, Común, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 57

"Página: 74

"PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE. Por regla general, los autos o resoluciones dic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20084-e85507f7/queja-prevista-en-el-articulo-95-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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