CONTRATOS. SE AFECTAN DE NULIDAD RELATIVA CUANDO SON CELEBRADOS POR FALSO REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES DEL PODER CONFERIDO, SIN QUE SE RATIFIQUE POR EL MANDANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza civil, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 33/2006-13, en lo que interesa, señaló:
"Por cuestión de orden debe examinarse lo relacionado con la nulidad de las cesiones de derechos, porque de su ineficacia derivaría la de sus notificaciones practicadas por el respectivo fedatario público.
"En primer lugar, corresponde dilucidar la naturaleza de la causa de ineficacia alegada en el punto A) para determinar si caracteriza una inexistencia o nulidad absoluta, o en su defecto sólo una nulidad relativa.
"Al respecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las causas de nulidad de un contrato deben estar expresamente señaladas en la ley, que regule el acto jurídico que corresponde y de no existir disposición al respecto debe atenderse a la regla general que contenga la norma legal que le sea supletoria, tal como se advierte de la lectura de la tesis consultable en la página 2006, del Tomo LXVII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS.’ (se transcribe).
"El problema referido a la falta de consentimiento, cuando no consta la representación, como las facultades de quien actúa en nombre de otra persona, ha dado origen a posturas contradictorias al examinar la legislación común. La primera, que sostiene que en tales casos se está frente a una inexistencia por ausencia de consentimiento; la segunda, que sanciona de nulidad relativa o anulabilidad tales deficiencias.
"La primera fue sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de tres votos el amparo civil directo 3380/45, el catorce de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, cuya tesis aparece publicada en la página 421, del Tomo XCVII, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo criterio logró trascender para quedar incluido dentro de la sección de precedentes relevantes, con el número 245, en la página 164, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000 y que es del tenor literal siguiente: ‘INEXISTENCIA EN CASO DE FALSA REPRESENTACIÓN (NULIDAD RELATIVA, CAUSAS DE LA).’ (se transcribe).
"En esa misma línea se encuentra la tesis I.8o.C.246 C, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 956, del Tomo XVII, junio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de este tenor: ‘CONTRATOS. INEXISTENCIA DE LOS CELEBRADOS POR EL FALSO REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES DEL MANDATO.’ (se transcribe).
"En este criterio se reitera esencialmente la transcrita tesis de la otrora Tercera Sala pero adicionalmente resuelve el caso de la actuación del representante excediéndose de los límites del mandato, dándole igual solución jurídica: inexistencia o nulidad absoluta.
"Los razonamientos justificativos del Alto Tribunal consisten sustancialmente en que: a) se trata de una inexistencia o nulidad absoluta porque no existe consentimiento del supuesto representado; b) no se ubica en algunos de los casos establecidos específicamente como causas de nulidad relativa; y c) la posible ratificación del negocio equivale a un mandato con efectos retroactivos.
"El Octavo Tribunal Colegiado homólogo reitera los puntos señalados en los incisos a) y c), en tanto que el b) implícitamente lo admite, aunque matiza que cuando se actúa en nombre de otro, sin tener la calidad de representante o excediéndose en sus atribuciones, se impone la voluntad de éste al mandante, por lo cual no puede operar eficazmente la ratificación.
"La segunda postura adoptada sobre el tema y que se contrapone a lo antes señalado es la que comparte este tribunal, la cual será desarrollada al tenor de las premisas dentro del siguiente marco jurídico del Código Civil para el Distrito Federal (se transcriben los artículos 1794, 1800, 1802, 2224, 2226, 2227, 2234, 2235 y 2583).
"Los anteriores preceptos legales revelan una inevitable antinomia total parcial (incompatibilidad unilateral entre una norma general y una norma particular), que se inscribe dentro de la clasificación de Alf Ross basada en las condiciones de aplicabilidad de las normas o ámbitos de validez de éstas (cfr. Celotto, Alfonso. ‘Teoría General del Ordenamiento Jurídico y la Solución de Antinomias.’ Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, México 2003, p. 32).
"Este prototipo de antinomias puede solucionarse mediante el criterio de especialidad de normas, en razón del cual en caso de conflicto entre una norma general y una especial, prevalece esta última, con base al principio lex specialis derogat generali, cuyo carácter lógico teorético se funda en la exigencia de justicia de tratar de manera distinta a lo que pertenece a categorías diversas.
"Pues bien, la antinomia se presenta respecto al tratamiento que se da a los casos de ausencia del consentimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 2224, dicho defecto provoca la inexistencia del acto, en cambio, de acuerdo al numeral 1802 la eventual falta de consentimiento del dominus o representado, puede valer por ratificación siempre que se haga antes de la retractación de la otra parte; y conforme al dispositivo 2583 esa deficiencia igualmente puede revalidarse mediante ratificación.
"Entonces, por un lado se obtiene la solución legislativa que sanciona con la inexistencia a los actos celebrados sin consentimiento y, por otro, permite que valgan mediante ratificación.
"Este aspecto es el que quiso superarse mediante el criterio consistente en que a pesar de esa pretendida ratificación, no podía referirse más que a un caso de inexistencia, cuya posible ratificación, no significaba otra cosa que un mandato con efectos retroactivos.
"Sin embargo, la aplicación del criterio de especialidad a los preceptos transcritos, para resolver la antinomia planteada, demuestra el equívoco cometido en esa tesis.
"En efecto, el artículo 1801 permite que los actos sean celebrados por sí mismos o en representación legal de otros. Así, cuando no se trate de un acto celebrado en nombre de otro, la falta de consentimiento tornará inexistente el acto de que se trate, conforme al numeral 2224. Por tanto, ésta se erige como la regla general aplicable a todos los negocios jurídicos.
"En el segundo supuesto, cuando el negocio es celebrado en nombre de otra persona, cobran aplicación las reglas especiales referidas a la representación, en cuyo ámbito se encuentra el numeral 1802 que regula el supuesto del acto concertado sin tener la calidad de representante, el cual puede valer por ratificación del dominus o representado, que realice antes de la retractación de la otra parte contratante.
"En este mismo ámbito se halla el caso de la actuación por medio de representante, que adopta la forma de mandatario, a que alude el ordinal 2583, que tilda de nulos los actos realizados por aquél, que traspase los límites del mandato, a menos que los ratifique el mandante.
"El carácter especial de estas dos reglas impone que prevalezcan sobre la regla general, porque en esta última no se comprende el supuesto que sí está expresamente regulado por el legislador para los actos celebrados en nombre de otro, es decir, para la representación y que además, como derivación de esta misma, toma la forma de mandato.
"En este sentido, si tratándose de los actos celebrados bajo la figura de la representación, el legislador ha impuesto que los actos celebrados por quien carece de esa calidad o ejerza el mandato fuera de los límites de sus facultades, puedan valer por ratificación, es inconcuso que no puede aplicarse la regla general que tilda de inexistencia a los actos que carecen de consentimiento, porque se haría nugatoria la solución legislativa estimada para revalidar o confirmar los negocios que presentan los defectos apuntados, siempre que se hayan realizado en nombre de otro.
"Amén de que se atentaría con el criterio de especialidad que rige la solución de antinomias y que impone la derogación de la norma general frente a la especial.
"No obsta a lo anterior, que doctrinariamente, según apuntan los criterios que se contraponen a lo señalado, que la ratificación importe un mandato con efectos retroactivos, y que con ella no pueda darse una sustitución real y efectiva de la voluntad del representado; pues lo único cierto que puede verificarse en la realidad jurídico objetiva es, que a virtud de dicha ratificación, el acto primigeniamente ineficaz deja de serlo, para adquirir plena eficacia y validez jurídica, sin que de modo alguno se verifique una destrucción de sus consecuencias de derecho que es lo pretendido mediante la ratificación confirmación del acto.
"Tampoco se opone a lo expresado, que conforme a la otrora Tercera Sala e implícitamente, el Octavo Tribunal Colegiado homólogo, estimen que el defecto en el consentimiento no se ubica en alguna de las causas expresamente sancionadas de nulidad relativa, ya que ésta se presenta en los casos en que el acto pueda valer por confirmación o prescripción, y se encuentra restringida su invocación a cualquier individuo como se advierte de lo establecido por los artículos 2226 y 2227.
"A este respecto tiene aplicación la jurisprudencia 294, sentada por la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 247, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: ‘NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA.’ (se transcribe).
"Por consiguiente, los actos celebrados en nombre de otro cuya falta de consentimiento se funde en la ausencia de la calidad de representante o en el exceso de las facultades del mandatario para obligar al mandante, no pueden provocar otra consecuencia más que la nulidad relativa, en caso de que no se obtenga su ratificación por el dominus o representado.
"Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la otrora Tercera Sala, sustentada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 35, del Volumen 71, Cuarta Parte, que reza: ‘RATIFICACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, EFECTOS DE LA.’ (se transcribe).
"Igualmente en la tesis 294 de esa Tercera Sala, sostenida en la Sexta Época, la cual se localiza en la página 197, del Tomo IV, Materia Civil, Precedentes Relevantes, del Apéndice de 2000, que dice: ‘MANDATO, SITUACIÓN DEL TERCERO QUE CONTRATA CON EL ADMINISTRADOR CUANDO ÉSTE OBRA EXCEDIÉNDOSE EN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL.’ (se transcribe).
"En ese mismo sentido, es aplicable la tesis de la citada Tercera Sala, emitida en la Séptima Época, publicada en la página 22, del Volumen 57, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la Federación, que es como sigue: ‘SOCIEDADES MERCANTILES, NULIDAD DE ACTOS CELEBRADOS POR GERENTES DE LAS, FUERA DE LOS LÍMITES DE SUS PODERES. APLICACIÓN ANALÓGICA A ASOCIACIONES CIVILES.’ (se transcribe)."
CUARTO. Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 793/2002 señaló:
"Sin embargo, los conceptos de violación a estudio deben considerarse inoperantes porque a ningún resultado práctico conduciría conceder al quejoso la protección constitucional, si se toma en cuenta que la decisión de la responsable, en el sentido de declarar improcedente la excepción de prescripción, en el fondo es correcta.
"De la lectura del capítulo de hechos en que la ahora tercera perjudicada, Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable, se apoyó para en vía de reconvención demandar la declaración de inexistencia y nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales de veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis, así como la nulidad de la escritura número mil veintitrés, de veintiocho de febrero del año en cita, se advierte que en esencia argumentó que el tercero llamado a juicio Juan Velásquez Ortiz, carecía de facultades para celebrar dicho contrato, ya que el poder que le otorgó con fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, fue limitado en cuanto a su objeto, pues solamente lo facultó para firmar créditos a su nombre con instituciones de crédito nacionales o extranjeras.
"Al contestar la demanda reconvencional, el citado Juan Velásquez Ortiz hizo valer la excepción de prescripción, alegando en síntesis que, conforme al artículo 2236 del Código Civil para el Distrito Federal, como la acción de nulidad se fundaba en que él carecía de facultades para celebrar el contrato de prestación de servicios en nombre de Autobuses Estrella Blanca, Sociedad Anónima de Capital Variable, dicha acción debió intentarse en los plazos establecidos en el artículo 638 del mencionado código, por lo que si ese precepto determinaba que la acción de nulidad prescribía en los mismos términos en que prescribía la acción personal derivada de la naturaleza del acto cuya nulidad se pretendiese, y si esa acción, según lo dispuesto en el artículo 1161, fracción, (sic) del citado ordenamiento, prescribía en dos años contados desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios, la acción de nulidad se encontraba entonces prescrita tanto al momento en que se le emplazó a juicio el treinta de enero de dos mil uno como al cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en que se presentó la demanda reconvencional, pues habían transcurrido en exceso los dos años establecidos en el Código Civil para demandar la nulidad del contrato, ya que la fecha en que dejaron de prestarse los servicios lo fue el tres de abril de mil novecientos noventa y seis, en que se tiró la escritura mil sesenta y dos, y como consecuencia oponía también la excepción de improcedencia de la acción de nulidad de la escritura mil veintitrés, de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, pues se tiró en cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales mencionado.
"Asimismo, debe señalarse que el Juez natural, en relación con la acción reconvencional de nulidad de la escritura mil veintitrés, determinó lo siguiente: (se transcribe).
"En tanto que en la sentencia reclamada tampoco se declaró nula dicha escritura mil veintitrés, sino únicamente el citado contrato de prestación de servicios profesionales, toda vez que la responsable confirmó el fallo de primera instancia.
"Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta que los artículos 1794, fracción I, 1802, 2224, 2228 y 2583 del Código Civil para el Distrito Federal, disponen: (se transcriben).
"Como se observa, el artículo 2583 del Código Civil denomina ‘nulos’ los actos realizados en nombre de otro por quien no es su legítimo representante o excede los límites expresos del poder conferido, permitiendo en apariencia que tales actos se convaliden mediante la ratificación tácita o expresa del mandante; pero el análisis sistemático de las disposiciones transcritas lleva a concluir que no se está en presencia de una nulidad relativa, como podría hacerlo suponer la circunstancia de que dicho precepto se refiera a la ratificación de los actos del mandatario, porque si el apoderado no se transcribe a los límites señalados por el mandante o no tiene tal calidad, es claro que tampoco puede darse la sustitución real y efectiva de la voluntad del representado por las declaraciones de su representante, sino que viene a ser éste el que impone su voluntad al representado y, por tanto, lo que falta en tal caso es precisamente el consentimiento de este último y se trata, por consiguiente, de una verdadera inexistencia por ausencia de consentimiento, conforme a los artículos 1794, fracción I y 2224 del Código Civil, la cual no puede convalidarse por el transcurso del tiempo, es decir, por prescripción; sin que para ello sea óbice que el acto respectivo pueda ser expresa o tácitamente ratificado, toda vez que ello debe estimarse equivalente a un nuevo otorgamiento del acto por el representado, mismo que se explica como un mandato con efectos retroactivos que se confiere al falso representante.
"Al respecto, es aplicable la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo XCVII, página 421, que dice: ‘INEXISTENCIA EN CASO DE FALSA REPRESENTACIÓN (NULIDAD RELATIVA. CAUSAS DE LA).’ (se transcribe).
"En el caso, en ejecutoria pronunciada el diez de diciembre de dos mil uno, en el juicio de amparo directo número DC. 655/2001, promovido por la empresa ahora tercera perjudicada, este tribunal ya estableció que el contrato de que se viene haciendo mérito no fue ratificado, pues a ese respecto consideró: (se transcribe).
"Por consiguiente, si el mencionado contrato de prestación de servicios profesionales no fue ratificado por la hoy tercera perjudicada y si de conformidad con los artículos 1794, fracción I, y 2224 del Código Civil y por las razones ya expuestas, debe considerarse que se está en presencia de inexistencia o nulidad absoluta, no de nulidad relativa, es entonces evidente que no procede la excepción de prescripción que opuso el tercero llamado a juicio, atento a lo que establece la disposición en último término citada, en el sentido de que el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento, no es susceptible de valer por prescripción. ..."
El anterior criterio también fue sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 794/2002.
QUINTO. En primer término, debe determinarse si existe o no la contradicción de tesis denunciada. Para que la misma exista, es necesario verificar en primer lugar que las posiciones opuestas se sitúen en un mismo plano de análisis, esto es, que en la resolución de cada uno de los asuntos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
Lo anterior significa que no basta atender a la conclusión de los razonamientos, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a los respectivos tribunales a asumir su criterio.
En segundo lugar, es necesario comprobar que el tipo de contradicción existente entre los criterios evidencie que, lo que uno de ellos afirma acerca de un problema, el otro lo niega, ya que según el principio lógico de no contradicción, dos enunciados referidos al mismo problema no pueden afirmar y negar el mismo contenido.
En tercer lugar, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos y aquellas que, aun cuando lo parecen, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:
Las cuestiones jurídicas planteadas son esencialmente iguales, es decir, provienen del examen de los mismos elementos.
Los criterios son, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, se constata que lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niega.
La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
A fin de determinar si en este caso se acreditan los extremos referidos, es conveniente precisar el contenido esencial y el alcance de lo considerado por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 33/2006-13, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
Analizó, previamente a resolver el caso concreto, el problema jurídico consistente en que los actos celebrados en nombre de otro, cuya falta de consentimiento se funde en la ausencia de la calidad de representante, o en el exceso de las facultades del mandatario para obligar al mandante, provoca una nulidad relativa, en caso de que no se obtenga su ratificación por el dominus o representado, bajo las consideraciones siguientes:
Que la acción de nulidad ejercida por la actora principal Servicios Profesionales de Impresión, Sociedad Anónima de Capital Variable, se sustentó en la nulidad tanto de la cesión de derechos de dos contrarecibos como de las actas de notificación de dicha transmisión efectuada por corredor público.
Que la ineficacia de las cesiones de derechos se basa en que están afectadas de nulidad absoluta o inexistencia, por lo siguiente:
Porque carecen de consentimiento de la cedente, Impresos y Servicios Editoriales, ya que no quedó acreditada la representación de quienes intervinieron en nombre de ésta, como tampoco que contaran con facultades para actos de dominio; y, que en el acto de cesión no consta que quien aparece como cesionaria Sporre, S.A. de C.V., hubiese otorgado su consentimiento.
Que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las causas de nulidad de un contrato deben estar expresamente señaladas en la ley que regula el acto jurídico, de no existir disposición al respecto, deberá atenderse a la regla general que contenga la norma legal que sea supletoria, citó al caso la tesis cuyo rubro es: "NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS." (la transcribió).
Que el problema referido a la falta de consentimiento, cuando no consta la representación, como las facultades de quien actúa en nombre de otra persona, ha originado posturas contradictorias: la primera que se trata de una inexistencia por ausencia de consentimiento y, la segunda que se trata de una nulidad relativa, tales deficiencias.
Que la segunda postura adoptada por el tema, y que se contrapone a lo antes señalado, es la que comparte este Tribunal Colegiado, la que desarrolló conforme al marco jurídico del Código Civil para el Distrito Federal, al respecto transcribió los artículos 1794, fracción I, 1800, 1802, 2224, 2226, 2227, 2234, 2235 y 2583.
Que los anteriores preceptos legales revelan una inevitable antinomia total parcial (incompatibilidad unilateral entre una norma general y una norma particular), que se transcribe dentro de la clasificación de Alf Ross, basada en las condiciones de aplicabilidad de las normas o ámbitos de validez de éstas.
Que este prototipo de antinomias puede solucionarse mediante el criterio de especialidad de normas, en razón del cual, en caso de conflicto entre una norma general y especial, prevalece esta última, con base en el principio lex specialis derogat generali, cuyo carácter lógico teorético se funda en la exigencia de justicia de tratar de manera distinta a lo que pertenece a categorías diversas.
Que la antinomia se presenta respecto del tratamiento que se da a los casos de ausencia de consentimiento, pues conforme al artículo 2224, dicho defecto provoca la inexistencia del acto, en cambio, conforme al numeral 1802 la eventual falta de consentimiento del dominus o representado puede valer por ratificación, siempre que se haga antes de la retractación de la otra parte; y conforme al dispositivo 2583, esa deficiencia igualmente puede revalidarse mediante ratificación.
Que por un lado se obtiene la solución legislativa que sanciona con inexistencia a los actos celebrados sin consentimiento y, por otro, permite que valgan mediante ratificación.
Que este aspecto es el que quiso superarse mediante el criterio consistente en que a pesar de esa pretendida ratificación, no podía referirse más que a un caso de inexistencia, cuya posible ratificación no significaba otra cosa que un mandato con efectos retroactivos.
Que sin embargo, la aplicación de la especialidad a los preceptos transcritos, demuestra el equívoco cometido en esa tesis.
Que el artículo 1801 autoriza que los actos sean celebrados por sí mismos o en representación legal de otros. Luego, cuando no se trate de un acto celebrado en nombre de otro, la falta de consentimiento lo hace inexistente en términos del 2224. Que, por tanto, ésta se erige como la regla general aplicable a todos los negocios jurídicos.
Que en el segundo supuesto, cuando el negocio es celebrado en nombre de otra persona, se aplican las reglas especiales referidas a la representación, artículo 1802 que regula el supuesto del acto sin tener la calidad de representante, el cual permite la ratificación del dominus o representado, antes de la retractación de la otra parte contratante.
Que en este mismo ámbito se ubica la actuación por medio de representante el cual adopta la forma del mandatario, artículo 2583, que tilda de nulos dichos actos que traspasen los límites del mandato, a menos que los ratifique el mandante.
Que el carácter especial de estas dos reglas impone que prevalezca sobre la regla general, ya que esta última no comprende el supuesto que sí está expresamente regulado por el legislador para los actos celebrados en nombre de otro, o sea, para la representación que toma la forma de mandato.
Que en este sentido, tratándose de los actos bajo la figura de la representación, el legislador impuso que los actos celebrados por quien carece de esa calidad o ejerza el mandato fuera de los límites de sus facultades, puedan valer por ratificación, es inconcuso que no puede aplicarse la regla general que tilda de inexistencia a los actos que carecen de consentimiento, ya que haría nugatoria la solución legislativa, estimada para revalidar o confirmar los negocios que presentan los defectos apuntados, siempre que se hayan realizado en nombre de otro. Además de hacer nugatorio el criterio de especialidad que rige la solución de antinomias y que impone la derogación de la norma general frente a la especial.
Que no obsta a lo anterior que doctrinariamente la ratificación importe un mandato con efectos retroactivos, y que con ella no pueda darse una sustitución real y efectiva de la voluntad del representado, pues lo único cierto es que en virtud de dicha ratificación, el acto primigeniamente ineficaz deja de serlo y adquiere plena eficacia y validez jurídica, sin que se verifique una destrucción de sus consecuencias de derecho mediante la ratificación o confirmación del acto.
Que tampoco se opone a lo expresado, que conforme a la Tercera Sala e implícitamente el Octavo Tribunal estime que el defecto en el consentimiento no se ubica en algunas de las causas expresamente sancionadas de nulidad relativa, ya que ésta se presenta en los casos en que el acto pueda valer por confirmación o por prescripción, y se encuentra restringida su invocación a cualquier individuo como se advierte de los artículos 2226 y 2227. Citó al caso la jurisprudencia 294 de la extinta Tercera Sala de este Máximo Tribunal: "NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA." (la transcribió).
Que por consiguiente, los actos celebrados en nombre de otro, cuya falta de consentimiento se funde en la ausencia de la calidad de representante, o en el exceso de las facultades del mandatario, para obligar al mandante, no pueden provocar otra consecuencia más que la nulidad relativa, en caso de que no se obtenga su ratificación por el dominus o representado. Que lo anterior encuentra apoyo en las tesis de la Tercera Sala que dicen: "RATIFICACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, EFECTOS DE LA.", "MANDATO, SITUACIÓN DEL TERCERO QUE CONTRATA CON EL ADMINISTRADOR CUANDO ÉSTE OBRA EXCEDIÉNDOSE EN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL." y "SOCIEDADES MERCANTILES, NULIDAD DE ACTOS CELEBRADOS POR GERENTES DE LAS, FUERA DE LOS LÍMITES DE SUS PODERES. APLICACIÓN ANALÓGICA A ASOCIACIONES CIVILES." (las transcribió).
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos DC. 794/2002 y DC. 793/2002, esencialmente, consid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20125-d5e7fdb6/contratos-se-afectan-de-nulidad-relativa-cuando-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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