EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN SU CONTRA. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CONTRA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO PARA SU COBRO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SANCIONADAS.
AMPARO EN REVISIÓN 284/2011. TITULAR DEL CENTRO DE SERVICIOS FISCALES TOLUCA Y NOTIFICADORA EJECUTORA, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 26 DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. ENCARGADO DEL ENGROSE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIA: CLAUDIA RODRÍGUEZ VILLAVERDE.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Antes de practicar el estudio de las consideraciones de la sentencia reclamada y de los agravios de las responsables recurrentes, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado procede, de oficio -y sin necesidad de agravio alguno-, a revisar la procedencia del juicio constitucional por tratarse de un aspecto que, invariablemente, debe ser analizado antes del dictado de la parte sustancial de toda sentencia de amparo y que, en revisión, debe repasarse para verificar que no se actualice motivo alguno de inejercitabilidad de la acción constitucional, en obvio que sería contrario a la naturaleza de la jurisdicción de amparo y del orden público permitir una sentencia de fondo cuando el juicio es en realidad improcedente; aspectos que deben ser abordados con independencia de quién sea el recurrente, y una vez abierta la instancia de la revisión, así como también al margen de que ya se hubiera concedido el amparo al quejoso pues, de ser improcedente el juicio, entonces una resolución de fondo en cualquier sentido, sería opuesta a la naturaleza excepcional por antonomasia de la jurisdicción de amparo, en obvio que dicho juicio constitucional representa un medio extraordinario de defensa.
A propósito de lo señalado en el punto anterior, resultan aplicables las siguientes jurisprudencias del Alto Tribunal, obligatorias para todos los tribunales de la República y para los Magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado, en términos de los artículos 94, párrafo décimo, de la Constitución Federal y 192 de la Ley de Amparo; se trata de los criterios siguientes:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."(20)
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."(21)
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."(22)
"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."(23)
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO DE OFICIO EN LA REVISIÓN. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el Juez de Distrito del conocimiento, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor."(24)
Precisado que procede, en esta revisión, el estudio del tema de la improcedencia del juicio, independientemente de que existan agravios o no, con el objeto de preservar los fines de la jurisdicción constitucional como medio extraordinario de defensa, y de evitar que se dicten pronunciamientos de fondo en asuntos improcedentes, a continuación debe destacarse que el juicio es improcedente respecto de los actos reclamados, como a continuación se demostrará.
En primer término, debe señalarse que el amparo es improcedente respecto del acto consistente en la resolución de trece de septiembre de dos mil cinco, dictada en el juicio administrativo 293/2005, en la cual se le impuso al quejoso una multa de cincuenta días de salario mínimo por incumplir una ejecutoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Lo anterior porque si el quejoso pretendía controvertir ese proveído, entonces debió promover el amparo dentro de los quince días siguientes a que se le entregó el oficio por el cual la Sala Regional relativa le hizo del conocimiento la imposición de la multa, el cual se le notificó el veintiuno de septiembre de dos mil cinco (ver páginas 124 y 125 del anexo al cuaderno principal del juicio que contiene las copias certificadas del juicio administrativo 293/2005).
Y al no hacerlo de esa forma, el acto reclamado se encuentra consentido por el quejoso para los efectos del primer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.(25)
No pasa por alto que en el párrafo que antecede se afirmó que el quejoso debió promover amparo dentro de los 15 días siguientes, y no interponer algún medio ordinario de defensa como el recurso de revisión del conocimiento de la Sala Superior de dicho tribunal estatal.
Lo anterior obedece a que, tras revisar atentamente el señalado Código de Procedimientos Administrativos y los supuestos de procedencia de dicho recurso ordinario, se desprende que tal medio de impugnación no sería procedente contra la multa impuesta al funcionario.
En efecto, de la revisión íntegra del marco normativo aplicable al recurso de revisión en el juicio contencioso administrativo estatal, se descubre que dicho medio de defensa sólo resulta procedente en los casos previstos en el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,(26) a saber:
1. Las resoluciones por las cuales se deseche la demanda.
2. Los autos o resoluciones en materia de suspensión del acto impugnado que la concedan o nieguen, la revoquen o modifiquen, y las decisiones en materia de garantías o cauciones para el surtimiento de efectos de la misma.
3. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos.
4. Las sentencias que decidan la cuestión planteada en primer grado, ya sea por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido del fallo.
5. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia.
Como puede observarse, entre las hipótesis de procedencia del citado recurso ordinario no se inscribe la posibilidad de impugnar autos o resoluciones diversas de las mencionadas en la relación anterior, y en ejecución de sentencia no cabe impugnación alguna, excepto la resolución que ponga fin a dicho procedimiento de cumplimiento, como tampoco existe forma de desprender alguna otra hipótesis de impugnación genérica básica contra resoluciones jurisdiccionales que ocasionen agravio a las autoridades administrativas que sean parte en el juicio; todo lo cual demuestra que desde el punto de vista normativo, los supuestos de procedencia de la revisión en el juicio administrativo local son numerus clausus(27) y no admiten otras hipótesis de procedencia diversas.
Por otro lado, respecto al procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectiva la multa impuesta al quejoso por su actuación como servidor público municipal en la etapa de cumplimiento de sentencia del juicio administrativo multicitado, debe destacarse que el amparo también resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracciones II, párrafo segundo y III, todos de la ley de la materia, porque tratándose de procedimientos administrativos de ejecución, por regla general -y aún tratándose del reclamo de leyes aplicadas en dicho procedimiento- el amparo es improcedente contra actos intermedios en dichos procedimientos y sólo cabrá contra la última resolución mediante la que se culmine el procedimiento ejecutivo respectivo.
A lo apuntado en el párrafo anterior debe añadirse, que el motivo de improcedencia referido sólo admite dos excepciones -que en el caso no se actualizan- que son:
a) Que se verifique dentro del procedimiento administrativo de ejecución algún acto cuya ejecución sea de imposible reparación, para los efectos de la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia;(28) y
b) Que el solicitante del amparo sea tercero extraño al procedimiento administrativo, en este caso, de ejecución, situación prevista en la última parte del segundo párrafo del artículo 114, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(29) en cuanto establece: "... a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia; ..."
Ninguno de esos supuestos de excepción tiene aplicación en este asunto.
A propósito del criterio descrito en los párrafos anteriores, resultan aplicables los siguientes criterios del Alto Tribunal:
"EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie."(30)
"EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO SÓLO PROCEDE HASTA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FINCADO EL REMATE A FAVOR DE UN POSTOR. El procedimiento de remate previsto por los artículos 174 a 186 del Código Fiscal de la Federación tiene una culminación necesaria a través de una resolución, que se constituye en las atribuciones del jefe de la oficina ejecutora para calificar las posturas, dar intervención a los postores para su mejora y declarar fincado el remate a favor de la propuesta del monto superior, lo que significa que previo a este último pronunciamiento, ha hecho un análisis del procedimiento que le precedió y la declaratoria viene a constituir una resolución que aprueba el remate respectivo. Así la situación, queda patente que en el procedimiento económico-coactivo y, en particular, en el de remate, sí existe la figura requerida de resolución aprobatoria de este último, de tal manera que debe satisfacerse como requisito de procedibilidad del juicio de garantías, el previsto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, esto es, que tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Es conveniente establecer que la regla a que se refiere la citada disposición de la ley reglamentaria del juicio de garantías tiene su razón de ser en evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie en el procedimiento de remate, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho remate, que en el caso se centra en aquella que lo declara fincado a favor de uno de los postores."(31)
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carácter se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; a aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Ahora bien, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su defensa, pues ello no autoriza a concluir que se está en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza por la contienda entre partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la correlativa obligación. Así, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las consecuencias jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el cumplimiento de normas de orden público en satisfacción del interés social."(32)
Para concluir, no pasa por alto que en este asunto se practicó un embargo del dinero depositado en cuentas bancarias del quejoso hasta que cubriera el monto de la multa que le fue impuesta.
Esa situación podría llevar a la idea de que al asunto podría resultarle aplicable la jurisprudencia del Alto Tribunal que considera como "acto de imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo ante Juez de Distrito, al embargo de cuentas bancarias.
La jurisprudencia de referencia es la siguiente:
"EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo."(33)
De la jurisprudencia anterior y, en especial, de la lectura de la ejecutoria que la sustenta, se desprende que no es cualquier embargo de cuentas bancarias el que puede ser impugnado en el procedimiento administrativo de ejecución como acto intermedio, sino únicamente el practicado bajo la modalidad conocida como "congelamiento de cuentas bancarias".
Dicho "congelamiento" no es propiamente un embargo al dinero depositado en la cuenta, que es lo que en la especie aconteció, según se desprende del acta de embargo de fecha quince de octubre de dos mil diez que el quejoso acompañó a su demanda, sino que se trata en realidad de una "inmovilización" de cuenta bancaria ordenada por autoridades tributarias, materializada por autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que consiste en que no pueden realizarse movimientos a las cuentas de los contribuyentes, situación que les impide cumplir con sus obligaciones fiscales así como disponer del dinero depositado en dichas cuentas para el pago de salarios, adeudos, pagos provisionales en materia fiscal, etcétera; y sólo cuando se presenta ese peculiar embargo, con características de inmovilización o "congelamiento", se actualiza la procedencia del juicio constitucional, mas no en los casos en que sólo se embargue dinero que hubiera en una cuenta de banco en los procedimientos administrativos de ejecución.
Para demostrar lo anterior y reforzar la fundamentación de esta consideración destacada, a continuación se transcribe la parte relativa de la ejecutoria correspondiente, lo cual permitirá dejar en claro que lo apuntado en esta sentencia es exacto, debiéndose añadir que dicha transcripción resulta además, necesaria, porque la sinopsis publicada no refiere con exactitud todos esos aspectos antes señalados, máxime que lo que constituye jurisprudencia es la ejecutoria de fondo de dicha contradicción de tesis y no la síntesis que aparece en las publicaciones oficiales. Así, la transcripción de referencia es la siguiente:
"OCTAVO. Expuesto lo anterior debe prevalecer el criterio de esta Segunda Sala que se plasma en esta ejecutoria y que coincide con el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al efecto, se transcriben las fracciones II y IV del artículo relativo: (se transcribe dicho artículo). Asimismo, es conveniente transcribir los criterios emitidos por esta Segunda Sala y que sirven como base para resolver la presente contradicción de criterios. ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende a través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio.’ (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 133-138 Tercera Parte. Página: 81, tesis aislada, Materia(s): Común). De la jurisprudencia transcrita se desprende en esencia que la Segunda Sala sostuvo que la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, por cuanto a la fracción II, debe interpretarse en relación con la fracción IV, del mismo precepto, porque aunque dicha fracción alude a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a los actos en procedimiento seguidos en forma de juicio, ya que lo que se pretende con dicho supuesto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo, sin necesidad de esperar la resolución definitiva y que dichos actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio. En ese orden de ideas, respecto de los actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, aunque se trate de un procedimiento administrativo de ejecución como ocurre en el caso concreto, se puede interpretar la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo, por igualdad de razón, en el sentido de que también se aplique a los actos de un procedimiento seguido en forma de juicio, en términos de la fracción II del mismo precepto, cuando se trata de los que causan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, el embargo de cuentas bancarias es un acto de ejecución de imposible reparación, si se toma en cuenta que los efectos y consecuencias jurídicas de ese señalamiento, afecta los derechos sustantivos del contribuyente, como lo es entre otros, que se le impide la libre disposición de sus cuentas bancarias congeladas o inmovilizadas, ya que esa circunstancia implica la privación del derecho de disponer de los fondos de las cuentas en cuestión, obligándolo a que incurra en incumplimiento en sus pagos, salarios, créditos, etcétera, circunstancia que no podría ser reparada con ninguna actuación posterior, toda vez que ya no podría restituírsele del tiempo que duró el congelamiento de las cuentas al contribuyente, ni del perjuicio resentido por la imposibilidad de utilizarlas de acuerdo a las necesidades que implican la actividad o al objeto social. Es decir, el embargo de cuentas bancarias decretado dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, en tanto que se le priva de la facultad al particular de disponer plenamente de sus recursos económicos, durante todo el tiempo que dure el procedimiento, cuestión que no se le restituye aunque obtuviera una resolución favorable. En efecto, la circunstancia de que los juicios de amparo de los que conocieron los Tribunales Colegiados contendientes tuvieron su origen en créditos fiscales, de carácter definitivo para efectos del amparo, hace que su naturaleza se equipare a la de un título ejecutivo, pues si el embargo obedece a la ejecución de un crédito exigible y se realiza sobre un bien fungible por excelencia, llamado dinero, o sobre derechos personales fácilmente realizables, como es el caso de los saldos a favor de la cuenta en cheques, la traba equivale a un pago y, por tanto, es de imposible reparación, por lo que se puede impugnar en el juicio de amparo indirecto, ya que es evidente que causa un daño de imposible reparación, pues, aunque el sujeto obtuviera el amparo y protección de la Justicia Federal, la indisponibilidad de esos bienes le acarrea consecuencias de todo tipo. De ahí, que no es aplicable la tesis de rubro: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’. Por el contrario, se invoca por analogía, el criterio establecido en la jurisprudencia: ‘INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24931-2b0a964e/embargo-de-cuentas-bancarias-decretado-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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