JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE INNOMINADO DE FALTA DE COMPETENCIA DE AUTORIDADES INVESTIGADORAS Y SUSTANCIADORAS EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 268/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 29 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, así como el veintisiete de diciembre, todos de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Décimo Quinto Circuito, que corresponden a la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al versar sobre la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por la persona titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 476/2022 en sesión de uno de junio de dos mil veintitrés.
4. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo en revisión administrativo 477/2022 en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Décimo Quinto Circuito al resolver los amparos en revisión administrativos 476/2022 y 477/2022, respectivamente.
7. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver parte de la ejecutoria
9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver información
10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclama una interlocutoria que declara infundado el incidente innominado de falta de competencia de las autoridades investigadoras y substanciadoras dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
11. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque se pronunciaron sobre la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b) –este último interpretado en sentido contrario–, ambos de la Ley de Amparo.
12. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues mientras uno consideró aplicable y actualizada la regla de improcedencia ya invocada porque el acto reclamado constituye una determinación adjetiva o intraprocesal, que no genera un daño inminente y de imposible reparación a la esfera jurídica de la persona quejosa; el otro, determinó que esa regla no es aplicable al caso propuesto, porque hizo suyos los argumentos de la tesis de jurisprudencia P./J. 29/2015, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO", conforme a los cuales más allá del análisis de si el tema de competencia pudiera considerarse o no de imposible reparación, la solución del caso debe ceñirse a la regla prevista en la fracción VIII del mismo numeral.
13. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Es aplicable y se actualiza la regla de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b) –este último interpretado en sentido contrario–, ambos de la Ley de Amparo cuando se reclama en amparo indirecto la interlocutoria que declara infundado el incidente innominado de falta de competencia de autoridades investigadoras y substanciadoras, dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California?(6)
14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 476/2022, y el emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al fallar el amparo en revisión administrativo 477/2022.
15. Finalmente, no sobra señalar que en los demás temas abordados por uno de los tribunales, no existe punto de toque.
16. En efecto, uno de los órganos contendientes se pronunció sobre la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo relativa al principio de definitividad, la cual desestimó, así como sobre una violación del procedimiento, pero el otro tribunal no analizó esos aspectos.
V. Estudio
17. El artículo 103, fracción I, de la Carta Magna,(7) establece el objeto substancial del juicio de amparo, a saber, conocer de las violaciones cometidas por las autoridades a los derechos humanos previstos en el propio texto constitucional y en las convenciones sobre esa materia, de lo cual deriva la naturaleza extraordinaria de ese medio de defensa.
18. Por su parte, el artículo 107 de la propia Ley Fundamental establece los lineamientos generales de procedencia del juicio de amparo.
19. Su fracción III, inciso b), se ocupa de los actos dictados por los tribunales y establece el principio de irreparabilidad, según el cual, el juicio de amparo solo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación,(8) y su fracción IV se ocupa de los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para los cuales no dispone una regla similar a la anterior.(9)
20. En desarrollo de estos postulados, el autor del texto original de la Ley de Amparo abrogada acogió el principio de irreparabilidad aplicable a los actos de tribunales judiciales y dispuso otras reglas para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos administrativos, como se aprecia de su reproducción:
"ARTÍCULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito:
"I. Contra las leyes, cuando por su sola expedición entrañen violación de garantías;
"II. Contra actos de autoridades distintas de las judiciales o de las juntas de conciliación y arbitraje.
"En estos casos cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio ante dichas autoridades, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;
"III. Cuando se trate de actos de autoridad judicial ejecutados fuera de juicio o después de concluído.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencias, solo podrá interponerse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones, cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
"Tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;
"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;
"VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley."
21. Como se observa de sus fracciones II y IV, tratándose de los actos administrativos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo previó la procedencia del juicio en contra de la resolución definitiva, mientras que tratándose de actos de tribunales dictados dentro de juicio, autorizó su procedencia si los actos tenían una ejecución de imposible reparación.
22. Aunque este precepto sufrió diversas reformas, el texto vigente en la fecha de expedición de la nueva Ley de Amparo recogía en esencia la misma distinción, como se aprecia de la reproducción del mismo numeral:
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)
"ARTÍCULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ENERO DE 1988) (PUBLICADA, D.O.F. 11 DE ENERO DE 1988 Y D.O.F. 1 DE FEBRERO DE 1988)
"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
"II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
"En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 1968)
"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
N. DE E. EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 29 DE MAYO DE 2009)
"Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio.
"Tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;
"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;
"VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley;
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2000)
"VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional."
23. La regla relativa a que tratándose de actos dentro de juicio solo podían ser reclamados si tenían una ejecución de imposible reparación fue motivo de numerosos pronunciamientos por parte del Alto Tribunal que culminaron en la distinción entre violaciones a derechos sustantivos y violaciones procesales de gran entidad; en una época se consideró que eran de imposible reparación solo aquéllos que afectaban derechos sustantivos, pero luego se observó que debían incluirse también los actos que afectaran normas procesales y causaran una afectación en grado predominante o superior, como se aprecia con la reproducción de las siguientes tesis:
"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."(10)
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que solo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), solo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."(11) "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio."(12)
"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."(13)
24. A partir de esta distinción, bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior se resolvieron numerosas controversias sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos.
25. Específicamente, tratándose de resoluciones en materia de competencia, es clara la evolución de la jurisprudencia del Máximo Tribunal pues aunque en un principio estimó que la resolución que desechaba una excepción de incompetencia era un acto de imposible reparación, luego consideró que no debía proceder por tratarse solo de una violación procesal que no afectaba los derechos de las personas gobernadas y posteriormente determinó que sí debía considerarse como un acto de imposible reparación porque aun siendo un acto procesal, se trataba de una violación que afecta a las partes en grado predominante o superior. Así lo revelan los textos que a continuación se reproducen:
"AMPARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA PARTE RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 166, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACIÓN DE 1917 A 1988). Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente interrumpir y modificar en la parte relativa, la jurisprudencia mencionada, para sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es improcedente contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque no constituye un acto de ejecución irreparable. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de las garantías individuales, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de las resoluciones que se pronuncien respecto a la excepción de incompetencia, porque sólo producen efectos intraprocesales; por tanto, tales resoluciones por constituir una violación procesal, deben reclamarse, hasta que se dicte el fallo definitivo, en caso de que éste sea desfavorable, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 158, 159, fracción X y 161, de la Ley de Amparo."(14)
"AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente interrumpir y modificar en la parte relativa, la jurisprudencia ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA PARTE RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 166, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACIÓN DE 1917 A 1988).’, para sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."(15)
"INCOMPETENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DESECHA O ESTIMA INFUNDADA ESA EXCEPCIÓN. Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 19/99, de rubro: ‘COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SOLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO.’, para sustentar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la referida Ley, dicho juicio procede, excepcionalmente y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha o estima infundada la excepción de incompetencia en el juicio laboral, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada dicha defensa, deberá reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."(16)
26. Para efectos de esta contradicción, interesa destacar que si bien la regla relativa a los actos con ejecución de imposible reparación estaba referida en la ley a los actos dentro de juicio, es decir, a los actos de tribunales, la jurisprudencia del Alto Tribunal hizo extensiva esa regla a los actos administrativos, por estimar que el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio es análogo al juicio y que, por tanto, debía admitirse la procedencia del juicio en contra de actos administrativos con una ejecución de imposible reparación, como se aprecia de la siguiente tesis aislada:
"PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32332-fbfa5675/juicio-de-amparo-indirecto-en-contra-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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