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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 216/2014. · Registro digital (IUS): 26025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 216/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE AGOSTO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de agosto de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio presentado el veinte de junio de dos mil catorce, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese tribunal, al resolver en sesión de veintinueve de mayo de dos mil catorce el amparo en revisión **********, que dio origen a la tesis aislada XXVII.3o.55 K (10a.), consultable en la página 2380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, de la Décima Época, de rubro: "COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA O DESESTIMA ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL IMPLICAR LA INFRACCIÓN A UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL O CONVENCIONAL."; el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de siete de noviembre de dos mil trece el recurso de queja **********, de donde derivó la tesis I.11o.C.11 K (10a.), cuyo rubro expresa: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA DICHA EXCEPCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 107, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", y el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al fallar el recurso de queja **********, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil trece.

SEGUNDO.-Por auto de veinticuatro de junio de dos mil catorce, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 216/2014 y la admitió a trámite.

Asimismo, estimó que la competencia para conocer de la contradicción corresponde, por tratarse de un asunto en materia común, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito indicados la remisión de diversas constancias y turnó los autos al Ministro José Fernando Franco González Salas.

TERCERO.-Por auto de veintiuno de octubre de dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio 560/2014, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, mediante el cual informó a este Alto Tribunal que, al resolver el amparo directo ********** de su índice, trató un tema relacionado con la presente contradicción de tesis, por lo que se adhería a la misma.

CUARTO.-En sesión pública celebrada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de mayo de dos mil quince, se acordó el retiro del asunto; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

TERCERO.-Improcedencia de la adhesión a la contradicción de tesis. Resulta conveniente señalar que si bien el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región informó a este Alto Tribunal que, al resolver el amparo directo ********** de su índice, trató un tema relacionado con la contradicción de tesis que nos ocupa, por lo que solicitaba que se le tuviera por adherido a la misma; dicha ejecutoria no será tomada en cuenta para resolver el presente asunto, en virtud de que en contradicción de tesis la figura de adhesión no está prevista en la legislación relativa, máxime que cuando se recibió el oficio de mérito, el expediente en que se actúa ya se encontraba debidamente integrado para su resolución.

CUARTO.-Ejecutorias contendientes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es conveniente destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

Amparo en revisión **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito:

********** Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal, demandó en la vía ordinaria mercantil de **********, la rescisión del contrato de compraventa con reserva de dominio.

Correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, quien lo admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada, a fin de que contestara la demanda entablada en su contra y opusiera las excepciones que estimara convenientes.

Emplazada que fue ********** (parte demandada en el juicio ordinario mercantil de origen), al contestar la demanda, opuso diversas excepciones, entre las que destaca la de incompetencia por declinatoria, la cual se tuvo por opuesta, enviando las constancias correspondientes a la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quinta Roo, para la sustanciación de la excepción planteada.

La Sala Mixta del conocimiento radicó el toca respectivo y, seguido en sus trámites, dictó la interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil trece, en la que desestimó la referida excepción, sosteniendo la competencia del Juez primigenio.

********** promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la resolución interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil trece, mediante la cual, la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer.

La Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, seguido el trámite del juicio, dictó sentencia definitiva en la que determinó negar el amparo solicitado, al considerar que la interlocutoria reclamada se encontraba debidamente fundada y motivada, entre otras cosas, toda vez que la Sala responsable, al sostener la competencia del Juez mercantil primigenio, tomó en cuenta la clase de acciones hechas valer en la controversia de origen, el documento base de la acción y la calidad de las partes.

En contra de tal fallo, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quien lo resolvió el veintinueve de mayo de dos mil catorce, en el sentido de confirmar la sentencia y negar el amparo, sosteniendo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Cuestión previa.

"Toda vez que la procedencia del juicio de amparo puede ser reexaminada por este tribunal de amparo, sin que medie agravio alguno, como cuestión previa, se estima necesario precisar algunas reflexiones en torno a la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra la determinación que en definitiva sostiene la competencia de la autoridad que suscitó determinara por declinatoria su incompetencia legal.

"En el caso, el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria en que la Sala responsable determina (sostiene) la competencia de un juzgador especializado en materia mercantil, para conocer de un juicio en el que se demandó, en la vía ordinaria, la rescisión de un contrato de compraventa con reserva de dominio.

"El artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo señala: ...

"Del citado precepto se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente.

"En tal sentido, de conformidad con el novel canon y sistema interpretativo en materia de derechos humanos y con las directrices técnico jurídicas con las que se ha instrumentalizado su defensa y protección a través del juicio de amparo, dadas mediante reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once, este Tribunal Colegiado estima necesario redimensionar, para efectos del juicio de amparo, el tema de la competencia para migrar su entendimiento y desarrollo dogmático jurisprudencial de un simple presupuesto procesal hacia una institución o derecho humano rector de todo acto de autoridad, sin el cual ninguna persona puede ser molestada ni privada del resto de sus derechos (libertad, propiedad, tránsito, educación, salud, vivienda).

"...

"Ahora bien, tomando como base la premisa antes obtenida, conviene analizar y remembrar el desarrollo dogmático jurisprudencial que ha tenido la institución de la competencia otrora circunscrita al ámbito netamente procesal.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración plenaria o en sus Salas especializadas, ha precisado diversos casos [de excepción] bajo los cuales se justificaba un pronto análisis constitucional cuando se reclamaba la falta de competencia de las autoridades jurisdiccionales en procesos contenciosos llevados ante autoridad jurisdiccional; ello, bajo el entendido de que en ciertos casos se produciría una afectación a las partes en grado predominante o superior; esto es, se identifica como una violación adjetiva o procesal.

"Así, la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal sostenía que la única razón para estudiar la cuestión de competencia en el amparo indirecto se presentaba cuando la aceptación de la competencia involucraba a órganos jurisdiccionales de distinto sistema jurídico, es decir, cuando el asunto pasaba de una Junta de Conciliación y Arbitraje al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o bien, a un Tribunal Administrativo, porque en ese caso ya no se aplicaría la Ley Federal del Trabajo.

"La jurisprudencia que se comenta es la 2a./J. 19/99, de rubro: ‘COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO.’ ...

"En su momento, dicho criterio fue superado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia P./J. 55/2003, que dice lo siguiente:

"‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’ ...

"En la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2002-PL, que le dio origen al criterio P./J. 55/2003, el Pleno hizo referencia a la excepción que había establecido la Segunda Sala, así como a las consideraciones del propio Pleno, en torno al tema de personalidad, y estableció que, de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, el juicio de garantías indirecto es procedente contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que, de ser fundada, se debería reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional.

"De manera más reciente, idéntico criterio se adoptó por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la resolución de un tribunal del trabajo que declara infundada la excepción de incompetencia, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 6/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2011, de rubro:

"‘INCOMPETENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DESECHA O ESTIMA INFUNDADA ESA EXCEPCIÓN.’

"Como se ha mencionado, los señalados criterios respecto al tema de las competencias (sic) las premisas siguientes:

"(i) Es un presupuesto procesal de orden público sin el cual no puede desarrollarse válidamente un proceso jurisdiccional; y

"(ii) La resolución que desecha o declara infundado el incidente respectivo afecta en grado predominante o superior a la parte que lo promovió, ya que de declararse fundada [en vía diversa] viciaría todo el procedimiento y acarrearía su reposición.

"Y en tal sentido, implícitamente se consideró que: (iii) al resolverse un tema jurídico procesal de tal índole se está ante un acto intraprocesal de imposible reparación para la parte quejosa, lo cual autoriza a revisar previamente la constitucionalidad del acto reclamado en la vía indirecta.

"Ahora bien, una vez dadas las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2011, de manera ilustrativa, cabe señalar grosso modo que la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, al discutir el proyecto de resolución de la contradicción de tesis 377/2014, [cuyo contenido versa sobre la aplicabilidad o no de la jurisprudencia del Pleno 4/2001], en sesiones públicas de veinte y veinticuatro de marzo de este año, sostuvieron que debía redefinirse la jurisprudencia que categorizaba cuestiones formales o adjetivas como actos, cuyos efectos dentro de juicio producían una afectación predominante o superior equiparable a actos de imposible reparación, para ceñirse a la definición que al respecto se ha dado en la nueva Ley de Amparo, específicamente, en el artículo 107, fracción V, que los vincula en exclusiva con una afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"De la citada contradicción de tesis se sustentó la jurisprudencia 37/2014, cuyos rubro y texto señalan:

"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ ...

"Como se advierte, el Tribunal Pleno definió que:

"(i) El legislador ofrece precisión jurídico conceptual para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al definirlos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos previstos tanto en la Constitución como en tratados ratificados por el Estado Mexicano.

"(ii) A través de dicha fórmula legal se estableció que para calificar tales actos como irreparables, resultaba menester que produjeran una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que recayeran sobre derechos cuyo significado rebase ‘lo puramente procesal’, y no se encuentren previstos exclusivamente en leyes adjetivas.

"(iii) La afectación material significaba un impedimento al libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo [posible acto privativo], cuya materialidad sustantiva implique la afectación antagónicas a un derecho meramente procesal.

"Partiendo de esa base jurisprudencial y toda vez que el propio legislador determinó en la diversa fracción VIII del citado precepto de la Ley de Amparo, que el amparo biinstancial procede contra actos en los que las autoridades determinen inhibir o declinar competencia; luego, es claro que el rango que el legislador ha querido conferirle a dicha institución es el de un derecho sustantivo.

"En efecto, si el legislador tácitamente excluyó en la nueva configuración de procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio a las violaciones procesales relevantes, antes catalogadas como ‘de afectación predominante o superior’, entonces, debe estimarse que el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, no contempla un caso de excepción ni una violación procesal relevante, al determinar procedente la impugnación de las resoluciones que estimen declinar o inhibir competencia en dicha vía constitucional.

"Es así, pues estimar lo contrario pugnaría, por una parte, con la lógica bajo la cual el legislador redefinió qué debía entenderse por actos de imposible reparación y, por otra, con la interpretación que, al respecto, sustentó el Tribunal Pleno en el sentido de que dicha concepción resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste ‘reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos’.

"Siendo lógico, entonces, que las resoluciones que determinen no sólo inhibir o declinar la competencia, sino también y, por mayoría de razón, declararla infundada [o sostenerla] deban catalogarse como actos dentro de juicio susceptibles de afectar derechos sustantivos de manera irreparable, las cuales por su esencia y sustancia no se reducen en forma alguna a un derecho o garantía previsto exclusivamente en leyes adjetivas, sino que su contenido nítidamente se contempla y reconoce tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, como en el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"En efecto, como se anticipó, la competencia no debe verse únicamente como una condición o presupuesto de índole procesal, sino que también abordarse desde una perspectiva de derechos, es decir, cual derecho fundamental previsto en la Constitución Federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto ordenan que las personas no podrán ser juzgadas, sino por el tribunal que esté facultado por la ley para ello, redimensión que implica asumir la competencia como institución o derecho humano rector de todo acto de autoridad, sin el cual no pueden molestar ni privar de sus derechos a las personas.

"En ese sentido, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente: ...

"Por su parte, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal establecen: ...

"En efecto, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos(2) resulta evidente que la competencia del Juez o tribunal revista especial importancia, siendo entonces que aquella institución debe identificarse plenamente con el derecho fundamental de las personas de que sólo podrán ser juzgadas por la autoridad jurisdiccional autorizada por ley para hacerlo.

"Por tanto, es evidente que no sólo la sentencia definitiva o laudo [acto privativo] que no cumpla con esta exigencia carece de validez por adolecer de un presupuesto procesal, sino también el proceso mismo llevado ante una autoridad incompetente para hacerlo [acto de molestia], porque además de carecer del citado presupuesto adjetivo, se infringiría irreparablemente el derecho sustantivo de ser juzgado por un Juez competente, lo que, además y de manera independiente, involucra una infracción al debido proceso y al acceso a la jurisdicción.

"Todo lo anterior, incluso, se corrobora de la interpretación que tanto la Segunda Sala como el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sustentado en las contradicciones de tesis 46/2002-SS y P./J. 10/2003, de las que, respectivamente, derivaron las jurisprudencias 2a./J. 84/2002(3) y P./J. 20/2003, donde sostuvieron que en el juicio de amparo directo no es posible analizar la competencia de la autoridad responsable bajo ningún argumento -ni aun en suplencia de la queja, porque la legislación que la prevea se haya declarado inconstitucional-.

"Ello, se dijo, porque para estar en condiciones de examinarla resultaba necesario que la contraparte en el juicio natural cuestionara tal aspecto en vía de excepción y, en su caso, a través del amparo indirecto, al tratarse de un acto de imposible reparación para efectos de dicho juicio, en virtud de que incide en la determinación de la legislación aplicable al procedimiento respectivo.

"A fin de ilustrar lo antes señalado, conviene precisar la manera en que las referidas contradicciones de tesis sustentaron el criterio antes referido.

"Contradicción de tesis 46/2002-SS: ...

"Contradicción de tesis P./J. 10/2003: ...

"Como se ve, tanto la Segunda Sala, como el Tribunal Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, en aplicación de la abrogada Ley de Amparo, definieron que la determinación en que se declare competente a una autoridad jurisdiccional (Junta o tribunal burocrático) tiene una ejecución de imposible reparación que necesariamente debe reclamarse ante el Juez de Distrito, dadas las repercusiones que podría tener la aplicación de procedimientos y legislaciones diversas.

"Visto así, el proceso seguido ante autoridad no competente es un acto de molestia y no privativo que de suyo conlleva y produce una afectación de carácter irreparable por ese solo hecho, sin que sea necesario que, a la postre, se dilucide la controversia y se emita un acto de carácter privativo.

"Por ende, si a la luz de la nueva Ley de Amparo se sitúa a las resoluciones de autoridad jurisdiccional que determinen declinar o inhibir competencia (107, f. VIII L.A.), en el mismo rango que un acto de imposible reparación (artículo 107 f. V L.A.) y, por mayoría de razón, a las que la sostengan, cuyo contenido ha sido definido como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces, es dable concluir que el legislador ha otorgado tal carácter a las determinaciones que involucren a la competencia, entendida ésta como una institución procesal de carácter constitucional, según la cual ninguna persona puede ser molestada ni privada de sus derechos y posesiones, sino en virtud de un mandamiento [judicial] dictado por autoridad idónea.

"Se trata pues, de un derecho que busca la protección de otros valores superiores, cuya efectividad trasciende el interés particular del sujeto afectado, para convertirse en un asunto de interés público o colectivo regulado constitucionalmente, en el que primordialmente subyace el derecho a no ser desviado de la jurisdicción y los procesos dados con antelación por el legislador. ..."

Recurso de queja **********, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

********** Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de doce de diciembre de dos mil trece, mediante la cual, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la quejosa en el juicio ejecutivo mercantil **********.

La Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, determinó desecharla por auto de dos de octubre de dos mil trece, al considerar, medularmente, que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que en el acto reclamado no se inhibió o declinó la competencia, sino por el contrario, se declaró infundada la excepción relativa, lo que no encuadraba en el supuesto previsto en la referida fracción VIII.

En contra de lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo registró con el número ********** y lo resolvió mediante fallo de siete de noviembre de dos mil trece. De tal resolución derivó la tesis aislada I.11o.C.11 K (10a.), con número de registro digital 2005757, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2444, de rubro: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA DICHA EXCEPCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 107, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", resolviendo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO.-Los agravios son fundados como se verá:

"El acto reclamado consiste en la resolución de doce de septiembre de dos mil trece, dictada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la cual fue desestimada la excepción de incompetencia por declinatoria.

"La Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, sólo procede el amparo indirecto contra actos de la autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia de un asunto, lo cual, consideró la Juez Federal, no había ocurrido en el caso.

"La recurrente en vía de agravio aduce, en esencia, que fue incorrecto que la Juez de Distrito declarara improcedente el juicio de amparo, bajo la consideración de que sólo procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, de conformidad con el precepto legal citado.

"Agrega que la resolución que declara ‘improcedente’ la excepción de incompetencia afecta a las partes en grado predominante o superior, pues de declararse fundada dicha excepción traería como consecuencia reponer el procedimiento.

"Apoya sus argumentos en las jurisprudencias de rubros: ‘AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO, AL CONSTITUIR UN ACTO DENTRO DE JUICIO, CUYOS EFECTOS DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, LA SITÚAN COMO UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ y ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’

"Como ya se precisó, los anteriores argumentos son fundados, porque en contra de la resolución que declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta, toda vez que se trata de una violación procesal relevante a la que se refiere el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, tomando en cuenta la institución que se encuentra en juego, como lo es la competencia, es menester hacer una interpretación conforme respecto del contenido del artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo vigente, a la luz del texto de la Constitución, atento al principio pro persona, que significa la interpretación de normas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, siendo uno de esos derechos el de acceso al juicio biinstancial, cuando se aprueba o se desestima la excepción de incompetencia.

"Cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 799 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, de rubro y texto siguientes:

"‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’ ...

"La anterior interpretación encuentra justificación, toda vez que la resolución que aprueba o desestima la excepción de incompetencia, afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada tendría como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional.

"El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"‘Artículo 107. ...’

"Esa porción normativa ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P. LVII/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, materia común, Novena Época, página nueve, que dice: ‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’

"Ese criterio de interpretación judicial deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la reforma de junio de dos mil once, cuyo texto no fue modificado.

"Por otra parte, el máximo intérprete del país puso de relieve la procedencia del juicio de amparo cuando afecten directa o inmediatamente un derecho sustantivo y estimó la procedencia del juicio en los supuestos siguientes:

"a) Aquellos que afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal (regla general); y,

"b) Los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior (criterio complementario del anterior).

"Esas definiciones corresponden a la evolución del juicio de amparo, de conformidad con la jurisprudencia de la Suprem

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26025-b1061c9f/amparo-indirecto-procede-contra-la-resolucion-que-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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