AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.
VISTOS
Y
RESULTANDOS
PRIMERO.-Mediante oficio 3131-D, presentado el catorce de julio de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Jueza Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja ********** y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja **********.
SEGUNDO.-Por auto de cuatro de agosto de dos mil catorce, el Ministro presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia presentada y ordenó formar y registrar el expediente de la contradicción de tesis con el número 239/2014.
Asimismo, estimó que la competencia para conocer de la posible contradicción correspondía, por tratarse de un asunto en materia común, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, turnó los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO.-Antecedentes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es conveniente destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Recurso de queja **********
********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil trece, mediante la cual la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco se declaró incompetente para conocer y resolver sobre la demanda laboral promovida por el quejoso. Lo anterior, al considerar que su conocimiento y resolución correspondía a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa.
La Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, determinó desecharla por auto de uno de octubre de dos mil trece, al considerar, medularmente, que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo vigente, toda vez que el acto reclamado no era ni definitivo ni de imposible reparación, ya que estaba condicionado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a favor de quien se declinó la competencia y, en todo caso, sería esta determinación la que podría causar un perjuicio a la parte interesada.
En contra de lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Mediante sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil trece, el referido tribunal resolvió que dicho recurso era infundado, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO.-En los agravios se indica que con la resolución de uno de octubre de dos mil trece, se priva a la parte quejosa del derecho constitucional de recibir el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al haberse desechado de plano la demanda.-Considera que se inobserva la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente.-Destaca el recurrente, que el acto reclamado fue la interlocutoria que resolvió como procedente el incidente de competencia, y por ello se declaró incompetente para conocer, tramitar y resolver la demanda del expediente **********, y se determinó la remisión del escrito de demanda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tal resolución indudablemente representa una declinación de competencia, que es factible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto por disposición expresa del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo (vigente).-Lo referido es infundado.-En el acuerdo recurrido en queja sustancialmente se desechó la demanda de plano, por la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del precepto 107, éste aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.-Esencialmente se consideró que la resolución interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil trece, a través de la cual la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, declaró procedente el incidente de competencia, y ordenó la remisión de la demanda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no es un acto de imposible reparación.-Ese proceder es objetivamente correcto, por más de que en la Ley de Amparo se contemple como supuesto de procedencia del amparo indirecto, en contra de aquellos actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, según lo establecido por la fracción VIII del artículo 107 de ese ordenamiento legal.-Anteriormente, con base en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales vigente hasta el dos de abril de este año, la impugnación de los actos relacionados con la incompetencia de la autoridad y se declinaba en favor de otra, se englobaba en la fracción IV, del artículo 114 de la abrogada ley, por considerarse como actos en el juicio que no tendrían sobre las personas o sobre las cosas, una ejecución de imposible reparación, excepción hecha respecto de aquel supuesto en el que deberían de aplicarse las legislaciones en las que se contemplaban derechos sustantivos diferentes.-En la Ley de Amparo, particularmente, en la fracción VIII, del artículo 107, se prevé: Artículo 107. ... VIII. ... El contenido de ese dispositivo legal, debe interpretarse estrechamente con uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de definitividad, esto es, respecto de aquellos actos que no sean susceptibles de revocarse, modificarse o anularse por algún medio ordinario de defensa, el cual es insoslayable, dado que el legislador ha previsto su imperatividad al establecer causales de improcedencia tendentes a su respeto, como al efecto son las previstas en las fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente.-En el caso a estudio, de las constancias del expediente del juicio laboral **********, se advierte que el apoderado de **********, interpuso incidente de competencia (fojas 46 y 47), cuya resolución interlocutoria se reclama en demanda de amparo indirecto, visible a fojas 65 a 67, en la que se declaró procedente el incidente, al resolverse (foja 67): ... Sin advertirse de las constancias obrantes en los autos del juicio de amparo, alguna bastante para concluir en que la autoridad a la que se le declinó la competencia, se pronunciara al respecto; incluso, de así ser, diverso sería el acto reclamado; lo que se corrobora con lo manifestado por el peticionario, al cumplir con la prevención que en su oportunidad se le formuló.-La circunstancia de no existir constancia sobre algún pronunciamiento de la autoridad en cuyo favor se declinó la competencia, pone de manifiesto que el acto reclamado, por sí, carece de definitividad, a lo que debe agregarse, que el pronunciamiento que se haga tendrá consecuencias que pueden ubicarse en dos vertientes.-Una, será en caso de que la autoridad a la que se declinó la competencia, no la acepte, lo que generaría el conflicto competencial respectivo, el cual a la postre resulta equiparable a un medio ordinario a través del cual, se decidirá en qué órgano corresponde conocer del juicio, pues incluso para ello ningún obstáculo será que la declinatoria de competencia se resolviera incidentalmente, pues ello no significa que se pusiera fin a ese presupuesto procesal.-La otra vertiente, será que la autoridad a quien se consideró competente, la acepte, sin embargo, éste será un nuevo acto, al compartirse la determinación a través de la cual se declinó la competencia; con todo ello se pone de manifiesto, que además de que el acto reclamado no es de los que tengan una ejecución de imposible reparación para que en su contra proceda el amparo, además carece de definitividad.-En apoyo de lo considerado, cobra aplicación, por las razones que le informan, y se comparte, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XX, correspondiente a diciembre de 2004, visible en la página 1190, que prevé: ‘INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO.’ ... También ilustra sobre lo referido y se comparte la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Número 86-2, correspondiente a febrero de 1995, visible en la página 36, que establece: ‘AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA.’.-Similarmente, cobra aplicación y se comparte, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el Número 52, correspondiente a abril de 1992, visible en la página 32, que prevé: ‘COMPETENCIA, DECLINATORIA DE.’ ... Consecuentemente, al reclamarse la determinación a través de la cual se declinó la competencia, correctamente en el acuerdo recurrido se concluyó en la improcedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues incluso a la misma conclusión se llegaría en aplicación a lo previsto por la fracción XVIII del precepto 61, del mismo ordenamiento legal.-Por ende, aun al tener en consideración lo establecido en la fracción VIII del artículo 107 de la vigente Ley de Amparo, al disponer ‘actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia ...’, se refiere necesariamente a aquellos que sean definitivos, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, por ser principio rector de éste ..."
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
Recurso de queja **********
********** promovió juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, mediante la cual el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV declinó competencia a favor de un Juez del fuero común para conocer de la demanda promovida por el quejoso.
La Jueza Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, determinó desecharla por auto de veintiuno de abril de dos mil catorce, al considerar, medularmente, que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, toda vez que el acto reclamado no era ni definitivo ni de imposible reparación, ya que estaba condicionado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a favor de quien se declinó la competencia y, en todo caso, sería esta determinación la que podría causar un perjuicio a la parte interesada.
En contra de lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Mediante sentencia de diecinueve de junio de dos mil catorce, el referido tribunal resolvió que dicho recurso era fundado y, por ende, revocó el auto recurrido. Esto último, con base en los siguientes argumentos:
"QUINTO.-Los agravios son sustancialmente fundados.-En efecto, argumenta el recurrente, en lo conducente, que el acto reclamado sí es de los de imposible reparación, toda vez que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, no imparte justicia, y además porque el someterse a la competencia de la potestad común de manera ilegal, no obstante de que el asunto es de competencia agraria ‘como se dijo en el conflicto competencial 333/1999, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’, y que esa situación hace el asunto de imposible reparación, toda vez que seguir un trámite a sabiendas de que la competencia es ilegal, esa situación lo deja indefenso; asimismo, refiere que los criterios laborales utilizados son inaplicables y que el criterio que invoca es la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro: ‘RESOLUCIÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DECLINA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZGADO DEL ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA DEMANDA RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’.-Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo número **********, se advierte que **********, mediante escrito recibido el catorce de abril de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: ... Resulta oportuno precisar que el (sic) resolución contenida en el acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, emitida en los autos del juicio agrario del expediente **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV, es por la que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, declinó la competencia a favor del Juez del fuero común, según se desprende de la propia demanda de amparo.-Luego, se considera pertinente transcribir, el artículo 107 de la vigente Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 107. ... ... VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.’-Como se ve, conforme a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, procede el amparo biinstancial contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; hipótesis que cambió el modelo de impugnación de las resoluciones sobre competencia, pues de acuerdo con los múltiples criterios establecidos acorde a la ley anterior, sólo podía impugnarse la resolución que aceptaba o no el cambio de competencia, siempre y cuando tuviera efecto trascendente al fondo del asunto, lo que hoy podrá hacerse sin tener que esperar a que se acepte o rechace la competencia declinada.-Lo expuesto con antelación pone de relieve lo incorrecto de lo afirmado por el a quo en cuanto que ‘Sin que constituya obstáculo a lo anteriormente expuesto, el contenido de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dispone que, el amparo indirecto procede: «... contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto», ello, en virtud de que, analizado en congruencia con todo el sistema normativo que rige la procedencia del juicio de amparo indirecto, se colige que dicho supuesto se refiere al acto de autoridad que en definitiva resuelve o «determina» la competencia para conocer de un asunto, pues como se demostró en párrafos precedentes, es hasta ese estado que, en todo caso, se causaría el agravio que pudiera ser impugnado a través del amparo indirecto.’, toda vez que el numeral en cita es muy claro en determinar que el amparo indirecto procede: ‘... contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto’, y donde la ley no distingue, el juzgador no debe hacerlo.-Asimismo, tomando en consideración que, conforme a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, procede el amparo biinstancial contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, tal como lo afirma el recurrente en sus agravios, los criterios invocados por la a quo, resultan inaplicables al caso.-Apoya la anterior consideración, la tesis XV.5o.5 K (10a.), misma que se comparte, publicada el nueve de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título y subtítulo siguientes: ‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN INHIBIR O DECLINAR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE...’."
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, es importante destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)
De la jurisprudencia citada, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En este sentido, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o porque la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto que no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Expuesto lo anterior, en el presente caso se reúnen los requisitos mencionados, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se pronunciaron sobre el mismo problema jurídico.
Esto es, ambos casos sometidos a su potestad, tuvieron como origen un acto por el cual un órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de una demanda y declinó competencia a favor de otro.
En contra de dicha determinación, las partes afectadas promovieron juicio de amparo indirecto, en los cuales, la Juez de Distrito que conoció de cada uno de estos amparos, desechó la demanda respectiva al estimarla notoriamente improcedente en términos de la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor.
Al respecto, se argumentó que los actos reclamados no podían considerarse ni definitivos ni de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que estaban condicionados a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a favor de quien se declinó la competencia y, en todo caso, sería esa determinación la que podría causar perjuicio a la parte interesada; sin que fuera obstáculo lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la citada ley, puesto que ese precepto se refería a actos de autoridad definitivos.
Inconformes con lo anterior, los quejosos interpusieron recursos de queja, los cuales dieron lugar a que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, se pronunciaran por el mismo punto jurídico, pero adoptaran criterios discrepantes para resolverlo.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, al considerar que el acto reclamado -interlocutoria que resolvió procedente el incidente de competencia, ordenando la remisión de la demanda a la autoridad competente- por sí, carecía de definitividad, pues podrían acontecer aun dos supuestos, el primero, que la autoridad a la que declinó la competencia, no la acepte, lo que generaría un conflicto competencial, el cual, a la postre, resultaría equiparable a un medio ordinario a través del cual se decidirá a qué órgano corresponde conocer del juicio y, segundo, que la autoridad a quien se consideró competente, la acepte, lo cual será un nuevo acto y ponía de manifiesto que el acto reclamado no es de los que tengan una ejecución de imposible reparación.
En relación con esto último, afirmó que lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe interpretarse estrechamente con el principio de definitividad. Por ende, estimó que lo dispuesto en dicha fracción debe entenderse referido al caso en el que la autoridad a favor de la cual se declinó competencia, la acepte o la rechace. En este sentido, concluyó que "... aun al tener en consideración lo establecido en la fracción VIII del artículo 107 de la vigente Ley de Amparo, al disponer ‘actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia ...’, se refiere necesariamente a aquellos que sean definitivos, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, por ser principio rector de éste."
Luego, sostuvo que el desechamiento decretado había sido correcto, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque a la misma consecuencia se habría llegado con la aplicación de la fracción XVIII del artículo 61 de ese ordenamiento.
Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito revocó el desechamiento de la demanda de amparo, al considerar que en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia, pues si bien en el modelo anterior a la reforma sólo podía impugnarse la resolución que aceptaba o no el cambio de competencia, siempre que tuvieran efectos trascedentes al fondo del asunto, hoy podía hacerse sin tener que esperar a la aceptación o rechazo de la competencia declinada.
A tal conclusión arribó el tribunal, al considerar que el referido numeral es muy claro al determinar que el amparo indirecto procede "... contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento del asunto" y donde la ley no distingue, el juzgador no debe hacerlo, razón por la que tomando en consideración lo establecido en dicho numeral, procede el amparo biinstancial contra tales actos de autoridad.
Como se advierte de lo anterior, ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica, consistente en analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos de autoridad en los que se declinó competencia a favor de otro órgano que estimaron competente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, sobre dicha cuestión sostuvieron conclusiones disímiles, toda vez que uno de los tribunales contendientes sostuvo que el acto reclamado no es de imposible reparación y a los que se refiere ese precepto deben ser definitivos, entendiendo por esto que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepte o la rechace; y, en cambio, el otro sostuvo que la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de esa fracción, no estaba condicionada a la aceptación o rechazo de la competencia declinada.
Como efecto de lo anterior, uno de los órganos colegiados confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, mientras que el otro lo revocó, no obstante que la Jueza de Distrito en ambos casos estimó actualizada la misma causal de improcedencia.
En consecuencia, es posible concluir que en el caso existe contradicción de tesis.
No pasa inadvertido el hecho de que el acto reclamado en uno de los juicios de amparo fue una resolución interlocutoria en la que una Junta local dirimió un incidente de competencia promovido por una de las partes en el juicio laboral de origen, mientras que en el otro juicio de amparo, el acto reclamado consistió en el acuerdo mediante el cual un Tribunal Unitario Agrario se declaró incompetente, sin dar lugar a la admisión de la demanda promovida por el actor; sin embargo, se trata de una cuestión que no fue determinante para que los tribunales contendientes adoptaran uno u otro criterio, ya que ambos partieron del estudio de actos que tuvieron un mismo efecto jurídico, esto es, actos en los que una autoridad determinó declinar competencia, y fue a partir de este punto que sostuvieron conclusiones contradictorias.
Ahora bien, aun cuando el punto de contradicción se generó a partir de la interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el supuesto de procedencia del juicio de amparo respecto de resoluciones que determinaron declinar competencia, este Tribunal Pleno considera necesario interpretar también el supuesto relativo a las resoluciones que determinen inhibirla, a fin de resolver de manera integral, el problema jurídico materia de la presente contradicción y fijar los alcances de dicho precepto.
Es importante precisar que la Jueza de Distrito, en el escrito de denuncia de contradicción de tesis mencionó que a su juicio el punto jurídico a dilucidar consistía en analizar si el auto por el que se declina o inhibe la competencia, es un acto que tiene o no una ejecución de imposible reparación, cuando éste carece de definitividad.
Sin embargo, con base en lo expuesto, se precisa que el punto jurídico a dilucidar en esta contradicción, consiste en determinar cuál es el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra los actos de autoridad en los que se decline o inhiba la competencia, esto es, por un lado, si se consideran o no de imposible reparación y, por otro, si tal acto debe ser definitivo, es decir, si su impugnación debe hacerse a partir de la decisión de la autoridad que acepta o rechaza la competencia declinada o inhibida.
QUINTO.-Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para resolver el problema jurídico materia de la presente contradicción, este Tribunal Pleno considera necesario abordar previamente el examen de ciertos aspectos relacionados con la procedencia del juicio de amparo indirecto, para desentrañar el sentido y alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, a saber, dos temas fundamentales:
I) La justificación constitucional de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente.
II) Los alcances de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo.
Ello, aun y cuando no formaron propiamente parte de la contradicción de criterios.
I. Justificación constitucional de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente
El artículo 107, fracciones III, inciso b), y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"...
"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..."
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25941-43339442/amparo-indirecto-procede-en-contra-de-los-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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