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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN QUE SE RECLAMÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VIII, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU APLICACIÓN SE REALICE EN UN PRECEDENTE CIVIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26252
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-04-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATI
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Pág. 1459.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, TODOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, VÍCTORINO ROJAS RIVERA Y GILBERTO ROMERO GUZMÁN. PONENTE: HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO. SECRETARIO: JOSÉ ULICES SÁNCHEZ CASTILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como en los numerales 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado Víctorino Rojas Rivera, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito

TERCERO.-Posturas denunciadas como contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima oportuno analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

a) Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (A.R.A. 133/2014 y A.R.A. 169/2014).

En ambas resoluciones, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo estimó ser competente para conocer de los recursos de revisión de amparos relacionados con la aplicación del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en razón de que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito se determina por la naturaleza material del acto reclamado, pero no de las autoridades responsables, que en el caso se trataba de una ley de naturaleza administrativa y el acto de aplicación que es un acto formalmente jurisdiccional en materia civil, pero materialmente administrativo.

Que como la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, para determinar la competencia por materia, se debía tomar como elemento tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado, como la naturaleza del acto que emite, además de que igualmente se advertía que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere ni interfiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo.

Por lo que, una vez que analizó la naturaleza del acto reclamado, determinó que era un acto materialmente administrativo, al no dirimir controversia ni conflicto jurídico alguno, ni solucionar la cuestión contenciosa determinada, pues sólo aplicaba la norma jurídica que le servía de sustento legal, sin perseguir aquellos fines, inherentes a los actos de naturaleza jurisdiccional; por tanto, el acto administrativo puede concebirse como la declaración de voluntad de algún órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional y, además, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.

Y concluyó que los actos de aplicación eran formalmente, jurisdiccionales al haberse emitido dentro de un proceso civil, pero eran materialmente administrativos al no haberse abordado aspecto alguno relativo al litigio o derivado de un acto procesal sino que sólo existió un pronunciamiento derivado del derecho de petición de la expedición de copias certificadas y de negación de la exención de su pago, que son actos materialmente administrativos. De ahí que eran actos cuya competencia correspondía a ese Tribunal Colegiado de Circuito.

b) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito (Q.C. 16/2015 y A.R.A. 70/2015).

Por su parte, similar criterio aplicó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al no aceptar la competencia declinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, al considerar carecer de competencia por materia para conocer de los recursos de queja y de revisión, toda vez que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito se determina por la naturaleza material del acto reclamado, pero no de las autoridades responsables, y que en los casos se trataba de una ley de naturaleza administrativa y los actos de aplicación eran formalmente jurisdiccionales en materia civil, pero materialmente administrativos.

Que como la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, para determinar la competencia por materia, se debía tomar como elemento tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado como la naturaleza del acto que emite, además de que igualmente se advertía que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere ni interfiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo.

Por lo que, una vez que analizó la naturaleza del acto reclamado, determinó que era un acto materialmente administrativo, al no dirimir controversia ni conflicto jurídico alguno, ni solucionar la cuestión contenciosa determinada, pues sólo aplicaba la norma jurídica que le servía de sustento legal, sin perseguir aquellos fines, inherentes a los actos de naturaleza jurisdiccional; por tanto, el acto administrativo puede concebirse como la declaración de voluntad de algún órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional y, además, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.

Y concluyó que los actos de aplicación eran formalmente jurisdiccionales al haberse emitido dentro de un proceso civil, pero eran materialmente administrativos al no haberse abordado aspecto alguno respecto al litigio o derivado de un acto procesal sino que sólo existió un pronunciamiento derivado del derecho de petición de la expedición de copias certificadas y de negación de la exención de su pago, que son actos materialmente administrativos. De ahí que eran actos cuya competencia correspondía a ese Tribunal Colegiado de Circuito.

c) Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Q.A. 77/2014 y A.R.A. 221/2014)

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, estableció que los actos reclamados derivaban de una acción de naturaleza civil, sin que se soslayara que la norma impugnada de inconstitucional era fiscal, pero ello no constituía un factor que determinara la competencia legal, porque, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo estableció, para determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables, no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas.

Que el supuesto acto de aplicación de la norma impugnada, derivaba de juicios en los que la acción principal era de naturaleza civil; y, esos aparentes actos de aplicación, se fundaron además de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, en disposiciones aplicables en materia civil, tales como el Código Familiar y el Código de Procedimientos del Estado.

Por lo que consideró carecer de competencia legal para conocer de los recursos y que el Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, de este circuito judicial era el órgano colegiado competente, por razón de materia, para resolver dichos medios de impugnación.

CUARTO.-Existencia de la contradicción.

En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis, radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se orientan las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.(1)

2. Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

5. Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.(2)

De acuerdo a lo anterior, este Pleno de Circuito considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes al dictar las resoluciones que motivan el presente procedimiento de unificación, analizaron su competencia para conocer de los recursos promovidos en relación con las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito respecto de las demandas de amparo, mediante las que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, respecto del cual emitieron criterios jurídicos discrepantes.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 133/2014 y 169/2014, sostuvo que aunque el acto de aplicación de la norma reclamada derivara de un procedimiento jurisdiccional, al haberse emitido dentro de un expediente de jurisdicción voluntaria, era materialmente administrativo, porque en éste no se abordó aspecto alguno relativo al litigio o derivado de un acto procesal, sino que éste sólo resultó del trámite para la expedición de copias certificadas, lo que constituía un acto materialmente administrativo; de ahí que fuera un acto cuya competencia correspondía a ese Tribunal Colegiado de Circuito.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, mediante acuerdo plenario, rechazó su competencia legal para conocer de los recursos, de queja 16/2015 y de revisión 70/2015, que declinó en su favor el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, bajo la consideración de que el acto de aplicación era un acto formalmente jurisdiccional al haberse emitido dentro de un proceso civil, pero era materialmente administrativo, porque el acuerdo no abordó aspecto alguno relacionado con el litigio o derivado de un acto procesal, ya que sólo existió un procedimiento emanado del derecho de petición de la expedición de copias certificadas y su pago que eran actos materialmente administrativos; de ahí que fuera un acto cuya competencia recaía a aquel Tribunal Colegiado de Circuito.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 77/2014 y el amparo en revisión 221/2014, consideró que para determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables, por lo que si el acto de aplicación de la norma impugnada derivaba de un juicio en el que la acción principal era de naturaleza civil, se consideraba que ese órgano colegiado carecía de competencia legal para conocer del recurso y que era competencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del propio circuito, por razón de la materia.

Por consiguiente, el punto concreto de contradicción que este Pleno del Decimoprimer Circuito ha de resolver, consiste en determinar:

• Qué Tribunal Colegiado de Circuito es competente, por razón de la materia, para conocer de los recursos interpuestos en contra de las resoluciones dictadas en el juicio de amparo indirecto, promovido por considerar inconstitucional el artículo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, que impone la obligación de pago de derechos fiscales por la expedición de copias certificadas en un procedimiento civil y su aplicación.

Atendiendo a lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, este Pleno del Decimoprimer Circuito se encuentra obligado a establecer cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.

QUINTO.-Determinación del criterio a prevalecer con carácter de jurisprudencia. Para resolver la presente contradicción, este Pleno del Decimoprimer Circuito, estima necesario establecer, que por jurisdicción debemos entender, aquella facultad de decidir con fuerza vinculante para las partes una determinada situación jurídica controvertida, la cual es concebida también como la función del Estado, que tiene como finalidad, la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de los órganos públicos, de la actitud de los particulares o de otros órganos públicos, para afirmar la existencia de la voluntad de la ley a un caso concreto.

De lo anterior, se puede decir que, existen tres funciones básicas en el ejercicio de la jurisdicción:

a) El conocimiento de la controversia;

b) La facultad de decidirla; y,

c) La facultad de ejecutar lo sentenciado.

El Estado por una ficción jurídica, delega en los Jueces de primera instancia, la facultad de conocer de la controversia, de decidirla y de ejecutar la sentencia, entendiéndose que cuando las partes se alzan contra esta determinación, dicha facultad la asume plenamente el tribunal de apelación, quien debe resolver la cuestión con plenitud de jurisdicción.

Por su parte, en términos comunes, la competencia alude a incumbencia y aptitud, y se utiliza en el ámbito jurídico para referirse a la atribución legítima de un Juez o una autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.

Competencia: "...es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción."(3)

Este concepto está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, sin embargo, no son conceptos similares.

Jurisdicción significa: proclamar el derecho, es el campo o esfera de acción o eficacia de los actos de autoridad, "...puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial."(4)

Como se observa, la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y, por su parte, la competencia obedece a razones más específicas de distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales.

Ahora bien, por virtud del primer párrafo del artículo 16 constitucional, que prevé: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.", la competencia es parte de las garantías de legalidad, por lo que debe estar señalada en la ley, constituyendo así la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones.

Tomando en cuenta lo anterior y trasladándolo al derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera, que el Juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente.

En ese tenor, la primera parte del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según prevé su artículo 2o., señala: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente." De este precepto se infiere que el propio juzgador debe verificar, en cada litigio que se le plantee, si tiene o no competencia para conocer de él, y si considera que no, debe negarse a conocerlo, puesto que de conformidad con el artículo 17 del citado código adjetivo: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente..."

De las reflexiones anotadas, se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso.

Sirven de sustento, además, los siguientes criterios:

"COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA.-La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada." (Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXV, Núm. 8, página 1982)

"COMPETENCIA JURISDICCIONAL.-Es principio elemental en derecho procesal, que la jurisdicción la da la ley y no las partes, de suerte que, colocada en la categoría de presupuesto de procedimiento, adquiere la entidad de una institución de derecho público, y por ello tanto los códigos de procedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales, como las leyes procesales de los Estados y aun la misma Ley Federal del Trabajo, consignan la prevención de que en cualquier estado del procedimiento, pueda declararse la incompetencia, para el efecto de que el litigio o el conflicto, se decidan por las autoridades a quienes correspondan." (Quinta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXX, Núm. 15, página 3814)

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ha venido refiriéndose, de manera indistinta, a jurisdicción y competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un asunto, situación que de acuerdo con lo hasta aquí desarrollado, la competencia al confundirse con el concepto de jurisdicción, se entiende referida a su sentido lato, es decir, al ámbito, esfera o campo dentro del cual un órgano de poder puede desempeñar sus atribuciones y funciones. Y en su sentido estricto, constituye la facultad otorgada a un órgano jurisdiccional específico, para que válida y legalmente conozca de un determinado asunto, de manera que un órgano jurisdiccional no puede resolver un asunto si es a otro al que le corresponde específicamente esa atribución, aun cuando ambos pertenezcan a un mismo Poder Judicial.

De lo expresado, se infiere que la incompetencia de un órgano jurisdiccional es la carencia de facultades para conocer, tramitar y resolver un juicio específico.

Esta competencia en sentido estricto, es la que se divide en competencia objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional y la competencia subjetiva, que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo.

De entre los criterios para determinar la competencia objetiva (por territorio, por cuantía, etcétera), está la competencia por materia.

La competencia por materia: "Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio (Carnelutti); o por razón de la naturaleza de la causa, o sea, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso (E. Pallares, Liebman); o es la que se atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo (Becerra Bautista). Este criterio de distribución del quehacer judicial toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados, respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate sujeto a juzgamiento; así encontramos órganos que conocen de materia civil, familiar, penal, constitucional, administrativa, laboral, agraria, fiscal, etc."(5)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en relación con la competencia por materia, lo siguiente:(6)

"COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE.-Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales, en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público."

Ahora bien, siguiendo los razonamientos esgrimidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los conflictos competenciales 31/2015 y 46/2015, suscitados entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Décimo Primer Circuito; así como las consideraciones vertidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 133/2014 que participa en esta contienda, que este Pleno de Circuito comparte, se tiene que la competencia por materia proviene de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito mediante el establecimiento de determinada especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y de trabajo, entre otros, a cada uno de los cuales le corresponde conocer de los asuntos relacionados con la materia de su especialidad.

Pero, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en los artículos 37, fracción IV y 38, la que regula la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo indirecto y se establece la posibilidad de crear tribunales especializados, los cuales conocerán de los asuntos en la materia que se les asigne.

Ahora, el Pleno del Alto Tribunal de la República, ha sostenido en principio que, la competencia por razón de materia de los Tribunales Colegiados debe determinarse, exclusivamente, en atención a la naturaleza de la litis planteada en el caso que dio origen a dicho conflicto competencial, lo cual es factible precisar, regularmente, mediante el análisis de:

•Las prestaciones reclamadas;

•Los conceptos de violación planteados;

•Las pruebas ofrecidas;

•La invocación de preceptos legales en que el litigio se apoye y, finalmente,

•Las consideraciones que sustenten la ejecutoria de amparo.

Pero lo anterior es prescindiendo, siempre, del examen de lo que constituye la relación jurídica sustancial existente entre las partes en conflicto, pues tal cuestión es parte del estudio de fondo, que compete realizar únicamente al órgano jurisdiccional que resuelva la litis y no al tribunal cuando analiza la competencia.

Es así, puesto que admitir lo contrario, implicaría prejuzgar y utilizar una facultad que la ley no confiere al tribunal que decida sobre tales conflictos.

La consideración expresada encuentra apoyo en las tesis, una de jurisprudencia y otra aislada del Tribunal Pleno, identificadas con los números P./J. 83/98(7) y P. LXXVI/95,(8) cuyos rubros y textos son:

• "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.-En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda."

• "COMPETENCIA. EL OBJETO PROPIO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN ESA MATERIA, ES DETERMINAR A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE DEBA CONOCER DEL ASUNTO.-El objeto de la decisión en un conflicto competencial es determinar, atendiendo a la naturaleza de las prestaciones reclamadas y a las particularidades específicas de cada caso en concreto, a la autoridad jurisdiccional que deba resolver las cuestiones controvertidas, a través del procedimiento correspondiente, cumpliendo con las formalidades esenciales de éste, y en el que se aporten y valoren los medios de convicción conducentes, estableciendo con plena certeza lo correcto o incorrecto de la vía y de la acción intentadas."

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene -en amparos en revisión- que para determinar la competencia por materia, se debe tomar como elemento tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado cuanto la naturaleza del acto que emite, también lo es que igualmente se advierte que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere ni interfiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo.

A lo anterior, tiene aplicación la tesis aislada sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES.-Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del Ejecutivo de la unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste."(9)

Por tanto, un elemento fundamental para determinar la competencia material en un juic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26252-a7254541/competencia-para-conocer-del-recurso-de-revision-interpuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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