SOBRESEIMIENTO TOTAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN O DE APELACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A ELECCIÓN DEL RECURRENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 5 DE ABRIL DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GÜNTHER DEMIÁN HERNÁNDEZ NÚÑEZ, CARLOS HINOSTROSA ROJAS, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO Y JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMORA. DISIDENTES: MARIO Óscar LUGO RAMÍREZ Y NOÉ HERRERA PEREA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: NOÉ HERRERA PEREA. ENCARGADO DEL PROYECTO DE MAYORÍA: JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMORA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS CRUZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno del Decimoprimer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, ya que según lo establecido en los artículos transitorios primero, segundo, tercero y quinto, del referido decreto de reforma constitucional, para convertir los Plenos de Circuito en Plenos Regionales deberán emitirse, por el Congreso de la Unión y el Consejo de la Judicatura Federal, las leyes y acuerdos que regulen su integración y competencia, lo que al día en que la presente contradicción de criterios es resuelta aún no acontece); 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (ello de conformidad con el transitorio primero, fracción II, de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) 226, fracción III, de la Ley de Amparo; numerales 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, donde este Tribunal (sic) Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se formuló por ********** en calidad de representante legal de la persona moral denominada ********** quien figura como la parte quejosa en los autos del juicio de amparo directo administrativo 116/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer (sic) Circuito, ya que con dicha calidad adujo que el criterio contenido en dicha ejecutoria difiere de lo resuelto sobre el mismo tema en el diverso juicio de amparo directo administrativo 377/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este mismo Circuito, relativo a la determinación del medio ordinario de defensa procedente en contra de las sentencias dictadas por los Jueces administrativos, donde decreten el sobreseimiento total de un asunto, conforme al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.
TERCERO.—Criterios contendientes.
Con el fin de establecer si existe o no contradicción de criterios, es necesario tener a la vista la consideración y argumento en que, respectivamente, los Tribunales Colegiados contendientes basaron su resolución.
Primera postura. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 116/2021, en sesión de quince de julio de dos mil veintiuno, consideró en la parte que aquí interesa:
"OCTAVO.—Estudio. Para resolver tal problemática jurídica, es necesario indicar que los argumentos vertidos en la demanda de amparo serán analizados desde la óptica de estricto derecho pues la moral quejosa ********** no se encuentra en ninguna de las hipótesis fácticas contempladas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo cual impide a este órgano jurisdiccional suplir la deficiencia de sus conceptos de violación.
"Sirve de apoyo la tesis LV/89, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 123, con registro digital: 205929, que señala:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables.’
"Además, cabe precisar que con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el análisis de los planteamientos expuestos por la moral quejosa se realizará en un orden distinto a como fueron planteados en la demanda de amparo, en atención a la temática y trascendencia que cada uno de éstos contiene.
"Por lo que se procede al estudio del concepto de violación relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.
"Manifiesta la moral quejosa en el tercer concepto de violación, que el artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán resulta inconstitucional, ya que transgrede el artículo 17 constitucional, que establece que toda sentencia pueda ser recurrida ante un Juez o Tribunal Superior; asimismo, indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha referido que el derecho a recurrir la sentencia implica la revisión íntegra del fallo condenatorio y tiene una doble función, por una parte confirmar y dar mayor credibilidad a la actuación jurisdiccional del Estado y, por otro, brindar mayor seguridad y tutela a los derechos de un condenado, así que para hablar de un recurso efectivo es necesario que el órgano revisor tenga atribuciones para analizar tanto cuestiones jurídicas como fácticas y probatorias.
"Así, dice la promovente del amparo, que es inconstitucional el artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, (sic) dispone que procede el recurso de reconsideración contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento, ya que existe una disposición más acorde que es el artículo 315 del citado código, que establece que el recurso de apelación es procedente en contra de sentencias definitivas, sin que ambos preceptos manejen metodología de estudio.
"Dice la inconforme que el recurso de reconsideración deriva de reconsiderar la posición adoptada en el juicio, esto es, tiene como finalidad que se evalúe nuevamente una determinación y se proceda a modificarla o revocarla, tan es así, que en otras legislaciones la misma autoridad que lo emitió lo conocer (sic) para que reconsidere su determinación, siendo pertinente señalar que la reforma al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, fue en el dos mil dieciocho, cuando existían Salas Ordinarias y aún no se habían sido integrados los Jueces administrativos, por lo que es lógico que la reforma aún conserve esa redacción.
"Precisa la quejosa que la Suprema Corte de Justicia de la Justicia de la Nación, ha analizado el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, donde destacó que dicho derecho se encuentra en los artículos 1o. y 17 constitucionales, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza a los justiciables el derecho a acceder, en los plazos y términos que fijen les leyes, a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso expedito, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa respectiva, y de ser el caso, se ejecute esa decisión, sin que tenga el alcance de soslayar los presupuestos procesales y formalidades procesales necesarias, además, los requisitos y formalidades que establezca el legislador deben ser proporcionales al fin u objeto perseguido.
"Agrega que si el artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no es claro en su señalamiento, transgrede el derecho a contar un con (sic) recurso efectivo, acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad.
"Devienen inoperantes los anteriores argumentos.
"Ello, porque la parte quejosa sólo se limita a realizar afirmaciones genéricas y subjetivas, pero sin explicar o establecer las bases que motivaron tales razonamientos, esto es, no precisa el por qué el artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, transgrede el artículo 17 constitucional, en la parte relativa a contar con un recurso efectivo, ni los derechos de tutela efectiva, acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad, que la promovente de amparo únicamente se limita a mencionar; lo que era necesario que la moral quejosa hiciera con la finalidad de demostrar que el artículo reclamado es contrario a la Constitución y derechos que dice fueron transgredidos.
"Sin que obste a lo anterior que la promovente del amparo indique que el artículo reclamado es inconstitucional, porque a su decir existe una disposición más acorde que es el artículo 315 del citado código, que dispone que procede el recurso de apelación en contra de sentencias definitivas, o que precise que el recurso de reconsideración derivó de una reforma cuando aún había Salas ordinarias y no Jueces administrativos, por lo que dicho recurso únicamente conlleva que la autoridad reconsidere la determinación que dictó, o que explique en qué consiste el derecho a la tutela efectiva, toda vez que dichos argumentos no conllevan evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, pues no explican a través de razonamiento jurídicos, por qué el hecho de que exista el diverso numeral 315 conlleva la inconstitucionalidad del precepto reclamado; o porque el citado precepto atendiendo al momento de su vigencia es contrario al artículo 17 constitucional, o cómo el multicitado precepto reclamado transgrede el derecho de tutela efectiva.
"Lo anterior, porque no basta la expresión de argumentos que contienen manifestaciones genéricas y abstractas, sino que era necesario expresar argumentos lógico-jurídicos tendientes a evidenciar que el precepto reclamado transgrede el artículo 17 constitucional, así como a los derechos de tutela efectiva, a contar con un recurso efectivo, acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad, que la quejosa manifiesta fueron vulnerados, pues sólo bajo esa perspectiva, este órgano colegiado podría analizar si dichos argumentos trascenderían en su beneficio al resultado del fallo reclamado, máxime que en el caso, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la moral promovente del amparo.
"Por tanto, si la promovente del amparo sólo plantea en los conceptos de violación afirmaciones generales y dogmáticas, resulta evidente que este tribunal no puede constatar si son o no correctas las manifestaciones alegadas, por ende, devienen inoperantes los conceptos de violación antes sintetizados. Es de observancia a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.’
"Asimismo, es aplicable por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 102/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2015601, correspondiente a la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, página 296, de rubro y texto:
"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO. Son inoperantes los agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y que trasciende al sentido de la decisión adoptada, cuando no aportan elementos ni parámetros que permitan realizar un estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Así, cuando el recurrente se limita a referir que un precepto de la ley citada es inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos derechos por aquéllos reconocidos, sin expresar argumentos lógico-jurídicos tendentes a precisar y demostrar la alegada inconstitucionalidad, es evidente que deviene la citada inoperancia y que, en cuanto a ello se refiere, debe desecharse el recurso de revisión intentado.’
"Asimismo, cabe señalar que los conceptos de violación devienen inoperantes, porque la moral inconforme no controvierte la totalidad de las normas jurídicas en que sustentó la autoridad responsable la determinación de improcedencia del recurso de apelación en la sentencia reclamada.
"En efecto, la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, determinó que al ser el acto recurrido una sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio administrativo de origen, era improcedente el recurso de apelación intentado en términos del artículo 298, fracción III (sic), del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; empero, lo cierto es que para decretar la aludida improcedencia del medio de impugnación intentado, también se apoyó la autoridad responsable en el diverso 315 de la citada codificación administrativa, pues incluso, es este numeral el que hace mención de cuáles son las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación aludido y, por tanto, por exclusión, cuáles son las que no deben ser materia de tal medio de impugnación.
"Es así, porque en la propia sentencia reclamada se hizo mención y asentó el contenido del precepto legal 315, refiriendo que el indicado recurso procede contra las sentencias definitivas dictadas por los Jueces administrativos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, pero tratándose de resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento en el juicio, éstas deben controvertirse a través del diverso recurso de reconsideración contemplado en el numeral 298, fracción III, del aludido Código de Justicia Administrativa.
"Esto es, el precepto legal contenido en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y del cual se desprende la improcedencia del recurso de apelación cuando se controvierte una resolución que decreta el sobreseimiento en el juicio administrativo, lo es el artículo 315 de la citada norma legal, y no el 298, fracción III, impugnado, ya que este dispositivo lo que prevé es la procedencia del recurso de reconsideración contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento, mas no la improcedencia del recurso de apelación.
"Por tanto, la sola invocación por parte de la autoridad responsable en la sentencia reclamada del artículo 315 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es suficiente para sustentar la improcedencia del recurso de apelación intentado contra una resolución emitida en el juicio administrativo que decrete su sobreseimiento, en razón a que dicho supuesto no lo prevé el artículo en cita, ya que éste sólo refiere, en lo que interesa, que procede el recurso de apelación contra resoluciones de los Magistrados especializados en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, que determinen imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares; que determinen que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares; y contra sentencias definitivas dictadas por los Jueces administrativos; empero, no refiere que el citado medio de impugnación proceda contra resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos, ya que contra éstos existe disposición expresa y especial en el citado ordenamiento administrativo local, y que lo es el diverso numeral 298, en su fracción III, que refiere, en lo medular, que procede el recurso de reconsideración contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento.
"Por tanto, en estricta aplicación de la ley, no es el artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el que establece la improcedencia del recurso de apelación contra resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos, sino que la porción normativa de la cual se desprende tal circunstancia, por exclusión, lo es la contenida en el artículo 315 de la codificación citada.
"Consecuentemente, al ser dos disposiciones legales en que se apoya la autoridad responsable para decretar la improcedencia del recurso de apelación intentado contra la resolución que decretó el sobreseimiento en el juicio administrativo en línea **********, esto es, los artículos 298, fracción III y 315, ambos del Código de Justicia Administrativa del Estado, y al sostener ambas normas jurídicas, incluso de forma independiente, una por exclusión y otra de forma indirecta, respectivamente, la determinación de improcedencia del recurso de apelación adoptada en la resolución reclamada, es inconcuso que, en casos como en el que nos ocupa, no puede controvertirse de inconstitucional sólo uno de los numerales citados, porque de ser así, el restante precepto legal será suficiente para sostener la improcedencia del recurso intentado.
"Derivado de lo anterior, es que este Tribunal Colegiado advierte la inoperancia de los motivos de inconformidad hechos valer por la moral impetrante de derechos fundamentales, mediante los cuales intenta controvertir la constitucionalidad del artículo 298, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, porque cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero la quejosa no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución reclamada con fundamento en los preceptos no impugnados. "Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, el criterio 2a. XCIII/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 180203, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, página 125, que establece:
"‘AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados.’
"Legalidad de la resolución reclamada.
"Alega la quejosa en la parte final de quinto concepto de violación, que la resolución carece de exhaustividad y congruencia.
"Argumento que deviene inoperante, porque la promovente del amparo únicamente realiza una afirmación subjetiva que no constituye un razonamiento con el que se explique la ilegalidad de la sentencia reclamada, en el entendido de que la causa de pedir no implica que la quejosa pueda limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ella le corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estima inconstitucional o ilegal la determinación dictada por la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a través de un verdadero razonamiento donde explique el por qué o cómo el acto reclamado se aparta del derecho.
"En el presente caso, la parte inconforme sólo indicó que la sentencia carece de exhaustividad y congruencia, pero no indica el por qué carece de exhaustividad o en qué parte la resolución es incongruente y en qué consiste dicha incongruencia, ni menos aún precisa cómo ello trascendió al resultado del fallo.
"Por tanto, no basta la expresión de argumentos que contienen manifestaciones genéricas y abstractas tales como que la sentencia carece de exhaustividad y que es incongruente, sino que era deber de la parte quejosa que indicara el por qué de sus afirmaciones y que precisara en qué parte de la resolución es la que carece de dicha exhaustividad y en qué consiste la incongruencia alegada, además, que indicara cómo ello trascendió al resultado del fallo reclamado, máxime que no opera la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la ahora inconforme.
"En otro apartado, manifiesta la promovente del amparo en una parte del quinto concepto de violación, que la resolución impugnada carece de fundamentación, violando el principio de legalidad.
"Son infundados los anteriores argumentos.
"Ello es así, porque contrario a lo que alega la moral quejosa, la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en lo que interesa indicó:
"‘CUARTO.—Resulta innecesario transcribir los agravios invocados por la parte recurrente, toda vez que el recurso de apelación resulta improcedente.
"‘Ello es así, toda vez que la recurrente se duele del sobreseimiento del juicio administrativo **********, decretado en la sentencia de fecha ocho de julio de dos mil veinte y, por tanto, existe la imposibilidad de esta Sala Unitaria de entrar al estudio.
"‘Lo anterior, porque el recurso de apelación no constituye la vía idónea para ello.
"‘Al respecto, el artículo 315 Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, señala lo siguiente:
"‘«Artículo 315. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones de los Magistrados especializados en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, siguientes:
"‘«I. La que determine imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares; y,
"‘«II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares.
"‘«Contra las sentencias definitivas dictadas por los Jueces administrativos.»
"‘De igual manera, se debe señalar lo estipulado en el artículo 298 del mismo código que dispone:
"‘«Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de:
"‘«I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros;
"‘«II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión;
"‘«III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos;
"‘«IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o,
"‘«V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este código.»
"‘De lo anterior se advierte que es el recurso de reconsideración el medio a través del cual se tienen que recurrir las resoluciones donde se decreten sobreseimientos y no el de apelación como la recurrente lo pretende hacer valer.
"‘Es decir, en el presente caso, lo que la apelante impugna es la resolución de fecha ocho de julio de dos mil veinte, que decretó el sobreseimiento del juicio, al establecer lo siguiente: ...
"‘Así pues, el acto recurrido por la actora del juicio administrativo, lo es la sentencia de ocho de julio de dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio administrativo en términos del artículo 205, fracción III, en relación con el 206, fracción II, del Código de Justicia Administrativa del Estado; así, esta Sala Unitaria no puede darle a la norma alcances que no fueron expresamente señalados por el legislador y, por consecuencia, si la resolución recurrida, como en el caso a estudio, se ubica dentro de los supuestos del artículo 298 del código citado, que se refiere a la procedencia del recurso de reconsideración, no es procedente el recurso intentado.
"‘Siendo entonces, que este tribunal se apartaría del fin de la norma, que especifica los supuestos de procedencia del recurso, dejando entonces su admisión y procedencia de forma subjetiva e incluso discrecional, en perjuicio de las propias partes del juicio, permitiendo la procedencia del recurso en contra de cualquier resolución que se estime por vía interpretativa similar o parecido a los supuestos del recurso que fueron limitados por el creador de la norma.
"‘Se concluye así, que el auto recurrido se ubica dentro de los supuestos del artículo 298 del código citado, correspondientes al recurso de reconsideración, por lo que no es procedente el recurso de apelación.
"‘Lo anterior, máxime que conforme el artículo 299 del código de la materia, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto por cualquiera de las partes dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne, entonces si la sentencia de ocho de julio de dos mil veinte, le fue notificada a la actora, como se desprende de autos a foja 59, el mismo día, mes y año, el término para su interposición le feneció el cinco de agosto de dos mil veinte y el escrito que dio origen al presente recurso se presentó hasta el siete de agosto del año en curso.
"‘A lo anterior, sirve de referencia la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Libro 65, abril de 2019, Tomo III, Décima Época, página 1929, que señala:
"‘«RECURSO DE QUEJA. REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 97 A 103 DE LA LEY DE AMPARO). De la interpretación sistemática de los artículos citados, que regulan el trámite del recurso de queja, se advierten los requisitos de admisibilidad siguientes: a) Supuesto de hecho. La actuación o resolución que pretende refutarse debe ser subsumible en alguno de los casos previstos en el artículo 97 de la citada ley, de lo contrario, el recurso es improcedente; b) Legitimación del recurrente. Es un presupuesto procesal que debe observarse en la controversia impugnativa del mismo modo que en la principal; por lo que debe revisarse tanto la correspondiente a la parte formal (procesal) como la que atañe a la parte material (causa) y, de encontrarse que no se colma este presupuesto, ya sea porque quien promueve no es parte material en el juicio de amparo o porque su representante no acredite su personalidad, debe estimarse que el recurso es improcedente; c) Gravamen o perjuicio. Al igual que todo recurso, supone la existencia de una diferencia injustificada y desfavorable entre lo debido y lo actualizado, que la parte que se estima agraviada atribuye al proceder del juzgador del conocimiento. Esta diferencia debe importar un perjuicio o daño real y no sólo aparente o supuesto, a los intereses o derechos del recurrente. Por tanto, si la resolución o acto que se combate no significa agravio o afectación alguna para el recurrente, debe considerarse que el recurso es improcedente; d) Deducción oportuna. Debe presentarse dentro de los rangos de oportunidad que se encuentran previstos por la pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30764-050f4e7f/sobreseimiento-total-en-el-juicio-contencioso-administrativo-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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