DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO. DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO.
DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. DISIDENTE: FILEMÓN HARO SOLÍS. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del once de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis número 20/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete, **********, ostentándose como administrador general único de la empresa **********, formuló denuncia de contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 575/2016, y los diversos sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar respectivamente los amparos directos 246/2015, 555/2014, 312/2016, 384/2016, 659/2016 y 646/2016.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. Previo cumplimiento de la solicitud realizada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por acuerdo de veintiocho de julio de dos mil dieciséis,(1) el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrado con el número de expediente 20/2017, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2)
En el mismo acuerdo se solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitieran copia certificada de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo 246/2015, 575/2016, 555/2014, 312/2016, 384/2016, 659/2016 y 646/2016, de sus respectivos índices, e informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos, materia de la denuncia, se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y además, se ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País, que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.
Mediante proveído de siete de julio de dos mil diecisiete, se tuvo a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, señalados en el párrafo anterior, remitiendo copia certificada de las ejecutorias que les fueran solicitadas, e informando que los criterios ahí sustentados se encuentran vigentes.(3)
Y, por auto de veintitrés de agosto siguiente, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio CCST-X-299-08-2017, de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) mediante el cual informó, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.
Por último, por acuerdo de cuatro de octubre siguiente, se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis, al Magistrado Juan José Rosales Sánchez, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente;(5) y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sostenida por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 226, fracción III, 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues el formulante **********, tiene reconocido el carácter de administrador general único de la empresa **********, parte quejosa en el juicio de amparo directo 575/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que constituye uno de los asuntos materia de la propia denuncia.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis, y las consideraciones que respectivamente sustentaron las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
• Primera postura: Amparo directo 575/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Sinopsis del criterio: Derechos por servicios. Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco. Sus artículos 22, fracción III, vigente para el ejercicio 2011 y 24, fracción III, para los ejercicios de 2012 a 2015, no violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en tanto que las tarifas de cobro ahí contenidas, atienden al tipo y dimensión del vehículo, por el cual se solicita el refrendo anual de placas, tarjeta de circulación y holograma; pues en atención a ello, se desarrolla la actividad de la autoridad, que tiene injerencia en el costo de la prestación de ese servicio, con el consecuente mayor o menor despliegue técnico de acuerdo a las características del vehículo.
Antecedentes:
La persona moral denominada **********, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en la vía directa, en contra de la autoridad y por el acto siguiente:
"III. Autoridades responsables.—H. Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.—IV. Acto reclamado.—La infundada e ilegal resolución de fecha 15 de julio de 2016, pronunciada en el juicio de nulidad **********, únicamente en lo referente al punto cuarto de los resolutivos, a través del cual reconoce la validez de la resolución impugnada, misma que consistía en los créditos fiscales, así como el cobro del mismo, por el pago de derechos de servicio de refrendo anual de placas vehiculares y holograma de los periodos de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como sus respectivas actualizaciones, recargos y multas, respecto a los vehículos con placas **********, **********, **********, **********, ********** y **********, cada crédito fiscal impuesto a cada vehículo respectivamente, tal y como quedó precisado en la demanda inicial."
En la demanda de amparo sostuvo que esa declaratoria de validez era violatoria de derechos fundamentales, porque los actos cuya nulidad demandó, se fundaron en una ley inconstitucional, como es la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, específicamente sus artículos 22, fracción III, vigente para el ejercicio 2011 y 24, fracción III, para los ejercicios de 2012 a 2015, ya que no cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 575/2016, resuelto mediante ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la que negó el amparo a la persona moral quejosa.
*Consideraciones:
En lo que es materia de la denuncia de contradicción que nos ocupa, ese Tribunal Colegiado de Circuito determinó que los artículos 22, fracción III y 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respetan los principios de proporcionalidad y equidad, bajo los cuales se rige el pago de derechos, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Esa decisión la apoyó en las siguientes consideraciones torales:
I. Advirtió que los citados preceptos legales, prevén diversas tarifas a pagar, por concepto de derechos por servicios que presta el Estado, relativos al refrendo anual y holograma de los vehículos en las mencionadas disposiciones legales; y en razón de ello, para resolver lo conducente, puntualizó los criterios a seguir del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la connotación de los derechos por servicios y el sistema especial que rige su proporcionalidad y equidad, así como la correlación que debe existir entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota; criterios contenidos en las tesis jurisprudenciales P./J. 1/98, P./J. 2/98 y P./J. 3/98, de rubros:
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN."(6)
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(7)
"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(8)
II. Destacó que sobre el tema de inconstitucionalidad de las normas impugnadas, el propio Tribunal Colegiado de Circuito, ya se había pronunciado al resolver el amparo directo 479/2015, reproduciendo al efecto la parte conducente de la ejecutoria relativa, a saber:
"Cierto, incluso un estudio sobre la constitucionalidad de dichos artículos, no le otorga la razón al quejoso, toda vez que, si bien es cierto que los artículos 22, fracción III, y 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales de dos mil diez a dos mil trece, establecen cobros distintos a un mismo servicio, también lo es que, dicho cobro no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.—En efecto, los citados artículos establecen los derechos por servicio anual de registro y holograma, los cuales se cobrarán bajo tres tasas diferentes, dependiendo si se trata de: automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques; motocicletas y, ƒ placas para demostración.—En principio, es preciso señalar lo que debe entenderse como derecho, en términos de lo establecido en el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto dice: ‘… IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.’ –lo resaltado es nuestro–.—Ahora bien, como ya se dijo la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los artículos 22, fracción III y 24, fracción III para los ejercicios fiscales de dos mil diez a dos mil trece, establecen cobros de derechos por servicios que presta en sus funciones de derecho público, relativos a la dotación y canje de placas, tarjetas de circulación, calcomanía y holograma.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de derechos por servicios, ha establecido, que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, pues esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio.—En ese sentido, para que se tengan por satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un ‘razonable equilibrio’, entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, ha acotado la Suprema Corte, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquél, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general, y sólo secundariamente en el de los particulares. … Ahora bien, a juicio de este Colegiado, las apuntadas tarifas no violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el parámetro para determinar la cuantía del impuesto, depende del tipo de vehículo a refrendar (automóvil, camión o motocicleta); lo anterior, atendiendo precisamente a la dimensión del vehículo, toda vez que la base gravable del impuesto (valor del automóvil) dependerá precisamente del tipo de vehículo, de ahí que la tasa que deba aplicarse debe tener relación con el costo del vehículo a refrendar.—Cierto, el Estado, para poder prestar el servicio, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, lo que conlleva a incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto; luego entonces, como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley, de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto, expresado en cantidades numéricas, que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relacionados con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo.—Al respecto, en el caso, se estima que los parámetros de razonabilidad del servicio prestado y su costo, está justificado en razón de la actividad que despliegan para prestar dicho servicio, por lo que el cobro referido no contempla únicamente el costo por la expedición del holograma, sino por la actividad que despliega para garantizar que la expedición de dicho refrendo cumpla con las exigencias necesarias, lo que puede tener como consecuencia un mayor o menor despliegue técnico dependiendo del tipo de vehículo, tales como: automóvil, camión, camioneta o motocicleta.—En consecuencia, ante lo infundado del concepto de violación planteado, lo procedente es negar el amparo solicitado a. ..."
III. Luego, reiterando su propio criterio (sostenido en aquel amparo directo 479/2015), determinó que "las normas reclamadas no violan los principios de proporcionalidad y equidad, en tanto las tarifas de cobro atienden al tipo y dimensión del vehículo por el cual se solicite el refrendo y holograma, pues en atención a ello se desarrolla la actividad de la autoridad que tiene injerencia en el costo de la prestación del servicio, con el consecuente mayor o menor despliegue técnico de acuerdo a las características de dicho vehículo".
IV. Y así, resolvió que contrario a lo aducido por la parte quejosa, las normas reclamadas "sí respetan los principios de proporcionalidad y equidad, en tanto el monto del servicio prestado guarda correspondencia con la actividad del Estado para otorgarlo en atención al tipo de vehículo y ello evidencia lo razonable de la cantidad por pagar al grado de recibir el mismo trato fiscal toda persona quien se encuentre en idéntico supuestos normativo, tal como se asentó".
V. Finalmente, acotó que aunque de las normas en cuestión, no se advertía algún motivo expreso para estatuir las diversas cuotas de pago previstas por el legislador, su análisis contextual de las mismas sí lo justifica, por "la alusión a vehículos diferenciados por sus características y esa distinción es al tenor de la cual se determina la variación en la actividad de la autoridad para expedir el refrendo y holograma."; de ahí que –concluye– si la normativa en cuestión atiende a los diversos tipos de vehículos para hacer el cobro respectivo, entonces, de ahí deriva "la consideración y voluntad del legislador local, para atender al costo de la actividad desarrollada por el Estado para la prestación de ese servicio".
• Segunda postura: Amparo directo 646/2016, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Sinopsis del criterio: Derechos por servicios. Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco. Sus artículos 22, fracción III, vigente para el ejercicio 2011, y 24, fracción III, para los ejercicios de 2012 a 2015, violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, porque no establecen elementos que permitan determinar el parámetro de medición para cuantificar el costo que representa para el Estado el servicio relativo al refrendo anual de placas y tarjeta de circulación, y para los diversos vehículos automotores, y su correspondencia con el monto del tributo.
Antecedentes:
**********, por su propio derecho, promovió amparo directo contra el acto de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, consistente en:
"IV. Acto reclamado. La infundada e ilegal resolución de fecha 27 de abril de 2016, pronunciada en el juicio de nulidad **********, únicamente en lo referente al punto cuarto de los resolutivos a través de la cual reconoce la validez de algunos de los actos impugnados, que consisten en las determinaciones y cobros por el pago de derechos por el servicio de refrendo anual de la tarjeta de circulación y holograma, de los periodos de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como sus respectivas actualizaciones, recargos y multas."
En la demanda de amparo, sostuvo que esa declaratoria de validez era violatoria de garantías, porque los actos cuya nulidad demandó, se fundaron en una ley inconstitucional, como es la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, específicamente en sus artículos 22, fracción III, vigente para el ejercicio 2011, y 24, fracción III, para los ejercicios de 2012 a 2015, ya que no cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 646/2016, resuelto mediante ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa.
• Consideraciones:
El otorgamiento del amparo se sustentó toralmente en la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 22, fracción III y 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, porque no cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal, respecto del cobro de derechos por servicios.
Esa determinación del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, constituye el otro criterio materia de la denuncia de contradicción de tesis, el cual se sustentó en las siguientes consideraciones torales:
I. Como punto de partida, precisó la conceptualización y los elementos del principio de equidad tributaria, inmerso en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con la jurisprudencia P./J. 41/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS."
II. Luego, como el tema tratado versa sobre el cobro de "derechos por prestación de servicios", también puntualizó, tanto su conceptualización, atendiendo a lo previsto en el artículo 7o., fracción II, del Código Fiscal para el Estado de Jalisco, como su connotación; el sistema especial que rige su proporcionalidad y equidad, y la correlación que debe existir entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota, al tenor de las tesis jurisprudenciales P./J. 1/98, P./J. 2/98 y P./J. 3/98, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros:
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN."(9)
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(10)
"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(11)
III. Con base en las premisas apuntadas, el mismo tribunal consideró que los artículos 22, fracción III y 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2012 a 2015, contravienen el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque "sin respetar la debida proporcionalidad, prevén el cobro de derechos por los servicios que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, a efecto de que los particulares puedan llevar a cabo el refrendo anual de placas y tarjeta de circulación, así como del correspondiente holograma para los diversos vehículos automotores ahí descritos."
IV. Ello, porque las normas aludidas establecen tres tarifas diferentes a pagar por concepto de los derechos por el servicio de refrendo anual de registro y holograma, atendiendo al tipo y dimensiones de los vehículos, a saber: 1) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques; 2) Motocicletas; y, 3) Placas para demostración.
V. Y, bajo esa óptica, determinó que las normas impugnadas no contienen elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el monto del tributo y, por ende, su correlación con el costo del servicio, pues contienen "factores extraños a lo que verdaderamente cuesta el servicio prestado; y siendo así, se podría llegar al extremo de que ante un servicio de la misma naturaleza, se pague un monto diferente".
VI. Para ilustrar ese punto de vista, citó el criterio análogo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, contenido en la tesis IV.1o.A.29 A, de rubro: "SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, INSCRIPCIÓN Y REFRENDO ANUAL. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA."(12)
VII. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Colegiado resolvió que la sentencia protestada, resultaba violatoria de derechos fundamentales, puesto que la Sala responsable reconoció indebidamente la validez de los créditos fiscales impugnados, fundados en normas inconstitucionales.
• En el mismo sentido se pronunciaron los Tribunales Colegiados Primero,(13) Tercero(14) y Cuarto,(15) todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito; sin embargo, este Pleno de Circuito considera innecesaria la reproducción y análisis de dichos asuntos, en tanto que con la anterior reseña, claramente se aprecian las posturas contendientes; y aún más, cobra relevancia significativa el hecho de que únicamente en el amparo directo que aquí se sintetiza, sí se analizó la constitucionalidad de las Leyes de Ingresos para el Estado de Jalisco vigentes para los años 2011 a 2015.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
En principio, resulta oportuno puntualizar, que el objeto de resolución de una contradicción de tesis, consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(16)
Así, para determinar si en la especie existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Sobre el tópico se atiende la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(17)
Conforme a las directrices apuntadas, se estima que en el presente asunto sí se materializan los requisitos para considerar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, como a continuación se verá:
I. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, negó el amparo solicitado, porque las normas generales impugnadas en que se fundaron los créditos fiscales, cuya nulidad se demandó en el juicio natural, esto es, los artículos 22, fracción III y 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, sí respetan los principios de proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios.
Lo anterior, según el propio tribunal, por la correspondencia existente entre el costo del servicio prestado (refrendo anual y holograma), y la actividad del Estado para otorgarlo, atendien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27810-e2b22bc8/derechos-por-el-servicio-de-refrendo-anual-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE PVC CON CÓDIGO DE SEGURIDAD QR. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, (PR.A.CS. J/29 A (11a.))
- DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL ARTÍCULO 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, DE LA LEY DE INGRESOS DEL EST (PR.A.CS. J/28 A (11a.))
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