DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. DISIDENTES: ROBERTO CHARCAS LEÓN, JACOB TRONCOSO ÁVILA Y OSCAR NARANJO AHUMADA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, OSCAR NARANJO AHUMADA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al siete de diciembre de dos mil veinte, emite la siguiente:
1. Sentencia, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de tesis 9/2020, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 52/2019 y 365/2019, de sus respectivos índices; y,
RESULTANDO:
2. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio número **********, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 365/2019, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 52/2019.
3. SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis. Por auto de doce de febrero de dos mil veinte,(1) la presidencia de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el número de expediente 9/2020, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
4. En el mismo acuerdo, sobre la base de que el órgano jurisdiccional denunciante remitió copia certificada del amparo en revisión 365/2019; únicamente se solicitó a la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión 52/2019 y que informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Por último, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.
5. En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte,(2) se recibió el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, adjunto al cual remitió copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión 52/2019, y además informó que el criterio sostenido en dicho asunto, seguía vigente.
6. Por diverso auto de Presidencia de trece de marzo siguiente(3) se recibió la comunicación ********** del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal del País, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con el tema aquí planteado.
7. Finalmente, en proveído de dos de octubre del año en curso,(4) se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado René Olvera Gamboa, representante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y presidente de este Pleno de Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, lo cual ocurrió el cinco de octubre siguiente;(5) y,
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre criterios de Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito de este Pleno.
9. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes cuentan con la debida legitimación para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
10. TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Con el fin de resolver lo conducente, se hace indispensable puntualizar, en primer término, los antecedentes de los asuntos que motivaron la presente contradicción de criterios, así como las consideraciones que los sustentaron, contenidas en las sentencias relativas.
11. Primera postura: Sentencia dictada en el amparo en revisión 365/2019 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (órgano denunciante).
• Antecedentes: ********** promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades, consistentes en:
• La inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019.
• Como acto de aplicación, la solicitud de pago de derechos por concepto de inscripción ante las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad, de un testimonio público de otra entidad federativa, respecto del inmueble propiedad de la parte quejosa.
• La recepción de dicho pago, mediante recibo oficial **********.
• El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 726/2019. Seguidos los trámites correspondientes, la audiencia de ley se celebró el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y, acto continúo, se dictó la sentencia correspondiente, en cuya parte conducente, se otorgó la protección constitucional solicitada, bajo la consideración medular de que la norma general reclamada, resultaba violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque:
"... para determinar el monto de los mencionados derechos por registro de documentos, como en el caso ocurrió, toma en cuenta elementos ajenos al costo del servicio, como es el que se trate de un testimonio procedente de otra entidad de la República, lo que implica que se toman en cuenta elementos relativos al acto mismo y no al costo estimado del servicio individual que presta el Estado, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual debe considerarse que comprende la suma de recursos materiales que se invierten para la prestación del servicio de inscripción de documentos en sus diferentes aspectos, lo que provoca que quienes soliciten este tipo de inscripciones pagarán una mayor o menor cantidad, dependiendo si provienen de diversa entidad federativa y no del servicio que se preste."
• Los efectos de esa concesión, fueron para que se le devolviera a la parte quejosa la cantidad pagada, por el concepto registral previsto en el recibo **********.
• Inconforme con lo anterior, la representación legal del Congreso del Estado de Jalisco, interpuso recurso de revisión, el que por razón de turno le correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 365/2019, y agotada la instrucción relativa, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se resolvió el asunto, bajo los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.—Se declara firme la parte del considerando octavo de la sentencia recurrida donde se concluye que es procedente conceder la protección constitucional de la quejosa.
"SEGUNDO.—En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.
"TERCERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, por las razones expuestas en el considerando octavo del fallo recurrido y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.
"CUARTO.—Formúlese la denuncia ante el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de la posible contradicción de criterios, en términos del considerando décimo primero de esta ejecutoria."
• Consideraciones: Para resolver en ese sentido, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito denunciante se apoyó en los siguientes razonamientos jurídicos:
• En principio, anunció que la delimitación del problema jurídico se haría consistir en el estudio de los efectos de la concesión del amparo, por tratarse del único aspecto combatido por el Congreso responsable y recurrente.
• En ese contexto, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el único agravio propuesto por la autoridad recurrente y, por ende, suficiente para modificar la resolución recurrida; lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de otorgarse el amparo en contra de la inconstitucionalidad de una ley tributaria, especialmente en cuanto al pago de derechos por servicios, los efectos son para que se deje de aplicar al quejoso la norma declarada inconstitucional y, asimismo, para que deje de pagar la tarifa que le correspondía "... pero sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima."
• Para sostener ese criterio, el propio tribunal, luego de analizar los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, las jurisprudencias 2a./J. 29/2012 (10a.)(6) y P./J. 62/98,(7) así como las particularidades del caso en estudio, razonó que resultaba incorrecta la decisión adoptada en la sentencia recurrida, en el sentido de que el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, resultaba violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria y que, por tanto, las consecuencias jurídicas del amparo tenían el alcance de liberar a la parte quejosa del pago de derechos por el servicio descrito en la norma reclamada.
• Lo anterior, pues como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se concede el amparo a la parte quejosa en relación con una norma tributaria, debido a un trato injustificadamente diferenciado, en contravención al principio de equidad tributaria, el efecto de la concesión no libera en su totalidad al quejoso del pago de la contribución de que se trata, pues es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, además de que dicho numeral no está viciado en alguno de los elementos esenciales de la contribución (sujeto, objeto, base y tasa), para que tornara inconstitucional el sistema y liberar al quejoso del pago del derecho.
• En esa medida, el órgano jurisdiccional refirió que si bien el inciso h) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, señala como tarifa única la cantidad de $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de testimonios públicos o escrituras de otras entidades federativas; lo cierto es que el propio numeral 16 de la norma general en cuestión, en su fracción I dispone una tarifa mínima de $470.00 (cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por el mismo servicio, pero en relación con testimonios o escrituras originarios del propio Estado de Jalisco y, en tales condiciones:
"... esta última tarifa es la que debe pagar el quejoso ante la inconstitucionalidad de la norma reclamada, ya que, se insiste, no se está en el supuesto para liberarlo totalmente del pago, además que tal diferenciación de tarifa en relación con el origen del documento, resultó violatoria del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal: de ahí que tanto los individuos que pretenden registrar documentos provenientes del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago del derecho en cuestión."
• En ese sentido –precisó el órgano jurisdiccional denunciante–, cuando la norma reclamada se declara inconstitucional por violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, no es posible liberar al gobernado del pago de la contribución, sino que su obligación es la de pagar la cantidad fija mínima que prevea la ley correspondiente por un servicio similar, en el caso, el artículo 16, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, que contempla la cantidad de $470.00 (cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco.
• Consecuentemente, basándose en los lineamientos de la sentencia dictada en la contradicción de tesis 436/2011 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que motivó la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.)–, el tribunal denunciante modificó los efectos de la sentencia de amparo, en los siguientes términos:
"1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve y, en consecuencia:
"2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se aplique al impetrante de amparo la cuota fija mínima que establezca la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco, la cual es de $470.00 (cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional).
"3. Se devuelva la diferencia que resulte entre la cantidad de $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) y la que corresponde a la cuota fija mínima;
"4. Cabe precisar que, al reintegrar la cantidad apuntada, se deberán entregar las actualizaciones correspondientes como si se tratara de un pago de lo indebido; y,
"5. En el entendido de que, para el debido cumplimiento de la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá acreditar que devolvió el monto respectivo a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente."
• Derivado de esa sentencia, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito formuló denuncia de contradicción de tesis, entre el criterio sustentado en dicho asunto, frente al diverso sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 52/2019.
12. Segunda postura: Sentencia dictada en el amparo en revisión 52/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
• Antecedentes: **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018, en particular, su artículo 16, fracción I, incisos a) y h), que prevén el cobro de derechos por el registro de escrituras públicas, así como el cobro de derechos cuando el testimonio provenga de una entidad federativa distinta, respectivamente, reclamando, asimismo, la exigencia del pago de dichas contribuciones por parte de la autoridad registral, así como su recepción por parte de la autoridad exactora.
• El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente de amparo indirecto 3245/2018. Una vez concluida la tramitación del juicio, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho se celebró la audiencia constitucional y, acto continuo, se dictó la sentencia correspondiente, en cuya parte conducente se otorgó la protección constitucional solicitada.
• La razón medular de esa decisión, fue que la norma general reclamada –refiriéndose al inciso a), fracción I del artículo 16–, resultaba transgresora de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que para fijar el monto del derecho por la prestación del servicio público de inscripción de documentos en la oficina de gobierno destinada a dicha finalidad, se atienden elementos ajenos al servicio que presta el Registro Público de la Propiedad, que no guardan relación con el costo del servicio recibido por los usuarios-contribuyentes, como lo es el hecho de que los testimonios a registrar proceden de otra entidad de la República Mexicana. En consecuencia, los efectos de la sentencia protectora fueron para que se desincorporara de la esfera jurídica del gobernado, la aplicación de la norma general reclamada y se le devolviera la cantidad actualizada que excede la tarifa mínima por ese concepto.
• Inconforme con lo anterior y con el propósito de obtener mayores beneficios, el propio quejoso interpuso recurso de revisión que, por razón de turno, le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 52/2019 y, agotada la instrucción respectiva, en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió ese asunto. Así, por un lado, se modificó la sentencia recurrida y, por otra parte, se concedió el amparo, aunque para efectos diferentes a los precisados por el a quo federal.
• Consideraciones: Para resolver en ese sentido, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito se apoyó en los siguientes razonamientos jurídicos:
• En principio, de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Amparo, detectó una incongruencia en la sentencia recurrida, pues "... si bien el Juez Federal tuvo como norma reclamada la ‘Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018’, en particular, su artículo 16, fracción I, inciso a), también lo es que omitió fijar como tal, el inciso h) de dicho precepto y fracción y a consecuencia de ello, tampoco se pronunció con relación a la existencia de dicha porción normativa; de ahí que el Juez Federal incurriera en la aludida incongruencia."
• En ese sentido, al momento de analizar la materia de la revisión, el órgano revisor consideró fundado el agravio de la parte recurrente, tocante a que la sentencia recurrida resultaba violatoria de los principios de congruencia y exhaustividad, refiriendo que en ese caso se incumplió con el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, precisamente por la omisión del estudio de la constitucionalidad del inciso h), de la porción normativa reclamada. Consecuentemente, el propio Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la ley de la materia, asumió jurisdicción para analizar los conceptos de violación.
• Luego, emprendió el estudio de la institución jurídica del tributo denominado "derechos por servicios", de conformidad con el artículo 7o., fracción II, del Código Fiscal del Estado de Jalisco (de aplicación supletoria a la Ley de Ingresos de 2018), así como en las conocidas jurisprudencias P./J. 1/98, P./J. 41/96, P./J. 2/98 y P./J. 3/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito procedió al análisis de constitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos en análisis.
• Así, el tribunal concluyó que esa porción normativa resultaba transgresora de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Mexicana, porque:
"... el monto del derecho por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, introduce un elemento ajeno al costo del servicio público, como lo es la procedencia del testimonio y, además, no se justifica el trato diferenciado ente los usuarios que solicitan el registro de escrituras o testimonios elaborados en el Estado de Jalisco, frente a los que provienen de entidades federativas distintas.
"En efecto, el monto de los derechos previstos en la norma reclamada, se fija atendiendo al hecho de que el testimonio procede de una entidad federativa distinta a la de Jalisco, lo que ocasiona que el monto del derecho no guarde correlación alguna con el costo del servicio y que se causen contribuciones de una cuantía diversa al recibir el mismo servicio –registro de testimonios provenientes de la misma entidad–, toda vez que, como se dijo, los derechos por servicios son una especie de contribuciones que tienen su origen en la recepción por parte del particular de una actividad del Estado individualizada, concreta y determinada, que genera una relación entre el usuario y la administración, la cual justifica el pago del tributo, por lo que la base para calcularlos es precisamente la prestación de un servicio por parte del Estado, resultando insostenible que la proporcionalidad de dicho tributo deba determinarse no sólo con base en el servicio público de registro de testimonios, sino también con un elemento ajeno a esa prestación, como es su entidad federativa de procedencia.
"De ahí que, al no existir correlación entre la cantidad a enterar y el costo que para el Estado representa la prestación del servicio, se traduce en una violación al principio de proporcionalidad, consagrado en el citado artículo 31, fracción IV, de la Constitución, habida cuenta que de la norma legal combatida, no se advierte que al Estado le genere un mayor costo registrar los testimonios procedentes de otras entidades de la República, que los testimonios procedentes del propio Estado de Jalisco; lo que a su vez, pone de manifiesto que también se vulnera el principio de equidad tributaria, dado que tampoco se justifica el trato diferenciado ente los usuarios que solicitan el registro de escrituras o testimonios procedentes de entidades federativas distintas, frente a los que solicitan dicho servicio respecto de las que se elaboran en el Estado de Jalisco."
• En tales condiciones, el tribunal revisor modificó la sentencia recurrida, extendiendo los efectos del fallo protector, con el objetivo de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, inciso h), del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2018 y, por ende, decidió que no se le aplicara dicha norma en el presente y en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido. Ello, con base en los lineamientos de la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Como se indicó, se modificaron los efectos del fallo protector, para quedar en los términos siguientes:
"En conclusión, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que le impone la fracción I, incisos a) y h), del referido artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y, por ende, que no se le apliquen dichas porciones normativas en el presente y lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad apuntado en el fallo recurrido y en la presente resolución.
"Además, la autoridad exactora deberá devolver los montos de los pagos realizados por concepto de derechos previstos en dichos incisos, que obran en el recibo de pago ... en los términos siguientes:
"a) Por lo que respecta al pago de derechos efectuado en términos del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá devolver el excedente del importe mínimo a pagar por concepto de registro de actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; y,
"b) En cuanto al pago de derechos efectuado en términos del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberá devolver el importe de los $5,000.00 (cinco mil pesos) pagados por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República.
"Sin que en este último caso sea dable exigir al impetrante que pague un monto mínimo, dado que la disposición declarada inconstitucional establece una tarifa única de $5,000.00 (cinco mil pesos) por el registro de documentos provenientes de una entidad federativa distinta, esto es, no fija los derechos a partir de porcentajes y, por ende, no prevé una cantidad mínima a pagar." (lo resaltado es autoría de quien resuelve).
• Por último, el órgano de control constitucional contendiente consideró aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo (sic): "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS."(8)
• Lo anterior, en el entendido de que esos importes se devolverían actualizados, en términos de los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.
13. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objetivo de la resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.
14. Así, para determinar si en la especie existe o no la contradicción denunciada, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el propósito de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
15. Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:
16. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa ejerciendo necesariamente su arbitrio judicial a través de una labor interpretativa mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
17. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
18. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(9)
19. Asimismo, es oportuno mencionar que la divergencia de criterios también puede suscitarse en torno al alcance y aplicabilidad que los Tribunales Colegiados de Circuito dan a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia 2a./J. 53/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA."(10)
21. De igual manera cobra aplicación la tesis 2a. CLXXXIV/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dispone: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE DERIVAR DEL SENTIDO Y ALCANCE QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO LE DEN A UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(11)
22. Con base en las anteriores premisas y atendiendo las particularidades del caso en estudio, este Pleno de Circuito considera que sí se justifica la existencia de la contradicción de tesis denunciada, por actualizarse los requisitos para su configuración, tal como se explica a continuación:
23. De entrada, ambos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes partieron de la base del análisis de la constitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en un caso para el ejercicio fiscal 2018 y, en el otro, para el 2019, cuya redacción jurídica resulta idéntica en los elementos del derecho que prevé, pues sólo difiere en el monto a cubrir, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
24. En ese sentido, ambos tribunales de control con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29645-61abeac8/derechos-por-servicios-registrales-de-testimonios-procedentes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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