DERECHOS POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN V, INCISO L), NUMERALES 1 Y 3, Y 16, FRACCIÓN V, INCISO L), NUMERALES 1 Y 3, DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2019, RESPECTIVAMENTE, QUE PREVÉN EL MECANISMO PARA SU CÁLCULO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, GLORIA AVECIA SOLANO, JORGE CRISTÓBAL ARREDONDO GALLEGOS, CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ, MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. DISIDENTE: LUCILA CASTELÁN RUEDA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ. SECRETARIA: MÓNICA LILIÁN CASTELLANOS CORONADO.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro, y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano al resolver el amparo en revisión 564/2019; y el diverso amparo en revisión 339/2017 del Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. En auto de doce de marzo de dos mil veinte el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número 15/2020. Como posible punto de contradicción se indicó:
"... determinar cuáles son los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 17, fracción V, inciso 1), puntos 1 y 3, y el numeral 16, fracción V, inciso I), puntos 1 y 3, ambos de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco (para los ejercicios fiscales 2017 y 2019, respectivamente)."
En dicho auto se solicitó al Séptimo Tribunal Colegiado copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión 339/2017, así como de la demanda de amparo de origen y ejecutoria que recayó en ese asunto; asimismo, se requirió al presidente de ese tribunal que informara si estaba vigente el criterio sustentado o si fue superado o abandonado, indicando la causa y remitiendo copia de la sentencia que sustente el nuevo criterio y, de ser el caso, debería informar si dicho asunto está pendiente de que cause ejecutoria.
Por acuerdo de Presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de diez de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 491/2020 suscrito por el actuario judicial adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remitió copia certificada del amparo en revisión 339/2017 (sentencia recurrida, escrito de agravios y ejecutoria que recayó en ese asunto).
Por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, el presidente de este Pleno tuvo por recibido el oficio ********** de la Coordinadora (sic) de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informaba que en los últimos seis meses no se advertía la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal que guardara relación con la temática planteada.
Luego, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto del secretario de Acuerdos, haciendo del conocimiento del Pleno que el criterio sustentado en el asunto de su índice, se encontraba vigente, por lo que en ese mismo acuerdo se ordenó turnar los autos de esta contradicción de tesis al Magistrado César Thomé González, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, ya que, según lo establecido en los artículos transitorios primero, segundo, tercero y quinto del referido decreto de reforma constitucional, para convertir los Plenos de Circuito en Plenos Regionales deberán emitirse por el Congreso de la Unión y el Consejo de la Judicatura Federal las leyes y acuerdos que regulen su integración y competencia, lo que al día en que la presente contradicción de criterios es resuelta, aún no acontece, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
Es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción de criterios, identificada con el número 1a./J. 48/2012 (10a.) [1] de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz (sic) y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSERVAN COMPETENCIA TRANSITORIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA EN TANTO NO SE INTEGREN FORMAL Y MATERIALMENTE LOS PLENOS DE CIRCUITO. Acorde con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito (sin especialización o especializados en una misma materia) sustenten tesis contradictorias, la denuncia relativa debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Por otra parte, el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, prevé que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a aquellas relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Ahora, si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción pueden derivar de la resolución de ese tipo de asuntos, así que de una interpretación armónica de dichos numerales puede establecerse que el indicado precepto transitorio resulta aplicable a la tramitación de las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad a la vigencia del decreto referido, máxime que no se han integrado, ni formal ni materialmente, los Plenos de Circuito. En ese tenor, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservan competencia transitoria para conocer de las contradicciones de tesis indicadas, siempre que hayan sido denunciadas por parte legítima, con fundamento en la competencia legal que prevén en su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por tanto, dichos Magistrados cuentan con legitimación para denunciar la posible contradicción de los criterios contendientes, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios contendientes y las consideraciones que, respectivamente, sustentaron las ejecutorias dictadas por el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 564/2019 y 339/2017, respectivamente.
• Antecedentes y consideraciones de la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión 339/2017.
1. En la demanda de origen se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, concretamente el artículo 17, fracción V, inciso l), numerales 1 y 3, así como su primer acto de aplicación contenido en el recibo oficial en el que consta el pago de derechos por la expedición de las copias que ahí se indican.
2. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular la admitió a trámite, quedando registrada con el número de amparo indirecto 436/2017; y seguido el trámite por todas sus etapas procesales, el diecinueve de abril de dos mil diecisiete dictó la sentencia respectiva, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.
3. Los razonamientos del Juez de Distrito que sustentan la concesión de amparo y los efectos de la misma son, esencialmente:
"Entonces, si el particular, conforme al recibo oficial **********, de treinta de enero de dos mil diecisiete, que constituye el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, pagó la cantidad de trescientos ochenta pesos, por un legajo de diez fojas, y la cantidad de ciento treinta pesos, por la certificación de trece más, contravino dicho principio constitucional, toda vez que no existe correlación entre el servicio prestado y el costo del mismo.
"Por lo tanto, invocando como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o., que en el mercado comercial el valor de una fotocopia fluctúa entre los cincuenta centavos hasta los dos pesos, aproximadamente, dependiendo de las condiciones especiales que pudieran atender a la oferta y demanda de cada escenario en lo particular, la cantidad que se pretende cobrar en la ley reclamada por la certificación respectiva es totalmente desproporcionada, puesto que no es razonable que el precio total de la fotocopia certificada corresponda propiamente al costo de la certificación, sobre todo si esta última la lleva a cabo un servidor público a quien se le atribuye esa facultad por disposición expresa de una norma jurídica y, además, por ello, implicaría suponer que la firma de la autoridad correspondiente es la que cuesta mucho más que el solo fotocopiado, que es mínimo.
"...
"Efectivamente, no existe una equivalencia moderada o razonable entre el costo del servicio y la cantidad que cubrirá el contribuyente, ya que del costo del servicio prestado por el Estado pasa a uno que incluye ganancias, lo que resulta inconstitucional, máxime que de manera alguna justifica la cuantificación de ese pago en razón del servicio prestado.
"De igual forma, es de considerar que si bien es cierto que la norma tiene cierta relación cuantitativa respecto a lo que pudiera cobrar un notario público por dicha certificación, no puede pasar desapercibido que éste puede obtener un lucro por la realización de su actividad, a diferencia de la Administración Pública Estatal, donde el principio de proporcionalidad exime la posibilidad de que el cobro de un derecho persiga ganancia alguna, inclusive, superior al valor de mercado; de ahí que si el cobro del servicio busca preponderadamente un lucro, en razón de que el derecho es muy superior al valor comercial de una copia, es evidente que resulta inconstitucional.
"Por las razones que la informan, se invoca al respecto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página dos mil setenta y siete del Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, en su Décima Época, que por rubro y texto dice:
"‘DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).’ –Se omite transcripción–
"Así las cosas, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 17, fracción V, inciso l), puntos 1 y 3), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en tanto que establece un sistema tributario para el pago de derechos por la expedición de copias certificadas, con el vicio constitucional destacado; lo que consecuentemente acarrea la inconstitucionalidad del acto concreto de aplicación con base en el cual se promovió la presente instancia, y que se demuestra con el recibo oficial número **********, en el que consta el pago de derechos por la expedición de las copias que ahí se indican.
"Asimismo, el efecto de la sentencia es para que le sean devueltas las cantidades que excedan a $4.00 (cuatro peso 00/100 moneda nacional), por cada copia, que es el costo por la obtención de una copia simple, en términos del artículo 27, fracción X, inciso e), de la propia Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto a la (sic) cantidades precisadas en el citado recibo oficial número **********.
"Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 470, Tomo XXI, enero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: ‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’
"De igual forma, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de clave 2a./J. 29/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, página 1244, que dice: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.’
"Igualmente, en estricto acatamiento a las jurisprudencias que se citan a continuación, y que resultan de observancia obligatoria para este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, es menester destacar que los efectos de la concesión del amparo, constriñe (sic) a las responsables a devolver las cantidades referidas, debidamente actualizadas, como si se tratara de un pago de lo indebido."
4. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de toca 339/2017, en el cual, mediante ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, resolvió:
"PRIMERO.—Se deja intocada la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, otorgada al quejoso **********, respecto del artículo 17, fracción V, inciso l), puntos 1) y 3), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta ejecutoria.
"SEGUNDO.—En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida dictada en el juicio de amparo indirecto 436/2017, por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, respecto del artículo 17, fracción V, inciso l), numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, para los efectos indicados por el resolutor federal, pero observando que el costo de $4.00 (cuatro pesos 00/100 moneda nacional) que cobrará el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, será por cada una de las veintitrés fojas de que consta el documento que se le expidió al quejoso en copia certificada, por lo que el costo de dicho documento no podrá exceder de la cantidad de $92.00 (noventa y dos pesos 00/100, moneda nacional); en ese tenor, la autoridad administrativa correspondiente, deberá ordenar la devolución del remanente respecto de la cantidad que consta en el recibo oficial **********."
5. Las consideraciones esenciales de la referida ejecutoria, en lo que aquí interesa, son:
• El Tribunal Colegiado analizó los criterios del Más Alto Tribunal de Justicia del País P./J. 23/2004, de rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, AL INCLUIR EL FACTOR 10.00 EN EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPECTO DE INMUEBLES QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSIVE PARA LA INSTALACIÓN O FIJACIÓN DE ANUNCIOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PUBLICIDAD, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS."; P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO."; 2a./J. 17/2006, de rubro: "PREDIAL. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO OTORGADO CONTRA EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN." y P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA."
• De tales criterios el Tribunal Colegiado advirtió que el Alto Tribunal ha reiterado que los efectos que producen los fallos que declaran la inconstitucionalidad de un precepto que prevé diferentes tarifas, tasas o cuotas impositivas del tributo, no son, indefectiblemente, el de liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente el de desincorporar de la esfera jurídica de éste la obligación tributaria en la parte que se declara inconstitucional. Sobre este punto citó en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS."
• Bajo esas premisas, el tribunal analizó el reclamado artículo 17, fracción V, inciso l), numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete y puntualizó que forma parte de un sistema complejo de tributación, porque prevé distintos elementos que pueden considerarse como variables respecto de la cuota que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, pues por el pago del servicio que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio consistente en la expedición de hasta diez copias fotostáticas certificadas de constancias de registro, se prevé que se pagará la cantidad de $380.00 (trescientos ochenta pesos 0/100 (sic), moneda nacional) y $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional) por cada hoja excedente de diez, y este supuesto o variable no se aplicará a todos los usuarios de ese servicio.
• Luego, señaló que en la sentencia recurrida el Juez de Distrito consideró que la porción normativa reclamada transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al establecer un sistema tributario para el pago de derechos por la expedición de copias certificadas que incluye elementos ajenos al objeto del derecho, consistente en expedir copias certificadas de constancias de registros, porque el costo a pagar por el servicio (o tarifa utilizando la denominación dada por el legislador) no guarda proporción con su costo, y coincidió con el juzgador en que "... la concesión del amparo no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, como incorrectamente lo sostiene el recurrente en sus agravios, porque el vicio de inconstitucionalidad observado en el mecanismo de cálculo de la tarifa a pagar por concepto de derechos por servicios es subsanable mediante la aplicación de la tarifa mínima prevista para el pago de certificación de documentos."; y añadió que "... es subsanable mediante la aplicación de la tarifa mínima prevista para el pago de la certificación de documentos que establece el citado artículo 17, fracción V, inciso l), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete –que en el caso lo es la de diez pesos por cada foja que contempla el punto 3) de dicho inciso, fracción y artículo, como se explicará con posterioridad–, pero no liberar por completo al contribuyente del pago por la prestación de ese servicio como lo pretende en sus agravios."
• Así, el Tribunal Colegiado consideró fundados los argumentos de la parte recurrente, relacionados con que el Juez de Distrito incorrectamente estableció al fijar los efectos del amparo concedido, que se le aplicara la tarifa de $4.00 (cuatro pesos 00/100 moneda nacional) que establece el artículo 27, fracción X, inciso e), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, la cual se refiere al pago de derechos por la prestación de diversos servicios que realizan las autoridades judiciales o administrativas, entre los que se encuentra el de expedición de copias simples, por el cual se cobra, como ya se dijo, una tarifa de $4.00 (cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por cada hoja, concluyendo que "... acertadamente como lo destaca el recurrente, el Juez de Distrito incorrectamente fijó en los efectos del amparo, la tarifa que establece el artículo 27, fracción X, inciso e), de la Ley de Ingresos de referencia, toda vez que ésta se refiere al pago de derechos por la expedición de copias simples, lo que es un servicio distinto al de certificación de documentos que contempla el numeral 17, fracción V, inciso l), de dicha legislación. Lo anterior es así, en razón de que el servicio que presta el Estado respecto de la copia certificada se traduce, por una parte, en la expedición de las copias que se le soliciten y, por otra, el correspondiente cotejo con el original que finalmente certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que les confiere una disposición jurídica, lo cual no ocurre con una copia simple, pues con ésta no se efectúa la labor del funcionario de cotejar y certificar el documento."
• Agregó el tribunal que el a quo incorrectamente estableció en los efectos del amparo protector, la tarifa de $4.00 (cuatro pesos 00/100, moneda nacional), que establece el artículo 27, fracción X, inciso e), de la propia Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, ya que dicho servicio no es análogo al de certificación de documentos que contiene el numeral impugnado, concluyendo que "... la tarifa que debió aplicar el resolutor federal, era la de $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional), por cada foja certificada, pues ésta es la mínima que establecen los subincisos del inciso l) fracción V del artículo 17 de la Ley de Ingresos impugnada y que es la que corresponde al servicio que efectivamente se le prestó a la parte quejosa, es decir, el de certificación de documentos".
• Añadió incluso que no era obstáculo para arribar a la conclusión de que se debió aplicar la tarifa de $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional) por cada foja certificada, que establece el artículo 17, fracción V, inciso l), subinciso 3, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que el Juez de Distrito en los efectos del amparo hubiera ordenado la inaplicación del citado subinciso 3, ya que tal inaplicación la efectuó considerándolo inmerso en el sistema tributario que estimó inconstitucional, es decir, en su aplicación subsecuente al cobro previsto en el diverso subinciso 1, pero no considerado en su individualidad, porque ni siquiera se efectuó estudio alguno en ese sentido, donde se hubiera concluido que por sí mismo contuviera el vicio de constitucionalidad destacado; de ahí que determinó que "... incontrovertible resulta que el Juez de Distrito, indebidamente fijó en los efectos del amparo como tarifa mínima para el pago del servicio que le fue prestado, la que contempla el artículo 27, fracción X, inciso e), pues la que debió aplicar como tarifa mínima es la de $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional), por cada foja certificada, pues ésta es la mínima que establece el inciso l), fracción V del artículo 17 de la Ley de Ingresos impugnada, en virtud de que, como se dijo, es la que corresponde al servicio que efectivamente recibió la parte quejosa."
• Ahora bien, aun cuando declaró fundado el argumento analizado, lo declaró inoperante a la postre, dado que, afirmó, se causaría un perjuicio mayor al recurrente si se corrigieran los efectos del amparo concedido, lo que va en contra del principio general del derecho mencionado de non reformatio in peius, que debe privilegiarse en el presente recurso de revisión; ello porque, explicó, "... la tarifa de $4.00 (cuatro pesos (cuatro pesos (sic) 00/100, moneda nacional) por cada hoja, prevista por el artículo 27, fracción X, inciso e), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que fue la que estableció el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, es menor a la de $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional), por la certificación de cada foja, que contempla el artículo 17, fracción V, inciso l), numeral 3, de la legislación en cita y que es la que debió contemplar el resolutor por las razones expuestas anteriormente. Por lo que es evidente que la tarifa que estableció el Juez de Distrito, le resulta más benéfica que la mínima que establece el numeral impugnado por la certificación de documentos."
• Asentó el Tribunal Colegiado que "... si en el particular el quejoso solicitó la certificación de un documento que se encuentra en el archivo del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, el cual consta de veintitrés hojas –lo que se advierte de sus conceptos de violación y del recibo oficial **********–, multiplicada dicha cantidad de fojas por los cuatro pesos del costo de cada copia simple que estableció el a quo como tarifa o cuota mínima, da un total de $92.00 (noventa y dos pesos 00/100, moneda nacional), lo que sin duda alguna sería una cantidad menor a la que arroja si se multiplicaran las veintitrés hojas por los diez pesos que establece el numeral 3 de la disposición impugnada, dado que de la operación aritmética correspondiente, daría un total de $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100, moneda nacional), es decir, el quejoso tendría que pagar $138.00 (ciento treinta y ocho pesos 00/100, moneda nacional) más de la cantidad que resultaría si se aplicara la tarifa del numeral considerado por el a quo."
• Finalmente, en lo que interesa puntualizó el tribunal que "... para que no exista duda alguna respecto de los efectos del fallo protector que estableció el Juez de Distrito, que el costo de $4.00 (cuatro pesos 00/100 moneda nacional) que cobrará el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, será por cada una de las veintitrés fojas de que consta el documento que se le expidió al quejoso en copia certificada, por lo que el costo de dicho documento no podrá exceder de la cantidad de $92.00 (noventa y dos pesos 00/100, moneda nacional), como quedó evidenciado en la operación aritmética anteriormente efectuada, debiendo entonces ordenar la devolución del remanente respecto de la cantidad que consta en el recibo oficial **********, que constituye el acto concreto de aplicación de la norma declarada inconstitucional."
• Antecedentes y consideraciones de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión 564/2019.
1. En la demanda de origen se solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades, consistentes, entre otros, en la emisión y promulgación del artículo 16, fracción V, inciso I), numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como su acto de aplicación a través del cobro de derechos consignado en el recibo oficial respectivo y ulteriores.
2. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en donde quedó registrada con el número 1240/2019; y seguido el trámite correspondiente, el dieciocho de sept
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29914-f371a740/derechos-por-el-servicio-de-expedicion-de-copias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. (2a./J. 29/2012 (10a.))
- DERECHOS POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN V, INCISO L), NUME (PC.III.A. J/103 A (10a.))
- DERECHOS POR REFRENDO DE LICENCIA DE ANUNCIOS. EL EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL ARTÍCULO 36, APARTADO A, FRACCIONES I, INCISOS A) Y B) Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUN (III.5o.A.13 A (10a.))
- DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, (PC.III.A. J/98 A (10a.))
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