DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FERNANDO OCTAVIO VILLARREAL DELGADO, ROBERTO RODRÍGUEZ SOTO, GUILLERMO LORETO MARTÍNEZ Y CARLOS ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO. DISIDENTES: MARCO ANTONIO ARROYO MONTERO Y MARÍA ELENA RECIO RUIZ. PONENTE: GUILLERMO LORETO MARTÍNEZ. SECRETARIO: RICARDO LÓPEZ GARCÍA.
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, acuerdo del Pleno del Octavo Circuito, correspondiente a la sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS los autos que integran la contradicción de tesis 2/2017, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de dictar la correspondiente resolución; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis.
A través del oficio **********, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, comunicó al presidente del Pleno del Octavo Circuito que mediante escrito firmado electrónicamente el dos de febrero de dos mil diecisiete, **********, autorizado en términos amplios de **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al resolver, en sesión de siete de octubre de dos mil dieciséis, el amparo en revisión **********; y el sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al fallar, en sesión de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el amparo en revisión administrativo **********.
SEGUNDO.-Trámite. El presidente del Pleno del Octavo Circuito, al considerar que dicho órgano es competente para conocer del asunto, en proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis y la registró con el número 2/2017.
En dicho proveído solicitó, además, a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, así como del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, contendientes en la presente contradicción de tesis, remitir las copias certificadas de las resoluciones que dictaron, al resolver, respectivamente, los amparos en revisión ********** y **********; la versión digitalizada de aquéllas; su envío a la cuenta oficial de correo electrónico de la secretaria de Acuerdos, así como informar si los criterios que dieron lugar a la presente contradicción de tesis se encuentran vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
Mediante oficio **********, de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno del Octavo Circuito informó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, la admisión de la posible contradicción de tesis; asimismo, le solicitó información sobre la existencia o no de una diversa contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema relativo a:
Si el efecto de la sentencia que concede el amparo, al estimar inconstitucionales los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, debe ser el de que se devuelva al quejoso la totalidad de las cantidades que cubrió por concepto de derechos de inscripción o registro de documentos en el Registro Público de la Propiedad, o bien, el de que se le devuelva únicamente la diferencia entre lo que pagó por ese concepto y la retención a que se refieren esos numerales, que están en aptitud de realizar las autoridades exactoras por la cantidad de $1600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Mediante autos de dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a los presidentes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, así como del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, remitiendo las resoluciones que originaron la posible contradicción de tesis, asimismo, manifestando, en lo concerniente a cada uno de ellos, que los criterios contendientes continúan vigentes.
En acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitiendo vía correo electrónico el oficio **********, en el que informó que, a su vez, la Secretaría General de Acuerdos de ese Máximo Tribunal le comunicó, mediante el diverso oficio **********, del cual adjuntó copia, que de la consulta realizada al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis relativa al tema referido como materia de la presente contradicción de tesis.
TERCERO.-Turno. Una vez integrado el presente expediente, fue turnado para su estudio y formulación del proyecto de resolución al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, representado por el Magistrado Guillermo Loreto Martínez; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno de este Octavo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados integrantes de este Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se presentó por la parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es decir, uno de los asuntos contendientes en la presente contradicción de tesis.
Lo anterior, aun cuando la denuncia de contradicción de tesis se formuló a través de su autorizado en términos amplios, pues éste cuenta con facultades para ello, según se desprende de lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.-El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(2)
No pasa inadvertido que esta jurisprudencia hace referencia a los preceptos de la abrogada Ley de Amparo, sin embargo, no se advierte que su contenido riña con la vigente, por lo que es dable su invocación.
TERCERO.-Criterios sustentados en las sentencias materia de la denuncia de contradicción de tesis. La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis se refiere a sentencias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al resolver el amparo en revisión **********; y por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al resolver el amparo en revisión **********; las cuales, en lo conducente, se transcriben a continuación:
1. Sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza.
En sesión de siete de octubre de dos mil dieciséis, el citado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión **********, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del **********, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza.
Dicho fallo revisor revocó el sobreseimiento decretado y, consecuentemente, entró al estudio de fondo del acto reclamado, que consistió en el cobro de los derechos de registro fundado en los artículos 79, fracción II, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, así como 82, fracción IV, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en dos mil quince.
Los términos de tal fallo, en lo que interesa, se transcriben a continuación:
"... SEXTO.-Estudio de los conceptos de violación. La quejosa arguye en el primer concepto de violación que los actos reclamados sustentados en la aplicación de los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que establecen tasas o tarifas que se deben pagar por los derechos de inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiere el dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como por la inscripción de créditos, transgreden los principios de equidad y proporcionalidad, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.
"En tanto que los numerales en comento de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila prevén a cargo del gobernado un derecho por la inscripción de un acto o contrato, sin tomar en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, por lo cual se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, según el monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, lo cual provoca que por la misma función estatal se causen cuotas distintas.
"Así, por lo que ve al artículo 79, fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, la inconforme acota que es inequitativo y violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, porque en tal fracción se establecen diferentes tarifas, las cuales no dan el mismo trato fiscal a los gobernados que reciben igual servicio, pues la quejosa encuadra específicamente en el numeral 5, por lo cual, recibe un trato distinto de los sujetos que se ubican en el numeral 1, que por los mismos actos registrales sólo pagarán $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), (sic) mientras que ella cubrió el 6 al millar, así como los porcentajes dispuestos en los numerales 1, 2, 3 y 4 de dicho ordenamiento, ya que la operación excede de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
"En adición a lo anterior, la discordante destaca que el hecho de que la base del derecho sea el monto del valor del documento inscrito conculca también el principio de proporcionalidad, ya que los parámetros para su cálculo ocasionan que el importe a cubrir no guarde relación directa con el costo o la prestación del servicio, sin que exista una razón de orden extra fiscal que justifique tal medida.
"En respaldo a lo anterior, la recurrente invoca la jurisprudencia, de rubro: ‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE LOS ESTABLECE TOMANDO EN CUENTA EL DISTINTO VALOR DE LOS INMUEBLES OBJETO DE LA INSCRIPCIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’
"Respecto al artículo 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, la inconforme afirma que igual es inequitativo y transgrede el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, pues establece un porcentaje en base al valor económico reflejado a los contratos de crédito, actos jurídicos o documentos a inscribir en el registro público, por lo cual, no dan el mismo trato fiscal a los gobernados que reciben el mismo servicio, ya que la aplicación de dicha norma por el ‘derecho de inscripción’ es en base al valor económico y no en base al costo del servicio prestado.
"Además, la discordante destaca que la porción normativa en comento conculca también el principio de proporcionalidad, ya que los parámetros para su cálculo ocasionan que el importe a cubrir no guarde relación directa con el costo o la prestación del servicio, sin que exista una razón de orden extra fiscal que justifique tal medida.
"En apoyo a lo expuesto, la recurrente invoca la jurisprudencia de rubro: ‘DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.’
"Por otra parte, la inconforme arguye, en el segundo concepto de violación, que la aplicación de los artículos 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que establecen la contribución fomento a la educación y a la seguridad pública en el Estado por el 22.5% sobre los derechos de registro y un impuesto adicional del 10% sobre los derechos que se causen con el propósito de sufragar los gastos que origina al Estado el mejoramiento y modernización de las áreas que tengan a su cargo la prestación de los servicios relacionados al Registro Público de la Propiedad, violan las garantías de legalidad y seguridad jurídicas de los gobernados previstas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
"Dado que los numerales citados con antelación tienen como base el importe de los pagos realizados por concepto de derechos causados por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad, aplicados conforme a los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila que, como se vio en el primer concepto de violación, la quejosa estima inconstitucionales, por lo que a la postre son fruto de actos viciados.
"Ahora, para este Tribunal Colegiado los argumentos reseñados resultan fundados, pues ciertamente, como la inconforme lo arguye, el pago de derechos de inscripción o registro de documentos traslativos de dominio de bienes inmuebles, que establecen los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, toma en cuenta el distinto valor de la compraventa de los inmuebles y de la operación del contrato de apertura de crédito objeto de inscripción, por lo que violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Dicho numeral es del tenor siguiente:
"‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"‘...
"‘IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’
"De dicha fracción normativa se colige que en materia tributaria las leyes y los actos deben atender, entre otros, al principio de proporcionalidad.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en el sentido de que la proporcionalidad significa que los sujetos pasivos del impuesto han de contribuir al gasto público, de manera que la imposición guarde relación directa con su capacidad contributiva, entendiéndose por ésta la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos.
"En apoyo de lo precisado se encuentra la jurisprudencia, que establece:
"‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.’(3)
"Es pertinente aclarar que, en materia de derechos, la proporcionalidad y equidad se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que sin perder de vista que el Estado presta servicios públicos de manera diferente a lo que ocurre con una empresa privada, la determinación del derecho debe tomar en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio solicitado, pero además, que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciben servicios similares.
"En el caso, los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, mismos que fueron transcritos en el considerando anterior y a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones, fueron aplicados en perjuicio de la quejosa, pues de las constancias aportadas por la impetrante del amparo se advierte que cubrió los pagos de $********** (********** 00/100 moneda nacional) y $********** (********** 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de apertura de crédito y compraventa, respectivamente, incluyendo el pago al fomento a la educación, a la seguridad pública y un impuesto adicional.
"En efecto, a la quejosa se le aplicaron dichos preceptos legales que lesionan en su perjuicio los principios de proporcionalidad, porque en la determinación de los pagos por concepto de servicios prestados por la administración pública ha de tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y no elementos que determinen que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas por derechos de inscripción, esto es, al imponerse el pago por inscripción o registro de documentos del gobernado atendiendo al valor contenido en los documentos que se pretenden registrar, aquél resulta desproporcionado, pues en realidad se trata de un servicio que debe tener un monto fijo, sin importar si el valor de la operación es mayor o menor en cada caso.
"De lo anterior se puede concluir que, efectivamente, los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila son inconstitucionales, toda vez que no proveen un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio, ni dan un trato igual a los que reciben servicios análogos, en razón que las tarifas que se establecen en dichos numerales por concepto de pago de inscripción de documentos por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, no guardan relación con el costo del registro, ya que no atienden al costo del servicio que presta la administración pública; de tal suerte que los causantes pagan una mayor o menor cantidad dependiendo del valor a que asciende el documento que ha de inscribirse, originando con ello que por un mismo servicio se causen distintas cantidades, de lo que deviene que el derecho se cuantifica en base a un elemento extraordinario o extraño al servicio prestado, por lo que no guarda un equilibrio general entre el servicio y el pago de éste.
"Por ello, si los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, en el caso de las contribuciones denominadas derechos, no se observan en la legislación secundaria mediante la determinación de una cuota razonablemente equilibrada con la prestación del servicio, que además otorgue un mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio; en consecuencia, los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que previenen las hipótesis de causación de derechos por inscripción o registro de documentos públicos o privados, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, violan las precitadas garantías contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establecen una base gravable que solamente toma en cuenta, para efectos de la causación de derechos, el valor del bien inmueble y de la apertura de crédito objetos de inscripción en el registro público y de ningún modo hacen referencia ni consideran las erogaciones que hacen posible que el Estado preste el servicio de registro público, ni mucho menos propician que las tasas sean iguales para aquellos que reciben el mismo servicio.
"Son aplicables al caso, las jurisprudencias:
"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.-Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra «contraprestación» no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de «derechos».’(4)
"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.-Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: «las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten», de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.’(5)
"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.-No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como «las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio», lo que implicó la supresión del vocablo «contraprestación»; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.’(6)
"‘DERECHOS POR INSCRIPCIÓN O REGISTRO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE LOS ESTABLECE TOMANDO EN CUENTA EL DISTINTO VALOR DE LOS INMUEBLES OBJETO DE INSCRIPCIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 41, de rubro: «DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.», esencialmente estableció que la naturaleza de los derechos por servicios, distinta de la de los impuestos, reclama un concepto adecuado de proporcionalidad y equidad y, por tanto, de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse «las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo, prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten», de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. En
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27358-b5d0782a/derechos-por-servicios-prestados-por-el-registro-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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