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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. CUOTA MÍNIMA QUE DEBE PAGARSE COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2018.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. · Registro digital (IUS): 29500
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-09-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIM
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 637.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 3 DE DICIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ (PRESIDENTE), CARLOS GABRIEL OLVERA CORRAL, ARACELI TRINIDAD DELGADO, JOSÉ ÁVALOS COTA, CARLOS ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO Y JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE PÉREZ. DISIDENTE: RENÉ SILVA DE LOS SANTOS. PONENTE: ARACELI TRINIDAD DELGADO. SECRETARIO: LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ARELLANO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Octavo Circuito tiene competencia legal para conocer de la denuncia de contradicción de tesis referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una contradicción de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados integrantes de este Octavo Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por **********, quien es autorizado en términos amplios de los quejosos **********, ********** y **********, en los amparos en revisión 864/2018, 1178/2018 (cuaderno auxiliar 106/2019) y 881/2018 (cuaderno auxiliar 920/2018), de los índices del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, respectivamente, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 227.

TERCERO.—Temas denunciados. En el caso los temas denunciados, son los siguientes:

a) Determinar si los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, los cuales establecen la determinación, cobro y recepción del pago de derechos por concepto de inscripción de documentos (por servicios registrales), son inconstitucionales.

b) En caso de concluir que los citados preceptos son inconstitucionales, establecer como efecto de la concesión del amparo, que la parte quejosa cubra como cuota mínima el monto de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), a que se refiere el artículo 79-H de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

CUARTO.—Criterios contendientes. Se estima conveniente hacer una breve reseña de la parte considerativa que sustenta las respectivas ejecutorias de las que provienen los criterios materia de la contradicción de tesis.

1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad.

(En relación con el análisis de constitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho).

• Bajo ese contexto, es palmario que el Juez a quo realizó un deficiente estudio de los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, al analizarlos de manera aislada de los artículos 79-A y 82-A de la ley en mención.

• Esto es así, porque las disposiciones que sustentaron los pagos realizados por la impetrante, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario mexicano en cuanto al pago de derechos previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo determinado por nuestro Más Alto Tribunal del País.

• En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 121/2017, determinó que las leyes u ordenamientos que regulan los derechos por los servicios de inscripción en el Registro Público, estableciendo que deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar cuando exceden de ciertas cantidades o montos, aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3) y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que se aplicaron a la quejosa, son violatorios de los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que paga más derechos el contribuyente que solicita el registro de una operación relacionada con un negocio de mayor cuantía, siendo que ese aspecto no guarda relación alguna con el costo de la prestación del servicio; esto es, no prevé un equilibrio razonable, ni otorga un trato igual a los que reciben servicios análogos.

• Que con base en la jurisprudencia P./J. 100/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 400, el Juez de Distrito realizó un deficiente estudio de los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, al analizarlos de manera aislada de los diversos artículos 79-A y 82-A.

• Que conforme a la jurisprudencia temática 121/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3) y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, son violatorios de los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que paga más derechos el contribuyente que solicita el registro de una operación relacionada con un negocio de mayor cuantía, siendo que ese aspecto no guarda relación alguna con el costo de la prestación del servicio, esto es, no prevé un equilibrio razonable, ni otorga un trato igual a los que reciben servicios análogos.

• La única variante que se refleja en los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, es el valor de la operación (más de $300,000.00), pero se trata del mismo servicio que establecen los numerales que les anteceden (artículos 79 y 82 del mismo cuerpo legal).

• Es cierto que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente establecen una cuota por la inscripción de documentos y créditos ante el Registro Público; sin embargo, el contenido de esas disposiciones es insuficiente para subsanar el vicio de inconstitucionalidad alegado por la quejosa en el cobro de derechos que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo.

• Si bien los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza establecen una cuota por el pago de derechos por servicios registrales, también lo es que no puede considerarse como única y fija, como lo estableció el Juez, pues del contenido de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, se obtiene que si el valor de la operación excede de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), adicionalmente a la cuota de $10,000.00 (diez mil pesos «00/100» moneda nacional), se pagará por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar (supuestos en los que se ubicó la parte quejosa).

• No se puede considerar que la cuota prevista en los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente, sea la única que sirva para fijar la base gravable para el cobro de los derechos de registro, pues los diversos numerales 79-A y 82-A de la propia legislación prevén un cobro adicional de 6 al millar, basado en el valor de la operación o del negocio.

• La vinculación de los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), con los diversos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, obedece a que dichos preceptos legales fueron aplicados a la quejosa en los recibos exhibidos en la demanda; máxime que el propio artículo 79-A de la Ley de Hacienda en comento, hace referencia a lo dispuesto en el numeral 79, al señalar: "En la inscripción o registro de los documentos que se describen en la fracción II, incisos 1), 4) y 8) del artículo anterior"; mientras que el artículo 82-A hace referencia a lo dispuesto en el ordinal 82, al señalar: "Tratándose de inscripciones relativas a los incisos 1), 2) y 3) de la fracción II del artículo 82 de esta ley, si el valor excede de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), adicionalmente se pagará por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar". Por lo que los artículos referidos regulan operaciones o servicios análogos.

(En relación con la cuota mínima que debe pagarse, como efecto de la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho)

• Al resultar parcialmente fundados los agravios expresados por la quejosa recurrente e infundados los motivos de disenso esgrimidos por la autoridad inconforme, lo procedente es modificar la sentencia sujeta a revisión en la parte que fue impugnada, concediendo el amparo a la quejosa, además de lo determinado por el Juez de Distrito en los apartados relativos de su fallo para que se desincorporen de su esfera jurídica los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila y se le devuelvan las cantidades realmente enteradas con fundamento en dichos dispositivos legales.

2. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.

(En relación con el análisis de constitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho)

Al resolver el amparo en revisión 1178/2018 (cuaderno auxiliar 106/2019), decidió declarar fundados los agravios del quejoso recurrente, apoyándose toralmente en el basamento siguiente:

• Que conforme a la jurisprudencia temática 121/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3) y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, son violatorios de los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que paga más derechos el contribuyente que solicita el registro de una operación relacionada con un negocio de mayor cuantía, siendo que ese aspecto no guarda relación alguna con el costo de la prestación del servicio; esto es, no prevé un equilibrio razonable, ni otorga un trato igual a los que reciben servicios análogos.

• La única variante que se refleja en los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, es el valor de la operación (más de $300,000.00), pero se trata del mismo servicio que establecen los numerales 79 y 82 del mismo cuerpo legal.

• Es cierto que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente establecen una cuota por la inscripción de documentos ante el Registro Público; sin embargo, no puede considerarse como única y fija, como lo pretende la autoridad recurrente, pues del contenido de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, se obtiene que si el valor de la operación excede de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), adicionalmente a la cuota de $10,000.00 (diez mil pesos «00/100» moneda nacional), se pagará por lo que exceda de dicha cantidad el 6 al millar (supuestos en los que se ubicó la parte quejosa).

• No se puede considerar que la cuota prevista en los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente, sea la única que sirva para fijar la base gravable para el cobro de los derechos de registro, pues los diversos numerales 79-A y 82-A de la propia legislación prevén un cobro adicional de 6 al millar, basado en el valor de la operación o del negocio.

• Que los preceptos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), con los diversos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, se encuentran vinculados entre sí por disposición expresa de sus propios contenidos, es decir, por mandato del creador de la norma, por tanto, no se considera suficiente que se establezca un mecanismo de distinción en dos diversos preceptos para disasociar el mecanismo de pago, por lo que dichos numerales deben analizarse en conjunto, pues los mismos forman parte de un sistema normativo, aun cuando la parte quejosa sólo acredite el acto de aplicación de una de las disposiciones legales o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema jurídico.

(En relación con la cuota mínima que debe pagarse, como efecto de la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho)

• En consecuencia, ante lo fundado de uno de los agravios aducidos por la parte quejosa aquí recurrente, lo procedente es modificar la sentencia recurrida en el (sic) que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.—Con base en lo anterior, se modifican los efectos de la sentencia para quedar de la forma siguiente: 1. Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa **********, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 82, fracción II, 79-A, 82-A, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y no se le apliquen en lo futuro.—2. Se dejen sin efecto los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, contenidos en los recibos de pago de **********, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre de la parte quejosa con números de referencia ********** y **********, y se devuelva la cantidad erogada.—3. Igualmente, se devuelvan a la parte quejosa las cantidades que cubrió por los conceptos "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional", puesto que los mismos son contrarios al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.

Al resolver el amparo en revisión 881/2018 (cuaderno auxiliar 920/2018), decidió declarar fundados los agravios del quejoso recurrente, suplidos en su deficiencia, apoyándose toralmente en el basamento siguiente:

(En relación con el análisis de constitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho)

• Que en términos de la jurisprudencia 104/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia, ingresa sin mayor dificultad en el ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes.

• Que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), adolecen de los mismos vicios advertidos en los diversos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, en virtud de que no se atiende realmente al costo del servicio que presta la Administración Pública, sino al valor al que asciende lo que ha de inscribirse, generándose así tarifas distintas por el mismo servicio, según el valor de la operación a inscribir.

• Pese a que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la legislación en cita establezcan prima facie una cantidad única de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de derechos de inscripción, empero, de una interpretación sistemática no puede considerarse como una disposición equitativa y que no atiende a ningún elemento ajeno para determinar su cuantificación, pues los artículos 79-A y 82-A del mismo ordenamiento, hacen referencia expresa a los artículos que les preceden (artículos 79 y 82 del mismo cuerpo legal).

• De ahí que las disposiciones 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), conforman la siguiente norma positiva: Por concepto de pago de derechos por la inscripción de títulos relativos a la propiedad, así como la inscripción de créditos de cualquier clase, cuya operación sea igual o menor de $300,000.00 (trescientos mil pesos «00/100» moneda nacional), se cobrará $10,000.00 (diez mil pesos «00/100» moneda nacional) y respecto de las operaciones mayores a esta cantidad se cobrará el seis al millar sobre el excedente.

• Lo anterior pone en evidencia que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, como lo es el valor de lo que ha de inscribirse, lo que resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que se están tomando en cuenta elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, siendo que en el caso no se trata del pago de un impuesto, sino de un pago de un derecho que sólo debe analizarse en función de la correlación que guarda entre la cuota a pagar y el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos.

• Que el legislador establece de forma implícita distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción, que dependen de que el valor del inmueble o de la operación sea igual o menor a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), lo que vulnera los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

• Que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentran dentro del ámbito de regulación de las tesis 121/2007 y 95/2009, que constituyen jurisprudencias temáticas, pues en ellas se establece que los ordenamientos legales que instauran las tarifas de los servicios registrales sobre el monto de la operación que da lugar a la inscripción, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

(En relación con la cuota mínima que debe pagarse, como efecto de la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho)

• Ahora bien, debe señalarse que, como acontece en el presente caso, cuando un "derecho" resulta inconstitucional, en razón de que su cobro no guarda relación con el servicio prestado por el Estado, los efectos del amparo no pueden ser para que se devuelva al contribuyente la totalidad de la cantidad enterada, puesto que al existir un servicio otorgado, cuyo trámite y registro necesariamente implicó una erogación por parte del gobierno, los usuarios no pueden obtener tal derecho sin pagar algún costo, que será a través del pago de la cuota mínima fija.—La cual se considera justa para el pago del derecho en cuestión, debido a que esa cantidad es igual para todos los contribuyentes que reciben el mismo servicio.—En ese orden, procede declarar la inconstitucionalidad de los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.—Luego, los efectos del presente juicio de amparo deben estar encaminados a que las autoridades responsables devuelvan las cantidades que la parte quejosa enteró en exceso por el servicio prestado, sin que esto implique relevarla de la obligación de enterar la cuota mínima en atención a la prestación del servicio, pues constituye una obligación de los gobernados contribuir al gasto público en la medida de su capacidad contributiva.—En consecuencia, se estima que la cuota correspondiente, es aquella que surge del artículo 79-H, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, la cantidad de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), puesto que esa tarifa no atiende al valor de la operación y resulta el costo mínimo para actos registrales similares, dado que también versa sobre la inscripción de documentos.—En mérito de las consideraciones expuestas, ante lo fundado de los agravios, suplidos en su deficiencia, procede modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo también respecto de los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila.—Efectos de la concesión—Atendiendo a lo resuelto en el presente recurso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional deberán ser los siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3), 82-A, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal 2018.—Se deje insubsistente la cuantificación y cobro del derecho registral amparo (sic) en los recibos de pago ********** y **********, expedidos a nombre del quejoso, y se devuelva la cantidad realmente erogada, a la que se deberá restar la cantidad que el sistema normativo establece para la inscripción de documentos, sin considerar el monto de operación; esto es, la cantidad de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) por cada una de las inscripciones y se le reintegre el excedente.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad.

Al resolver el amparo en revisión 1157/2018, decidió declarar fundados los agravios externados por las autoridades recurrentes, apoyándose, medularmente, en lo siguiente:

(En relación con el análisis de constitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho)

• Que la cuota que establecen por el pago de derechos los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es fija e independiente de la tasa variable prevista en los diversos numerales 79-A y 82-A de esa legislación.

• Que la nitidez del texto legislativo impone la interpretación literal, pues la clasificación efectuada por el legislador, cuya génesis es el valor superior a $300,000.00 (trescientos mil pesos «00/100» moneda nacional) del bien correspondiente, se estableció para justificar el cobro de una sobretasa.

• Que no pueden vincularse los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), con los diversos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como lo determinó el Juez de amparo, pues aquéllos son claros en contemplar un monto general que no depende de la cantidad que se haya pactado en la operación; de ahí que exista certeza jurídica del monto a pagar por parte de los contribuyentes.

• Que las tasas establecidas en los artículos 79-A y 82-A de la citada ley, no inciden en los montos que se prevén en los diversos preceptos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3); por el contrario, éstos establecen un costo general a los contribuyentes que lo requieran.

• De manera que si el legislador, en la Ley de Hacienda combatida, consideró el costo de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello no resulta violatorio del principio de proporcionalidad en materia de derechos, ya que el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio, sin que en autos se demostrara, con base en algún medio de prueba, que la cuota establecida por el legislador no corresponde al costo del servicio prestado por el Registro Público de la Propiedad del Estado.

(Pronunciamiento sobre la cuota fija a pagar)

• Que al determinar constitucionales los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el caso, contrario a lo establecido por el Juez de Distrito, existe una cuota fija mínima, no obstante la inconstitucionalidad de la sobretasa adicional que prevén los preceptos 79-A y 82-A de la aludida legislación.

• De manera que la tarifa prevenida en este último precepto, deberá ser conforme a la cuota fija mínima que establecen los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), es decir, por el monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).

QUINTO.—Existencia de la contradicción.

I. En relación con el análisis de constitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho.

Este Pleno del Octavo Circuito estima que en el aspecto de referencia sí existe la contradicción de criterios denunciada. A través de la lectura de las transcripciones anteriores resulta evidente que los tribunales contendientes se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 79, fracción II(2) y 82, fracción II,(3) ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, Primero y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, coinciden en que los artículos mencionados en el párrafo anterior deben ser analizados de manera conjunta con el contenido de los artículos 79-A(4) y 82-A(5) del citado ordenamiento.

Añaden que desde esa perspectiva (analizando los artículos aludidos de manera conjunta) se logra visualizar que el pago de derechos por la inscripción de títulos relativos a la propiedad, así como la inscripción de créditos de cualquier clase, cuya operación sea igual o menor de ($300,000.00) trescientos mil pesos, se cobrará ($10,000.00) diez mil pesos, y respecto de las operaciones mayores a esa cantidad, se cobrará el seis al millar sobre el excedente.

De manera que, sostienen, es claro que los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 82, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, como lo es el valor de lo que ha de inscribirse, con lo que se vulneran los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, lo que genera que se ubiquen en la jurisprudencia temática P./J. 121/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2099.

Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó que la cuota que establece el pago de derechos por concepto de inscripción (en los artículos 79, fracción II y 82, fracción II, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciocho), es fija e independi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29500-40f64598/derechos-por-servicios-registrales-cuota-minima-que-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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