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DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LA CUOTA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2017, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ÚNICA, EN VIRTUD DE QUE LA PROPIA LEGISLACIÓN PREVÉ UNA DISTINTA PARA REGULAR EL MISMO SERVICIO PÚBLICO. DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II, 79-A, 79-B, 82, FRACCIÓN IV, 82-A Y 82-B DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2017, QUE PREVÉN EL PAGO DE DIVERSAS CUOTAS POR AQUEL CONCEPTO, CONFORMAN UN SISTEMA NORMATIVO CON IDENTIDAD DE OBJETO AL REGULAR EL MISMO SERVICIO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019 SU ACUMULADA 3/2019. · Registro digital (IUS): 28930
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-08-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, TODOS DEL OCTAVO CIRCUIT
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Pág. 3587.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019 Y SU ACUMULADA 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, TODOS DEL OCTAVO CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, CARLOS GABRIEL OLVERA CORRAL, RENÉ SILVA DE LOS SANTOS, ALFREDO MANUEL BAUTISTA ENCINA, CARLOS ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO Y EDGAR GAYTÁN GALVÁN. DISIDENTE: JORGE ARMANDO WONG ACEITUNO. PONENTE: ALFREDO MANUEL BAUTISTA ENCINA. SECRETARIO: GAMALIEL REYES FUENTES.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, acuerdo del Pleno del Octavo Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS los autos que integran la contradicción de tesis 1/2019 y su acumulada 3/2019; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

A. Contradicción de tesis 1/2019.

Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, el autorizado de los diversos quejosos **********, ********** y **********,(1) denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en contra del Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, ambos con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, de la misma entidad federativa, al resolver, en forma respectiva, los amparos en revisión 208/2018, 1009/2017, 692/2018 y 1005/2017.

Por tal motivo, mediante oficio 717/2019, el secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, remitió el escrito de mérito, a efecto de que el Pleno del Octavo Circuito se pronunciara al respecto.

B. Contradicción de tesis 3/2019.

El Juez Sexto de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, a través del oficio 02/2019, presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Octavo Circuito, con sede en el mismo sitio, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al fallar el amparo en revisión 1045/2017, así como el pronunciado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el amparo en revisión 539/2018; y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al fallar el amparo en revisión 527/2018; todos estos órganos judiciales con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.—Trámite.

A. Contradicción de tesis 1/2019.

La Magistrada presidente de este Pleno del Octavo Circuito, mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró con el número 1/2019.

En dicho acuerdo, se solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes en la presente contradicción, la remisión, vía física y digital a la cuenta de correo electrónico oficial del Pleno, de las copias certificadas de las resoluciones que dictaron, respectivamente, en los expedientes en cita, así como un informe en torno a si los criterios que dieron lugar a este asunto se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

B. Contradicción de tesis 3/2019.

Por otra parte, en acuerdo emitido por el Magistrado presidente de este Pleno del Octavo Circuito, el trece de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la diversa denuncia de contradicción de tesis, que se registró e identificó con el número 3/2019.

Asimismo, en el citado proveído, se señaló que al advertirse la estrecha relación de este expediente con el diverso 1/2019, y con el fin de evitar resoluciones contradictorias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó la acumulación de las contradicciones de tesis.

De igual forma, se solicitó a las presidencias de los contendientes en la contradicción 3/2019, la remisión, vía física y digital a la cuenta de correo electrónico oficial del Pleno, de las copias certificadas de las resoluciones que dictaron, respectivamente, en los expedientes 1045/2017, 539/2018 y 527/2018, así como un informe en torno a si los criterios que dieron lugar a este asunto se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados

Mediante acuerdos de diecinueve, veinte y veintidós de febrero del presente año, se tuvieron por recibidos los informes solicitados a los Tribunales Colegiado contendientes, los cuales allegaron copia certificada de las resoluciones pronunciadas por los mismos, así como el disco compacto que contiene en forma digital su determinación.

También, en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se informó sobre la admisión de la contradicción a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO.—Turno. Una vez integrado el presente expediente, en el propio auto veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se turnó la contradicción de tesis 1/2019 y su acumulada 3/2019, al Magistrado Alfredo Manuel Bautista Encina, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Octavo Circuito tiene competencia legal para conocer de las denuncias de contradicción de tesis referidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una contradicción de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados integrantes de este Octavo Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa.(2)

SEGUNDO.—Legitimación. Las denuncias de contradicción de tesis provienen de parte legítima, ya que fueron formuladas por el autorizado de los quejosos **********, ********** y **********, en los amparos en revisión 1009/2017, 208/2018 y 692/2018, del índice del Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, todos con sede en Torreón, Coahuila, así como por el Juez Sexto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III,(3) de la Ley de Amparo vigente.

Por otra parte, el citado autorizado de los quejosos, al formular la denuncia, incluye un diverso criterio contendiente, el cual se encuentra contenido en el amparo en revisión 1005/2017, emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

TERCERO.—Los criterios que se estiman en contradicción. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente acudir a ciertos antecedentes y relatar brevemente las consideraciones en que se basaron las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para después proceder a su análisis.

En principio conviene establecer como antecedente, que los fallos emitidos en los amparos en revisión materia de esta contradicción, tienen su origen en la impugnación de las sentencias dictadas en juicios de amparo indirecto en los que Jueces de Distrito coincidieron en conceder el amparo, al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil diecisiete, al considerar que las citadas normas constituyen un sistema normativo, y que derivado a que los artículos 79-A y 82-A, establecen que si el valor del documento a inscribir excede de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), se pagará adicionalmente por lo que exceda de dicha cantidad el 6 al millar, y por estimar que con ello, se vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para determinar su importe en esos términos, no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas.(4)

A lo anterior, se suma que en la propia Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 79-B, se establece que cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, se pagará la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); o bien, tratándose de créditos, el artículo 82-B establece que cuando no exista incremento en el monto, se pagará $71.00 (setenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por hoja, por lo que tales cantidades se impusieron –según el caso– como pago mínimo para los efectos de la devolución decretada en el juicio de amparo.

Al respecto, el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, ambos con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo de la misma entidad, al resolver los amparos en revisión, sostuvieron los siguientes criterios:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, en los amparos en revisión 1009/2017 y 1045/2017, señaló, sustancialmente, lo siguiente:

• Los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil diecisiete, son violatorios de los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que paga más derechos el contribuyente que solicita el registro de una operación relacionada con un negocio de mayor cuantía, siendo que ese aspecto no guarda relación alguna con el costo de la prestación del servicio; esto es, no prevé un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio, ni otorga un trato igual a los que reciben servicios análogos.

• La única variante que se refleja en los artículos 79-A como el 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, es el valor de la operación (más de $300,000.00), pero se trata del mismo servicio que establecen los numerales que les anteceden (artículos 79 y 82 del mismo cuerpo legal).

• Es cierto que los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente, establecen una cuota por la inscripción de documentos ante el Registro Público; sin embargo, el contenido de estas disposiciones es insuficiente para subsanar el vicio de constitucionalidad alegado por el quejoso en el cobro derechos que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo.

• Si bien los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza establecen una cuota por el pago de derechos por servicios registrales, también lo es, que no puede considerarse como única y fija, como lo pretende la autoridad inconforme, pues del contenido de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila se obtiene que, si el valor tanto de la operación como del crédito exceden de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), adicionalmente a la cuota de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), se pagará por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar (supuestos en los que se ubicó el quejoso).

• No se puede considerar que la cuota prevista en los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, sea la única que sirva para fijar la base gravable para el cobro de los derechos de registro, pues los diversos numerales 79-A y 82-A de la propia legislación prevén un cobro adicional de 6 al millar, basado en el valor de la operación del negocio. Máxime que el diverso numeral 79-B del mismo ordenamiento legal dispone el pago de la cantidad de $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en caso que el monto de la operación sea indeterminado; mientras que el 82-B prevé el pago de $71.00 (setenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por hoja, cuando en la reestructuración de créditos no exista incremento.

• Resulta insuficiente que el recurrente de trato alegue que debían tomarse en consideración los gastos para la infraestructura de conservación de los documentos del Registro Público de la Propiedad, pues el verdadero costo de tal servicio se ve reflejado en la cantidad de $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), sin que fuera necesario para establecer lo anterior el ofrecimiento de algún medio de prueba.

• La vinculación de los numerales 79, fracción II, y 82, fracción IV, con los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, obedece a que dichos preceptos legales fueron aplicados al quejoso, en los recibos exhibidos en la demanda. Máxime que el propio artículo 79-A de la Ley de Hacienda hace referencia a lo dispuesto en el numeral 79, al señalar: "En la inscripción o registro de los documentos que se describen en el artículo anterior, ..."; mientras que el 82, fracción IV, se refiere a "La inscripción de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, ...", siendo que el 82-A se refiere al mismo tipo de créditos al señalar "La inscripción de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, ...". Por lo que tal como lo sostuvo el a quo, los artículos referidos regulan operaciones o servicios análogos.

Tales aspectos llevaron al tribunal a confirmar en sus términos la sentencia impugnada.

2. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver los amparos en revisión 539/2018 y 692/2018, indicó los aspectos relevantes siguientes:

• Estuvo en lo correcto el Juez al sostener que los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, trastocan los derechos humanos reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, al contemplar que el contribuyente que solicita la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de una operación relacionada con un negocio se base en la cuantía de éste, lo cual es un aspecto que no guarda relación alguna con el costo de la prestación del servicio; ello en razón de que tal vicio de inconstitucionalidad ya ha sido puntualizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 121/2007 y P./J. 95/2009.

• Que el vicio de inconstitucionalidad sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presenta en casos como el del artículo 79-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente a partir del diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por transgredir los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que dicha norma dispone el cobro del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad a partir de cantidades o porcentajes sobre el valor de los negocios que le dan origen; que se adicionan a las cantidades fijas mínimas a cubrir por los servicios de inscripción que presta, que contempla la propia Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 79, fracción II.

• El legislador previó, para la misma acción estatal, como lo es, la inscripción de diversos documentos para cumplir con la función registral, a través del denominado Registro Público de la Propiedad, tarifas diferentes, lo que origina un trato desigual a los que reciben un servicio análogo; por lo que estima que la diferencia establecida por el autor de la norma no está basada en la acción despegada por el órgano estatal, sino que, en realidad, en un elemento ajeno como lo es la determinabilidad del monto, de tal manera que si es determinado, la tarifa es de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y, en cambio, si es indeterminado es de $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

• La declaratoria de inconstitucionalidad no está basada en un contexto fáctico, sino en deficiencias en el diseño normativo cuyas disposiciones, que trastocan los principios de proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario mexicano, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• El reproche se centra en que para el acto de inscripción se atiende al monto de la operación a registrar, por lo que la cuota correspondiente no atiende exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la acción estatal, sino a un elemento extraño al mismo; ya que se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales.

• Existen diversas tarifas para un mismo servicio prestado por el Estado, es decir, al efectuar un análisis del esquema de cuotas de servicios de inscripción, a los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila establecen la cantidad fija de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); a su vez, el numeral 79-B de la norma indicada, por ejemplo, contempla un monto diferente, inferior, para la misma actividad desplegada por el Estado, a través del Registro Público de la Propiedad; es decir, se contemplan diversas tarifas y, por tanto, se otorga un trato desigual a los que reciben servicios análogos, ya que, como ya se mencionó, cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado se pagarán $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

• La decisión jurídica que emitió el Juez de Distrito no está basada en apreciaciones subjetivas o tópicos criteriales; por el contrario, tiene sustento en dos hechos objetivos irrefutables: a) Tarifas por pago de derechos cuyo monto depende del valor del bien; y, b) Tarifas diversas para la misma acción estatal, dependiendo de la determinabilidad del valor del bien a inscribir. Por lo que las causas generadoras de la declaratoria de inconstitucionalidad, se trata de un hecho normativo inmodificable mediante las inconformidades planteadas en contra de la sentencia impugnada. • Por tanto, al margen de la pluralidad de argumentos expresados en los agravios, su basamento jurídico, la invocación de conceptos sobre el particular y su reiteración en diversos apartados, cuyo estudio se aborda de manera global dada su estrecha vinculación, genera que se declaren ineficaces, dada su incapacidad de desvirtuar el contenido normativo concreto que, se insiste, motivó el otorgamiento de la protección federal.

Con base en ello, el tribunal determinó confirmar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado –sin que al efecto hubiese precisado la cantidad que debe imponerse con base para la devolución en los efectos–.

3. En lo relativo, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al resolver el amparo en revisión 1005/2017, determinó, sustancialmente, lo siguiente:

• La determinación de los alcances de las normas efectuado por el Juez de Distrito, mediante la interpretación sistemática, no excluyó a contribuyente alguno del hecho imponible (pago por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio), esto es, se constriñó a realizar la aplicación de las respectivas hipótesis jurídicas, única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coinciden con lo previsto en ella; sin que lo anterior implique validar el resultado del ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador, sino exclusivamente y atendiendo al estricto sentido del agravio propuesto por la autoridad.

• De la lectura integral de los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con claridad meridiana se colige que, adverso a lo resuelto por el Juez de Distrito, el legislador coahuilense sí configuró un sistema complejo para el pago de los derechos registrales en el Estado, porque siguiendo la descripción efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria transcrita, queda de manifiesto que uno de los elementos de la contribución, como lo es la tarifa, existen distintas variables, pues en la estructuración de la mecánica para la determinación de los derechos por registro establece distintas tarifas por concepto de registro e inscripción de documentos y/o créditos, de entre las cuales, unas se aplican de manera general y otras sólo a algunos contribuyentes.

• La Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el apartado en el cual se prevé la contribución consistente en los derechos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en dicha entidad, compone un sistema complejo, pues además de las normas que se refieren a los elementos esenciales de dicha contribución (sujeto, objeto, base gravable, tasa o tarifa y época de pago), prevén variables que se aplican específicamente a uno de esos elementos, como lo es la tasa o tarifa.

• Le asiste razón a la recurrente, al señalar que la tarifa fija de diez mil pesos con cero centavos en moneda nacional prevista en los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no se determina con base en el valor de la operación amparado en el documento a inscribir, como lo sustentó el Juez de Distrito; lo anterior, pues es en los diversos 79-A y 82-A del mismo ordenamiento, en los cuales consta la transgresión al principio de proporcionalidad tributaria advertida por el a quo, por atender al valor de la operación para fijar la tarifa; de ahí que la exclusión de estos últimos preceptos del sistema normativo impide considerar que los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, atienden al valor de la operación al establecer la tarifa.

• Es fundado que la tarifa de diez mil pesos que se prevé en los numerales 79, fracción II, y 82, fracción IV, reclamados, al ser fija, se debe pagar al margen del valor contenido en el documento a inscribir, con lo cual, ciertamente se respeta el principio de proporcionalidad tributaria desde la perspectiva explicada por el Juez de Distrito, el cual exige, como se explicó, que el legislador no atienda a elementos ajenos al costo que para el Estado representa la prestación del servicio público por el cual se cobra la contribución (derechos).

• Por su parte, el principio de proporcionalidad tributaria tiene también otra vertiente de exigibilidad para el legislador, consistente en que, por la propia naturaleza de los derechos, el monto a pagar debe ser fijado en relación directa con el costo que para el Estado representa la prestación del servicio, si bien no con exactitud matemática, si necesariamente vinculada a ella; de este modo, en el presente caso, el servicio prestado por el Estado consiste en la inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual radica en incluir en las secciones correspondientes de dicha institución las anotaciones pertinentes para dar publicidad al acto de que se trata; por ende, es inconcuso que no estamos ante un servicio complejo, sino simple y, por ende, el parámetro para fijar su tasa no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualiza el hecho imponible, esto es, que pague más quien inscriba más documentos que aquel que registre menos.

• De permitir el cobro de la tarifa fija de diez mil pesos con cero centavos en moneda nacional prevista en los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como lo pretende la recurrente, implicaría transgresión a los principios de proporcionalidad –bajo el distinto cariz descrito– y equidad tributaria, pues dentro de los apartados de la legislación en análisis, existen diversas tarifas que son inferiores, lo que denota el costo real que para el Estado representa prestar el servicio, y no hay justificación constitucionalmente válida para que esa distinción de trato prevalezca.

• Basta la lectura integral del título tercero de ese ordenamiento para advertir que además de la tarifa fija de diez mil pesos prevista en los numerales reclamados para el servicio de inscripción o registro de documentos, el legislador estipuló el pago de diversas tarifas fijas, particularmente las previstas en los artículos 79-B, primer párrafo, y 82-B, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Existe un trato diferenciado por parte del legislador a situaciones esencialmente iguales, sin que para ello se desprenda una justificación objetiva y constitucionalmente válida.

• Aun cuando las tarifas de diez mil pesos con cero centavos en moneda nacional previstas en los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza –por ser fijas y no atender a elementos ajenos al costo que para el Estado representa la prestación del servicio–, respetan el principio de proporcionalidad en la vertiente analizada por el Juez a quo; no lo hacen respecto de la correlación que debe existir entre la tasa y el costo que representa para el Estado prestar el servicio, y mucho menos el principio de equidad tributaria.

• La configuración que sobre el derecho ha efectuado el legislador coahuilense en el título tercero de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, evidencia el costo que el servicio concreto de inscripción o registro de los diversos documentos le representa al Estado, al establecer el cobro de una cuota fija de $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos en moneda nacional), cuando el documento no ostente valor alguno, tratándose de la inscripción del contrato de compraventa (en tanto es un título por virtud del cual se adquiere, transmite y extingue el dominio de un bien inmueble); y de $71.00 (setenta y un pesos con cero centavos en moneda nacional) por hoja respecto de la inscripción del contrato de apertura de crédito (por ser un contrato de crédito); lo que a su vez acarrea un trato diferenciado injustificado, en la medida que por un mismo servicio se prevén cobros distintos, sin que haya una justificación constitucionalmente válida para ello.

• A fin de purgar la inconstitucionalidad, lo conducente es aplicar a la parte quejosa la tarifa inferior, esto es, por concepto de la inscripción del contrato de compraventa la tarifa de $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos en moneda nacional), y tratándose de la inscripción del contrato de apertura de crédito, la de $71.00 (setenta y un pesos con cero centavos en moneda nacional) por hoja.

Derivado de lo anterior, el tribunal determinó modificar la sentencia que revisó y conceder el amparo, para que por el servicio de inscripción del contrato de compraventa le fuera cobrada a la quejosa la tarifa mínima de $1,648.00 (un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos en moneda nacional) y de $71.00 (setenta y un pesos con cero centavos en moneda nacional) por hoja, respecto de la inscripción del contrato de apertura de crédito.

4. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, en contra de lo resuelto por lo anteriores Tribunales Colegiados (al resolver los recursos de revisión 208/2017 y 527/2018), medularmente, expuso lo siguiente:

• Los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil diecisiete, son constitucionales, al establecer una tarifa única de $10,000, (diez mil pesos 00/100 moneda nacional). En razón de que los preceptos dejaron de considerar el valor de operación, al atender a la naturaleza del acto de inscripción o a registrar, pues con ello da certeza jurídica respecto del monto a pagar es general para todos los contribuyentes que requieran una inscripción en relación con esos actos registrables, están bajo un mismo costo.

• Las normas cuestionadas regulan la tarifa aplicabl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28930-715dded9/derechos-por-servicios-registrales-la-cuota-contenida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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