Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 436/2011. · Registro digital (IUS): 23591
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1217.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 436/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema tratado en las ejecutorias, que constituye el punto de contradicción a dilucidar, corresponde a la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, órgano que emitió una de las resoluciones que se involucran en la presente contradicción.

TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.

Las consideraciones vertidas por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el veintinueve de septiembre de dos mil once el amparo directo número 540/2011, en que se sustenta la referida resolución, son las siguientes:

"SEXTO. El tercer concepto de violación es sustancialmente fundado.

"... en la demanda de amparo se formulan, además de argumentos que cuestionan la legalidad de la sentencia reclamada, se hace valer otro en el que se alega la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, porque, a decir de la quejosa, se contrapone al numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias. ...

"Como se adelantó, el citado argumento es sustancialmente fundado.

"... en las contribuciones denominadas ‘derechos’, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado, a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación, Estado o Municipio, mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Conforme a lo anterior, los ‘derechos’ respetan los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio, y cuando se da un trato igual a los que reciben servicios análogos. Vinculado con lo antes precisado, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado criterio en el sentido de que la proporcionalidad y la equidad, tratándose del cobro de derechos por servicios, se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

"Ahora bien, el artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil ocho, establecía lo siguiente: ...

"Como se puede advertir del texto anterior, el citado numeral establece la tarifas que por concepto de derechos deberá cobrar la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio respecto de la inscripción de los actos jurídicos ahí precisados, cantidad que se encuentra fijada aplicando el cero punto cincuenta por ciento respecto del valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, lo que significa que se estableció la cuota relativa en función del monto de la operación a registrar y no atendiendo propiamente al servicio que se presta (inscripción), lo que implica que se dé un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio, puesto que los derechos correspondientes, como se ha destacado, se pagarán en función del monto de la operación correspondiente, lo que implica violación a los requisitos de proporcionalidad y equidad en materia de derechos que se contienen en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

"Lo anterior es así, ya que por una misma inscripción se tendrán que pagar cuotas distintas dependiendo del monto de la operación, llegando al absurdo de que una misma persona que registre el traslado de dominio de dos inmuebles, uno con mayor valor respecto del otro, tendrá que pagar las cuotas correspondientes aplicando el cero punto cincuenta por ciento, respecto del monto de la operación, no obstante que el despliegue técnico y administrativo sea el mismo respecto de ambos registros, lo que demuestra fehacientemente que el precepto cuestionado está dando trato desigual y desproporcional a los iguales, ya que, no obstante que preste el mismo servicio (inscripción), está cobrando cuotas distintas atendiendo al monto de la operación a registrar, introduciendo de esa manera un elemento ajeno al servicio prestado, como lo es el monto de la operación relativa.

"Lo anterior significa que las cuotas por concepto de derechos deben determinarse atendiendo al costo aproximado que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban el mismo servicio.

"Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 121/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe el texto).

"Asimismo, es aplicable por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia P./J. 8/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘BEBIDAS ALCOHÓLICAS. DERECHOS POR REVALIDACIÓN ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE LAS ENAJENAN. EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA QUE LOS ESTABLECE, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ ...

"En efecto, debe tenerse presente no sólo que el vicio de constitucionalidad advertido no recayó en una variable del derecho de que se trata, sino más bien en uno de sus elementos esenciales, esto es, la tarifa a pagar respecto del registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, esto es, el 0.50% sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, lo cual, desde luego, torna inconstitucional el sistema impositivo, pues en el numeral reclamado no se establece variable alguna aplicable a los elementos en cita, cuya inconstitucionalidad, en su caso, podría producir la concesión del amparo, a fin de que se remediara el vicio de la variable, con lo cual no se afectaría todo el mecanismo para determinar el pago del derecho correspondiente, lo que en el caso no ocurre, pues si bien es cierto que el inciso a) de la fracción I del numeral 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en dos mil ocho, establece que el monto de la contribución se determinará de acuerdo al valor (mayor) entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, no menos lo es que ello no puede constituir una variante para poder situar al contribuyente de acuerdo a la que resulte menor, en virtud de que de cualquier forma tanto a la parte quejosa como a otros sujetos que se encuentren en la misma hipótesis se les seguiría aplicando la tasa del 0.50%, respecto del valor consignado en el documento a registrar, lo cual, como ya se dijo, no atiende el verdadero despliegue técnico que la responsable utiliza para registrar el documento relativo, pues precisamente por tal motivo es que se tornó inconstitucional la norma atacada en el juicio de origen.

"Sirve de apoyo, por las razones que la informan y por analogía, la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y uno, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Constitucional, jurisprudencia, que dice así: ‘CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.’ (se transcribe el texto). En congruencia con lo anterior, al resultar fundado el concepto de violación analizado, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra, en la que considerando la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil ocho, decrete la nulidad de la resolución administrativa impugnada, ordenando la devolución del monto que por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales erogó la impetrante, el cual quedó consignado en el recibo oficial número A240422799, así como en la boleta registral de folio 6005757. Al ser fundado el argumento examinado, es innecesario el estudio de los restantes. ..."

Las consideraciones vertidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 362/2010, en la parte conducente, son las siguientes:

"Precisada la naturaleza del derecho tildado de inconstitucional, así como las garantías individuales que deben cumplir, se procede a analizar el contenido del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, que dispone: ...

"Ahora bien, respecto al argumento de queja que hace valer el quejoso, debe decirse que le asiste razón, pues el numeral controvertido contraviene el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que el precepto legal transcrito establece el mecanismo para la fijación del pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, tomando como base para el cálculo el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar pues, como ya se dijo, en el caso que nos ocupa, se trata de derechos fiscales, cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público por parte del Estado, como lo es la inscripción de documentos que exige a la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual se pueden satisfacer las necesidades que se presenten sin aumento apreciable del costo del servicio por anotaciones, registro, archivo, organización, base de datos, etcétera, pues cualquiera que fuera la naturaleza del contrato o acto jurídico a registrar, recibiría el mismo tratamiento.

"Así las cosas, si por derechos se entiende, según lo dispone el numeral 7o., fracción II, del Código Fiscal del Estado de Jalisco, las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que éste presta en sus funciones de derecho público, para calcular el importe de aquéllos no debe tomarse en consideración el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, lo que es explicable, en virtud de que en este tipo de contribuciones, a diferencia de los impuestos, no se pretende agravar el ingreso, utilidad o rendimiento de una persona, sino tan sólo permitirle al Estado la recuperación del costo del servicio público particular divisible que presta a solicitud del ciudadano; ello implica que el monto de las tarifas o cuotas de los servicios debe fijarse, fundamentalmente, en proporción al costo del servicio público prestado. Luego, si el artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, prevé que el importe del derecho que tendrá que pagar quien solicite el servicio público por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, tiene que calcularse tomando como base para el cálculo el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprende del contenido del documento a registrar, es inconcuso que dicho precepto infringe la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no guarda, en forma alguna, una razonable reciprocidad o justa proporcionalidad entre el costo o valor del servicio de carácter administrativo proporcionado por el ente público y el monto de la contribución a cubrir.

"Lo anterior es así, pues el costo en el servicio que como contraprestación debe otorgar la autoridad para cobrar el derecho en cuestión, exige un esfuerzo uniforme de la administración pública, a través del cual pueden satisfacerse todas las necesidades que se presenten sin aumento apreciable en el monto del servicio, por el valor consignado en los actos, contratos o resoluciones judiciales a registrar, pues ese no es un elemento que, per se, añada un gasto adicional a la prestación del servicio público de referencia.

"Luego, si la ley debe otorgar un trato igualitario a los sujetos que, con independencia del valor intrínseco de lo contratado, reciban por parte del Estado un mismo servicio que, en el caso, se reduce sólo al referido registro de contratos, es inconcuso que la contenida en dicho precepto se aparta del marco constitucional.

"Además, resulta violatorio de la fracción IV del artículo 31 en cita, porque el costo del servicio que presta la administración pública municipal se encuentra determinado por elementos ajenos al objeto real del servicio, como lo es el valor consignado en los actos, contratos o resoluciones judiciales, siendo que la clase de derechos, como los que se analizan, deben determinarse en función de lo que le cuesta a la administración la prestación del mismo, entre los cuales están el pago de sueldos, sobresueldos y compensaciones del personal empleado para la prestación del servicio, mas no de aquellos elementos referidos, que no guardan relación con la prestación del servicio, puesto que tratándose de derechos siempre se debe guardar un equilibrio con la tarifa a cubrir por parte de los contribuyentes.

"Finalmente, para justificar las distintas cuotas que deban cubrir los causantes en situaciones y características diversas frente la norma secundaria, deben expresarse las razones o causas por las que implicaría una mayor o menor actividad del valor consignado en los actos, contratos o resoluciones judiciales, ya que de la naturaleza del derecho por el registro de esos actos, contratos o resoluciones judiciales, no se advierte el contenido de la norma tildada de inconstitucional que se analiza, que tenga algún tipo de complejidad que salvaguardar y, al no advertirse tal motivación legislativa, no puede considerarse apegada al principio de legalidad tributaria, en relación con la tarifa que se establece en ese artículo, a fin de obtener el registro correspondiente para este tipo de contratos. En esas condiciones, evidenciado que el artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, viola el principio de proporcionalidad instituido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la respectiva obligación tributaria, hasta en tanto no sea reformada la norma en cuestión.

"Por consiguiente, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deberá la autoridad responsable que recibió el pago de los derechos enterados por el impetrante de garantías (jefe de la oficina recaudadora número 72 de San Julián, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco), determinar el derecho por inscripción del testimonio público número 23,962 (veintitrés mil novecientos sesenta y dos), pasado ante la fe del notario público número 2 (dos), de Purísima de Bustos, Guanajuato, el treinta de noviembre de dos mil nueve, que consta en el recibo oficial número A 28581492, expedido por la citada oficina recaudadora, en los términos establecidos en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado, vigente para el dos mil diez, esto es, cobrando la cantidad de $135.00 (ciento treinta y cinco pesos), y devuelva al quejoso el numerario que resulte en excedencia, una vez hechas las operaciones aritméticas del caso."

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados, cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.

Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 (registro 164120), cuyos rubro y datos de publicación son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

Como deriva del considerando que antecede, en el caso, se advierte que los Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno al artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en dos mil ocho y en dos mil diez, coincidiendo en que dicho precepto es violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.

Sobre este tema común, los órganos jurisdiccionales asumieron distintas posturas que los condujeron a concluir de manera distinta, respecto de si esa disposición vulnera el derecho de acceso a la justicia.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región concluyó que:

a) El artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil ocho, vulnera las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, en cuanto prevé las tarifas que por concepto de derechos deberá cobrar la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, respecto de la inscripción de los actos jurídicos ahí precisados, cantidad que se encuentra fijada aplicando el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento), respecto del valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar.

b) Lo anterior, en virtud de que dicho precepto estableció la cuota relativa en función del monto de la operación a registrar, y no atendiendo propiamente al servicio que se presta (inscripción), lo que implica que se dé un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio.

c) Teniendo en cuenta que el vicio de constitucionalidad recayó en la tarifa, que es uno de los elementos esenciales de la contribución, el sistema impositivo se encuentra viciado y, consecuentemente, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, considerando la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil ocho, decrete la nulidad de la resolución administrativa impugnada ordenando la devolución del monto que por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales erogó la impetrante.

En tanto que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito:

a) Coincidió en la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil diez, por los mismos motivos que expresó el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, esto es, por resultar violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad que rigen las contribuciones, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

b) Sin embargo, consideró que el efecto del amparo no se traduce en la desgravación, como lo consideró el diverso órgano jurisdiccional que participa en esta contradicción de tesis, sino en ubicar a la parte quejosa en el monto mínimo que prevé el propio numeral.

De lo anterior se sigue que los tribunales contendientes se pronunciaron en torno al artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente en los ejercicios fiscales de dos mil ocho y dos mil diez, que prevén el derecho por el registro de la inscripción de los actos jurídicos ahí precisados; cantidad que se encuentra fijada aplicando el cero punto cincuenta por ciento respecto del valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar.

Respecto de este numeral, los órganos contendientes coinciden en que el mismo resulta inconstitucional, en virtud de que las tarifas que prevé por concepto de derechos que deberá cobrar la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en esa entidad federativa, respecto de la inscripción de los actos jurídicos, se fija en función del monto de la operación a registrar y no atendiendo propiamente al servicio que se presta (inscripción), lo que implica que se dé un tratamiento desigual a quienes reciben un mismo servicio.

No obstante, ambos tribunales arribaron a conclusiones discrepantes respecto de los efectos que debe tener la concesión del amparo, en tanto que mientras el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que, al haber recaído la inconstitucionalidad en uno de los elementos esenciales de la contribución, procede desincorporar el derecho de la esfera jurídica del quejoso y, consecuentemente, devolverle las cantidades enteradas por ese concepto; el diverso Primer Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito concluyó que el efecto de la protección constitucional consiste en ubicar a la parte quejosa en el rango mínimo de pago.

De esta manera, se actualiza la contradicción de tesis, porque los Tribunales Colegiados de Circuito del conocimiento dieron alcances distintos a la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que prevé el derecho a pagar por concepto de inscripción de los actos jurídicos que ahí se precisan, en el Registro Público de la Propiedad.

Consecuentemente, el tema a dilucidar se centra en determinar los efectos que debe tener la concesión de amparo que se otorga respecto del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que se ha declarado inconstitucional, por violar las garantías de equidad y proporcionalidad, al establecer una tarifa distinta determinable a partir del valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar.

Cabe señalar que no constituye obstáculo para considerar actualizada la presente contradicción de criterios, la circunstancia de que los órganos jurisdiccionales en controversia no hayan formalizado éstos en una tesis, porque de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, resulta suficiente para que este Alto Tribunal proceda a decidir el criterio que debe prevalecer, por el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia, sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho.

Tampoco es óbice a la conclusión que aquí se propone el hecho de que los Tribunales Colegiados hayan analizado el mismo precepto pero vigente en distintos ejercicios, a saber dos mil ocho y dos mil diez, en virtud de que el contenido de ambos numerales es sustancialmente el mismo, como se advierte gráficamente de la siguiente comparación:

Ver comparación

QUINTO. Esta Segunda Sala considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en las consideraciones siguientes:

Primeramente, cabe señalar que si bien a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 15, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, precepto legal que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes declararon en sentencia definitiva que es inconstitucional, porque contraviene los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, que rigen las contribuciones en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al otorgar de manera injustificada un trato desigual a personas que se encuentran en la misma hipótesis de causación y, respecto del que existe controversia en cuanto a los efectos que deben dársele a esta declaratoria de amparo, esta Segunda Sala, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes que intervienen en esos asuntos se pronuncia al respecto, vía esta contradicción de tesis, y procede a determinar los alcances que deben darse a una ejecutoria de amparo dictada en esos términos, ello no obstante de que se trata de la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley local, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme al Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal.

Precisado lo anterior, para la mejor comprensión del asunto, se procede a la cita del texto de la disposición que regula el impuesto a pagar por concepto de inscripción de los actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

"Artículo 15. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes:

"I. Por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales:

"a) Sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, el: 0.50%

"Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $120.00, se cobrará esta cantidad. (vigente en 2008)

"Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $140.00, se cobrará esta cantidad."

(vigente en 2010)

En primer término, debe tenerse presente que nuestra Constitución ha puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos.

Así, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal regula los principios que deben regir a las contribuciones, tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales, además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación:

a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado.

b) Constituyen prestaciones en dinero y, excepcionalmente, en especie o en servicios.

c) Sólo se pueden crear mediante ley.

d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.

e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de eq

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23591-05e52ec8/derechos-por-servicios-efectos-que-produce-la-concesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.