VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN ANALIZARSE DIRECTAMENTE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO NO HUBIESEN SIDO PREPARADAS DENTRO DEL JUICIO NATURAL, CUANDO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO HABITA EN ZONAS QUE REQUIEREN UNA ATENCIÓN PRIORITARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA POBREZA, Y LOS RESULTADOS DE POBREZA A NIVEL NACIONAL Y POR ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS AMBOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
AMPARO DIRECTO 609/2013. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MÍRIAM CORTE GÓMEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Procedencia del estudio de las violaciones procesales. Primeramente, es necesario señalar por qué resulta procedente analizar las violaciones procesales alegadas por el quejoso, aun cuando éstas no fueron impugnadas en el juicio natural a través de los recursos ordinarios procedentes.
Con el objeto de sustentar el presente apartado, es necesario tener en cuenta, en primer término, que el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
"La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; ..."
Del precepto anterior se desprende la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en el que se establece la posibilidad de que el quejoso plantee las violaciones a las leyes del procedimiento que estime se cometieron en su perjuicio, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva; sin embargo, establece que ese requisito no será exigible (preparar la violación), en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado.
Por su parte, el artículo 171 de la Ley de Amparo en vigo dispone lo siguiente:
"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
"Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."
De este artículo se advierte que cuando se reclame la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando se satisfagan dos presupuestos:
1. Que la violación procedimental se haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva; y,
2. Que la violación respectiva trascienda al resultado del fallo.
Cabe destacar que el precitado artículo reglamentario amplía las excepciones para agotar los recursos ordinarios respecto de las violaciones al procedimiento, puesto que mientras el Texto Supremo sólo establece como excepción que se trate de amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia y en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; la Ley de Amparo consagra, además, que se trate de amparos que afecten a ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y cuando se alegue que la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que, en la especie, se actualiza una de las precitadas excepciones, que legitima al aquí quejoso a cuestionar directamente en amparo directo las violaciones al procedimiento, aun cuando no las hubiese cuestionado en el juicio natural mediante los recursos ordinarios procedentes.
Lo anterior se afirma, pues conforme a lo expuesto, el segundo párrafo del precepto sujeto a estudio (171 de la Ley de Amparo), dispone que el primero de los presupuestos -preparación de la violación procesal- no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado, ni cuando se alegue que la ley aplicada o que debió aplicarse en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En ese contexto, este órgano colegiado estima que, en la especie, el quejoso forma parte de un grupo que por sus condiciones de pobreza lo colocan en una situación de vulnerabilidad con respecto al resto de la población, que implica que se actualice una de las excepciones previstas en aquel numeral, que lo facultan a cuestionar directamente en amparo directo las violaciones cometidas durante el juicio de nulidad, aun cuando no las hubiese impugnado mediante los recursos legales ordinarios que tuvo a su alcance.
Con el objeto de sustentar lo anterior, en principio, se estima necesario definir qué debe entenderse por pobreza, para lo cual se atiende a los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y mediación de la pobreza, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil diez, de los que se advierte lo siguiente:
"Título Segundo
"De la definición de la pobreza
"Capítulo Único
"Cuarto. La definición de pobreza considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial.
"Quinto. El espacio del bienestar económico comprenderá las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante el ingreso.
"Sexto. El espacio de los derechos sociales se integrará a partir de las carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo social, en específico aquellos asociados a los indicadores mencionados en el artículo 36, fracciones II a la VII, de la ley.
"Séptimo. El espacio del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden al ámbito individual (que pueden referirse a características geográficas, sociales y culturales, entre otras); en específico, aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes para el desarrollo social.
"Octavo. La población en situación de pobreza multidimensional será aquella cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
"Los criterios específicos para instrumentar esta definición se encuentran establecidos en el documento ‘Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México’, el cual se agrega al presente documento como anexo único.
"Título Tercero
"De la identificación de la pobreza
"Capítulo I
"Noveno. Las dependencias y entidades deberán identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza mediante la selección de alguno de los siguientes criterios, o una combinación de los mismos:
"I. Criterios asociados al bienestar económico: los que sean resultado de comparar el ingreso mensual per cápita del hogar con el valor de las líneas de bienestar o bienestar mínimo definidas por el consejo;
"II. Criterios asociados a las carencias sociales: los asociados a alguno de los criterios definidos en el capítulo III del título tercero de los presentes lineamientos y criterios, o un grupo de los mismos; o,
"III. Criterios asociados al contexto territorial: los asociados a indicadores territoriales de acceso a infraestructura social básica, grado de cohesión social, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo IV del título tercero de los presentes lineamientos y criterios.
"Décimo. Las dependencias y entidades deberán elegir para cada uno de los diferentes programas de desarrollo social que ejecuten el método de identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza que guarde mayor consistencia con los objetivos, propósitos y acciones del mismo, de acuerdo con los lineamientos antes enumerados.
"Capítulo II
"Del espacio del bienestar económico
"Décimo Primero. Para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza de acuerdo con los criterios asociados al bienestar económico se utilizará alguna de las siguientes líneas:
"I. Línea de bienestar: permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).
"II. Línea de bienestar mínimo: permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
"Décimo Segundo. Los valores monetarios de las líneas de bienestar y bienestar mínimo a las que se refiere el lineamiento décimo primero serán establecidos por el consejo, con un desglose por ámbito rural y urbano. Estos valores, así como su actualización mensual con la información más reciente disponible, serán dados a conocer en la página de Internet del consejo a partir de la fecha de publicación de los presentes lineamientos y criterios.
"Décimo Tercero. En el caso de los programas de desarrollo social para los cuales las dependencias y entidades que los ejecutan apliquen alguno de los criterios asociados al bienestar económico para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza, se deberán utilizar los valores de las líneas de bienestar y bienestar mínimo que publique el consejo como referencia para determinar el nivel de elegibilidad de los programas, pudiendo éste ser igual, inferior o superior a dicha línea. El valor de referencia para las líneas de bienestar y bienestar mínimo serán los correspondientes al mes de agosto del año inmediato anterior.
"Capítulo III
"De las carencias sociales
"Décimo Cuarto. Las dependencias y entidades que utilicen el criterio establecido en la fracción II del lineamiento noveno para identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza deberán considerar en sus métodos de identificación al menos uno de los siguientes criterios o una combinación de los mismos:
"I. En materia de rezago educativo:
"a) Población de 3 a 15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada y no asiste a la escuela.
"b) Población nacida hasta 1981 que no cuenta con la educación primaria terminada.
"c) Población nacida a partir de 1982 que no cuenta con la educación secundaria terminada.
"II. En materia de acceso a los servicios de salud:
"a) Población no afiliada o inscrita para recibir servicios de salud por parte del Seguro Popular, y que tampoco es derechohabiente de alguna institución de seguridad social.
"III. En materia de acceso a la seguridad social:
"a) Población ocupada y asalariada que no recibe por parte de su trabajo las prestaciones de servicios médicos, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.
"b) Población ocupada y no asalariada que no recibe como prestación laboral o por contratación propia servicios médicos por parte de una institución pública de seguridad social y SAR o Afore.
"c) Población sin acceso a la seguridad social por alguno de los primeros dos criterios, que no goce de alguna jubilación o pensión, ni sea familiar directo de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
"d) Población de 65 años o más que no dispone de acceso a la seguridad social por alguno de los criterios anteriores ni es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores.
"IV. En materia de calidad y espacios de la vivienda, la población que resida en viviendas con al menos una de las siguientes características:
"a) El material de la mayor parte de los pisos es tierra.
"b) El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o desechos.
"c) El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho.
"d) Con hacinamiento.
"V. En materia de acceso a los servicios básicos en la vivienda, la población que resida en viviendas con al menos una de las siguientes características:
"a) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
"b) No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
"c) No disponen de energía eléctrica.
"VI. En materia de acceso a la alimentación:
"a) Población en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.
"Décimo Quinto. En el caso de los programas de desarrollo social para los cuales las dependencias y entidades que los ejecutan apliquen alguno de los criterios asociados con las carencias sociales para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza, además de utilizar alguno de los criterios antes mencionados podrán emplear indicadores complementarios, los cuales correspondan a los objetivos, propósitos y acciones de cada programa de desarrollo social.
"Capítulo IV
"Del contexto territorial
"Décimo Sexto. Las dependencias y entidades cuyos programas de desarrollo social identifiquen a las personas o grupos de personas en situación de pobreza de acuerdo con los criterios asociados al contexto territorial podrán considerar en sus métodos de identificación alguno de los siguientes criterios, o una combinación de los mismos:
"I. En materia del grado de cohesión social:
"a) Medidas de polarización social, redes sociales o de desigualdad económica, los cuales serán medidos para ámbitos geográficos y territoriales específicos (localidad, Municipio, entidad federativa, o los relevantes de acuerdo con los objetivos, propósitos y acciones de cada programa de desarrollo social).
"II. En materia de acceso a infraestructura social básica:
"a) Población en localidades que se encuentran a una distancia mayor a tres kilómetros de un camino pavimentado.
"b) Población en localidades sin acceso a alcantarillado y electrificación pública.
"c) Población en localidades sin acceso a rellenos sanitarios públicos o algún servicio público de eliminación de basura.
"d) Otros indicadores sociales pertinentes de acuerdo con los objetivos, propósitos y acciones de cada programa de desarrollo social.
"III. Otros considerados relevantes para el desarrollo social.
"Décimo Séptimo. En el caso de los programas de desarrollo social para los cuales las dependencias y entidades que los ejecutan apliquen alguno de los criterios asociados al contexto territorial y social para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza, se deberá especificar y justificar el nivel o valor a partir del cual el indicador se considera relevante para la identificación de la población objetivo."
Así las cosas, de acuerdo con lo anterior se puede entender que una persona se encuentra en condiciones de pobreza cuando se ubica en alguno de los criterios o una combinación de los mismos, relativos a:
- Bienestar económico, que permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias) y a la población que aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada;
- Derechos sociales, que comprende alguno de los siguientes criterios o una combinación de los mismos: lo relativo a rezago educativo, materia de acceso a los servicios de salud, materia de acceso a la seguridad social, materia de calidad y espacios de la vivienda, materia de acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua, drenaje, energía eléctrica, etcétera.), y materia de acceso a la alimentación; y,
- Contexto territorial, que comprende alguno de los siguientes criterios o una combinación de los mismos, en lo relativo a materia del grado de cohesión social, materia de acceso a infraestructura social básica y otros considerados relevantes para el desarrollo social.
Precisado lo anterior, es menester atender a lo establecido en los artículos 5, fracción III, 29, 30, 36, 37, 72, 77, 81 y 82, de la Ley General de Desarrollo Social, que disponen lo siguiente:
"Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:
"...
"III. Consejo Nacional de Evaluación: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; ..."
"Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social."
"Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del presupuesto de egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del presupuesto de egresos de la Federación."
"Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:
"I. Ingreso corriente per cápita;
"II. Rezago educativo promedio en el hogar;
"III. Acceso a los servicios de salud;
"IV. Acceso a la seguridad social;
"V. Calidad y espacios de la vivienda;
"VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
"VII. Acceso a la alimentación, y
"VIII. Grado de cohesión social."
"Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación, para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes."
"Artículo 72. La evaluación de la política de desarrollo social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente."
"Artículo 77. El Consejo Nacional de Evaluación, antes de aprobar los indicadores a que se refiere este artículo, los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes."
"Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público."
"Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad."
De los anteriores preceptos se desprenden diversos elementos relevantes para el análisis del presente apartado, consistentes en:
a) Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto consiste en normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, que ejecuten las dependencias, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza;
b) Que la determinación de las zonas de atención prioritaria, de carácter rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo, se orientará por los criterios que defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
c) Que los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza, son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social;
d) Que la evaluación de la política de desarrollo social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social; y,
e) Que el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, antes de aprobar los indicadores respectivos, los someterá a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que estimen convenientes.
Los anteriores elementos ponen de manifiesto la relevancia del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para la definición, identificación y medición de las zonas que requieren una atención prioritaria por registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo.
Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a verificar la página electrónica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -www.coneval.gob.mx-, por constituir un hecho notorio,(1) de la que se advierten los resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas 2010-2012.
Ahora, de los resultados de pobreza, cobran relevancia para el presente asunto, los relativos al año dos mil diez (año en que sucedió la inundación origen de la controversia natural), respecto de los Municipios de Chalco, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, de los que se desprenden los siguientes factores:
Ver factores
Los gráficos anteriores evidencian que tratándose del Municipio de Chalco, el 53.9% de la población se encontraba en situación de pobreza (42.1% en pobreza moderada y 11.9% en pobreza extrema); que el 27% de la población es vulnerable por carencias sociales y el 7% es vulnerable por ingresos, y que sólo el 12% no es pobre ni vulnerable.
Asimismo, que el 20.4% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y el 60.9% un ingreso inferior a la línea de bienestar.
Por lo que hace a Valle de Chalco Solidaridad, el 58.3% de la población se encuentra en condiciones de pobreza (46.2% en pobreza moderada y 12.1% en pobreza extrema); que el 26.0% es vulnerable por carencias sociales, el 6.4% es vulnerable por ingresos y el 9.3% no es pobre ni vulnerable.
Que el 21.8% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y el 64.8% un ingreso inferior a la línea de bienestar.
Tratándose del Municipio de Ecatepec de Morelos, el 40.8% de la población se encuentra en situación de pobreza (34.8% en pobreza moderada y 6.0% en pobreza extrema), que el 33% es vulnerable por carencias sociales, el 6.7% es vulnerable por ingresos y que el 19.6% no es pobre ni vulnerable.
Que el 11.1% tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y el 47.5% un ingreso inferior a la línea de bienestar.
Por lo que respecta al Municipio de Nezahualcóyotl, el 38.8% de la población se encuentra en situación de pobreza (34.0% en situación de pobreza moderada y 4.7% en pobreza extrema), el 34.5% es vulnerable por carencias sociales; el 6.3% por ingresos, y el 20.4% no es pobre ni vulnerable.
Que el 10.6% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, y el 45.1% un ingreso inferior a la línea de bienestar.
De los gráficos anteriores también se aprecia que en todos los Municipios citados, la población presenta al menos una carencia social, ya sea de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
De lo que se infiere que si de acuerdo con los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se identifican a las personas o grupos de personas en situación de pobreza mediante la selección de alguno de los criterios previamente citados en párrafos precedentes, o una combinación de los mismos, y en el caso, de acuerdo con los resultados de pobreza emitidos para el año dos mil diez por el propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los Municipios de Chalco, V
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24727-f0d8bbd4/violaciones-a-las-leyes-del-procedimiento-deben-analizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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