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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN JUBILADO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA QUE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS 201 Y 241 POR LOS QUE SE EXPIDE LA LEY DEL PROPIO INSTITUTO, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE ÉSTA, RESPECTIVAMENTE, CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. · Registro digital (IUS): 27205
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-06-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo III, Pág. 1463.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SERGIO GARCÍA MÉNDEZ, EDMUNDO ADAME PÉREZ Y LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. DISIDENTE: ABRAHÁM CALDERÓN DÍAZ. PONENTE: SERGIO GARCÍA MÉNDEZ. SECRETARIA: ELVIRA ALMEIDA COTA.

Monterrey, Nuevo León. Sentencia del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en dicha ciudad, correspondiente al día veinticinco de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis número 4/2015; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio número 69675, recibido el veinte de noviembre de dos mil quince, por la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el licenciado **********, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, denunció la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al resolver el amparo en revisión número 16/2015, con el del Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en la resolución dictada en el amparo en revisión número 18/2015.

SEGUNDO.-Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis señalada y ordenó registrarla con el número 4/2015; asimismo, a fin de integrar el expediente correspondiente, requirió a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes para que remitieran copias en disco compacto de las ejecutorias que emitieron respectivamente, así como para que informaran si el criterio sustentado en los asuntos denunciados en la presente contradicción de tesis, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo superado o abandonado.

Seguida la tramitación del expediente, en cumplimiento a lo acordado por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y con fundamento en el artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, se turnó la presente contradicción de tesis al Magistrado Alfredo Gómez Molina, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

Por acuerdo de veintitrés de marzo del dos mil dieciséis, con apoyo en el numeral 13, fracciones V y VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se retiró de lista la presente contradicción de tesis y se suspendió su trámite, hasta en tanto decidiera la superioridad si se avocaba a resolver la contradicción de tesis 134/2016, de su índice o, en su caso, estimara que lo debía hacer este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito; por lo que, se ordenó se resguardara en la Secretaría de Acuerdos el expediente respectivo; en el entendido de que, una vez conocido lo resuelto en dicha contradicción de tesis, debería returnarse el mismo al propio Magistrado Alfredo Gómez Molina.

Mediante auto de diecisiete de enero del dos mil diecisiete, en atención a que en sesión del once de ese mismo mes y año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 134/2016, virtud a la cual, había quedado suspendida la contradicción de tesis a estudio, el presidente del Pleno del Cuarto Circuito procedió a returnar esta última a los Magistrados que integrarían el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito para el año dos mil diecisiete, toda vez que a la fecha se encontraba pendiente de resolución.

Asimismo, por acuerdo de veintitrés de febrero del presente año, se ordenó el returno de la contradicción de tesis en cita, al Magistrado Sergio García Méndez, a fin de que procediera en términos del artículo 46 del Acuerdo General 8/2015, a que se hizo referencia, toda vez que el tribunal de adscripción es el propio del Magistrado Alfredo Gómez Molina y, por tanto, debía sustituir a este último integrante del Pleno de Circuito saliente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es competente legalmente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Carta Magna, señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron, podrán denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del precepto 226, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, y de acuerdo con el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en el que consideró que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto número **********, como fue la inconstitucionalidad de los Decretos 201 y 241 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, que contienen los artículos 120 bis-1, 120 bis-4 y 145, son de naturaleza administrativa, porque el tema de fondo no se relaciona directamente con el goce de un derecho laboral derivado de la jubilación, sino que se vincula con la devolución de recursos que las instituciones burocráticas, enteraron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de cubrir préstamos para la vivienda de sus trabajadores, por ello consideró que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado era incompetente para conocer del juicio de amparo, estimando que correspondía al Juez de Distrito en Materia Administrativa su conocimiento, por lo que ordenó remitir los autos por conducto de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado; ante ello el licenciado **********, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo denunció la posible contradicción de tesis. Por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima, puesto que así lo prevén los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios contendientes en la posible contradicción de tesis. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario conocer los argumentos y consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión número **********, en sesión plenaria de diecisiete de septiembre de dos mil quince, en la parte considerativa que aquí interesa, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Estudio y resolución del asunto. En este considerando se analizará el motivo de agravio que resulta infundado.

"En su demanda de amparo, la quejosa, ahora recurrente, reclamó como acto de aplicación de las normas combatidas (artículos 120, bis-1 y bis-4, 143 y 145 de los Decretos 201 y 241 de la ley del Isssteleón y artículo 25 del Reglamento de Préstamos para Vivienda del Isssteleón), contenidas en el oficio número **********, suscrito por la encargada de la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en el que en contestación a su petición, resolvió que las aportaciones para préstamos de largo plazo, ingresan a las reservas del fondo de vivienda del instituto para ser destinadas a cubrir esa prestación, recursos que constituyen el patrimonio del referido instituto y que los pensionados no adquieren derecho alguno sobre ese patrimonio.

"El referido oficio es del tenor siguiente:

Ver oficio 1

"Como puede observarse de lo antes transcrito y como bien lo estimó la Jueza Federal los preceptos reclamados como inconstitucionales, como son los artículos 120 bis-1 de la ley del Isssteleón y 25 del Reglamento de Préstamos para Vivienda de ese instituto, no fueron aplicados en el oficio número **********, suscrito por la encargada de la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

"Por tanto, para combatir los dispositivos aludidos, mediante el juicio constitucional, se requiere, indefectiblemente, de un acto de autoridad, a través del cual se hayan aplicado los supuestos normativos que en dichas normas se establecen, pues sólo con ello puede acreditarse el perjuicio necesario para su impugnación; de lo contrario se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, que, correctamente, declaró actualizada la Jueza Federal.

"Así las cosas, si las disposiciones legales antes citadas, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afectan los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia antes citada, toda vez que cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, el quejoso debe justificar que no sólo que (sic) se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que, efectivamente, le fue aplicado dicho dispositivo, mediante un acto que le genere perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque se acredite estar en los supuestos normativos, si el acto reclamado no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir dicho precepto con ese motivo, de ahí, que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ...’

"Tiene aplicación a lo anterior los criterios siguientes, cuyos datos de publicación, rubro y texto dicen:

"‘Novena Época

"‘Registro digital: 200126

"‘Pleno

"‘Tesis aislada

"‘Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo III, mayo de 1996

"‘Materia constitucional, administrativa y común

"‘Tesis P. LXVII/96

"‘Página 113

"‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS.-Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo.

"‘Amparo en revisión 7817/82. **********. 4 de octubre de 1982. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Arturo Iturbe Rivas.

"‘Amparo en revisión 557/95. **********, S.A. 11 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordinario. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

"‘El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de abril en curso, aprobó, con el número LXVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticinco de abril de mil novecientos noventa y seis.’

"‘Séptima Época

"‘Registro digital: 232390

"‘Pleno

"‘Tesis aislada

"‘Semanario Judicial de la Federación

"‘Volúmenes 175-180, Primera Parte

"‘Materia constitucional

"‘Página 159

"‘LEYES, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE EL ACTO DE APLICACIÓN ES NECESARIO QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL PRECEPTO QUE SE RECLAMA.-Aun cuando en la orden de visita que se reclama en amparo, emitida a fin de verificar que la negociación de la quejosa cumple con los reglamentos gubernativos aplicables, la autoridad responsable mencione la disposición reclamada, esa circunstancia no es suficiente para considerar que dicha disposición ya fue aplicada porque, no existe acto concreto que actualice lo dispuesto por la norma, toda vez que no se ha impuesto sanción alguna a la quejosa. En esas condiciones, si no se ha actualizado la hipótesis prevista en la disposición legal, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confiere, no puede estimarse que ya exista acto concreto de aplicación, aun cuando en la orden de visita que se reclama se haga alusión a aquélla. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afectan los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, y es aplicable la jurisprudencia número 67, publicada en la página 167 de la Primera Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.

"‘Amparo en revisión 7817/82. **********. 4 de octubre de 1983. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.’

"Sin que sea obstáculo para lo anterior lo afirmado por la recurrente, en el sentido de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, negó la devolución de los fondos de la vivienda, toda vez que esa negativa, como puede observarse del oficio número **********, suscrito por la encargada de la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas del referido instituto, no se fundó en los artículos 120 bis-1 de la ley del Isssteleón y 25 del Reglamento de Préstamos para Vivienda, tildados de inconstitucionales.

"OCTAVO.-En esta parte, se procede analizar el agravio que resulta fundado.

"En otra parte de los agravios, la recurrente expone que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, negó la devolución de los fondos de la vivienda, con fundamento en los artículos 120, bis-4, 143 y 145 de su ordenamiento; preceptos que fueron denunciados de inconstitucionales; sin embargo, la Jueza de amparo, introdujo un elemento que no formó parte de la controversia constitucional, como fue el que la quejosa hizo depender su pretensión en su calidad de jubilada del Gobierno del Estado de Nuevo León, pero que en autos no acreditó tener ese carácter y que tampoco acreditó haber ingresado a laborar antes del año de mil novecientos ochenta y tres, como lo afirmó en la demanda de amparo; por lo que estimó actualizada la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, primera parte, en relación con el artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo; esto es, consideró que la promovente, carecía de interés jurídico para impugnar lo referidos preceptos, ya que no acreditó la calidad de jubilada ni que ingresó a laborar antes de mil novecientos ochenta y tres; consideración que resulta ilegal, ya que en los informes que rindieron la directora general y la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, con claridad admiten y reconocen la calidad de servidor público y jubilada, justificando con dichos informes, que inició su relación de trabajo con el gobierno del Estado, bajo el amparo de la ley de mil novecientos ochenta y tres y la calidad de jubilada.

"Es fundado lo antes expuesto, por lo siguiente.

"Los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Amparo, establecen:

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"‘I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"‘El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"‘El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.’

"‘Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.

"‘Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.’

"El interés jurídico o legítimo que establecen los preceptos transcritos, como presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, puede derivarse del reconocimiento o manifestaciones hechas por las autoridades responsables en sus respectivos informes, pues equivale a reconocimientos de hechos y circunstancias y sus alcances.

"En efecto, la directora general del instituto, al rendir su informe manifestó: ‘De manera toral el ahora quejoso, manifiesta como agravio, la negativa por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, para devolverle las aportaciones del 5%, correspondientes al fondo de vivienda, conformado cuando se encontraba como servidor público en activo’ (foja 33 del juicio de amparo) y: ‘Por lo que, se concluye que, el propósito constitucional, es garantizar a la clase obrera, el acceso a una vivienda digna que pueda adquirir en propiedad, y no es su intención el constituir fondos privados, sino tutelar en favor de los trabajadores el derecho social de ser titulares de una vivienda decorosa, lo cual encuadra perfectamente con el sistema de solidaridad social al que estaba sujeto el quejoso al momento de jubilarse.’ (foja 36 del juicio de amparo) y ‘... por haber estado sujeto el quejoso a un régimen transitorio que inició a cotizar antes de la entrada en vigor de la ley del Isssteleón, promulgada en 1993 y siguió cotizando después de la entrada en vigor de ésta ...’ (foja 37 del juicio de amparo)

"Ahora, la confesión es una declaración que contiene el reconocimiento de un hecho de consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante, en los términos del artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Así, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, haya hecho alusión a que la accionante tenía la calidad de servidora pública y jubilada, así como también que cotizó en la vigencia de la ley del Isssteleón anterior, tales afirmaciones tienen el carácter de una confesión, como lo aduce la recurrente, ya que se trata de hechos propios y conocidos atribuidos a la institución, por tanto, debe otorgársele ese carácter, por lo mismo implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, ya que tales manifestaciones, justifican que la accionante acreditó la calidad con la que compareció al juicio de amparo (jubilada) y, por ende, su interés jurídico para promoverlo, por ello, la determinación de la Jueza de amparo de estimar actualizada la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, deviene contraria a derecho, ya que la hoy recurrente acreditó la calidad con la que compareció a juicio.

"Tienen aplicación a lo anterior los criterios cuyos datos de publicación, rubro y texto dicen:

"‘Séptima Época

"‘Registro digital: 237120

"‘Segunda Sala

"‘Tesis aislada

"‘Semanario Judicial de la Federación

"‘Volúmenes 217-228, Tercera Parte

"‘Materia común

"‘Página: 89

"‘INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS.-Basta la confesión expresa contenida en el informe con justificación relativo, para que se hubiera relevado al poblado quejoso de aportar prueba alguna al respecto, pues, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, «los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.»

"‘Amparo en revisión 5589/87. **********, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal. 9 de octubre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Héctor Soto Gallardo.’

"‘Séptima Época

"‘Registro digital: 237121

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Tesis aislada

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Volúmenes 217-228, Tercera Parte

"‘Materia común

"‘Página 90

"‘INFORME JUSTIFICADO COMO PRUEBA.-El criterio jurisprudencial en el sentido de que el informe de la autoridad responsable rendido sin la debida justificación sólo tiene el valor que merece la aseveración de cualquiera de las partes, resulta aplicable en los casos en que la citada autoridad responsable alegue circunstancias tendientes a sostener la legalidad del acto o actos que se le reclaman sin anexar las constancias necesarias que acrediten tales circunstancias; pero cuando acepta hechos propios, debe tenerse su informe como una confesión, aun cuando no haya sido acompañado de constancia alguna, en virtud de que no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica que rige en el juicio de amparo, la autoridad responsable constituye la contraparte del peticionario de garantías.

"‘Amparo en revisión 7489/86. ********** y otro. 11 de noviembre de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Noé Castañón León.

"‘Amparo en revisión 4583/86. **********. 27 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo.

"Séptima Época, Tercera Parte:

"‘Volúmenes 163-168, página 80. Amparo en revisión 4633/81. Comisariado Ejidal del Poblado «Las Mercedes», Municipio de Delicias, Estado de Chihuahua. 24 de noviembre de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Ramón Medina de la Torre.

"‘Volúmenes 145-150, página 70. Amparo en revisión 6507/80. ********** (Comunidad Indígena de San Miguel Tingüindín, Municipio de Tingüindín, Michoacán). 22 de abril de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. Secretario: Arnoldo Nájera Virgen.

"‘Véase Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tercera Parte:

"‘Volumen 30, página 39, tesis de rubro: «INFORME JUSTIFICADO. AFIRMACIONES QUE CONTIENE. NO TIENEN CARÁCTER DE INCONTROVERTIBLES.»

"‘Volumen 66, página 31, tesis de rubro: «INFORME DE LA RESPONSABLE. HECHOS ASEVERADOS. PRUEBA. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD.».’

"Así, si está acreditado que la solicitante de amparo, tiene el carácter de jubilada y que cotizó previamente a la vigencia de la ley del Isssteleón, del año de mil novecientos noventa y tres, pues así lo reconoció la autoridad responsable, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por lo mismo no se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, primera parte, de la Ley de Amparo, por ende, lo que procede es levantar el sobreseimiento y analizar los conceptos de violación que se hicieron valer.

"NOVENO.-Previamente al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, este órgano revisor debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y, además, porque así lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto dicen:

"‘Octava Época

"‘Registro digital: 222780

"‘Tribunales Colegiados de Circuito

"‘Jurisprudencia

"‘Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo VII, mayo de 1991

"‘Materia común

"‘Tesis II.1o. J/5

"‘Página 95

"‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.-Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.

"‘PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"‘Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández.

"‘Recurso de revisión 7/89. ********** y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González.

"‘Amparo directo 205/89. **********. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González.

"‘Amparo directo 281/89. **********. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González.

"‘Amparo directo 531/89. **********. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lundez Vargas.’

"Las autoridades responsables, delegado autorizado por el Consejo Directivo, director general y director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, hicieron valer en el juicio de amparo indirecto y que repiten en su escrito de expresión de agravios en la revisión adhesiva, las siguientes causales.

"Una de las causales de improcedencia que hicieron valer es la prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque según refieren, el instituto al emitir la determinación reclamada no actúa de manera imperativa o coercitiva en torno a los recursos económicos que fueron solicitados por la quejosa, por lo que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"No asiste razón a las citadas autoridades responsables, en principio, porque los fundamentos que citan aluden, primeramente a la Ley de Amparo derogada, la cual no es aplicable al caso, ya que el juicio de amparo, inició el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, es decir, en la vigencia de la actual ley, además de que dichos preceptos, aluden a los casos en que la improcedencia, resulta de alguna disposición de la ley de la materia, así como a la inexistencia de los actos reclamados, es decir, en modo alguno guardan relación con la pretensión planteada, es decir, que los actos que se les atribuyen sean actos de autoridad o no.

"Sin embargo, atendiendo la causa de pedir, este tribunal considera que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, declara improcedente la solicitud de devolución de las aportaciones destinadas para vivienda -en el caso formulada por la quejosa- impide a los trabajadores disponer de tales recursos, lo que evidentemente, afecta su esfera jurídica, por el hecho de limitar su propiedad, por ende, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que, unilateralmente, con fundamento en los artículos reclamados, establece que las aportaciones efectuadas por las dependencias, respecto de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27205-5f0e2fea/competencia-para-conocer-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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