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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 36, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012, VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2014. · Registro digital (IUS): 25149
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Pág. 750.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO. Los antecedentes de las ejecutorias que se estiman contradictorias, así como las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito son los siguientes:

Amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito.

1. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformado mediante Decreto Número 36, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México el diecinueve de diciembre de dos mil doce, en el que se estableció que la cuota obligatoria que deberán enterar los pensionados y pensionistas al instituto, sería del 6% del monto de la pensión que disfrutaran.

2. La demanda de amparo se remitió, por cuestión de turno, al Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien la admitió a trámite bajo el número **********.

3. Previos los trámites legales correspondientes, el veinticuatro de abril de dos mil trece, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que negó la protección constitucional que solicitó el promovente del amparo.

4. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció, por cuestión de turno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el número **********.

5. En sesión de siete de noviembre de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito resolvió el recurso de revisión, en el que determinó revocar el fallo recurrido.

Al fijar su competencia por materia, el Tribunal Colegiado estableció lo siguiente:

"II. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83, fracción III, 85, fracción I, 86, 88 y 90 de la Ley de Amparo en vigor al momento de presentarse la demanda de garantías y en observancia a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, así como en los preceptos 37, fracción II y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todos en relación con el Acuerdo General número 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, pues se promueve contra la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales el Estado de México (sic), con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto **********. Para la fijación de la competencia de este Tribunal Colegiado cabe acotar que no pasa por inadvertido la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 153/2009 y 2a./J. 111/2005, de rubros: ‘PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’ e ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’ ni del criterio orientador 2a. LVI/2010, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO POR UN JUBILADO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA A UNA PETICIÓN RELACIONADA CON UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO VINCULADO CON SU JUBILACIÓN Y NO CON LO RELATIVO A SU OBTENCIÓN, REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN. SE SURTE A FAVOR DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’; sin embargo, el caso que nos ocupa no encuadra en ninguno de esos supuestos, pues si bien las cuotas de seguridad social son una especie de contribuciones, las cuales están obligados a cubrir los servidores públicos en los términos de la ley en materia de seguridad social; también lo es, que dichas cuotas y aportaciones son eminentemente de naturaleza laboral, en principio, porque derivan de una relación de trabajo y en segundo término, porque se encuentran plasmadas en una disposición directamente contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e inciden en las prestaciones de seguridad social que corresponden a los trabajadores al servicio del Estado de México, en tanto que el Decreto Número 36 de la H. LVIII Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial del Estado libre y soberano de México ‘Gaceta del Gobierno’, de fecha 19 de diciembre de 2012, por el que se reforman, entre otros artículos, el artículo 32 en sus fracciones I, II, 33; 34, fracciones I, II y IV; 84 en su segundo párrafo; 88; 91; 93; en su primer párrafo y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, controvertido regula (sic) entre otras cuestiones, las cuotas obligatorias que deberán enterar los pensionados y pensionistas; sin que obste a lo anterior, que al tratarse de la figura de la pensión, deba de considerarse dentro del género administrativo y a la especie fiscal, pues incluso la pensión atiende a un aspecto social sustentado en el ya citado artículo 123, apartado ‘B’, de la Constitución Federal; de ahí que toda controversia que derive de un acto o trámite administrativo que apunte a trastocar derechos laborales quede enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo, por constituir precisamente su sustento; aunado a que el decreto cuya inconstitucionalidad se reclama es reglamentaria de la norma constitucional de mérito, que consagra esa garantía social, en cuyo campo de protección se encuentran inmersas las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, lo que da la competencia a un tribunal en material laboral. Apoya lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Volúmenes 205-216, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:-‘ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe). Incluso cabe acotar que lo que realmente establece la naturaleza del acto reclamado no es la posición que guardan los sujetos activos frente a la norma, sino la institución jurídica que está en juego; esto es, como ya se dijo y se insiste, las cuotas y aportaciones de seguridad social, las cuales son eminentemente de naturaleza laboral, así como la afectación a la pensión, como aspecto social sustentado en el artículo 123, apartado ‘B’, constitucional. Además, en el caso no se está frente a una indebida cuantificación a cargo del Instituto de Salud, o bien, frente a la concesión negativa, revocación, suspensión, modificación o reducción de una pensión, sino que, en el caso, el acto reclamado, de naturaleza heteroaplicativa constituye el incremento del porcentaje del monto de las cuotas obligatorias que deberán enterar los pensionados, y sobre todo que se encuentran destinados a cubrir a las prestaciones de servicio de salud, aspecto este último que también derivó de las aportaciones que realizó el trabajador durante su vida laboral para conservar un derecho contemplado también en la Constitución que es, el de la salud. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 31/2010, visible en la página novecientos cuarenta y nueve del Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del contenido literal siguiente: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TRABAJADORES EN ACTIVO QUE RECLAMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDEN A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe)."

Por otra parte, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:

"... Ahora bien, en el caso en concreto se advierte que se tilda de inconstitucional el Decreto Número 36 de la H. LVIII Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México ‘Gaceta del Gobierno’, de fecha 19 de diciembre de 2012, por el que se reforman, entre otros artículos, el artículo 32 en sus fracciones I, II, 33; 34, fracciones I, II y IV; 84 en su segundo párrafo; 88; 91; 93; en su primer párrafo y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; cuya exposición de motivos dice: (se transcribe). En ese orden de ideas, es evidente que la modificación en comento en síntesis se justificó por lo siguiente: a) El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, atraviesa por una crisis financiera severa y ha ido mermando su capacidad de ofrecer los servicios que, por ley debe prestar. b) El sistema de seguridad social actual se encuentra en riesgo, debido a que el número de servidores públicos activos crece en un promedio anual del cuatro por ciento mientras que el de pensionados y pensionistas en un ocho por ciento. c) Aproximadamente el cuarenta por ciento del presupuesto del instituto se destina al pago de pensiones, lo que implica que en breve no contará con los fondos suficientes para cubrir sus obligaciones de servicios de salud y el pago de las pensiones, lo anterior con base en los últimos estudios actuariales realizados. d) La iniciativa responde a un grave desequilibrio en el sistema de seguridad social del Estado de México, ya que su déficit se ha vuelto evidente y en el futuro cercano sería por demás difícil asegurar su continuidad. e) El ajuste de las cuotas y aportaciones tendrá efecto directo en el equilibrio financiero del pago de prestaciones de seguridad social. De lo que se advierte que dicha reforma tiene como objeto impulsar mecanismos que permitan elevar la calidad de vida de la población derechohabiente, para impulsar en forma permanente e integral la seguridad social y que el ajuste en las cuotas y aportaciones tendrá un efecto directo en el equilibrio del financiamiento del pago de prestaciones de seguridad social, lo cual beneficiará a los servidores públicos, pensionados y pensionistas, ya que pretende garantizar que en el futuro el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cuente con los recursos necesarios para el otorgamiento de las pensiones a aquellas personas que actualmente presten sus servicios como trabajadores activos, lo anterior en relación a que en los últimos años el número de servidores públicos crece en un promedio anual de cuatro por ciento, de igual forma los cambios de condiciones demográficas, las transiciones epidemiológicos, la evolución de las enfermedades crónico degenerativas, la ampliación de beneficios sin aumento en las cuotas, han provocado que las instituciones que prestan servicios de seguridad social, atraviesan una crisis financiera. La citada exposición de motivos dio lugar a la modificación de los artículos 32, fracción I y 33 de la legislación en cita, para quedar como sigue: (se transcribe). De los preceptos legales transcritos, se advierte que la cuota que deben enterar los servidores públicos para cubrir las prestaciones de servicios de salud es del 4.625%; en tanto que la cuota que deben enterar los pensionados y pensionistas al instituto será del 6%; como se advierte, existe una diferencia de 1.375 puntos porcentuales entre ambos sujetos. Al respecto, cabe destacar, que la norma indica que con tales recursos se cubrirán los servicios de salud de los servidores públicos, tanto de los que están en activo, como de los pensionados; pues es evidente, que estos últimos no dejan de tener derecho a que se les presten esos servicios una vez concluida su vida laboral. Ahora bien, una vez destacado lo anterior, en el caso, es inequitativo que a los trabajadores pensionados se les asigne un porcentaje mayor de aportación para el citado rubro que a los activos. Lo anterior, se afirma, porque del dato de que el número de servidores activos (como se asegura en la exposición de motivos) crezca en un promedio anual del cuatro por ciento, mientras que el de pensionados y pensionistas en un ocho por ciento; esto es, que se pensiona el doble de los trabajadores que ingresan a laborar, no se sigue necesariamente que los trabajadores que se pensionan tengan que aportar en un mayor porcentaje a las cuotas de que se trata, porque no es a partir del momento en que se pensionan en que empiezan a aportar para tal fin, sino que ya lo hicieron durante todo el transcurso de su vida laboral; tan es así, que para obtener dicho beneficio tuvieron que cubrir ciertos requisitos, entre ellos, haber cubierto cierto número de cuotas. En ese sentido, el propio artículo 32 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios antes transcrito dispone que cuando los trabajadores están en activo el 7.50% de las cuotas obligatorias está destinado a cubrir el financiamiento de pensiones. En otras palabras, los trabajadores que se pensionan aportaron durante el tiempo que estuvieron en activo, con base en el porcentaje que en su momento se determinó, porque, se presume, ello obedeció a los cálculos actuariales que se llevaron a cabo para calcular que sus aportaciones fueran suficientes para cubrir su pensión, llegado el momento; por lo que no es dable exigirles que aporten en mayor medida que los trabajadores en activo, al momento en que se pensionan. Además, la medida legislativa adoptada, que se tradujo en la reforma, entre otros, de la porción normativa cuya inconstitucionalidad se impugna, resulta inequitativa por injustificada y desproporcionada, en tanto que además de que no guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, también resulta desacorde a la capacidad de aportar de un servidor público pensionado o pensionista. En efecto, la disposición normativa en estudio es inequitativa, por el simple hecho de que a los trabajadores en activo se les impone una aportación menor que a los que se encuentran pensionados, siendo que estos últimos están en una posición más desfavorable que los que aún se encuentran laborando, pues generalmente el único ingreso que perciben es precisamente esa pensión, y al ser reducida ésta se les coloca en una situación aún más precaria para poder subsistir. Así es, si se parte de la base de que el pensionado generalmente sólo percibe el monto de la pensión que le fue cuantificada, como medio de supervivencia, al verse disminuida con el incremento a las cuotas de salud, es evidente que se le está mermando aún más la posibilidad de tener una vida digna, lo cual se traduce en una desigualdad jurídica que implica una violación a la propia Constitución. Máxime, que un pensionado sólo puede ver incrementado el monto de la pensión que le fue cuantificada, en la misma proporción, en que el Gobierno del Estado, otorgue incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo, según se advierte del contenido del artículo 70 de la ley de referencia. Además, la posibilidad de aumentar sus ingresos con otros empleos se ve restringida y la percepción de una pensión otorgada por el instituto es incompatible con cualquiera otra pensión concedida por el propio instituto y organismos públicos, en términos de esa ley. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que los trabajadores pensionados durante su vida activa ya han aportado sus respectivas cuotas para que a su vejez pudieran llevar una vida digna y decorosa, con su respectivo acceso a una atención de salud. Por todo lo anterior, resulta evidente que los pensionados tienen menores posibilidades de aportar que los trabajadores en activo; es decir, su capacidad contributiva es menor, y no se justifica en la exposición de motivos de la ley combatida, por qué razón los pensionados tienen que aportar en mayor porcentaje que los que están activo. En otras palabras, los trabajadores pensionados no solamente están en una situación distinta respecto de los trabajadores en activo, sino que se encuentran en una más desfavorable, para obtener recursos para vivir; por ello, la inequidad no deriva tan sólo de que a dos sujetos en la misma condición se les impongan diferentes tasas, sino que el sujeto menos favorecido, en este caso son los pensionados, a quienes se les impone una carga mayor, lo cual no logra justificarse en la exposición de motivos de dicha ley. Lo anterior incluso se afirma, porque el hecho de que como se alude en la exposición de motivos referida, los servidores públicos activos crecen en un promedio anual del 4%, mientras que el de pensionados y pensionistas en un 8%; y que, el 40% del presupuesto del instituto se destina al pago de pensiones, no por ese solo hecho, se les puede exigir que aporten un porcentaje mayor al pago de pensiones, de lo que venían contribuyendo, puesto que como ya se expuso, sus percepciones son menores y en ese tenor sus contribuciones deben ser proporcionales y ese aspecto, es precisamente el que no respeta el legislador; es decir, el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. De ahí que, no resulta justificable el hecho de que exista una diferencia de 1.375 puntos porcentuales, entre el 6% que deben aportar los pensionados y el 4.625% asignado a los trabajadores en activo, máxime si se toma en cuenta que parte de esos recursos son para los servicios de salud, destinados a ambos trabajadores, y no sólo a los pensionados. Además, aun cuando de la lectura de la exposición de motivos se menciona que existe un grave déficit en el sistema de pensiones y jubilaciones, y que incluso se encuentra en riesgo la institución para no poder solventar sus obligaciones respecto a los pensionados y pensionistas, tampoco en ella se justifica obligar a éstos a aportar una cuota mayor a la que venían aportando, pues se insiste, no se puede generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situación dispares, pues los pensionados durante su vida activa ya habían aportado y siguieron aportando al ser pensionados, la cuota de seguridad social para el otorgamiento de sus derechos a la salud. En conclusión, aun cuando en la exposición de motivos de la ley que se analiza, se expone que el incremento de las aportaciones resulta del aumento del gasto del pago de pensiones, ello realmente no es un motivo para gravar más a los pensionados, pues para que exista proporcionalidad debe existir una congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos; la cual, se insiste, evidentemente es más precaria en los pensionados que en los activos, y por esa razón, ese gravamen es desproporcional. En ese orden de ideas, como se anticipó, el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, es inconstitucional por contravenir los principios de equidad y proporcionalidad. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades del Estado de México, denominadas: LVIII Legislatura, gobernador, secretario de gobierno, director técnico del Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno del Estado de México’ e Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, los cuales, en el respectivo ámbito de su competencia, se hicieron consistir en la admisión de la iniciativa, elaboración y aprobación del dictamen, discusión y aprobación del dictamen, proyecto y aprobación de la reforma al artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; expedición del Decreto Número 36, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México ‘Gaceta del Gobierno’ número 118 de diecinueve de diciembre de dos mil doce, en el que se reforma el precepto legal citado; el refrendo y la firma del decreto aludido; la publicación del referido decreto; y, su aplicación, para el efecto de que: a) Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de enterar al instituto la cuota obligatoria del 6.0% del monto de su pensión, establecida en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (conforme a su texto vigente a partir del veinte de diciembre de dos mil doce); sin embargo, deberá nivelarse la cuota que debe cubrir, conforme al porcentaje consistente en el 4.625% establecido en la fracción I del artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo por el mismo concepto, esto es, para cubrir las prestaciones de servicios de salud. b) El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios del Gobierno del Estado de México devuelva a la quejosa, en una sola exhibición y en el improrrogable plazo de diez días hábiles, únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375% a partir del treinta de enero de dos mil trece, fecha en la que tuvo lugar el primer acto de aplicación en su perjuicio, así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 18/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 17, que literalmente dispone: ‘EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.’ (se transcribe)".

Amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

1. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformado mediante Decreto 36, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México el diecinueve de diciembre de dos mil doce, en el que se estableció que la cuota obligatoria que deberán enterar los pensionados y pensionistas al instituto, sería del 6% del monto de la pensión que disfrutaran.

2. La demanda de amparo se remitió, por cuestión de turno, al Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien la admitió a trámite bajo el número **********.

3. Previos los trámites legales correspondientes, el once de abril de dos mil trece, el Juez de Distrito dictó sentencia, en la que concedió la protección constitucional en contra del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por considerarlo violatorio del principio de igualdad que tutela el artículo 1o. constitucional, en relación con la cuota que, por el mismo concepto, pagan los servidores públicos en activo.

4. Inconforme con esa determinación, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, del que conoció, por cuestión de turno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número **********.

5. En sesión de cinco de septiembre de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió el recurso de revisión.

Al fijar su competencia por materia, el Tribunal Colegiado estableció lo siguiente:

"PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y puntos primero, fracción II, segundo, fracción II, numeral 1, tercero, fracción II, primer párrafo, y cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de la misma anualidad, vigente a partir del día de su aprobación; ya que se recurre una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este tribunal. Así es, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 37 y 38, regula la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo que los que se encuentran especializados conocerán de los asuntos establecidos en el primero de dichos artículos en la materia de su especialidad. Cabe acotar además, que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En ese contexto, si se toma en consideración que, el aspecto fundamental conforme al cual se determina la competencia material a favor de algún Tribunal Colegiado de Circuito especializado, reside esencialmente en la naturaleza jurídica del acto reclamado, es necesario precisar, en primer término, el acto destacado en el juicio de amparo del que deriva la problemática a resolver. Sobre tales premisas, debe tenerse presente que el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados a las autoridades del Estado de México, denominadas: LVIII Legislatura, gobernador, secretario de gobierno, director técnico del Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno del Estado de México’ e Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, los cuales, en el respectivo ámbito de su competencia, se hicieron consistir en la admisión de la iniciativa, elaboración y aprobación del dictamen, discusión y aprobación del dictamen, proyecto y aprobación de la reforma al artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; expedición del Decreto Número 36, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México ‘Gaceta del Gobierno’ Número 118 de diecinueve de diciembre de dos mil doce, en el que se reforma el precepto legal citado; el refrendo y la firma del decreto aludido; la publicación del referido decreto; y, su aplicación. El precepto legal reclamado (conforme a su texto vigente a partir del veinte de diciembre de dos mil doce), prevé que la cuota obligatoria que deberán enterar los pensionados y pensionistas al instituto será del 6.0% del monto de la pensión que disfruten y se destinará a cubrir las prestaciones de servicios de salud; y, en el caso concreto, de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto que ahora se revisa, se advierte que el quejoso reclamó el multicitado numeral, precisamente, conforme a su texto vigente y como he

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25149-f6531721/competencia-para-conocer-del-recurso-de-revision-interpuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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