COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU ENTERO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DONDE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESTEN SUS SERVICIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 3 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA, ALEJANDRO SOSA ORTIZ, FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, TITO CONTRERAS PASTRANA, FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN, MAURICIO TORRES MARTÍNEZ, ÓSCAR ESPINOSA DURÁN, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JACOB TRONCOSO ÁVILA, OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO, JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, DIÓGENES CRUZ FIGUEROA Y URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. PONENTE: TITO CONTRERAS PASTRANA. SECRETARIO: ALEJANDRO MORENO CAMACHO.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de tres de junio de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis 11/2013; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio sin número, presentado el diez de septiembre de dos mil trece, recibido el once siguiente en la Oficialía de Partes del Pleno del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, el Magistrado presidente Enrique Munguía Padilla, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre ese Colegiado, al resolver los conflictos de competencia ********** y **********, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al fallar los conflictos competenciales ********** y **********.
Al oficio que antecede, el Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito mencionado acompañó copias simples de las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en cita y copias certificadas de los conflictos competenciales del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de que se trata.
SEGUNDO. Admisión y trámite de la denuncia de la contradicción de criterios. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil trece, el presidente del Pleno del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de criterios, formó y registró el expediente con el número de contradicción de tesis número 11/2013 y solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que remitiera copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los conflictos competenciales ********** y **********, además, que también se le solicitó al Primero y al Segundo Tribunales en comento, el envío a la cuenta del correo electrónico la información electrónica que contuviera dichas sentencias, para la integración del expediente e informaran si los criterios sustentados en los asuntos con los que se denunciaba dicha posible contradicción se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados. Finalmente, turnó los autos para su estudio al Magistrado Hugo Guzmán López.
TERCERO. Desahogo de vista. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil trece, el presidente del Pleno del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación tuvo por recibido el archivo electrónico que envió el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de en Materia de Trabajo del Segundo Circuito e informó que el criterio sustentado se encontraba vigente, por lo que se daba cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de presidencia del Pleno citado en el punto que antecede.
En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil trece, se tuvo por recibido el oficio signado por la secretaria de Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el cual remitió copia certificada de las ejecutorias dictadas en los conflictos competenciales ********** y ********** e informó que los criterios sustentados seguían vigentes, por tanto, se tuvo por cumplimentado el proveído de Presidencia del Pleno, de once de septiembre de dos mil trece.
CUARTO. Turno de la posible contradicción. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil trece, el presidente del Pleno del Segundo Circuito estimó, con fundamento en el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, turnar los autos al Magistrado Hugo Guzmán López, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente y, en su momento, dar cuenta al Pleno con el mismo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Segundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de la posible contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la nueva Ley de Amparo y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el transitorio primero del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de este Segundo Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por lo que, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar con carácter de jurisprudencia, se estima conveniente conocer las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
• Consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito:
1) Conflicto de competencia número CC. **********, entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, sesionado el veintiuno de junio de dos mil trece:
"... VI. Este órgano colegiado estima que es competente el Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, para conocer del amparo promovido por **********, en contra de los actos reclamados a la Legislatura del Estado de México; gobernador del Estado de México; secretario general de Gobierno; directora de la Gaceta de Gobierno y director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las siguientes razones: El artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente en la época de presentación de la demanda, establece: (se transcribe). De lo anterior se advierte que conforme a las prescripciones de la Ley de Amparo, la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional se sustancian de la siguiente manera: a) Lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. c) Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. En el caso a estudio, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, estimó que carecía de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de garantías presentada, habida cuenta que el acto reclamado lo constituía la promulgación, expedición, refrendo y publicación de las reformas efectuadas a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (sic), así como su ejecución, traducida en la retención incrementada de las cuotas de seguridad social aportadas al citado instituto, realizada por parte del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ante ello, concluyó que la aplicación de la norma impugnada tuvo materialización en Toluca, Estado de México, pues la autoridad señalada como ejecutora, a quien se le atribuía la retención reclamada, se encontraba ubicada en esta circunscripción territorial. En tanto que el Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, considera que, en el caso, no se dan los supuestos que refirió el juzgador federal declinante; ello, porque considera que en autos existen datos que permiten establecer con claridad cuál es la institución pública que, en términos de los artículos 5 y 35 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, es la obligada a enterar las cuotas y aportaciones retenidas a los trabajadores y que, ante la manifestación bajo protesta de decir verdad de la quejosa, de prestar sus servicios a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México en la Escuela Primaria Centenario de Ecatepec, con residencia en dicho Municipio, así como el señalamiento de la autoridad responsable ejecutora de que la institución en que labora la peticionaria es la competente para efectuar las retenciones reclamadas; por lo que era Juez competente el del lugar donde debía tener ejecución, se tratara de ejecutar o se haya ejecutado el acto reclamado. En este contexto, es necesario determinar si los actos reclamados tienen o no ejecución y, en su caso, el lugar en que ésta se llevó a cabo. Para mayor claridad del asunto, es preciso digitalizar, en la parte que interesa, la demanda de amparo: (se suprime imagen). La quejosa acompañó a su demanda las siguientes documentales: (se suprime imagen). El Instituto de Seguridad Social del Estado de México, a través de su subdirectora de lo Contencioso de la Unidad Jurídica y Consultiva, al rendir su informe justificado, manifestó: (se suprime imagen). El Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, en su artículo 3o., establece que para el despacho de los asuntos de su competencia, la secretaría contará con un secretario de despacho, quien se auxiliará de las unidades administrativas, entre ellas, la Dirección General de Personal. Asimismo, el artículo 31 del reglamento aludido establece que corresponde a la Dirección General de Personal, entre otras cosas: (se transcribe). A su vez, el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el veintinueve de agosto de dos mil once, señala que la Dirección de Remuneraciones al Personal tiene como objetivo: (se transcribe). Dentro de sus funciones, entre otras, se encuentran las siguientes: (se transcribe). Finalmente, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios establece: (se transcribe). Ahora bien, dado el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, en el caso, la quejosa reclama la ley por un acto concreto de aplicación; pues se duele de que los nuevos porcentajes de las cuotas obligatorias cubiertas al ISSEMYM ya les han sido aplicadas a su salario en el periodo del dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil trece. Esto es, en el caso, conforme a lo indicado por la peticionaria, reclama la ley, a través de un acto concreto de aplicación de las reformas a los artículos 32, fracciones I y II, 33, 34, fracciones I, II y IV, 84, párrafo segundo, 88, 91, 93, primer párrafo y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicadas en la Gaceta de Gobierno de diecinueve de diciembre de dos mil doce, al materializarse los descuentos de los nuevos porcentajes de las cuotas obligatorias cubiertas al ISSEMYM, esto es, la impugna a través de su acto de aplicación y no por su solo inicio de vigencia. Conforme a las disposiciones legales antes citadas, se advierte que los descuentos los realiza la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Personal, y que dichas retenciones la dependencia las tiene que enterar al instituto. Luego, si la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de México tiene su residencia en esta ciudad, dato que revela el lugar de ejecución del acto reclamado, entonces, la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra una ley heteroaplicativa se surte a favor del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó los descuentos, no obstante de que no haya sido señalada como responsable. Se realiza esta última afirmación, porque, en el caso, si bien de la demanda de garantías no se advierte que la peticionaria señale como ejecutora a la Secretaría de Finanzas; sin embargo, ello no es obstáculo para determinar, en el caso, la competencia por territorio para conocer de la demanda de amparo indirecto, pues ni el artículo 36 de la Ley de Amparo, ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis V.2o.P.A.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, página dos mil cincuenta y cuatro, que dice: ‘COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE.’ (se transcribe). Además, en el caso, el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como se advierte de su informe justificado, implícitamente negó el acto reclamado y esta negativa, al no encontrarse desvirtuada, en el estado procesal en que se encuentran los autos, corrobora que dicha autoridad no puede tener el carácter de ejecutora, como lo estima la quejosa en su demanda de garantías. Por tanto, si de los actos reclamados se advierte que éstos, dada su naturaleza, tienen ejecución en la capital del Estado de México, esto es, en la ciudad de Toluca, pues las deducciones en cuestión las realizó la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Personal, el presente caso se ubica en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, como lo estimó el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, porque la mencionada institución se encuentra ubicada en la misma circunscripción territorial que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. En la especie, es inaplicable la tesis de rubro: ‘LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.’, en que se apoyó el Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para no aceptar la competencia declinada; pues contrario a lo que aduce el Juez, la quejosa no reclamó la ley por su sola entrada en vigor, esto es, como autoaplicativa, sino que, por el contrario, de la demanda de garantías se desprende que la peticionaria manifiesta que los nuevos porcentajes de las cuotas obligatorias cubiertas al ISSEMYM, que refiere en su demanda, ya le han sido aplicadas a su salario, en el periodo que señala, de lo cual se deriva que reclama la ley por un acto concreto de aplicación. En mérito a todo lo anterior, se declara competente para conocer y resolver el juicio laboral promovido por **********, en contra de los actos reclamados a la Legislatura del Estado de México; gobernador del Estado de México; secretario general de Gobierno; directora de la Gaceta de Gobierno y director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. ..."
2) Conflicto competencial número **********, entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, sesionado el uno de julio de dos mil trece:
"QUINTO. Este órgano colegiado estima que es competente el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para conocer del amparo promovido por **********, contra los actos reclamados al gobernador del Estado de México; secretario general de Gobierno; directora de la Gaceta de Gobierno y director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las siguientes razones: El artículo 36 de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). De lo anterior se advierte que, conforme a las prescripciones de la Ley de Amparo, la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional se sustancian de la siguiente manera: a) Lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. c) Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. En el caso a estudio, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, estimó que carecía de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de garantías presentada, porque el acto reclamado lo constituía la promulgación, expedición, refrendo y publicación de las reformas efectuadas a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (sic), así como su ejecución, traducida en la retención que se le efectuaba de las cuotas aportadas al citado instituto, realizada por parte del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, ante ello, precisó que, atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advertía que el acto reclamado, consistente en la retención de las cuotas aportadas al citado instituto, concluyó que la aplicación de la norma impugnada tuvo materialización en Toluca, Estado de México, pues la autoridad señalada como ejecutora, a quien se le atribuía la retención reclamada, se encontraba ubicada en esta circunscripción territorial y, por tanto, ése era el hecho generador; además, puntualizó que las restantes autoridades señaladas como responsables tienen su residencia fuera de la demarcación territorial de la jurisdicción del propio juzgado. En tanto que el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, consideró que es incompetente, en atención a que en el escrito aclaratorio de demanda, la quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, que el lugar de su adscripción es la escuela primaria **********, ubicada en **********, sin número, colonia **********, en el Municipio de Ecatepec, Estado de México, y que, en ese sentido, el acto reclamado, esto es, los descuentos que se le realizarán a la quejosa para cubrir las cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (sic), tendrá lugar ante las autoridades con residencia en la jurisdicción donde se ubica el domicilio laboral, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Puntualizó que la impetrante se duele de un decreto de naturaleza autoaplicativa, pues del análisis íntegro de la demanda no se advierte algún hecho al que se le atribuya el primer acto de aplicación, por ello, estimó que el Juez competente sería el que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se va a llevar a cabo el acto de aplicación de la ley reclamada. Precisó que la reforma reclamada no sólo tiene que ver con cuestiones del incremento de cuotas de seguridad social y su retención, sino también con el aumento de los años de servicio. En este contexto, es necesario determinar si los actos reclamados tienen o no ejecución y, en su caso, el lugar en que ésta se llevó a cabo. Para mayor claridad del asunto, es preciso digitalizar, en la parte que interesa, la demanda de amparo: (se suprime imagen). El Instituto de Seguridad Social del Estado de México, a través de su subdirectora de lo Contencioso de la Unidad Jurídica y Consultiva, al rendir su informe justificado, manifestó: (se suprime imagen). El Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, en su artículo 3o., establece que para el despacho de los asuntos de su competencia, la secretaría contará con un secretario de despacho, quien se auxiliará de las unidades administrativas, entre ellas, la Dirección General de Personal. Asimismo, el artículo 31 del reglamento aludido establece que corresponde a la Dirección General de Personal, entre otras cosas: (se transcribe). A su vez, el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el veintinueve de agosto de dos mil once, señala que la Dirección de Remuneraciones al Personal tiene como objetivo: (se transcribe). Dentro de sus funciones, entre otras, se encuentran las siguientes: (se transcribe). Finalmente, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios establece: (se transcribe). Ahora bien, dado el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, en el caso, la quejosa reclama la ley por un acto concreto de aplicación, pues se duele de que los nuevos porcentajes de las cuotas obligatorias cubiertas al ISSEMYM ya les han sido aplicadas a su salario en el periodo del dieciséis al treinta y uno de enero del año dos mil trece. Esto es, en el caso, conforme a lo indicado por la impugnante, reclama la ley, a través de un acto concreto de aplicación de las reformas a los artículos 32, fracciones I y II, 33, 34, fracciones I, II y IV, 84, párrafo segundo, 88, 91, 93, primer párrafo; 100 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (sic), publicadas en la Gaceta de Gobierno de diecinueve de diciembre de dos mil doce, al materializarse los descuentos de los nuevos porcentajes de las cuotas obligatorias cubiertas al ISSEMYM ya habían sido aplicadas a su salario, en el periodo del dieciséis al treinta y uno de enero del presente año a sus salarios, esto es, la impugna a través de su acto de aplicación y no por su solo inicio de vigencia, como lo consideró el Juez. Conforme a las disposiciones legales antes citadas, se advierte que los descuentos los realiza la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Personal, y que dichas retenciones la dependencia las tiene que enterar al instituto. Luego, si la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de México tiene su residencia en esta ciudad, dato que revela el lugar de ejecución del acto reclamado, entonces, la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra una ley heteroaplicativa se surte a favor del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción de residencia de la autoridad que aplicó los descuentos, no obstante de que no haya sido señalada como responsable. Se realiza esta última afirmación, porque, en el caso, si bien de la demanda de garantías no se advierte que la quejosa señale como ejecutora a la Secretaría de Finanzas; sin embargo, ello no es obstáculo para determinar, en el caso, la competencia por territorio para conocer de la demanda de amparo indirecto, pues ni el artículo 36 de la Ley de Amparo, ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página dos mil cincuenta y cuatro del Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE.’ (se transcribe). Además, en el caso, el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como se advierte de su informe justificado, implícitamente, negó el acto reclamado y esta negativa, al no encontrarse desvirtuada, en el estado procesal en que se encuentran los autos, corrobora que dicha autoridad no puede tener el carácter de ejecutora, como lo estima la quejosa en su demanda de garantías. Por tanto, si los actos reclamados, se advierte que éstos, dada su naturaleza, tienen ejecución en la capital del Estado de México, esto es, en la ciudad de Toluca, pues las deducciones en cuestión se las realizó la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de Personal, por lo que el presente caso se ubica en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, como lo estimó el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, porque la mencionada institución se encuentra ubicada en la misma circunscripción territorial que el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. En la especie, es inaplicable la tesis de rubro: ‘LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.’, en que se apoyó el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para no aceptar la competencia declinada; pues contrario a lo que aduce el Juez, el quejoso no reclamó la ley por su sola entrada en vigor, esto es, como autoaplicativa, sino que por el contrario, de la demanda de garantías se desprende que el peticionario manifiesta que los nuevos porcentajes de las cuotas obligatorias cubiertas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que refiere en su demanda, ya le han sido aplicadas a su salario, en los periodos que señala, de lo cual se deriva que reclama la ley por un acto concreto de aplicación. En ese contexto, tampoco son aplicables los criterios que citó el Juez citado, de rubros: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.’ y ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.’; pues, en el caso, la naturaleza del acto no conlleva a la retención de un impuesto de naturaleza fiscal, sino se trata de retención de cuotas ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de la relación de trabajo. En consecuencia, como ya se dijo, debe declararse que es competente únicamente respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente, al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. ..."
• Consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito:
1) Conflicto competencial en materia de trabajo CCT. **********, suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, sesionado el veintiuno de junio de dos mil trece:
"TERCERO. Este órgano jurisdiccional determina que el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** y resolver lo conducente es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por las siguientes razones: En principio, es menester señalar que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: (se transcribe). De este precepto constitucional y del reglamentario 36 de la Ley de Amparo surge el parámetro sustancial en orden a la ejecución del acto reclamado regulatorio de la competencia por territorio entre Jueces de Distrito. Al mismo tiempo, las cuestiones competenciales se dirimen, sea atendiendo a las manifestaciones contenidas en el e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25231-5e71b625/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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