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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PUBLICADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, TRADUCIDO EN EL AUMENTO DE LAS CUOTAS OBLIGATORIAS, CUANDO NO EXISTE PRUEBA DEL LUGAR DONDE HABRÁN DE LLEVARSE A CABO LAS RETENCIONES O DESCUENTOS, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2013. · Registro digital (IUS): 25119
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-07-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 437.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS GUZMÁN BARRERA (PRESIDENTE), ALEJANDRO SOSA ORTIZ, FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, TITO CONTRERAS PASTRANA, FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN (PONENTE), MAURICIO TORRES MARTÍNEZ, ÓSCAR ESPINOSA DURÁN, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JACOB TRONCOSO ÁVILA, OLGA MARÍA JOSEFINA OJEDA ARELLANO, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, DIÓGENES CRUZ FIGUEROA Y URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, CON EL VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, AL QUE SE UNE EL MAGISTRADO FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA Y CONTRA EL VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. PONENTE: FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN. SECRETARIA: CLAUDIA MONTAÑA MENDOZA.

Toluca, Estado de México. Sentencia del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente al cuatro de marzo de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia. Mediante oficio **********, recibido el veintinueve de mayo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********; y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito, al resolver el conflicto competencial **********.

SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de junio de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, la registró con el número 259/2013, y requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunciaba la contradicción se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado. Se turnó el asunto al señor Ministro José Fernando Franco González Salas, por corresponderle, según el turno virtual llevado en la Secretaría General de Acuerdos; se enviaron los autos a la Sala de su adscripción, a fin de que su presidente dictara el acuerdo de radicación, tomando en cuenta que en autos obraba copia certificada de las sentencias materia de la contradicción.

En auto de diez de junio de dos mil trece, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó al conocimiento del asunto, ordenó el registro correspondiente, y determinó que en su oportunidad se remitiera a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por oficio **********, de diecisiete de junio de dos mil trece, la secretaria de tesis adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, informó a la Subsecretaría General de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el criterio sustentado en el conflicto competencial ********** de su índice, se encontraba vigente.

Mediante dictamen de veinticuatro de junio de dos mil trece, dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro ponente José Fernando Franco González Salas manifestó que vista la entrada en vigor del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, conforme al cual éstos se encontraban facultados para conocer de la contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito; entonces, lo procedente era remitir el asunto al Pleno del Segundo Circuito para su resolución.

En acuerdo de uno de julio de dos mil trece, el presidente de la Segunda Sala expresó la carencia de competencia para conocer de la denuncia de contradicción de tesis; y ordenó la remisión del expediente al Pleno del Segundo Circuito.

En auto de doce del mismo mes y año, el presidente del Pleno del Segundo Circuito se avocó al conocimiento de la denuncia de contradicción de tesis; ordenó su registro con el número 6/2013; la admitió a trámite, y la turnó al Magistrado José Martínez Guzmán.

El veintisiete de agosto de dos mil trece, se aclaró que el número correcto de la presente denuncia de contradicción de tesis, era 7/2013; y se solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, informara si el criterio sustentado en el conflicto competencial ********** de su índice, se encontraba vigente, quien por oficio 5326, de seis de septiembre siguiente, informó que sí, lo que fue acordado en el sentido de agregarse; ello, el nueve del propio mes y año.

Asimismo, en auto de siete de febrero de dos mil catorce, el asunto fue returnado al Magistrado Fernando Sánchez Calderón, por haber sucedido en la presidencia al diverso Magistrado José Martínez Guzmán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Segundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos 1, 17, fracción III y el anexo del Acuerdo General Número 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito, pertenecientes al Segundo Circuito, denunciada por un Juez de Distrito, con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México.

Siendo pertinente destacar que, si bien los mencionados numerales de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo establecen como presupuesto para la procedencia de las contradicciones de tesis, competencia de los Plenos de Circuito, que dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten "tesis contradictorias"; lo cierto es, que ello debe entenderse en un sentido amplio, es decir, como "criterios contradictorios", aun cuando, como en el caso, la contradicción de referencia no se encuentre plasmada en dos tesis, sino en dos resoluciones, a saber: las emitidas en los conflictos competenciales objeto de la presente ejecutoria.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, materia común, página 93, que versa:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito cuyas resoluciones de incompetencia dieron origen a los conflictos competenciales ********** y **********, del índice del Segundo y Primer Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, respectivamente, en los que aparentemente existe contradicción de criterios.

TERCERO. Resolución emitida en el conflicto competencial **********. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias, para ello, se transcriben, en lo conducente:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el veintiséis de abril de dos mil trece, el conflicto competencial **********, sostuvo:

"SEGUNDO. Con el propósito de determinar cuál de los Juzgados de Distrito en conflicto resulta competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por **********, quien reclamó de inconstitucional la reforma de los artículos 32, en sus fracciones I y II, 33, 34, fracciones I, II y IV, 84, en su segundo párrafo, 88, 91, 93, en su primer párrafo y 100 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (sic), publicada en la Gaceta del Gobierno el diecinueve de diciembre de dos mil doce, y como primer acto de aplicación, la retención de las cuotas aportadas a dicho instituto. Se estima necesario precisar las consideraciones que cada uno expuso para sustentar su postura, y que se hicieron consistir en lo siguiente: El secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en funciones de Juez de Distrito, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil trece (fojas 26 a la 29 del juicio del amparo), en esencia, señaló que toda vez que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclamaba, de las autoridades responsables, la promulgación, expedición, refrendo y publicación de las reformas efectuadas a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (sic), así como su ejecución, traducida en la retención incrementada que se le efectúa de las cuotas de seguridad social aportadas al citado instituto, realizada por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y, por ello, en términos de lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, era competente un Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al actualizarse la regla inserta en el primer párrafo de dicho numeral, que prevé que es competente el Juez de Distrito del lugar donde se haya efectuado el acto reclamado, porque la retención incrementada que se le efectúa a la quejosa de las cuotas de seguridad social aportadas al citado instituto, realizada por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, se concluía que la aplicación de la norma impugnada tuvo materialización en Toluca, Estado de México, pues las autoridades señaladas como ejecutoras (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México) y a quienes se les atribuye la retención reclamada se encuentran ubicadas en tal lugar y, por tanto, es éste el hecho generador, por lo que debía considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tuvo lugar la ejecución del acto reclamado, siendo éste el lugar donde se encuentra ubicada la autoridad ejecutora. 2. El Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en auto de uno de marzo de dos mil trece (fojas 31 a la 34), no aceptó la competencia declinada a su favor, pues con fundamento en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo (sic), pues hasta ese momento y atendiendo a lo oscuro e impreciso del escrito de demanda, estimaba ser legalmente incompetente para conocer de la demanda, lo anterior era así, ya que de la lectura íntegra de la demanda, y de las constancias que se acompañaban a la misma no se advertía el área o la agencia del Ministerio Público donde prestaba sus servicios la quejosa, ni la circunscripción territorial en donde se ubica su lugar de trabajo, pues únicamente refería que trabaja en la **********, desde el nueve de diciembre de dos mil doce y en los recibos de pago únicamente se podía advertir la leyenda **********, por lo que la promovente no era clara en especificar el lugar donde se ubica la dependencia donde prestaba sus servicios dentro de la **********, pues, si bien era cierto, que ello lo manifestó bajo protesta de decir «verdad», lo que corroboraba con las constancias que adjuntaba a la demanda de amparo y que dicha autoridad residiera en esta ciudad, pero no era determinante para que ese Juzgado de Distrito fuera legalmente competente para resolver del juicio el amparo intentado (sic), pues dicha dependencia tenía ámbito de actuaciones legal en todo el Estado de México y, por esto, un gran número de dependencias en el mismo, no exclusivamente en Toluca, por lo que la competencia no necesariamente recae en un Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en esta localidad; y, en consecuencia, en el momento el acto reclamado, tendrá lugar ante las autoridades con residencia en la jurisdicción donde se ubica el domicilio laboral, el cual es incierto, dado que de la demanda, así como de las constancias adjuntadas no se advierte, ni presuntivamente, dónde se ubica el mismo, además de que la impetrante de garantías promovía amparo indirecto contra un decreto de naturaleza heteroaplicativa; esto es, a partir de su primer acto de aplicación, por lo que en estos casos era Juez competente el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se va a llevar a cabo el acto de aplicación de la ley reclamada, hecho que materializará la impetrante de garantías o, en su caso, la autoridad competente en acatamiento a esas disposiciones, para ello, debería partirse de la precisión relativa al lugar en que, conforme a la ley administrativa, se requerirá con motivo del cumplimiento de tales disposiciones a los gobernados, en su defecto, el lugar en donde se aplicarán las medidas precautorias o sanciones que puedan imponerse con motivo de la aludida aplicación, de ahí que, considerara que la competencia para conocer del juicio era el Juez de Distrito que previno, es decir, el que recibido (sic) primero la demanda; y que lo pone en aptitud de efectuar actos procesales tendientes a sustanciar el juicio. Sobre tales bases, a efecto de verificar a cuál de los Juzgados de Distrito corresponde conocer del juicio de amparo en comento, se estima pertinente destacar que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre; al respecto, el artículo 36 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: (se transcribe). El examen del principio general contenido en ese precepto legal revela las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el juicio de amparo contra los actos de autoridad referidos en ese precepto se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución del acto motivo del reclamo de la protección de la Justicia Federal, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías, no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, en el sentido de que una ley federal autoaplicativa constituye un acto en sentido amplio que sí amerita ejecución material en los lugares o sitios en los que los gobernados deban dar cumplimiento a las obligaciones que imponga; la jurisprudencia de la que se ha dado noticia es la número 2a./J. 11, y aparece publicada en la página 193 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que es del rubro siguiente: ‘LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.’. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, en el sentido de que, si se reclama una ley en la que se imponga un impuesto, con motivo de su acto de aplicación, es decir, como ley heteroaplicativa, consistente en la retención de éste, por la disposición de saldos por el quejoso, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica; dicha jurisprudencia se identifica con el número 2a./J. 175/2009, recaída a la contradicción de tesis **********, y aparece publicada en la página 426 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, correspondiente a noviembre de dos mil nueve, con el rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.’. Los citados criterios resultan aplicables cuando se impugnen normas con motivo de su sola vigencia, puesto que desde que entraron en vigor obligan al gobernado a acatar sus disposiciones, o cuando se controviertan por virtud de su primer acto de aplicación, porque ambos casos se ubican en la misma regla competencial fijada en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a saber, la relativa a los actos reclamados que requieren ejecución material y, concretamente, dentro de la primera hipótesis de competencia, consistente en que conocerá del asunto relativo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que fue reclamado en la demanda de garantías, por ende, para determinar el lugar en que los gobernados cumplirán con las obligaciones derivadas de las contribuciones impuestas por el legislador, con independencia de que la ley sea autoaplicativa o heteroaplicativa, no puede atenderse primordialmente al lugar donde realizaron el primer acto de aplicación de la ley a través del domicilio, en este caso, de la dependencia que retuvo el tributo, menos en el que el quejoso precise para cumplir con sus disposiciones relativas, ni al domicilio del tercero que actúe en auxilio de la autoridad fiscal, sino partiendo del lugar en donde legalmente tengan el deber de acatarla. Por tanto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra una ley, con motivo de su aplicación, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución en este caso el acto de retención, a saber, el domicilio fiscal del contribuyente y/o de la fuente de trabajo, pues ahí es donde éste se encuentra obligado al cumplimiento de sus obligaciones, y en el cual se vincula a la autoridad competente de dicho domicilio al acto. Establecido lo anterior, conviene precisar que en el expediente de amparo, obran las constancias que enseguida se mencionan: 1) Impresión del ‘COMPROBANTE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES’ del recibo de pago correspondiente al periodo del ‘16-31 de enero de 2013’, a nombre de la quejosa ********** (foja 23), cuya imagen enseguida se reproduce: (se escanea). 2) Impresión del ‘COMPROBANTE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES’ del recibo de pago correspondiente al periodo del ‘01-15 de enero de 2013’, a nombre de la quejosa ********** (foja 24), con el contenido siguiente: (se escanea)-3) Impresión del ‘COMPROBANTE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES’ del recibo de pago correspondiente al periodo del ‘16-31 de diciembre de 2012’, a nombre de la quejosa ********** (foja 25), cuyo contenido es el que a continuación se reproduce: (se escanea). Luego, es evidente que, contrario a lo que sostienen los Jueces de Distrito contendientes, de las constancias antes precitadas, no se desprende el lugar en el que se haya materializado la ley señalada de inconstitucional, es decir, el domicilio laboral de la quejosa, en el cual se le realizaron los descuentos para cubrir las cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Servicios Públicos del Estado de México y Municipios (sic), pues ni de la impresión de los comprobantes de percepciones y deducciones se advierte la ubicación del domicilio laboral de la quejosa, dado que es el patrón de ésta, quien actúa como retenedor de los descuentos que se le realizan para cubrir las cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Consecuentemente, bajo la premisa de que el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de los Jueces de Distrito, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es evidente que el Juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda, es quien debe continuar conociendo de ella, porque cuando haya duda respecto de la competencia del Juez que debe avocarse al conocimiento del asunto y atendiendo a los principios generales de derecho, deben devolverse los autos al Juez que previno, pues la expresión ‘a prevención’, se da en función del conocimiento anticipado del asunto, es decir, el Juez ante el cual inicialmente se presentó la demanda. Tiene aplicación, en lo conducente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, consultable en la página 577, Tomo VIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: ‘COMPETENCIA DUDOSA.’ (se transcribe). En las relacionadas condiciones, como en los autos del sumario de amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito no advierte elementos suficientes para determinar el domicilio laboral de la quejosa y, por ende, del patrón de ésta, quien actúa como retenedor de los descuentos que se le realizan para cubrir las cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, procede a devolver los autos del expediente de amparo indirecto número **********, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien fue el que previno. La anterior determinación es sin perjuicio de que con posterioridad el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con base en las constancias de autos, como lo son los respectivos informes de las autoridades y las pruebas que aporten las partes al juicio, determine que carece de competencia para conocer del presente asunto."

CUARTO. Resolución emitida en el conflicto competencial **********. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, el ocho de mayo de dos mil trece, sostuvo, en lo medular, lo siguiente:

"SEXTO. Este órgano colegiado estima que es competente el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, para conocer del amparo promovido por **********, en contra de los actos reclamados a la Legislatura del Estado de México; gobernador del Estado de México; secretario general de Gobierno; directora de la Gaceta de Gobierno y director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las siguientes razones: El artículo 36 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). De lo anterior se advierte que, conforme a las prescripciones de la Ley de Amparo, la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, se sustancian de la siguiente manera: a) Lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. c) Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. En el caso a estudio, el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en funciones de Juez de Distrito, estimó que carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de garantías presentada, habida cuenta que el acto reclamado lo constituía la promulgación, publicación, expedición, refrendo y entrada en vigor de las reformas efectuadas a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (sic), así como su ejecución, traducida en la retención incrementada que se le efectuaba de las cuotas de seguridad social aportadas al citado instituto, realizada por parte del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (sic), ante ello, concluyó que la aplicación de la norma impugnada tuvo materialización en Toluca, Estado de México, pues la autoridad señalada como ejecutora, a quien se le atribuía la retención reclamada se encontraba ubicada en esta circunscripción territorial. En tanto que el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, considera que, con fundamento en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de garantías, en atención a que de las constancias que acompañó la quejosa a su escrito inicial de demanda, se advierte que su lugar de adscripción es el **********, No. **********, turno **********, con CCT. **********, de la zona escolar **********, de la localidad de Valle de **********, Municipio de Ecatepec, perteneciente al Departamento Regional de Educación Básica de **********; en consecuencia, es inconcuso que las consecuencias del decreto señalado de inconstitucional, se materializarán en una jurisdicción que no es la de ese órgano de control constitucional, pues los descuentos que se le realizaran a la quejosa, para cubrir las cuotas al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como las cuotas que en su momento deberán enterar como pensionada o pensionista, se descontarán en el lugar de trabajo. En este contexto, es necesario determinar, si los actos reclamados tienen o no ejecución y, en su caso, el lugar en que ésta se llevó a cabo. Para mayor claridad del asunto, es preciso digitalizar, en la parte que interesa, la demanda de amparo (se digitaliza). Ahora bien, de lo anterior se tiene que, existe noticia de la demanda de amparo de que quien practicó las deducciones al quejoso, fue el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quien tiene su residencia en esta ciudad, dato único que hasta el momento revela el lugar de ejecución del acto reclamado. Cabe acotar que, al margen de que lo esgrimido en la demanda pudiera resultar cierto o no, lo determinante es que para establecer la competencia, debe estarse a lo conten

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25119-fe4d639b/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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