ADULTOS MAYORES. SI SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO FUE PROMOVIDO POR UN FAMILIAR DE LA VÍCTIMA DEL DELITO CONTRA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, QUIEN PRESENTA DISCAPACIDAD MÚLTIPLE DEBIDO A LAS LIMITACIONES PROPIAS DE SU EDAD AVANZADA Y, POR TANTO, DE VULNERABILIDAD, AL EQUIPARARSE ÉSTE, A UN TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, PROCEDE CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REPONGA EL PROCEDIMIENTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DÉ INTERVENCIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE IMPLEMENTE LOS MECANISMOS IDÓNEOS PARA GARANTIZAR, PROTEGER Y REPARAR SUS DERECHOS A LA SALUD Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, DESIGNÁNDOLE UN ASISTENTE LEGAL ESPECIAL QUE LO REPRESENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 69/2015. 15 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAYRA GONZÁLEZ SOLÍS. SECRETARIA: GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Determinación tomada por este tribunal. En la especie, en el recurso de revisión que aquí se resuelve, se observa que la recurrente **********, se inconforma del sobreseimiento decretado en el juicio constitucional, bajo el argumento de que no se atendió a la vulneración de derechos humanos (salud y acceso a la justicia) que hizo valer a favor de su padre **********, en la demanda de amparo.
Ahora, dicha recurrente efectivamente resulta ser la promovente del juicio constitucional, al igual que su hermana **********; sin embargo, no obstante que las citadas quejosas acudieron por propio derecho a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos destacados en el parágrafo precedente, representan el interés de don **********, quien es un adulto mayor de casi ********** años (según copia del acta de nacimiento visible a fojas -11- del anexo del cuaderno de amparo) el cual, conforme a las constancias médicas recabadas en autos, tiene limitaciones auditivas, visuales y motrices.
De modo tal que este Tribunal Colegiado estima que se está en un caso específico de vulnerabilidad en varios sentidos, pues si bien la condición de adulto mayor, por sí misma, no es una condición de discapacidad, sino sólo cuando se presenta una diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, o una multiplicidad de ellas, como en el caso, en el que además de que el señor ********** tiene casi ********** años de edad, como se adelantó de los informes médicos recabados por el Juez de Distrito, se colige que dicha persona presenta discapacidad múltiple debido a sus limitaciones auditivas y visuales propias de su edad avanzada, así como motriz, ya que no puede valerse por sí misma para cubrir sus necesidades básicas y elementales de subsistencia y que presenta a simple vista laceraciones en sus brazos, frente y extremidades.
En consecuencia, cuando en un caso como en el presente, en el que se ventilen derechos de un incapaz, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, puntualizó que en ese tipo de asuntos, al igual que en aquellos en que se está en riesgo el interés de un menor de edad, deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de garantías o el recurso de revisión, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, porque la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapacitados.
En esa propia ejecutoria también se hace hincapié en que, atento a los criterios que ahí se invocan, se advierte que no hay límites que se impongan a los tribunales del Poder Judicial de la Federación cuando se controviertan derechos de familia y, en especial, derechos de menores de edad o de incapacitados, sin que interese al efecto la naturaleza de los derechos en controversia, ni el carácter de quien promueva el juicio de amparo o el recurso de revisión, pues el Poder Judicial Federal ha sido investido de facultades amplísimas para intervenir oficiosamente en esta clase de juicios, al grado de que pueden hacer valer los conceptos o razonamientos que en su opinión conduzcan a la verdad y a lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.
Igualmente que no es determinante la materia que envuelve el problema en el caso, sino lo que lo hace, es el interés o bienestar del menor o del incapaz; que la intervención oficiosa de los Jueces Federales en los juicios de amparo promovidos contra actos que afectan los derechos de menores e incapacitados se encuentra plenamente establecida en la ley, pero también dicho deber alcanza a cualquier autoridad jurisdiccional.
En resumen, en esa ejecutoria se destacó que cuando estén en riesgo de afectarse derechos de menores de edad o de incapaces:
• Procede la suplencia de la queja a pesar de la inoperancia de los conceptos de violación o de los agravios que adviertan los Jueces Federales, ya sea en primera o en segunda instancia.
• La suplencia de la queja deficiente no está limitada a los derechos de familia, sino que debe aplicarse en todos los asuntos en que sean parte menores de edad o incapaces, con independencia de los derechos que se cuestionen, así como en aquellos casos en que no siendo partes se ventilen asuntos como los relativos a la patria potestad y a la guarda y custodia en los que la decisión que se tome necesariamente afectará a los menores.
• El Poder Judicial Federal está investido de amplias facultades para hacer valer los conceptos o razones que en su opinión conduzcan a la verdad y, por ende, al bienestar de los menores de edad o incapaces.
• La obligación de suplir la queja deficiente está dirigida a todas las autoridades jurisdiccionales que conozcan del problema en el juicio ordinario y en los recursos procedentes.
• Opera la suplencia de la queja, por ser de importancia y trascendencia sociales dichas controversias, es decir, por ser de interés de la sociedad y del Estado proteger los derechos de los menores de edad y de los incapaces.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 191/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, que dispone:
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.-La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."
En esa tesitura, considerando todo lo anterior, válidamente puede colegirse que la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, sino que debe ser total en el ámbito del juicio de amparo. Esto es, el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo.
Así, retomando el caso en estudio en el que se plantea transgresión de derechos humanos de un adulto mayor que tiene casi ********** años de edad y que conforme a las constancias médicas recabadas por el Juez de Distrito, presenta discapacidad múltiple a consecuencia de sus limitaciones auditivas y visuales, propias de su edad avanzada, así como motrices, ya que no puede valerse por sí mismo para cubrir sus necesidades básicas y elementales de subsistencia y presenta, a simple vista, laceraciones en sus brazos, frente y extremidades, válidamente se puede concluir que opera a favor del señor **********, la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en toda su amplitud, atento a las consideraciones antes reseñadas.
Una vez fijado lo anterior, veamos qué actos se reclaman en la demanda de amparo indirecto y qué se resolvió en la sentencia recurrida.
Así, tenemos que las quejosas en la demanda de amparo señalan como actos destacados la determinación del no ejercicio de la acción penal emitida en la averiguación previa **********, y la omisión de desahogar pruebas en dicha indagatoria.
Empero, del análisis contextual a dicha demanda, se observa que igualmente reclaman violación directa a los artículos 4o. y 17 de la Carta Magna, que tutelan los derechos a la salud y de acceso a la justicia de un adulto mayor.
Ahora, en la determinación impugnada se determinó sobreseer en el juicio, al estimarse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que no se agotó, previo a promover el juicio de amparo, el recurso de queja contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, por virtud del cual podía ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación.
Sin embargo, en el caso, al no haberse considerado que el señor **********, no fue llamado a juicio, ni representado en la averiguación previa de la que derivan los actos reclamados, es evidente que tampoco pudo impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal; por tanto, al verse afectados los derechos de una persona tercera extraña al procedimiento por equiparación, se está en un caso de excepción al principio de definitividad y, en ese sentido, lo que se impone es levantar el sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada; ya que don **********, no estuvo en aptitud de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley adjetiva penal del Estado de Veracruz, para impugnar el acto reclamado, antes de acudir al amparo.
SEXTO.-A fin de entrar en materia de los actos reclamados, cabe reiterar que como en el asunto a estudio se trata de un caso específico de vulnerabilidad en varios sentidos de un adulto mayor, es necesario atender a las normatividades tanto nacionales como internacionales que regulan los derechos humanos de personas con esas condiciones; al igual que a los datos objetivos que informan el sumario.
Así, es oportuno destacar en primer lugar el contenido del artículo 1o. de la Constitución Federal, reformado el diez de junio de dos mil once, por cuanto señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que se deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Lo anterior constituye un mandato de optimización, es decir, que las autoridades deben procurar su realización en la mayor medida posible, para garantizar, en el ámbito de sus competencias, la aplicación y respeto de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Es conveniente acotar que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos establecen dos clases de deberes: de respeto y de garantía. El primero es un límite y restricción al ejercicio de la función pública, puede ser positivo o negativo, e implica abstenerse de cometer, apoyar o tolerar actos que violen o amenacen los derechos humanos. La segunda implica crear condiciones institucionales y organizativas de todas las estructuras del poder público para que sean capaces de asegurar el goce y ejercicio de derechos y libertades, ésta no se agota con la mera existencia de un orden normativo, sino que exige una conducta gubernamental que asegure efectivamente el disfrute de esos derechos (lo anterior se advierte en los comentarios de Liborio Hierro Fontamara, página 2004).
En ese sentido, este deber exige prevenir, razonablemente, las posibles violaciones de derechos, investigarlas seriamente, sancionar al culpable y reparar a la víctima; el deber de garantía vincula al Estado aun cuando el hecho violatorio de derechos no le resulte directamente imputable; sin embargo, ello no implica que se asuma una responsabilidad individual por hechos concretos, sino por la incapacidad de organizar las fuerzas y estructuras del Estado para evitar que se produzcan las conductas violatorias.
Por otra parte, también es menester traer a cuenta el contenido del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto estatuye que toda persona tiene derecho a la salud; de modo tal que el Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado.
Así, la Observación General Número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él.
Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles; también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo, las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas.
En otro aspecto, también es importante resaltar el contenido del artículo 17 del Pacto Federal, por cuanto regula que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como que su servicio será gratuito.
A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia Convención.
Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.
En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia.
Como corolario, es oportuno mencionar que el artículo 13, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(1) dispone que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas.
Todo lo anterior motiva a este tribunal a llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de sujetos en situaciones de vulnerabilidad, de que tenga conocimiento en la resolución de asuntos.
Al respecto, cobra especial relevancia lo que señala el artículo 2, numeral 6, de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad,(2) en cuanto a que considera al envejecimiento como causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.
Asimismo, lo dispuesto en su artículo 5, numeral 11(3), que considera en condición de vulnerabilidad a la víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización; además, puntualiza que esa vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal, destacando entre estas víctimas, a los adultos mayores y recomienda especial atención en los casos de violencia intrafamiliar.
Del mismo modo, es menester atender a lo dispuesto en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cuanto establece que toda persona tiene derecho a que se salvaguarden sus derechos fundamentales de tener un nivel de vida adecuado, asegurar su salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social, en caso de vejez.(4)
De igual forma, al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", que en su artículo 17, regula la protección a los ancianos, instituyendo que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, adoptando los Estados partes, todas las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica.(5)
A la par, al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que se involucren grupos vulnerables "derechos de personas con discapacidad" por cuanto en su punto 2 denominado "razones", establece que a partir de las reformas de junio de dos mil once, en materia de derechos humanos, las autoridades tienen el deber de acudir al derecho interno tanto de origen nacional como internacional, brindando la protección más amplia a las personas, por lo que dicho protocolo tiene como finalidad sugerir las directrices o lineamientos a seguir por parte de las y los juzgadores en aquellos casos que involucren a personas con discapacidad, bajo el entendido de dos premisas fundamentales que permean el contenido de todo el protocolo y son: que la discapacidad es definida tanto por el contexto que rodea a la persona, así como por la presencia de una diversidad funcional, y que esta última puede llegar a tener un origen variado, ya sea por enfermedad, debido a un accidente, a una cuestión hereditaria o por la edad, por lo que todas las personas debemos estar conscientes de que en algún momento de nuestra vida, y por causas diversas, podemos llegar a presentar una diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, o una multiplicidad de ellas.
Enfatizando en ese propio apartado, que al Poder Judicial le corresponde la doble función de garantizar un acceso pleno a la justicia, en apego al cumplimiento de las garantías del debido proceso judicial y, en su caso, de restituir a las personas en el ejercicio de sus derechos cuando les han sido violentados, ya que no se debe olvidar que el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo y, a su vez, un medio que permite a las personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que les hubiesen sido desconocidos o quebrantados.(6)
En concatenación con lo anterior, en ese mismo protocolo, se destaca como principio rector "el de mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad", para lo cual se sugiere a las y los juzgadores atender a lo que más favorezca a las personas con estatus vulnerable para garantizar la mayor protección de sus derechos fundamentales.(7)
En esa misma línea de pensamiento, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya última reforma se publicó el veinticinco de abril de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación, por cuanto en su artículo 1o. establece que dicha ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.(8)
Así, en su numeral 5o. garantiza a las personas adultas mayores, entre otros, los derechos a una vida con calidad, al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, a la protección contra toda forma de explotación, a recibir protección por parte de la comunidad, familia y sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.
También a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando se considere necesario.
Igualmente, a tener acceso a los satisfactores necesarios, como alimentos, bienes, servicios de salud, de asistencia social, entre otros.(9)
En tanto, en su artículo 24 se establece que se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines que tutela esa normatividad.(10)
Y en el diverso numeral 28 de esa misma legislación, se regula que dicho instituto tiene, entre otras atribuciones, proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente.(11)
Por otra parte, como ya se adelantó, en el caso concreto, también es indispensable atender a las constancias que informan el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, por cuanto que de las mismas se observa la necesidad de proteger los derechos humanos de un adulto mayor en estado de discapacidad (en especial auditiva, visual y motriz), por los siguientes datos:
a) Que en data diecisiete de junio de dos mil catorce, el agente del Ministerio Público del orden común con residencia en Las Choapas, Veracruz (autoridad señalada como responsable), recibió la comparecencia de **********, en su carácter de hija de don **********, quien ratificó el escrito de denuncia contra **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de omisión de cuidado, privación de la libertad física, lesiones y lo que resulte en agravio del citado **********, y por lo que integró la averiguación previa **********, contra dicha indiciada por la comisión de los delitos en comento.
En los hechos de la notitia criminis de referencia, se aprecia que la denunciante expuso que el seis de julio de dos mil catorce, al visitar a su padre don **********, en su domicilio ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, Las Choapas, quien vive con la señora **********, se percató que se encontraba aislado en un cuarto, en estado de abandono, golpeado, con lesiones, sucio y con sarna, por lo que acompañó a dicha denuncia fotografías del estado físico de su padre y un certificado médico.(12)
b) Que la compareciente acompañó al escrito de denuncia la copia de su acta de nacimiento como hija de **********, así como la de su señor padre, quien se aprecia que nació el once de abril de mil novecientos once.(13)
c) Que obra agregada la resolución de once de julio de dos mil catorce, dictada en la averiguación previa **********, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal contra **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos materia de la denuncia.(14)
d) Que el Juez de Distrito en auto de trece de agosto de dos mil catorce, admitió la demanda biinstancial registrándola con el número **********, promovida por ********** y **********, ambas de apellidos **********, contra actos del agente del Ministerio Público del orden común con residencia en Las Choapas, Veracruz.(15)
e) Que en data de tres de septiembre de dos mil catorce,(16) el Juez Federal en acatamiento a los derechos que tutelan el bienestar de las personas adultas mayores contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, admitió la inspección ofrecida por la quejosa en el domicilio del agraviado, la que se desarrolló en los siguientes términos:
"Inspección judicial. En la ciudad de Las Choapas, Veracruz, siendo las dieciséis horas del ocho de septiembre de dos mil catorce, la suscrita licenciada Nínive Meza Ochoa, actuaria judicial adscrita al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en esta ciudad, en cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de tres de septiembre del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo **********, del índice del juzgado de mi adscripción, promovido por ********** y **********, ambas de apellidos **********, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en calle **********, colonia **********, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada en autos, haciendo constar que una persona del sexo femenino que dijo llamarse **********, y ser la esposa del señor **********, no me permitió ingresar a su domicilio, llevando a cabo la diligencia desde la parte exterior del inmueble, a través de una protección de fierro que se encuentra en dicho lugar, por lo que procedo al desahogo de dicha probanza, al tenor de los siguientes puntos:
"A. Que se constituya y diga si el inmueble en el cual se encuentra el señor **********, se encuentra en la calle **********, de la colonia **********, Las Choapas, Veracruz.
"Se hace constar que efectivamente el domicilio descrito es el mismo en donde se encuentra el señor **********.
"B. Que se constituya y diga si el señor **********, es una persona vulnerable de ciento cinco años de edad.
"Se hace constar y certifica que efectivamente el señor **********, es una persona de edad avanzada, el cual puede caminar con ayuda de otra persona, de complexión muy delgada, con laceraciones en sus brazos y en la frente.
"C. Que se constituya y diga en qué condiciones insalubres encontró al señor **********.
"Se hace constar y certifica que el domicilio en el que se encuentra constituida la suscrita, no se observa sucio, sin embargo, al llegar a dicha vivienda, el señor **********, se encontraba al fondo de la casa, sin poder observar las condiciones de dicha área.
"D. Que se constituya y diga si encontró la negativa de entrar a la casa marcada con el número **********, de la calle **********, colonia **********, de Las Choapas, Veracruz, por parte de la señora **********.
"Certifico y doy fe que una persona del sexo femenino, que dijo llamarse ‘**********’ y ser esposa del señor **********, no me permitió ingresar al citado domicilio, manifestando que ‘ya no había nada que hacer’ y que cualquier cosa tenía que hablar con su abogado.
"E. Que se constituya y diga en qué estado de deshidratación encontró al señor **********.
"Se hace constar que el señor **********, al momento de estar realizando la presente diligencia, pidió a la señora ********** un vaso con agua, y al momento en que ésta se lo entregó, el señor ********** le preguntó si solamente le daría agua, contestándole quien dijo ser su esposa, que sólo eso había pedido.
"F. Que se constituya y diga si el señor **********, muestra alguna lesión visible en su rostro y/o cuerpo.
"Se hace constar que el señor **********, tiene laceraciones en sus brazos y una lesión en la frente, así también, se aprecia su camisa manchada de sangre, por lo que preguntó a quien dijo ser su esposa sobre dicha situación, contestando que él mismo se lastima los brazos y se sangra.
"G. Que se constituya y diga si el señor **********, al momento de la diligencia recibió sus alimentos que corresponden a un enfermo de diabetes mellitus (resequedad en la piel), es decir, en la dieta que corresponde en el desayuno, comida y cena.
"Se hace constar que durante el desarrollo de la diligencia, el señor **********, no recibió ning
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25751-ba3eec96/adultos-mayores-si-se-sobresee-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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