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Modo: Corpus Pro

ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 781/2013. · Registro digital (IUS): 25176
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-08-22
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Pág. 1385.

AMPARO EN REVISIÓN 781/2013. 12 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. En otro aspecto, de acuerdo con las constancias que obran en la causa penal de origen, se desprende que existen indicios precisos que hacen presumir que la aquí inconforme es un adulto mayor, entendiéndose legalmente por tal, aquellas personas que "cuenten con sesenta años de edad o más", según lo define el artículo 3o., fracción I, de la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores, pues de acuerdo a su declaración preparatoria nació el veintiocho de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, en consecuencia a la fecha del dictado de la sentencia reclamada contaba con la edad de sesenta y cinco años, de manera tal que es necesario que dicha autoridad judicial al volver analizar la sentencia de primera instancia, tome en cuenta aquella característica de la quejosa y en caso de reiterar el juicio de reproche estudie el aspecto de la plena responsabilidad del delito que se le imputó y establezca si la edad de la sentenciada fue determinante para su comisión.

A mayor abundamiento, cabe apuntar que en el capítulo de individualización de las sanciones, el tribunal responsable confirmó la negativa de concederle a la sentenciada la sustitución de la pena de prisión de tres días que se le impuso, por una medida de seguridad en términos del artículo 55 del Código Penal Federal, bajo el argumento de que le fueron otorgados los beneficios señalados en los artículos 70 y 90 de la normatividad aludida y de que en el dictamen pericial en materia de medicina, de veintiséis de marzo de dos mil trece, emitido por el perito médico forense, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dijo que la quejosa se encontraba en una situación estable, orientada en espacio, tiempo y por tanto le resultaba menor el riesgo que pudiera representar para su salud la pena impuesta, lo cual a juicio de este órgano jurisdiccional resulta ilegal.

Ello en razón de que, como ya se vio, la sentenciada es un adulto mayor, de manera tal que es necesario que dicha autoridad judicial, en caso de reiterar la condena respectiva, tome en cuenta tal circunstancia para efectos de determinar si tiene o no derecho a la sustitución de la pena de prisión, máxime que en el dictamen de medicina que se le practicó a la sentenciada, se estableció que el medio penitenciario era impropio para atender sus necesidades médicas y se recomendaba su tratamiento en libertad bajo estricta supervisión médica (foja 416 de la causa penal). Estudio que, incluso, debe observarse en la totalidad del capítulo de individualización de sanciones.

Y es que el estudio del asunto, con la perspectiva del adulto mayor resulta obligatorio, atendiendo al compromiso que el Estado Mexicano adoptó con el fin de proteger los derechos de las personas que tienen esa calidad.

En efecto, el marco jurídico internacional, nacional y local se ocupa de los adultos mayores y de esas consideraciones especiales, en los términos siguientes:

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" celebrado en San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, como se aprecia específicamente en su numeral 17, que dice:

"Artículo 17.

"Protección de los ancianos

"Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

"a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

"b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;

"c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos."

En cumplimiento a lo establecido en el protocolo, el estado mexicano emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en sus numerales 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 5o., fracción II, 4o., fracción V, ilustran lo que aquí se viene señalando, pues al efecto establecen:

"Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

"I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

"II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y

"III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores."

"Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde a:

"I. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las entidades federativas, los Municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

"..."

"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;

"..."

"CAPÍTULO I

"DE LOS PRINCIPIOS

"Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:

"...

"V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores."

"CAPÍTULO II

"DE LOS DERECHOS

"Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

"...

"II. De la certeza jurídica:

"a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

"b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

"c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

"d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia."

Cabe indicar que en la referida ley se prevé, en sus artículos 1o. y 2o., que es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y su aplicación corresponde a los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, por ser precisamente una ley general, que conforme al artículo 133 de la Carta Magna, está jerárquicamente por encima de la leyes federales y estatales, siguiendo la idea jurídica contenida en la tesis P.VII/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de dos mil siete, página 5 de epígrafe y contenido siguientes:

"LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la ‘Ley Suprema de la Unión’. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales."

Finalmente, el artículo 55 del Código Penal Federal, sobre el tema señala:

"Artículo 55. Cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de edad, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan de acuerdo con la representación social.

"No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del Juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En todo caso la valoración por parte del Juez se apoyará en dictámenes de peritos.

"Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio del Juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesario que se compurgue dicha pena, a excepción de los sentenciados por las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en todo caso deberán cumplir la pena impuesta.

"En los casos de senilidad o precario estado de salud, el Juez se apoyará siempre en dictámenes de peritos."

Como se observa, del numeral destacado se desprende, en lo que interesa, que en tratándose de los casos en que se ejecute una orden de aprehensión y se dicte el término constitucional contra de una persona mayor de setenta años de edad, el Juez puede ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado, siempre que se cumplan diversos requisitos; sin que, dado el marco jurídico precisado y acorde a lo que enseguida se precisará, pueda estimarse que tal prerrogativa es sólo para las fases indicadas.

A mayor fundamentación, incluso a nivel local, en el proceso penal cuando el inculpado posea la cualidad antes señalada, las autoridades judiciales deben adoptar las medidas pertinentes para velar por la seguridad física de todo adulto mayor, como se regula en los supuestos a que se alude en el artículo 49 del Código Penal y en el diverso 51 de la Ley de Ejecución de Sanciones, ambos ordenamientos del Estado de Veracruz, que al respecto prevén:

"Artículo 49. Cuando la prisión no exceda de cinco años, el Juez podrá suspender su ejecución en los términos que establece este código.

"Cuando se ejecute la orden de aprehensión y se dicte en el término auto de formal prisión en contra de una persona mayor de 70 años de edad, mujeres en los tres últimos meses de embarazo, discapacitados y personas enfermas declaradas por autoridad competente o afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobada, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva, se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan, con opinión de la representación social y previa garantía que haga de la reparación del daño, no así en los delitos leves, cuya pena máxima sea de tres años.

"No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del Juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su peligrosidad. En todo caso la valoración por parte del Juez se apoyará en dictámenes de peritos."

"Artículo 51. Cuando el sancionado alegue que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, la dirección general, previo estudio del caso dictará la resolución que corresponda.

"Los reos sentenciados mayores de 70 años, que no hayan cometido delitos considerados como graves, purgarán sus sentencias en su domicilio con las limitaciones que establezca la propia dirección general, en concordancia a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 83 del Código Penal." (El subrayado es añadido).

En esas condiciones, se concluye que del análisis sistemático y funcional de la normatividad transcrita en este considerando, relacionada con los artículos 1o. constitucional y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", ya que el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que se establece que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una "ley general", entre otras autoridades, a las entidades federativas, es claro que para cumplir uno de sus principios rectores que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales que se llevan a cabo en el Estado de Veracruz, federales o locales, en donde se vean inmiscuidos, ya sea como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada.

Consideraciones especiales que implican correlativamente un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, que pueden ser de manera enunciativa las siguientes:

a) A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario;

b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales;

c) Monitoreo constante de los niveles de salud física y mental del procesado adulto mayor, a través del auxilio de las autoridades de salud correspondientes;

d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa;

e) Analizar con detenimiento si la edad del inculpado adulto mayor fue determinante para la comisión de los hechos que le imputen;

f) En caso de dictarse en su contra una sentencia absolutoria, velar por la inmediata libertad del adulto mayor, bajo la óptica de corroborar previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como el de que al ser puesto en libertad no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado;

g) De igual manera, establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración que la edad para ser considerado adulto mayor es la de sesenta años o más, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;

h) En determinados supuestos, con derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, pero en ambos casos en sus propios domicilios particulares;

Las hipótesis antes citadas, deben entenderse de manera orientadora, no limitativas y deben ser tomadas en consideración para preservar los derechos humanos de los adultos mayores que fueron reconocidos por el Estado Mexicano;

Sustenta lo antes expuesto, la tesis VII.4o.P.T.11 P (10a.), emitida y aprobada por este Tribunal Colegiado de Circuito en sesión ordinaria de veinte de marzo de dos mil catorce, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil catorce, a las diez horas con treinta y cuatro minutos, de título y texto:

" Conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la que en sus artículos 1o., 2o., fracción I, 3o., fracción I, 4o., fracción V y 5o., fracción II, entre otras cosas, se establece que su aplicación corresponde, acorde a su naturaleza de ser una ‘ley general’, a la Federación, entidades federativas y Municipios, por lo que para cumplir uno de sus principios rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Estas consideraciones especiales implican, correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares. Las hipótesis citadas, deben entenderse de manera orientadora, para preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional."

En mérito de lo establecido, este tribunal considera innecesario ocuparse del estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías encaminados a justificar la conducta ilícita por la que se le sancionó a la quejosa, dado el efecto natural de la concesión de amparo que enseguida se puntualizará.

Resulta aplicable por los motivos jurídicos que la informan, la tesis de jurisprudencia número 107, sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 85, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año 2000, que textualmente dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

A la manera y alcance del presente amparo no se opone, lo dispuesto en la parte final del artículo 79 de la Ley de Amparo, al precisar que: "... La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo ...", ya que en este momento y por como se emitió la sentencia reclamada, no se advierte la existencia de algún vicio de fondo que pueda dar lugar a la concesión del amparo lisa y llana, pues de otra suerte implicaría sustituirse en su totalidad a la jurisdicción de la autoridad responsable cuando, como en la especie, no ha abordado en su totalidad los aspectos destacados en esta ejecutoria, lo cual, por ahora, no es factible aquí resolver jurídicamente, atenta la naturaleza y fines esenciales del juicio de amparo, que es un mecanismo de impugnación extraordinario y a través del cual se juzgan los actos de las autoridades en torno a su regularidad constitucional que, a pesar del nuevo marco normativo, no se advierte que hubiese cambiado.

En esta tesitura, dado que los vicios formales advertidos afectan parte sustancial del acto reclamado, este órgano colegiado está imposibilitado, por el momento, para pronunciarse respecto de los aspectos de fondo atinentes a la comprobación del delito por el cual se le acusó a la aquí quejosa así como la plena responsabilidad en su comisión, por carecer de los elementos necesarios para ello, pues ello será motivo de un nuevo análisis por parte de la autoridad responsable, dado que no ha agotado su jurisdicción, por lo cual este órgano colegiado no está facultado para analizar, en este momento, el fondo del negocio jurídico.

Se dice lo anterior, ya que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; sin embargo, la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites; por lo que con el amparo, los tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin que ello implique que puedan sustituirse en funciones propias de estas últimas sino, sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido.

Luego, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en la que:

a) Analice nuevamente si en el caso se actualiza el delito de robo de energía eléctrica, previsto en el artículo 368, fracción II y sancionado en el diverso 370, primer párrafo, ambos del Código Penal Federal, así como la plena responsabilidad de la quejosa en su comisión, sin tomar en cuenta la diligencia de inspección ocular practicada por el personal ministerial el catorce de octubre de dos mil once, así como los diversos dictámenes en materia de instalaciones eléctricas ingeniería e eléctrica de catorce de octubre de dos mil once y veintinueve de mayo de dos mil doce, respectivamente, y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que no debe agravar la situación jurídica que actualmente guarda la aquí inconforme, considerando además su calidad de adulto mayor.

b) En caso de reiterar el juicio de reproche contra la sentenciada, tome en cuenta esa perspectiva de adulto mayor al establecer el capítulo de individualización de sanciones, con el fin de otorgarle consideraciones especiales, tomando como base el listado que se ha señalado en esta ejecutoria, haciendo la aclaración que es ilustrativo mas no limitativo.

En mérito de lo establecido, se hace extensivo el amparo hacia la autoridad ejecutora, por ser consecuencia necesaria de la inconstitucional sentencia.

Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial 102 emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 66, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de contenido siguiente:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."

RESUELVE:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama de las autoridades responsables señaladas en el proemio, para los efectos precisados en la parte final del considerado octavo, ambos apartados de esta ejecutoria.

Notifíquese como corresponde; requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días dé cumplimiento a la presente ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme lo establecen los artículos 192, 258 y 238 de la preinvocada Ley de Amparo, y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Anótese en el libro de gobierno y, con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, gírese oficio y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Héctor Riveros Caraza, Jorge Sebastián Martínez García y Jorge Toss Capistrán, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25176-831eb413/adultos-mayores-consideraciones-especiales-que-conforme-al-marco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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