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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA SU PLENA EFICACIA JURÍDICA DEBEN CONTENER LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SI FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 207/2015. · Registro digital (IUS): 25785
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , Pág. 2067.

AMPARO DIRECTO 207/2015. 5 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS ORDUÑA AGUILERA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Análisis oficioso de la validez de la sentencia reclamada.

No se analizarán los conceptos de violación propuestos por la sociedad quejosa, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte oficiosamente que la sentencia reclamada contiene un vicio formal que amerita declararla inválida.

Para justificar lo anterior, es menester reproducir los artículos que rigen el dictado de las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre los que destacan el 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los diversos 31, 35 y 50, fracciones II y IV, de la ley orgánica del mencionado tribunal, los cuales disponen lo siguiente:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

"Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 9o. de esta ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.

"El plazo para que el Magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, empezará a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.

"Cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

"Si el proyecto no fue aceptado por los otros Magistrados del Pleno, Sección o Sala, el Magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular."

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

"Artículo 31. El tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los artículos 14 y 15 de esta ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

"En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

"Artículo 35. Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales serán instruidos por turno por los Magistrados que integren la Sala de que se trate. Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

"Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas. No obstante, serán privadas las sesiones en que se designe al presidente de la Sala, se ventilen cuestiones administrativas o que afecten la moral o el interés público, o la ley así lo exija."

"Artículo 50. Corresponde a los secretarios de Acuerdos de Sala Regional:

"...

"II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional;

"...

"IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados; ..."

De los preceptos legales transcritos se advierten las siguientes notas referenciales, en torno a las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

• Dentro de los diversos órganos jurisdiccionales con los que cuenta el mencionado tribunal, destacan las Salas Regionales, que tienen jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, las cuales se integran por tres Magistrados cada una.

• La validez de las sesiones de las Salas Regionales se encuentra condicionada a la presencia de sus tres Magistrados integrantes, y para resolver bastará la mayoría de votos.

• Las sentencias de las Salas Regionales pueden pronunciarse por unanimidad o por mayoría de votos de sus Magistrados integrantes, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio.

• Cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

• Si el proyecto no es aceptado por los otros Magistrados de la Sala, el Magistrado ponente engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría, y su proyecto original puede quedar como voto particular.

• Los secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales se encuentran facultados, entre otras cuestiones, para autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y del Pleno de la Sala Regional, así como para proyectar las sentencias y engrosarlas.

De las anteriores notas se advierte que la legislación especial que rige la actuación de las Salas Regionales no contiene disposición alguna que establezca si las sentencias que dicten aquellos órganos colegiados deben ser firmadas o no por todos sus Magistrados integrantes, pues al respecto, únicamente el artículo 50 de la ley orgánica en cita establece la obligación de los secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales, de autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la propia Sala.

Sin embargo, lo anterior no implica que los Magistrados de dichos órganos no deban firmar sus resoluciones, pues tal deber deriva de la aplicación supletoria del artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(18) por lo que las resoluciones de las mencionadas Salas Regionales deben ser firmadas por los Magistrados que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario con quien actúen.

Es importante significar que acorde con el marco legal referenciado, los Magistrados de las Salas Regionales del referido tribunal deben aprobar y firmar sus resoluciones, por unanimidad o por mayoría de votos, con la posibilidad de que en este segundo supuesto el Magistrado disidente opte por emitir su voto particular.

De acuerdo con tales reflexiones jurídicas, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que es requisito de validez de toda sentencia emitida por las Salas Regionales del tribunal en cita, contener expresamente la forma en que fue aprobada, esto es, si fue por unanimidad o por mayoría de votos.

Lo anterior se afirma, pues si el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla dos alternativas para aprobar una sentencia, deviene imprescindible que en ésta se contenga la forma en que fue aprobada, es decir, que se señale expresamente si fue autorizada por unanimidad o por mayoría de los Magistrados que participaron en su votación, ya que sólo de esa manera se podrá dar cabal cumplimiento al mandato previsto en dicho numeral y, por ende, se habrá satisfecho ese requisito de validez establecido para crear certeza jurídica, de modo que su ausencia implicará que la sentencia no deba surtir efecto jurídico alguno.

La conclusión anterior lleva a sostener que dicho requisito de validez no queda satisfecho cuando en la sentencia únicamente se plasmen los nombres y firmas de los Magistrados integrantes, sin especificar si su votación fue por unanimidad o por mayoría, pues de ese modo el fallo sólo revelará que fue aprobado, pero no la forma en que se hizo tal aprobación.

Por lo anterior, es ineludible que las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contengan expresamente si fueron aprobadas por unanimidad o por mayoría de votos, para que sólo de esa forma se cumpla el requisito de validez previsto en el primer párrafo del artículo 49 de la ley en cita.

Cabe precisar que cuando un fallo adolezca de dicho requisito de validez, oficiosamente podrá decretarse su nulidad, pues de lo contrario se estaría convalidando un vicio de origen; lo anterior, en similitud a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 147/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(19)

Sobre el tema que se analiza, este Tribunal Colegiado de Circuito emitió la tesis XXVII.3o.15 A (10a.),(20) pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de título y subtítulo siguientes:

"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA SU VALIDEZ FORMAL ES REQUISITO QUE CONTENGAN LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SI FUE APROBADA POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.-De los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deriva que la validez de las sesiones de las Salas Regionales de dicho tribunal se encuentra condicionada a la presencia de sus tres Magistrados integrantes, quienes aprobaran sus resoluciones por unanimidad o por mayoría de votos; por tanto, para que sus fallos tengan plena eficacia jurídica, en ellos deberán asentar expresamente alguna de esas dos locuciones, por tratarse de una formalidad que permite crear certeza jurídica en el sentido de su determinación, de modo que ante su ausencia la sentencia no surtirá efecto jurídico alguno y podrá declararse su invalidez incluso oficiosamente, por tratarse de un vicio de origen que debe ser subsanado; en el entendido de que tal formalidad no se subsana con anotaciones marginales en manuscrito que se coloquen al lado de la firma, ya que tal proceder genera de igual manera inseguridad jurídica al no tener certeza de que lo anotado proviene de la voluntad del Magistrado votante."

En el caso, la sentencia recurrida adolece del referido requisito de validez, pues no contiene la expresión de si fue aprobada por unanimidad o por mayoría de votos. Al efecto se reproduce la imagen digital de la parte conducente de la sentencia:

(Se suprime imagen)

De la imagen anterior se aprecia que los integrantes de la Sala Regional del Caribe responsable emitieron su fallo sin indicar si lo aprobaron por unanimidad o por mayoría de votos.

En ese sentido, es de concluirse que la omisión de la autoridad responsable de establecer si la sentencia fue aprobada por unanimidad o por mayoría de votos, constituye un vicio formal de la sentencia que produce que no surta efecto jurídico alguno.

Por consiguiente, lo procedente es declarar la nulidad de la sentencia reclamada y ordenar que se subsanen los vicios formales advertidos, por lo que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la sociedad quejosa, para los efectos que se señalan en el siguiente considerando.

SEXTO.-Efectos de la concesión de amparo y medidas para su cumplimiento.

1. Efectos.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la Sala responsable realice lo siguiente:

a) Deje sin efectos la sentencia reclamada.

b) Hecho lo anterior, dicte una nueva sentencia en la que deberá cumplir con la formalidad prevista en el artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistente en asentar expresamente en la sentencia si ésta fue aprobada por unanimidad o por mayoría de votos. En este último supuesto, los Magistrados de la mayoría deben estar de acuerdo tanto en la parte considerativa como en la resolutiva.

2. Medidas para su cumplimiento.

Toda vez que el presente asunto no es susceptible de ser recurrido en términos del artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(21) se requiere a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Cancún, Quintana Roo, para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria, previsto en el artículo 192 de la Ley Amparo, dé cumplimiento a lo aquí ordenado, en el sentido de dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir una nueva en la que subsane el vicio formal referido.

Lo anterior ya que, en el caso, la responsable no va a hacer un mayor estudio respecto a dejar insubsistente la sentencia reclamada y elaborar una nueva resolución en la que subsane el vicio formal destacado, por lo que puede realizarlo dentro del lapso referido.

En ese sentido, tres días es un plazo razonable para realizar lo anteriormente descrito, incluso, con las cargas de trabajo de dicha Sala.

De igual forma, se hace el apercibimiento a dicha autoridad que de no hacerlo así en el término establecido y/o sin causa legal justificada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, segundo párrafo, de la ley de la materia,(22) se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del numeral 258 del propio ordenamiento.(23)

Además, se seguirá el trámite que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, el cual implica remitir los asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se determine si procede separar del cargo al titular responsable y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.(24)

Por último, se hace de su conocimiento a la autoridad responsable que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debe ser en los plazos antes precisados, pues el hecho de que se acate, pero de forma extemporánea y sin justificación, no la exime de responsabilidad, sino que únicamente se tomará en cuenta como atenuante en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.(25)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, consistente en la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, en el juicio contencioso administrativo **********, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico de registro de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Ramón Rodríguez Minaya (presidente y ponente) y Jorge Mercado Mejía, así como de Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal, quien con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, según oficio CCJ/ST/2081/2015.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

18. "Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario."

19. "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un Tribunal de trabajo o, del secretario de acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e independientemente de quién la promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y ordenarle al tribunal que lo emitió subsanar tal formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 518.

20. Derivada de la ejecutoria dictada el treinta de abril de dos mil quince en la revisión administrativa 5/2015, promovida por la Administración Local Jurídica de Cancún del Servicio de Administración Tributaria, aprobada por unanimidad de votos.

21. "Artículo 81. Procede el recurso de revisión: ... II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.-La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

22. "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.-En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. ..."

23. "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días."

24. "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.-Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo."

25. "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25785-9d59b237/sentencias-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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