SENTENCIAS DE LA SALA REGIONAL DEL CARIBE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SON LEGALMENTE VÁLIDAS AUNQUE LA SESIÓN O AUDIENCIA EN QUE SE DICTEN NO SEA PÚBLICA NI SE HAYA TRANSMITIDO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ Y MARÍA ADRIANA BARRERA BARRANCO. DISIDENTE: LAURA GRANADOS GUERRERO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA ADRIANA BARRERA BARRANCO. SECRETARIO: ROGELIO PÉREZ REYES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer de la denuncia de posible contradicción de tesis, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados del citado circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis, proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Magistrado presidente de la Sala Regional del Caribe, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. Los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados de este Vigésimo Séptimo Circuito, que dieron origen a la denuncia de la posible contradicción de criterios, por orden de su emisión, son los siguientes:
I. Amparo directo 592/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resuelto en sesión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve:
a) **********, promovió juicio de amparo directo contra:
"IV.— ACTO RECLAMADO: La sentencia definitiva de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio Contencioso Administrativo con número de expediente **********."
b) La demanda fue turnada al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que la radicó bajo el número 592/2018 y fue resuelto por unanimidad de votos en sesión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sustentaron las siguientes consideraciones:
"a) Justificación del análisis del vicio formal.
"En principio es necesario precisar que la sentencia reclamada en el presente deriva del cumplimiento de la ejecutoria del amparo directo 373/2017, del índice de este tribunal, y se estima que es factible jurídicamente realizar el análisis de la violación formal que se plantea, consistente en la falta de formalidad de emitir la sentencia en una sesión pública, en un amparo posterior.
"En efecto, las violaciones formales se refieren a las infracciones legales cometidas, al momento de pronunciarse la sentencia definitiva, transgresiones que no atañen a infracciones cometidas durante el desarrollo del procedimiento relativo, presupuestos procesales o en forma directa a cuestiones de fondo.
"Sobre el tema, la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución impuso como carga a las partes, hacer valer las violaciones procesales desde el primer amparo, sin hacer referencia a aquellas violaciones en el dictado de la sentencia, y que sólo para las primeras se estableció expresamente la preclusión.
"Asimismo, el Máximo Tribunal del País indicó que las violaciones en el dictado de la sentencia dependen del ejercicio deliberativo del órgano jurisdiccional, y resultaría difícil establecer una regla general de preclusión, pues este tipo de vicios puede depender de las consideraciones que lleve a cabo la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia.
"De igual forma, la Primera Sala precisó que si bien es cierto que en un primer escenario pueden existir violaciones en el dictado de la sentencia, que pueden ser advertidas por ocasionar perjuicio en ese momento, o que pudieran ocasionarlo por estar estrechamente vinculadas con la litis sometida al órgano jurisdiccional de amparo; existen otras que pueden advertirse con posterioridad, ya que la responsable, con libertad de jurisdicción en cumplimiento al amparo, podría estar introduciendo nuevas condiciones.
"Que por esa razón, imponer una carga procesal a las partes respecto de una violación en el dictado de la sentencia, podría generar incertidumbre a las partes, al no estar delimitado qué tipo de violaciones en el dictado de la sentencia debieron hacerse valer desde un primer momento, y cuáles surgieron con posterioridad al cumplirse la sentencia. Lo cual incluso obligaría a las partes a realizar un ejercicio especulativo respecto a la posible violación que se ocasionaría al cumplirse la sentencia; de ahí que pueda considerarse válido que el Poder Reformador hubiese excluido imponer una carga respecto de este tipo de violaciones.
"Los anteriores argumentos dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 45/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, julio de 2018, Tomo I, Décima Época, página 188, materias constitucional y común, registro electrónico: 2017451, de rubro y texto siguientes:
"‘PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTINCIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO ADHESIVO, SI NO SE HICIERON VALER EN UN PRIMER AMPARO, SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, ES RAZONABLE. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el artículo 182 de la Ley de Amparo, se advierte que las partes están obligadas a hacer valer todas las violaciones procesales desde el primer amparo, sin hacer referencia a las violaciones en el dictado de la sentencia. Dicha distinción es razonable, pues estas últimas provocan una menor dilación para obtener sentencia definitiva, ya que dependen del ejercicio deliberativo de los tribunales que puede darse en un mismo momento, el cual incluso está vinculado a los tiempos del cumplimiento de las sentencias de amparo. En cambio, las violaciones procesales requieren de un lapso mayor para su desahogo, al ser actos previos al dictado de la sentencia, de ahí que el Poder Reformador considerara necesario que se hicieran valer en un mismo momento. Además, toda vez que las violaciones en el dictado de la sentencia dependen del ejercicio deliberativo del órgano jurisdiccional, resultaría difícil establecer una regla general de preclusión, pues este tipo de violaciones puede depender de las consideraciones que lleve a cabo la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia. Por ese motivo, imponer una carga procesal a las partes respecto de una violación en el dictado de la sentencia cuando se obtuvo sentencia favorable, podría generar incertidumbre, al no estar delimitado qué tipo de violaciones en el dictado de la sentencia debieron hacerse valer desde un primer momento y cuáles surgieron con posterioridad al cumplirse la sentencia. Dicha situación obligaría a las partes a realizar un ejercicio especulativo respecto a la posible violación que se ocasionaría al cumplirse la sentencia; de ahí que pueda considerarse válido que el Poder Reformador hubiese excluido imponer una carga respecto de este tipo de violaciones cuando se obtuvo una sentencia favorable.’
"Lo anterior si bien se refiere a la figura del amparo adhesivo, cierto es que por analogía, aplica para el caso de que la violación formal no haya sido expresada por el quejoso en un primer amparo directo, esto porque existe la misma razón procesal respecto a ese tipo de violaciones formales.
"Conforme a ello, se considera que es viable jurídicamente que una violación formal pueda invocarse en un juicio de amparo directo posterior, al no estar delimitado qué tipo de violaciones en el dictado de la sentencia debieron hacerse valer desde un primer momento, y cuáles surgieron con posterioridad al cumplirse la sentencia.
"Ahora en la especie, debe tenerse en consideración que en la ejecutoria del amparo directo 373/2017, del índice de este tribunal, fallado en sesión de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la quejosa **********, para el efecto de que la autoridad responsable se pronunciara sobre el tema del pago de lo indebido que omitió analizar.
"En cumplimiento a lo anterior, la responsable emitió otra el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la cual analizó el tema del pago de lo indebido materia de la litis.
"Lo anterior implica que se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que resolviera un tema de fondo (pago de lo indebido), que omitió analizar, y por consiguiente esa situación genera que se pueda incurrir en un diverso y/o nuevo vicio formal en el dictado de la nueva sentencia.
"Ahora, como la responsable tenía plenitud de jurisdicción para pronunciarse sobre un aspecto de fondo, implicaba que los Magistrados integrantes de la Sala Regional responsable, se reunieran en sesión pública a debatir el proyecto que presentara uno de sus integrantes como lo señala el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ello al constituir una formalidad en la emisión de la sentencia.
"En ese sentido, se estima que la violación formal que se hace valer en el presente, debe ser atendida aunque se trate de un juicio de amparo directo posterior, al no estar delimitado qué tipo de violaciones en el dictado de la sentencia debieron hacerse valer desde un primer momento y cuáles surgieron con posterioridad al cumplirse la sentencia.
"b) Análisis del vicio formal hecho valer por la quejosa.
"Para establecer lo fundado del argumento hecho valer por la quejosa, es necesario puntualizar que el artículo 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio de máxima publicidad respecto de la información en posesión de cualquier autoridad, el cual establece lo siguiente:
"‘Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
"‘Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
"‘El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
"‘Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
"‘A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
"‘I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
"‘En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.’
"Sobre ese tema, la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes, entre los que destacan, la posible afectación del interés público, la seguridad nacional, el debido proceso o la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos, así como cuando se ponga en riesgo la vida o la seguridad de una persona.
"Asimismo, indicó que el derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental, por ser una prerrogativa básica e indispensable de todo ser humano, el cual no es absoluto; añadiendo que la regla sobre la información, se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que según su naturaleza se manifieste un cambio o disminución de estos derechos.
"Ilustra lo anterior la tesis 2a. XXXVI/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, junio de 2019, Tomo III, página 2327, registro electrónico: 2019997, de rubro y texto siguientes:
"‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA EN CONFLICTO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD. El artículo 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe actuar con base en el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; sin embargo, este derecho a la información no es absoluto, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la privacidad de cualquier persona de acuerdo con la fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación con el artículo 16 constitucional. No obstante lo anterior, cuando estos dos derechos entran en conflicto, para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá considerar las actividades o actuaciones que los sujetos involucrados en esa contraposición realizan, así como la relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la sociedad. Al respecto, es importante precisar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que se manifieste un cambio en la naturaleza o una disminución de estos derechos. Por tal motivo, su interpretación y los parámetros de protección rigen de igual forma sin importar dónde se ejerzan.’
"En cuanto al principio de máxima publicidad, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que el derecho de acceso a la información tiene una doble dimensión: individual y social, de tal suerte que, en su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos y opiniones, mientras que en su segundo aspecto, brinda un derecho colectivo o social, que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas.
"Es así que el principio de publicidad incorporado en el Texto Constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información, bajo la premisa de que toda ella es pública y sólo por excepción en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.
"Las anteriores consideraciones fueron recogidas en la jurisprudencia P./J. 54/2008, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época, página 743, registro electrónico: 169574, de rubro y texto siguientes:
"‘ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"De tal manera que el derecho fundamental a la información puede ser restringido excepcionalmente y sólo en la medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales, para lo cual, a fin de respetar su pleno ejercicio sin limitaciones arbitrarias, ni discriminatoria, deben observar los criterios de razonabilidad, que implica enfocarse a satisfacer los fines perseguidos; y proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición al respecto.
"Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Carta Magna, establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los Municipios.
"En el artículo 8o. de la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece lo siguiente:
"‘Artículo 8. Los organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
"‘I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
"‘II. Eficacia: Obligación de los organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;
"‘III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
"‘IV. Independencia: Cualidad que deben tener los organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
"‘V. Legalidad: Obligación de los organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
"‘VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
"‘VII. Objetividad: Obligación de los organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
"‘VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en los organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
"‘IX. Transparencia: Obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.’
"La anterior norma establece los principios generales que deben observar los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
"Dentro de dichos principios, se destaca el de máxima publicidad (comentado con anterioridad), que consistente (sic) en que la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; y el de transparencia, que versa sobre la obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
"Como se observa, el derecho a la información debe regirse por el principio de máxima divulgación, el cual establece que toda información será accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones.
"Dicho derecho no sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema participativo, sin las cuales no podrían existir las sociedades modernas y democráticas.
"De lo anterior se observa que el acceso a la información constituye una herramienta esencial para concretar el principio de rendición de cuentas, así como la transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia.
"En efecto, si hay un principio elemental en el funcionamiento de la administración pública contemporánea, es el de la publicidad y transparencia, resultado de la relación entre el derecho ciudadano a tener acceso a la información administrativa y la consiguiente obligación de los órganos de la administración pública de informar y, en algunos casos, de publicar información de interés general.
"Es decir, la publicidad respecto de las actividades gubernamentales otorga a los ciudadanos la posibilidad de controlar la eficiencia y la eficacia en la administración pública. Para lo cual, la Constitución Política establece el derecho de acceso a la información, como derecho de los ciudadanos para ejercer dicho control.
"De ahí se comprende la relación entre transparencia gubernamental, el acceso a la información y el acceso a la justicia, siendo los últimos dos elementos la condición esencial para lograr el control del primero, es decir, de la transparencia.
"Ahora, en los artículos 60 y 61 de la legislación en consulta, se establece qué leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las entidades federativas, establecerán que los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares la información pública en los sitios de Internet correspondientes.
"Asimismo, se precisa que los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional precisarán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.
"Ahora, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 68 se prescribe la obligación de los sujetos de transparentar la información, de la siguiente forma:
"‘Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas e información señalados en el título quinto de la ley general. Al respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113 de la presente ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la ley general.
"‘En sus resoluciones el instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el capítulo II del título quinto de la ley general y el capítulo I del título tercero de esta ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.’
"De lo anterior se observa que los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público, y mantener actualizada la información que generan, en los respectivos medios electrónicos de acuerdo a sus facultades.
"De lo hasta aquí expuesto puede aseverarse, que el derecho fundamental a la información pública, se rige bajo la regla general de la máxima publicidad de la información y disponibilidad, de modo que en aras de privilegiar su acceso, han de superarse los meros reconocimientos formales o ritos procesales que hagan nugatorio ese derecho, que sólo pueda restringirse de manera excepcional, en la medida que ello se encuentre justificado bajo criterios de razonabilidad con el fin perseguido y de proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad.
"Ahora, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un sujeto obligado en el ámbito federal para cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público la información que generan, de acuerdo a sus facultades.
"Dicho tribunal que se integra por la Sala Superior, Junta de Gobierno y Administración, y por las Salas Regionales, y de conformidad con el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.
"Asimismo, en dicho numeral se indica que las resoluciones que emita el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.
"Ahora, los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el diverso 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prescriben lo siguiente:
"De la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"‘Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el Magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo 9o. de esta ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.
"‘El plazo para que el Magistrado ponente del Pleno o de la sección formule su proyecto, empezará a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado.
"‘Cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.
"‘Si el proyecto no fue aceptado por los otros Magistrados del Pleno, sección o Sala, el Magistrado ponente o instructo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30223-3fa0201f/sentencias-de-la-sala-regional-del-caribe-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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