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Modo: Corpus Pro

SESIONES DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN QUE EMITEN SUS SENTENCIAS. AL SER LA PUBLICIDAD UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLO Y CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, PARA EL EFECTO DE QUE SE SUBSANE ESA DEFICIENCIA, AUN CUANDO NO SE EXPRESE CONCEPTO DE VIOLACIÓN AL RESPECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 536/2019. · Registro digital (IUS): 30173
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-10-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, Pág. 3375.

AMPARO DIRECTO 536/2019. 13 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO DÁVILA GAONA. SECRETARIO: EDGAR ALAN PAREDES GARCÍA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—En la especie, no se analizarán los conceptos de violación propuestos por la quejosa, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte oficiosamente que la sentencia reclamada contiene un vicio formal que amerita declarar la insubsistencia, para que se emita conforme a lo que previene la ley que rige el acto.

a) Justificación del análisis oficioso de la validez de la sentencia reclamada.

De entrada es necesario puntualizar que la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 133/2007-SS, en un caso análogo, estableció que la falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta en la emisión del laudo o del secretario que lo autoriza y da fe, constituye una violación formal que debe analizarse de oficio, con independencia de quién promueva el amparo.

Conviene transcribir la parte conducente de la ejecutoria en comento:

"De las consideraciones anteriores, se puede obtener como conclusión que la falta de firma del laudo correspondiente por parte de alguno de los integrantes del tribunal de trabajo o, en su caso, del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, trae consigo su nulidad y, en consecuencia, no se puede hacer pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

"- Atento a ello, es indudable que el órgano de control constitucional, ante la falta de la formalidad antes mencionada, tiene la obligación de analizar, inclusive de oficio, tal aspecto, sin que ello, tal como lo destacó el Décimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en sus fallos, implique suplencia de la deficiencia de la queja, puesto que la falta de firma del laudo trae consigo su invalidez, lo que impide necesariamente que se haga pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues de lo contrario se estaría convalidando el vicio de referencia obligando, inclusive a las partes, a acatar un acto viciado, por no cumplir con las formalidades exigidas por la Ley Federal del Trabajo.

"- En efecto, el artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo ordena que engrosado el laudo, el secretario deberá recoger las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, deberá turnar el expediente al actuario para que de inmediato practique personalmente la notificación correspondiente.

"- Lo anterior implica que si no se encuentra firmado el laudo por los integrantes del tribunal laboral y por el propio secretario que autoriza y da fe del acto, se incumplen las formalidades del procedimiento, lo que, como se ha señalado, impide que una vez impugnado a través del juicio de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito pueda hacer pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, puesto que tal acto no podrá surtir efecto jurídico alguno, por lo que necesariamente, aun ante ausencia de conceptos de violación sobre ese aspecto, se deberá declarar su invalidez y que se ordene al tribunal que lo emitió que subsane tal vicio, satisfaciendo las formalidades exigidas por la norma legal, sin necesidad de que se hubieran expresado conceptos de violación sobre el tema en particular.

"...

"De lo antes precisado se desprende que carece de sustento jurídico la afirmación dogmática, externada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el sentido de que el vicio de referencia, tratándose del patrón, sólo podrá ser analizado si sobre tal aspecto se expresan conceptos de violación, puesto que como se ha visto, previamente a la determinación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del laudo, se debe determinar si el mismo satisface la formalidad antes referida, ya que tal requisito constituye un elemento de validez de las sentencias (laudo), sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo, puesto que lo único que se estaría haciendo es ordenar que se deje insubsistente el laudo viciado y, en su lugar, se emita uno nuevo cumpliendo las formalidades exigidas por la ley (firmas de los integrantes y del secretario de Acuerdos), a fin de que si es impugnado de nueva cuenta, el juzgador pueda emprender el estudio de su constitucionalidad acorde con los reclamos que en su contra se hagan valer."

Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 147/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, Novena Época, página 518, materias común y laboral, número de registro digital: 162347, de rubro y texto siguientes:

"LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un tribunal de trabajo o, del secretario de acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e independientemente de quién la promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y ordenarle al tribunal que lo emitió subsanar tal formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo."

Por lo anterior, puede inferirse, por identidad de razón, que cuando una sentencia carezca de validez ante la ausencia de los requisitos legales (firma en el supuesto tratado en la jurisprudencia), conduce a que oficiosamente se declare insubsistente y se ordene la reposición del procedimiento, con el objeto de que se dicte sentencia en la forma y términos establecidos en la ley.

Cabe destacar que en dicho criterio la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que, ante la falta de formalidad apuntada, el órgano de control constitucional tiene la obligación de invalidar, incluso de oficio, tal aspecto, sin que implique suplencia de la deficiencia de la queja para el patrón, pues la falta de firma del laudo trae consigo su invalidez, lo que impide necesariamente que se realice un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues de lo contrario se estaría convalidando el vicio de referencia, obligando a las partes a acatar un acto viciado, por no cumplir las formalidades de la ley.

Lo anterior se justifica, por identidad de razón, respecto de los argumentos vertidos en la jurisprudencia 2a./J. 147/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció que cuando una sentencia carezca de validez ante la ausencia de los requisitos legales (firma en el supuesto tratado en la jurisprudencia), conduce a que oficiosamente se declare insubsistente y ordene que se dicte la sentencia en la forma y términos establecidos por la ley.

Ello es más sostenible en el caso, pues en el supuesto analizado en la jurisprudencia no existe posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, por tratarse el quejoso de un patrón, respecto de quien está prohibido ejercer esa alternativa, y en este supuesto en que se trata de la materia administrativa, en ciertos casos, está autorizada dicha suplencia.

En efecto, en la materia administrativa existe la posibilidad de suplir la deficiencia de la quejosa cuando haya una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa.

Dicho supuesto se contiene en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada."

De lo anterior se observa que el juzgador debe suplir la queja deficiente de los conceptos de violación y de los agravios en las materias civil, mercantil y administrativa, cuando se advierta una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa al quejoso o al recurrente.

Sobre dicho tema la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia ha establecido que una violación manifiesta no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa.

Que por violación evidente debía entenderse como aquella actuación en el acto reclamado de las autoridades responsables que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración de los derechos fundamentales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas que rigen el acto reclamado.

Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, Décima Época, página 1417, con número de registro digital: 2008557, del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase ‘lo haya dejado sin defensa’ no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una ‘violación manifiesta de la ley’ es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa."

Así como la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 189, con número de registro digital: 191048, del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."

De lo expuesto se puede colegir que cuando se reclame en amparo directo una sentencia que carezca de los requisitos legales para su emisión, el Tribunal Colegiado debe pronunciarse de oficio, aun sin concepto de violación.

Lo anterior en razón de que el vicio formal advertido daría lugar a una vulneración notoria e indiscutible de los derechos fundamentales del quejoso, en tanto que quedaría en estado de indefensión, porque se practicó de manera distinta a la prevenida legalmente, y esa violación formal imposibilitaría pronunciarse sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, puesto que tal acto no podrá surtir efecto jurídico alguno.

Por ende, en la especie se advierte que la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa responsable emitió una sentencia sin cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prescribe que para la validez de las sesiones en que se emiten será indispensable: 1. La presencia de los tres Magistrados; 2. Que la sesión sea pública; y, 3. Que se transmitan por medios electrónicos.

b) Estudio de la violación formal advertida de oficio.

Dicho lo anterior, es necesario puntualizar que el artículo 6o., apartado A, fracción I,(17) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de máxima publicidad respecto de la información en posesión de cualquier autoridad.

Sobre ese tema la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, entre los que destacan la posible afectación del interés público, la seguridad nacional, los derechos del debido proceso o la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos, así como cuando se ponga en riesgo la vida o la seguridad de una persona.

Asimismo, indicó que el derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental, por ser una prerrogativa básica e indispensable de todo ser humano, el cual no es absoluto; añadiendo que la regla sobre la información se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que según su naturaleza se manifieste un cambio o disminución de estos derechos.

Ilustra lo anterior la tesis 2a. XXXVI/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo III, junio de 2019, página 2327, con número de registro digital: 2019997, de rubro y texto siguientes:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PREVALENCIA CUANDO ENTRA EN CONFLICTO CON EL DERECHO A LA PRIVACIDAD. El artículo 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe actuar con base en el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad; sin embargo, este derecho a la información no es absoluto, pues también se debe proteger y garantizar el derecho a la privacidad de cualquier persona de acuerdo con la fracción II de esos mismos apartado y precepto, en relación con el artículo 16 constitucional. No obstante lo anterior, cuando estos dos derechos entran en conflicto, para determinar cuál de ellos prevalece, la autoridad deberá considerar las actividades o actuaciones que los sujetos involucrados en esa contraposición realizan, así como la relevancia pública o de interés general que la información en cuestión tenga para la sociedad. Al respecto, es importante precisar que el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales se aplica tanto en el mundo real como en el digital, sin que se manifieste un cambio en la naturaleza o una disminución de estos derechos. Por tal motivo, su interpretación y los parámetros de protección rigen de igual forma sin importar dónde se ejerzan."

Cabe anotar que el principio de máxima publicidad consiste en que cuando se requiera interpretar el derecho a la información, el intérprete debe guiarse por este principio, es decir, procurar que dentro del marco normativo aplicable, y sin menoscabo de los principios (presunción de publicidad, reserva de la información y privacidad), prevalezca en lo máximo posible la publicidad de la información.

Asimismo, en cuanto al tópico de referencia, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que el derecho de acceso a la información tiene una doble dimensión: individual y social; de tal suerte que, en su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos y opiniones, mientras que en su segundo aspecto brinda un derecho colectivo o social, que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas.

Es así que el principio de publicidad incorporado en el Texto Constitucional implica para cualquier autoridad realizar un manejo de la información bajo la premisa que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

Las anteriores consideraciones fueron recogidas en la jurisprudencia P./J. 54/2008, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época, página 743, con número de registro digital: 169574, de rubro y texto siguientes:

"ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

De tal manera que el derecho fundamental puede ser restringido excepcionalmente y sólo en la medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales, para lo cual, a fin de respetar su pleno ejercicio sin limitaciones arbitrarias ni discriminatorias, deben observar los criterios de razonabilidad, que implican enfocarse a satisfacer los fines perseguidos; y proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición al respecto.

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Carta Magna, establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los Municipios.(18)

En el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece lo siguiente:

"Artículo 8. Los organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

"I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

"II. Eficacia: Obligación de los organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

"III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

"IV. Independencia: Cualidad que deben tener los organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

"V. Legalidad: Obligación de los organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

"VI. Máxima publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

"VII. Objetividad: Obligación de los organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

"VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en los organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

"IX. Transparencia: Obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen."

La norma anterior establece los principios generales que deben observar los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Dentro de dichos principios se destaca el de máxima publicidad, que consiste en que la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática, y el de transparencia, que versa sobre la obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Ahora, en los artículos 60 y 61(19) de la legislación en consulta se establece qué leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las entidades federativas establecerán que los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares la información pública en los sitios de Internet correspondientes.

Asimismo, se precisa que en los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional se precisarán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.

Ahora, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 68, se prescribe la obligación de los sujetos de transparentar la información, de la siguiente forma:

"Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas e información señalados en el título quinto de la ley general. Al respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113 de la presente ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la ley general.

"En sus resoluciones el instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el capítulo II del título quinto de la ley general y el capítulo I del título tercero de esta ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones."

De lo anterior se observa que los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público, y mantener actualizada la información que generan, en los respectivos medios electrónicos de acuerdo a sus facultades.

De lo hasta aquí expuesto puede aseverarse que el derecho fundamental a la información pública se rige bajo la regla general de máxima publicidad de la información y disponibilidad;(20) de modo que en aras de privilegiar su acceso han de superarse los meros reconocimientos formales o ritos procesales que hagan nugatorio ese derecho, que sólo pueda restringirse de manera excepcional, en la medida que ello se encuentre justificado bajo criterios de razonabilidad con el fin perseguido, y de proporcionalidad que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad.(21)

Ahora, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un sujeto obligado en el ámbito federal para cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público la información que genera, de acuerdo a sus facultades.

Dicho tribunal, que se integra por la Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y por las Salas Regionales,(22) y de conformidad con el artículo 1o.(23) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.

Asimismo, en dicho numeral se indica que las resoluciones que emita el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.

Ahora, los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30173-fce00778/sesiones-de-las-salas-regionales-del-tribunal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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