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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO O LEGISLATURA CORRESPONDIENTE SIN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO ÉSTOS DEBAN INTERVENIR. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO EL TREINTA Y TRES POR CIENTO QUE EXIGE LA CONSTITUCIÓN GENERAL PARA PROMOVERLA CORRESPONDE A UN NÚMERO FRACCIONADO DE LEGISLADORES, DEBE PREFERIRSE UNA APROXIMACIÓN POR EXCESO EN LUGAR DE UNA APROXIMACIÓN POR DEFECTO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA EFECTOS DEL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN DE LA MINORÍA LEGISLATIVA PROMOVENTE, NO DEBE COMPUTARSE AL DIPUTADO O A LA DIPUTADA FIRMANTE QUE SE ENCONTRABA EN LICENCIA AL PRESENTARSE LA DEMANDA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 19, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO NO SE CUMPLE EL REQUISITO DE QUE LA DEMANDA HUBIESE SIDO FIRMADA POR CUANDO MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO LOCAL (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DIVERSOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA DE DICHA ENTIDAD VIOLA DERECHOS HUMANOS. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGE QUE LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA Y LA IMPARCIALIDAD EN SU APLICACIÓN. X. DELITO DE DESPOJO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LO QUE SE ENTIENDE POR PORTAR INSTRUMENTOS PELIGROSOS, COMO AGRAVANTE DE DICHO ILÍCITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (ARTÍCULO 222 BIS, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU DOBLE DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA. XII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. CONTENIDO DE ESTOS DERECHOS A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 19 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. XIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. SUJETOS Y CONTENIDO DE ESTOS DERECHOS. XIV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN LÍMITES DE ESTOS DERECHOS. XV. DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL TIPO PENAL RELATIVO, QUE INCLUYE CUALQUIER AMENAZA O AGRESIÓN QUE SE EJECUTE EN CONTRA DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN EL MOMENTO DE EJERCER SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 331 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL HABERSE CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL EL TIPO PENAL BÁSICO, PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ, POR VÍA DE CONSECUENCIA, DE LAS FRACCIONES IMPUGNADAS QUE CONTIENEN SUS AGRAVANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 331, FRACCIONES I, II Y IV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVII. ACCESO A LA INFORMACIÓN. CONTENIDO Y LÍMITES DE ESE DERECHO RECONOCIDO EN LOS ARTÍCULOS 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 19 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. XVIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. TEST TRIPARTITO QUE DEBE CUMPLIR TODA RESTRICCIÓN AL EJERCICIO DE ESOS DERECHOS PARA QUE SEA COMPATIBLE CON LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. XIX. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. CUANDO EL OBJETO DE CONTROL ES UNA NORMA QUE TIPIFICA UNA CONDUCTA QUE SE REFIERE A CIERTO DISCURSO, DEBE REALIZARSE UN ESTÁNDAR DE REVISIÓN ESPECÍFICO DE TAXATIVIDAD APTO PARA GARANTIZAR EL CONTENIDO NUCLEAR DE ESOS DERECHOS. XX. DELITO CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 59/2021 Y SU ACUMULADA 66/2021. · Registro digital (IUS): 30832
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-12
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO Y COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo I, Pág.1056.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 59/2021 Y SU ACUMULADA 66/2021. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO Y COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGANACIO DE LA LLAVE. 1 DE MARZO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por diversos diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción de la minoría parlamentaria. Mediante escrito presentado vía electrónica el cinco de abril de dos mil veintiuno, diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las siguientes normas:

"... Las contenidas en el Decreto Número 848, que publica el artículo único, por el que se reforman, la fracción II del artículo 205; el primer párrafo del artículo 222; el segundo párrafo del artículo 231; el artículo 331; la denominación del capítulo I del título XXII, del libro segundo; el artículo 371, y el artículo 371 Quinquies; se adicionan, un capítulo X denominado ‘Extorsión’ al título III del libro segundo que comprende los artículos 176 Bis, 176 Ter y 176 Quáter; el artículo 222 Bis; un capítulo IV denominado ‘Delitos contra la Seguridad de la Comunidad’ al título XXII del libro segundo, que comprende los artículos 374 y 375, y se derogan, el capítulo VIII denominado ‘Extorsión’, del título VII del libro segundo y sus artículos 220 y 220 Bis y el artículo 371 Bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las normas que se reclaman de invalidez y que fueron publicadas en el tomo III de la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 100, de fecha el (sic) jueves 11 de marzo de 2021. ..."

2. Conceptos de invalidez. La promovente en sus conceptos de invalidez argumenta, en esencia, lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. Argumenta que artículos 331 y 371 Quinquies del Código Penal del Estado de Veracruz son contrarios a los artículos 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 20 apartado B, fracción I, y 133 de la Constitución Federal, así como a diversos tratados internacionales en los que México es Parte, toda vez que resultan violatorios del principio de taxatividad en materia penal, de libertad de expresión y de proporcionalidad de las penas.

• Segundo concepto de invalidez. Argumenta que el artículo quinto transitorio del decreto impugnado es contrario a los artículos 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 20, apartado B, fracción I y 133 de la Constitución Federal, así como a diversos tratados internacionales en los que México es Parte, toda vez que atenta contra el principio de retroactividad en beneficio del reo.

• Tercer concepto de invalidez. Argumenta que los artículos 176 Bis, fracciones II a IV, 176 Ter, fracciones II, III, VI y VII, 222 Bis y 374, fracciones I, II, III, IV y V, del Código Penal del Estado de Veracruz, contenidas en el decreto impugnado, son contrarias a los artículos 6o., 7o., 8o., 9o., 13, 14, 16, 20, apartado B, fracción I, y 133 de la Constitución Federal, así como a diversos tratados internacionales en los que México es Parte, toda vez que violan el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

• Finalmente solicitó que le fuera suplida en su deficiencia la queja en la cita de los artículos constitucionales violados y en los argumentos de invalidez.

3. SEGUNDO.—Requerimiento a la parte actora. Por proveído de ocho de abril del dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 59/2021, y a efecto de estar en condiciones de ser asignado a un Ministro instructor, requirió a Ángel Rodríguez Bernal para que dentro del plazo de tres días hábiles, manifestara con qué carácter presentaba el medio de control constitucional de que se trataba y, de ser el caso, se acreditara como diputado integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

4. TERCERO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Mediante escrito presentado vía electrónica el doce de abril de dos mil veintiuno, Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz promovió acción de inconstitucionalidad en contra de:

"... La fracción II del artículo 222 Bis; las fracciones I, II y IV del artículo 331; la fracción II del artículo 371; y el artículo 371 Quinquies, en las porciones normativas que se detallan en los conceptos de invalidez, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ‘Código Penal’).— Estas normas generales fueron reformadas y adicionadas mediante Decreto Número 848 publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 11 de marzo de 2021 en el núm. ext. 100 tomo III. ..."

5. Conceptos de invalidez. La promovente en sus conceptos de invalidez argumenta lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. En el primer concepto de invalidez señala que los artículos 222 Bis, fracción II, 331, fracciones I, II y IV, 371, fracción II, y 371 Quinquies, son violatorios del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en los artículos 14 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 222 Bis, fracción II.(1) Explica que la conducta sancionada por dicho precepto se encuentra ligada a la conducta por el artículo 222(2) del Código Penal del Estado de Veracruz; siendo que el diverso 222 Bis sólo establece agravantes a quien incurra en una de esas conductas.

Expone que la fracción II utiliza una expresión ambigua que no precisa cuáles son las conductas punibles, cuando las mismas son realizadas por una o más personas portando instrumentos peligrosos, ya que dicha expresión tiene una carga valorativa que impide definir qué objetos actualizan dicha hipótesis. Al respecto señala que un objeto puede ser peligroso por su velocidad, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la corriente eléctrica que conduzca, por su peso o sus dimensiones, por la finalidad con la que es utilizado, o por cualquier otra circunstancia que no es posible determinar a priori.

Artículo 331, fracciones I, II y IV.(3) Explica que dichas fracciones, que establecen agravantes, utilizan expresiones ambiguas que al entrar en relación con los verbos rectores del tipo penal no precisan cuáles son las conductas punibles; vulnerando el principio de taxatividad.

Por lo que se refiere a la fracción I del artículo 331 explica que la expresión instrumento peligroso tiene una carga valorativa que impide definir qué objetos actualizan dicha hipótesis. Al respecto señala que un objeto puede ser peligroso por su velocidad, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la corriente eléctrica que conduzca, por su peso o sus dimensiones, por la finalidad con la que es utilizado, o por cualquier otra circunstancia que no es posible determinar a priori.

En otro aspecto, en lo tocante a la fracción II del precepto en comento, la Comisión Estatal argumenta que la expresión cualquier tipo de violencia permite establecer calificativos respecto a la violencia utilizada al realizar la amenaza o la agresión; abriendo la posibilidad de castigar amenazas o agresiones que realicen mediante acciones que simplemente se realizan con mucho ímpetu, fuerza o ira, o con una intensidad extraordinaria. Explica que dichos calificativos no son cuantificables a priori y, por ello, no permiten conocer con claridad cuál es la conducta punible.

Finalmente, por lo que hace a la fracción IV del precepto impugnado, argumenta que la expresión que se realice a través de cualquier otra circunstancia es indeterminada. Explica que, si bien la fracción lo liga a la consecuencia de disminuir las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o ponerlo en riesgo o desventaja, esto no facilita la determinación a priori de las circunstancias que actualizan la agravante. Ello es así, pues las circunstancias son accidentes de modo, lugar o tiempo, o bien calidades o requisitos, o conjuntos que rodean o algo o alguien; de modo que si cualquiera de esas posibilidades actualiza la agravante no es posible saber qué acciones serán punibles.

Artículo 371, fracción II.(4) Señala que la disposición impugnada es amplísima pues comete este delito quien: (a) tenga un equipo de grabación audiovisual –aunque no lo ocupe–, o lo utilice –o crea utilizarlo, es decir, que lo porte–; (b) para acechar, vigilar, o haga lo que sea para; (c) obtener –aunque no lo logre, por quedarse en acto encaminado a obtener–; (d) información de lo que hagan o dejen de hacer los agentes de seguridad pública; y (e) luego lo comunique, sin un fin lícito –lo que sea que eso significa en este contexto–.

En ese sentido, explica que la expresión cualquier acto comprende todo tipo de acciones que –por su naturaleza– sirvan para obtener o tratar de obtener información relativa a integrantes o elementos de seguridad pública. Y, al comprender todo tipo de acciones, no delimita las conductas que serán punibles de las que no lo serán. Por ello dicha expresión es contraria al parámetro de regularidad constitucional pues es excesiva o irrazonable.

Artículo 371 Quinquies.(5) Señala que para que se configure dicho ilícito se requiere que: (a) el sujeto activo del delito realice la conducta consistente en una amenaza o en una agresión; (b) la conducta del sujeto activo se dirija a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública municipal o estatal; (c) la conducta del sujeto activo ocurra mientras el sujeto pasivo ejerce sus funciones, o –aunque no las esté ejerciendo– la conducta ocurra en razón de esas funciones; y (d) que por el arma empleada, o la destreza o fuerza del sujeto activo, se produzcan lesiones o la muerte del sujeto pasivo.

Explica que el análisis textual de dicha disposición es preciso complementarlo con el análisis gramatical de la misma; el contraste de las porciones normativas con otras expresiones contenidas en otras normas análogas; el contexto en el que se desenvuelven las normas y sus posibles destinatarios.

Menciona que como la norma no exige una categoría específica del sujeto activo –salvo que por el arma que utilice o su fuerza destreza produzca lesiones o la muerte del sujeto pasivo– debe entenderse que es un delito que cualquier persona puede cometer. Por esa razón la descripción de las conductas que serán objeto de sanción debe tener tal claridad que permita a cualquier persona la capacidad de comprender y distinguir qué conductas son sancionadas y qué conductas no lo serán.

Señala que la expresión "a quien amenace" es ambigua y por tanto no supera el estándar exigible de taxatividad. Explica que, dado el contexto de la norma, la acepción que viene al caso es aquella que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española señala como "Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien". Es decir, que quien dé a entender, con actos o palabras, a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública municipal o estatal que quiere hacerle algún mal que –por el arma que utilice, o su fuerza o destreza– le cause lesiones o la muerte; sufrirá la sanción prevista.

Argumenta que si bien es posible perfilar las acciones que materializan la amenaza –actos o palabras–, el contenido de ésta posee una carga intrínsecamente valorativa. Es decir, que dependerá del sujeto amenazado –o de la autoridad ministerial o judicial– considerar efectivamente como amenaza la intención del sujeto activo de causarle algún mal. Y esto obedece, necesariamente, a que el concepto de "mal" tiene diversas acepciones.

En ese sentido, el contenido de la acción que es objeto de reproche –la amenaza– es altamente indeterminada, lo que provoca que el riesgo de privar de la libertad a una persona por una conducta que no está dentro del núcleo de significado del artículo 371 Quinquies del Código Penal sea elevado.

En otro sentido menciona que la expresión "a quien... agreda" es ambigua y tampoco supera el estándar de taxatividad, para lo cual señala que le son aplicables los mismos vicios de la expresión "a quien amenace".

Explica que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española el verbo agredir consiste en cometer una agresión; a su vez una agresión es definida como el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño o como ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa.

En ese sentido la agresión que consiste en la comisión del delito de homicidio queda fuera del ámbito de aplicación del artículo impugnado, por tratarse de un delito autónomo. Sin embargo, las acciones de dañar tienen múltiples acepciones que dificultan distinguir las conductas punibles de las no punibles.

Menciona que la palabra herir tiene al menos quince significados reconocidos por la Real Academia Española; siendo que algunas de esas acepciones sí configuran conductas delictivas, y aunque constituyan lingüísticamente una herida, no tendrían por qué ser sancionadas al no afectar el bien jurídico protegido por el artículo 371 Quinquies.

Añade que, en el mismo sentido, la noción de daño es muy amplia, pues la Real Academia Española la define como el efecto de dañar, como el sinónimo de maleficio, mal de ojo.

Si bien las acepciones de la acción de dañar no son tan ambiguas como las de "mal" o "herir'', de nueva cuenta recogen acciones que son subsumibles en otro tipo penal –por lo que quedarían fuera del campo de aplicación del artículo 371 Quinquies– o que no distinguen con suficiente claridad las conductas punibles de las no punibles.

Por otra parte, alega que la tipificación de un delito de resultado como ocurre en el presente caso no inhibe la posibilidad de realizar un control abstracto de constitucionalidad cuando el tipo penal tiene vicios de constitucionalidad.

En vista de lo anterior sostiene que debe determinarse la invalidez de los artículos 222 Bis, fracción II, 331, fracciones I, II y IV, 371, fracción II, y 371 Quinquies, por ser violatorios del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en los artículos 14 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Segundo concepto de invalidez. Explica la Comisión Estatal que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo del que dispone el Estado para establecer responsabilidades respecto a una conducta ilícita. Por ello, su uso debe sujetarse al principio de ultima ratio y mínima intervención del Estado para castigar únicamente los ataques intolerables a los bienes jurídicos más importantes.

Señala que el artículo 331 se encuentra en el título XVII del Código Penal, relativo a los delitos por hechos de corrupción; y el diverso 371, fracción II, del Código Penal se encuentran en el título XXII, relativo a los delitos contra la seguridad pública. De tal suerte, los bienes jurídicos protegidos son el servicio y la seguridad públicos.

En ese sentido, el uso del derecho penal para castigar amenazas o agresiones, dirigidas a servidores públicos, implica la posibilidad de sancionar con la privación de la libertad actos o discursos que se encuentran protegidos por la libertad de expresión, prevista en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Añade que, dada la protección de dicho derecho, es necesario que las restricciones al contenido de las expresiones constitucionalmente protegidas sean excepcionales. Esto obedece a que el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien recibidas, porque no existen parámetros uniformemente aceptados para delimitar el contenido de estas categorías.

Explica que el hecho de que sea la autoridad quien –a posteriori– defina si las acciones de los individuos efectivamente son delictivas o no para efectos de la configuración del tipo penal, genera un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión en general, pues tiene un innegable efecto amedrentador; lo que se traduce, en los hechos, en un efecto silenciador.

Argumenta que el silencio coactivo de las personas, logrado a través del derecho penal, restringe ilegítimamente la dimensión individual y la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión en su conjunto.

Finalmente, explica que las porciones normativas alcanzan un nivel máximo de incompatibilidad con el parámetro de control de regularidad constitucional porque la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirman, en su jurisprudencia reiterada, que los servidores públicos están expuestos a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que los particulares. Por lo tanto, el umbral de tolerancia que deben mostrar frente a las expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas debe ser mayor; y esto no se puede lograr cuando existen normas penales que, justamente, castigan conductas que pueden calificarse como meras críticas mordaces, o con el alcance de herir susceptibilidades, pero que –en ningún caso configuran un delito–.

En vista de lo argumentado, considera que deben declararse como inconstitucionales los artículos 331 y 371, fracción II, del Código Penal por generar un efecto inhibitorio que contraviene al parámetro de regularidad constitucional.

• Tercer concepto de invalidez. Explica la Comisión Estatal que el artículo 371 Quinquies es inconstitucional pues discrimina en razón de la ocupación del sujeto pasivo del delito. Ello es así, pues gozarán de la protección del artículo los integrantes o elementos de alguna institución de seguridad pública municipal o estatal; y quienes no formen parte de alguna institución de seguridad pública quedan excluidos de ese ámbito de aplicación.

Explica que si bien la ocupación, o el trabajo de las personas no es una categoría sospechosa reconocida explícitamente por la Constitución Federal, tratar a las personas de manera distinta por su trabajo u ocupación sí tiene la consecuencia de atentar contra la dignidad humana y anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ello, pues el listado de categorías sospechosas no es carácter taxativo, sino de naturaleza enunciativa.

En vista de lo anterior, concluye que al no existir una norma constitucional que exija proteger con mayor intensidad a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que al resto de los servidores públicos, el artículo 371 Quinquies no supera un escrutinio estricto de constitucionalidad, debiendo ser invalidado.

• Apartado relativo a efectos. En este último apartado la Comisión Estatal solicita que sea declarada la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 222 Bis; las fracciones I, II y IV del artículo 331; la fracción II del artículo 371; y el artículo 371 Quinquies.

No obstante, explica que adicionalmente a dichos preceptos se solicita que la invalidez se haga extensiva a la porción normativa "a quien amenace o agreda a un servidor público" del primer párrafo del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, y a la fracción III de esa misma disposición; ello ante la ausencia de los verbos rectores "amenazar" o "agredir". 6. CUARTO.—Auto de acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Por proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Así, dada la identidad existente respecto del decreto impugnado en ambos medios de control de constitucionalidad se ordenó turnar ambos expedientes, por acumulación, al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para instruir el procedimiento respectivo.

7. QUINTO.—Admisión de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 66/2021 promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Asimismo requirió al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las Comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates, y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar de la Gaceta Oficial del Estado donde se haya publicado el decreto controvertido; así como a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación corresponda.

8. Asimismo, previos requerimientos a los diputados accionantes, por proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 59/2021, y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz para que rindieran su informe. Luego, tomando en cuenta que se decretó la acumulación entre la acción de inconstitucionalidad 66/2021 y la diversa 59/2021, y en razón de que en ambas se solicitó la invalidez del mismo decreto, estimó innecesario requerir nuevamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales la copia certificada de los antecedentes legislativos de éste, ni el ejemplar de la Gaceta Oficial de la entidad en el que conste su publicación, pues tales requerimientos se habían realizado en el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno señalado en el párrafo que antecede. Finalmente, nuevamente se dio vista a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación corresponda.

9. SEXTO.—Recurso de reclamación. En contra del acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la parte que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 59/2021 (promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz), la directora de Servicios Jurídicos del citado Congreso Estatal, interpuso recurso de reclamación mediante escrito presentado vía electrónica el dos de junio de dos mil veintiuno. Dicho recurso se registró con el número 52/2021-CA, y fue resuelto por la Segunda Sala el catorce de julio de dos mil veintiuno en el sentido de desechar el recurso por improcedente, al no ubicarse en los supuestos de procedencia del recurso de reclamación en acciones de inconstitucionalidad.(6)

10. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo. Leticia Aguilar Jiménez, en su calidad de directora de Servicios Jurídicos y en representación del Congreso del Estado de Veracruz, rindió su informe con relación a los argumentos planteados por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

11. Por lo que hace al informe rendido en la acción de inconstitucionalidad 59/2021, promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, hizo valer los siguientes argumentos:

• Causas de improcedencia. En este apartado de su informe el Poder Legislativo señala que no se cumple con el requisito consistente en que la demanda hubiese sido firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento (33%) de los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz. Ello es así, pues María de Jesús Martínez Díaz, que es una de las firmantes de la demanda de acción de inconstitucionalidad, no se encontraba en ejercicio de sus funciones al momento de la presentación de la acción (cinco de abril de dos mil veintiuno), pues pidió licencia y la misma fue concedida del cinco de abril al ocho de junio de dos mil veintiuno.

Derivado de lo anterior, argumenta que de las diecisiete firmas del escrito de demanda solamente deben tomarse en cuenta dieciséis firmas, las cuales representan únicamente el treinta y dos por ciento (32%) y por tanto debe sobreseerse con fundamento en lo previsto por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 62 de la ley reglamentaria, y con el 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal.

• Contestación al primer concepto de invalidez. Señala que contrario a lo manifestado por la parte accionante los artículos 222 Bis, fracción II, 331, fracciones I, II y IV, 371, fracción II, y 371 Quinquies, no son violatorios del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en los artículos 14 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de que dichos preceptos persiguen una intención válida desde el punto de vista constitucional.

• Contestación al segundo concepto de invalidez. Argumenta contrario a lo afirmado por los diputados accionantes, el artículo quinto transitorio del decreto impugnado no es contrario al principio de retroactividad en beneficio del reo, pues no establece ni mucho menos tiene el alcance de generar una prohibición de aplicar la norma que sea más favorecedora.

• Contestación al tercer concepto de invalidez. Finalmente, refuta los planteamientos de la parte accionante y señala que los artículos 176 Bis, fracciones II a IV, 176 Ter, fracciones II, III, VI y VII, 222 Bis y 374, fracciones I, II, III, IV y V, del Código Penal del Estado de Veracruz, contenidas en el decreto impugnado no son contrarios al principio de taxatividad, pues lo que se encuentra previsto en dichas fracciones son agravantes que emanan de los tipos básicos. Además, menciona que las fracciones impugnadas fueron conservadas en su redacción original desde mucho antes de la reforma impugnada, por lo que no puede atenderse a los planteamientos de la accionante.

12. Por otra parte, en el informe rendido en la acción de inconstitucionalidad 66/2021, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos manifestó lo siguiente:

• Cuestiones previas. Explica que el decreto impugnado se elaboró con base en las facultades otorgadas al Congreso del Estado de Veracruz. Ello, pues los argumentos expuestos por la Comisión Estatal son equívocos al no existir una contradicción entre las disposiciones cuestionadas y los textos constitucionales y convencionales.

Al respecto argumenta que cada Estado tiene un margen nacional de apreciación y tratándose de las entidades federativas deben respetarse siempre en los límites expuestos por las normas generales. Así, dada la realidad social en la que se encuentra el Estado de Veracruz era necesario adecuar la redacción de los delitos que se plantean en la reforma impugnada y proporcionar mayores herramientas para enfrentar los problemas de criminalidad en esa entidad, mismos que están relacionados con delitos patrimoniales contra la libertad y contra las instituciones de seguridad pública pues una de las características que prevalece en el Estado es el aumento en su incidencia y principalmente un aumento en los niveles de violencia en su comisión.

Expresa, que por lo que hace al delito de despojo si bien éste está encaminado a proteger la propiedad o la posesión de los inmuebles, también es cierto que dicha conducta viene realizándose a través de medios violentos, en forma furtiva ensamblada por varias personas, o bien bajo la manifestación velada de que se hace a nombre de algún grupo delincuencial; principalmente en contra de personas mayores de sesenta años, mujeres embarazadas, o familias con niñas niños o adolescentes, afectando además del patrimonio, la estabilidad, la seguridad, la tranquilidad y el sano desarrollo de las personas con estos medios comisivos.

Por lo que hace al delito de ultrajes a la autoridad, explica que resulta necesaria la existencia de agravantes no previstas en el actual Código Penal, en las cuales la pena debe ser más elevada que el tipo básico; ello precisamente porque se lleva a cabo a través de violencia, por realizarse con armas o por la extrema desventaja. Es por esta razón que son disposiciones totalmente útiles y necesarias.

Explica que estas reformas permiten homologar la realidad social, y están encaminadas a erradicar las prácticas llevadas a cabo por diversos grupos delictivos para que con esta legislación sea más factible que pueda acreditarse la condición del ilícito para su posterior sanción.

De igual forma argumenta que se prevé un nuevo tipo penal que hace alusión a las amenazas o a las agresiones que puede sufrir algún integrante de cualquier institución de seguridad pública al momento de ejercer sus funciones, causándoles lesiones o incluso la muerte. Sin embargo, explica que este tipo no sólo protege a las y los integrantes de dichas instituciones específicamente, sino que protege también a las propias instituciones respecto a su importancia en la estruc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30832-9edb0f65/i-accion-de-inconstitucionalidad-quienes-se-encuentran-legitimados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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