ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE UNA NORMA IMPUGNADA REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, SI SU NATURALEZA ES PENAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán) PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 296, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE PREVÉ AQUEL DELITO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, DERIVADO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos) PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 296, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA LOCALIDAD EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE PREVÉ AQUEL DELITO, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA INFORMACIÓN, CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos, en contra del voto de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Los señores Ministros José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán votaron a favor de la determinación consistente en declarar la invalidez del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz, pero en contra de las consideraciones)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2011. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE JUNIO DE 2013. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de junio de dos mil trece.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2011, promovida por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la acción. Por medio del oficio presentado el diecisiete de octubre de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
a) Poder Legislativo del Estado de Veracruz
b) Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
Norma general cuya invalidez se reclama:
• El artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz, reformado por medio del Decreto 296, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veinte de septiembre de dos mil once.
SEGUNDO. Artículos constitucionales señalados como violados.(1) Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 6o., 7o., 14 y 16.
TERCERO. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, adujo en síntesis lo siguiente:
I. Que el artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz ataca directamente la libertad de expresión contemplada en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, porque la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo y, si existen varias opciones para alcanzarlo, se debe elegir la que sea menos restrictiva de ese derecho protegido en forma proporcional al interés que la justifica y con apego al logro de ese legítimo objetivo.
En ese sentido, sostiene que el derecho a la libertad de expresión debe ser respetado en su doble vertiente: a) la emisión de opiniones del pensamiento propio y, b) recibir información para conocer el pensamiento de terceros. En caso de ponerse límites, éstos deben establecerse de manera clara, precisa y congruente, con apego a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, situación que no acontece en el caso de la norma impugnada puesto que no se cumple con dichos requisitos.
Adicionalmente, introduce como ejemplo la derogación en el ámbito federal de los delitos de difamación y calumnia que obedeció a la consideración de que las libertades de expresión e imprenta y el derecho social a la información son esenciales en toda democracia. De tal forma, señaló que la libertad de expresión consiste en el derecho de todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todos los que la ciencia y la tecnología proporcionen. En este sentido, afirmó que la libertad de prensa es una manifestación de la libertad de expresión, pues hace referencia a la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
Además, menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, deja entrever la evidente transgresión a los derechos fundamentales de libertad de expresión y prensa, al señalar que los particulares y los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, tienen un papel primordial como vehículos para el ejercicio de las libertades en una sociedad democrática. Así, como consecuencia de una violación a ellas, los restantes derechos humanos "padecen, declinan o desaparecen cuando decae la libertad de expresión".
De tal forma, realiza un examen de proporcionalidad para analizar si la norma impugnada cumplía con las exigencias necesarias para ser válida, y determinar si es adecuada, necesaria y proporcional. Sobre dicho ejercicio consideró que la norma impugnada no resulta idónea ni adecuada para la consecución del fin que persigue -en el mantenimiento del orden público- pues al ser la libertad de expresión un elemento indispensable del mismo, no puede existir uno sin el otro.
Lo anterior, a partir de que no se cumple con el requisito de necesidad de la norma impugnada, pues siendo el derecho penal ultima ratio, el poder punitivo del Estado únicamente debe ejercerse contra ataques sumamente graves a los bienes jurídicamente protegidos. La necesidad de usar el derecho penal para imponer limitantes a la libertad de expresión, únicamente debe considerarse ante la extrema gravedad de la conducta que se pretende sancionar, como ya lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Usón Ramírez vs. Venezuela.
Además, sostiene que la norma impugnada tampoco guarda equilibrio entre los beneficios y los daños que la misma genera, por lo que no es proporcional. Ello, en virtud de que la posibilidad real de que un particular o un periodista se vea involucrado en un proceso penal y sea privado de su libertad por la difusión de información falsa resulta excesivo.
Por tanto, afirma que la norma impugnada constituye una transgresión directa al derecho a la libertad de expresión pues pretende penalizar la expresión de una afirmación "falsa" que cause una perturbación al orden público, sin especificar los medios ni los parámetros para calificar la "falsedad" de la expresión realizada, situación que, además redundaría en la labor periodística, así como en la expresión de las ideas, partiendo de que los informadores se enfrentarán al dilema en torno a difundir o no, información sobre una posible amenaza a la seguridad de la sociedad, ante el temor de llegar a ser destinatarios de la norma impugnada.
Así, tal como lo menciona la sentencia internacional referida, el promovente sostuvo que el autoritarismo suele proyectarse sobre las libertades de expresión y prensa para evitar el conocimiento de la realidad por parte de la sociedad y poder disuadir o frustrar la protesta y abolir el pluralismo característico de una sociedad democrática.
Por lo anterior, afirma que la norma impugnada es violatoria de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y prensa consignados no sólo en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, sino también en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 8o. y 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
II. Que la norma impugnada viola el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al establecer un tipo penal abierto pues, la iniciativa que originó la creación del delito cuya invalidez se controvierte se aparta de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y, en lo sustancial, ataca directamente la libertad de expresión, dada la ambigüedad e imprecisión de los elementos que conforman el delito, que lo torna en un tipo abierto.
El presidente la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que el legislador está obligado a velar por el respeto de los principios de legalidad en materia penal, tipicidad y taxatividad, consistentes en la prohibición expresa de establecer tipos penales "abiertos", así como los de certeza y seguridad jurídica, ya que cualquier delito debe ser redactado con claridad en cuanto a las características y especificaciones de la conducta antijurídica que sanciona, para que el aplicador de la ley pueda ejercer su labor sin arbitrariedad alguna y que el destinatario de la norma tenga certeza sobre cuáles son las conductas efectivamente consideradas antijurídicas y las consecuencias de las mismas.
En ese sentido, argumentó que en el artículo impugnado no se precisó la conducta entendida como la realización de una "afirmación falsa", por lo que la definición exacta del elemento quedó sujeta a la interpretación que realice cada órgano judicial, lo que implica una indefinición, por lo que resulta inadmisible validar que cualquier persona -incluso por celular o dispositivo a través de las redes sociales- que publique comentarios sobre noticias o distintos eventos relacionados con la paz y tranquilidad públicas, sin cerciorarse de su veracidad, sea sujeto a una sanción penal, pues no es factible soslayar el avance tecnológico y la globalización.
Aunado a lo anterior, afirmó que la conducta descrita por el legislador carece de los principios básicos de claridad, congruencia y sobre todo precisión, por lo que la norma impugnada constituye un tipo penal abierto que podría dar lugar a la aplicación analógica y por mayoría de razón de la norma impugnada, al dejar al arbitrio del juzgador la definición exacta de la conducta y el medio para ejecutarla. En efecto -señaló-, se trata de un tipo abierto, dado que no se detalla el alcance de la conducta considerada objeto de sanción por lo que el destinatario no estará en posibilidad de saber con precisión el motivo de esa prohibición.
En apoyo a sus argumentos, citó las tesis que llevan como rubros: "NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA."; "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHOS PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO."; y "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS."
Añadió que debe concluirse que los elementos del cuerpo del delito son imprecisos, ambiguos y violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que si el legislador pretendió sancionar a cualquier persona por afirmar falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros ataques con armas de fuego o sustancias que puedan causar daño a la salud por cualquier medio, validar la norma impugnada implicaría dejar al arbitrio de la autoridad judicial, complementar e interpretar de manera subjetiva, sin bases adecuadas y efectivas, tanto lo atinente a las afirmaciones falsas, como al medio empleado para realizar esa conducta.
CUARTO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 29/2011, mediante acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil once; asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz de conformidad con la certificación de turno que al efecto se acompañó.
Por su parte, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz para que rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles que marca la ley, que se cuentan a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación respectiva, mediante un acuerdo emitido el diecinueve de octubre de dos mil once. Asimismo, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para la formulación de su pedimento.
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. El Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Javier Duarte de Ochoa, al rendir su informe, señaló que los conceptos de invalidez de la actora son infundados, por las razones que a continuación se sintetizan:
Contrario a lo dicho en el primer concepto de invalidez hecho valer en la demanda, afirma que la norma impugnada no trata de impedir la libre manifestación de las ideas, sino de prevenir un desastre provocado por la difusión irresponsable de información falsa sobre situaciones específicas que amenazan la vida de las personas, de tal manera que la tipificación de ese delito no significa un menoscabo arbitrario al derecho a la libertad de expresión, pues no implica ninguna prohibición o impedimento para emitir o recibir información, ni obstruye o bloquea algún canal por el que ésta pueda fluir, de manera que se mantienen incólumes las dimensiones esenciales del derecho referido.
Por otra parte, señala que el ejercicio de cualquier libertad, como parte del orden público, supone que éste no se altere de modo que afecte el ejercicio de otros derechos fundamentales, por lo que la libertad de expresión, como cualquier otra libertad, implica que su ejercicio debe ser acorde a la ley y, en consecuencia, podrían ser justificadas algunas restricciones al ejercicio de ciertos derechos para asegurar el orden público.
Añade que, contrariamente a lo sostenido por la demandante, no es la mera falsedad de la afirmación lo que se sanciona sino que esto representa sólo uno de los elementos del tipo penal, aunado al hecho de que no puede sostenerse válidamente la existencia de un derecho a difundir información falsa, ni mucho menos a buscarla o recibirla.
En ese sentido, hace una distinción ente la libertad de expresión y el derecho a la información, en la cual señala, que si bien son dos derechos relacionados, guardan importantes diferencias. La libertad de expresión protege fundamentalmente la manifestación de ideas, opiniones, criterios y críticas que eventualmente pueden contener referencias a situaciones fácticas, pero no en la misma medida que la divulgación específica de hechos con la pretensión de informar sobre ellos. En cambio, el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado para que los eventuales receptores obtengan información verdadera. Así, si la libertad de expresión protege la confrontación de ideas no es necesario que se apegue a la verdad; sin embargo, la información no es una cuestión de ideas, sino de hechos, por lo que no hay un derecho protegido para difundir información falsa. De este modo, la norma impugnada respondió a una necesidad social, es idónea para el fin legítimo que persigue y resulta proporcional a la gravedad del ilícito, como se señaló en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente.
Por lo anterior, afirma que el precepto combatido no contradice el derecho a la libertad de expresión contenido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal.
Ahora bien, respecto al segundo concepto de invalidez, sostiene que es igualmente infundado en virtud de que el artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz no establece un tipo penal abierto, pues cuenta con cuatro elementos que lo constituyen: i) que el sujeto activo realice una afirmación falsa; ii) que se realice por cualquier medio; iii) que la afirmación verse sobre la existencia de explosivos, ataques con armas de fuego, sustancias químicas o tóxicas; y, iv) que con dicha afirmación se perturbe el orden público.
En cuanto al principio de exacta aplicación de la ley, afirma que éste sólo se utiliza cuando el Juez individualiza la norma al caso concreto, pero nunca respecto del contenido de hipótesis normativas, es decir, no resulta válido decir que el legislador violó el principio de exacta aplicación de la ley, porque el legislador sólo crea las normas.
Sobre la supuesta ambigüedad del elemento "realización de una afirmación falsa" argumenta, que no existe ninguna indefinición como para no entender el alcance del precepto impugnado, de manera que no transgrede los principios de tipicidad y taxatividad en materia penal, pues los alcances de la norma se establecen de manera clara y precisa. En ese sentido, señala que la conducta prohibida consiste en que por cualquier medio se afirme falsamente, mientras que el bien jurídico protegido es el orden público y la consecuencia del acto va de uno a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario.
Por lo anterior, considera que deben declararse infundados los conceptos de invalidez hechos valer y declarar la validez del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
SEXTO. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
Considera que la Suprema Corte es competente para conocer la presente acción de inconstitucionalidad, la cual, se interpuso de manera oportuna, por parte legitimada para ello.
En cuanto al fondo del asunto, en relación con el primer concepto de invalidez, afirma que las prerrogativas contenidas en los artículos 6o. y 7o. constitucionales no son absolutas sino que tienen límites y restricciones, por lo que la norma impugnada no impone una censura, no castiga la crítica, ni impide la libre expresión, pues sólo establece "consecuencias ulteriores" a una conducta que causa graves trastornos al orden público.
Enfatiza que la sanción penal responde a esa realidad y es proporcional al riesgo que entraña la conducta y dicho riesgo, tiene que actualizarse en los hechos para que se cometa el delito. Así, la aplicación de una consecuencia penal es aceptable para evitar alborotos que alteren el orden público, siempre que se equilibren los derechos que puedan entrar en conflicto.
En esa línea argumentativa, afirma que el artículo impugnado persigue una finalidad constitucionalmente legítima, puesto que la libertad de expresión e imprenta, no son derechos absolutos, sino que tienen límites y restricciones, los cuales se encuentran especificados por la propia Constitución Federal y en las normas de derecho internacional que los consagran. La preservación del orden y la paz públicos son parte de los imperativos impuestos al legislador estatal en los ordinales 6o. y 7o. de la Constitución Federal, así como, los artículos 13, párrafo 2, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19, párrafo 3, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Añade, que la norma combatida busca evitar el abuso en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, pues responsabiliza de las consecuencias ocasionadas por quien difunda mensajes falsos referentes a la existencia de situaciones como la colocación de una bomba o explosivo, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares. En ese sentido, considera que se contribuye al uso responsable de la información que se difunda y no se cree de manera infundada e irresponsable alarma entre la gente, propiciando que haya movilizaciones descontroladas por el temor de que pueda ser víctima de un atentado violento.
Por otra parte, señala que la descripción típica contenida en el artículo impugnado se considera necesaria, ya que resulta suficiente para lograr la finalidad perseguida, además de que la sanción que en su caso se imponga dependerá de "la alarma o perturbación del orden efectivamente producida".
La limitación impuesta en el numeral 373 impugnado se encuentra justificada en razones constitucionales, pues se trata de límites tasados expresamente en la Constitución Federal y en tratados internaciones en materia de derechos humanos. La disposición impugnada no sanciona el hecho o acto de expresar ideas, sino las consecuencias de alteración del orden público provocadas por difundir información falsa.
Por otro lado, sobre el segundo concepto de invalidez expresado, afirma que es igualmente infundado porque las frases "afirmación falsa" y "a través de cualquier medio" no dan lugar a una confusión sobre cuál es la conducta que el legislador estimó debe ser reprochable: la alteración del orden público ocasionada por la difusión, a través de cualquier medio que sea apto al efecto, de mensajes falsos que provoquen alarma en la población de manera infundada.
Del tal modo, argumenta que la norma no es un tipo abierto, pues la expresión "afirmar falsamente" consiste en asegurar algo que no es cierto y verificable, sin una interpretación amplia o compleja. La expresión "por cualquier medio" es una frase de uso común en la tipificación ya que se considera como un dato implícito, como en el homicidio. Por tanto, lo que se quiso significar es que la intencionalidad está implícita como en muchos delitos; en éste reside en la falsedad de la afirmación.
Además, apunta que el juzgador, al valorar las pruebas, podrá concluir si la conducta realizada consistió en alterar el orden público a través de afirmar falsamente, por cualquier medio, la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, sin que ello signifique que realice una función tipificadora de cierre o construcción final de la descripción típica, sino que su actuación se limita a determinar si el hecho concreto se adecua a la descripción legal, lo que es propio del arbitrio judicial con que está investido.
Señala, que la inconstitucionalidad de un precepto no puede hacerse derivar de las locuciones en él utilizadas, pues las normas que rigen la actividad legislativa no obligan al legislador a definir los vocablos utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica; siendo que la "afirmación falsa" y "a través de cualquier medio", pueden actualizarse de tantas maneras que el legislador no podría prever y describir cada una de ellas, por lo que, corresponde al juzgador verificar si la conducta desplegada por el sujeto activo encuadra en la descripción típica para aplicar la consecuencia prevista en la norma.
En virtud de lo anterior, afirma que la redacción del artículo impugnado no infringe la garantía de legalidad puesto que prevé de manera clara y precisa cuál es la conducta a sancionar, que para el caso lo constituye la alteración del orden público a través de la difusión, por cualquier medio apto para tal efecto, de afirmaciones falsas acerca de la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud.
Por lo tanto, considera que deberán declararse infundados los argumentos planteados por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y declarar la validez constitucional del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
SÉPTIMO. La instrucción quedó cerrada mediante auto dictado el ocho de diciembre de dos mil once; asimismo, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
OCTAVO. En sesión de veinte de febrero de dos mil trece se discutió el proyecto presentado por el Ministro ponente, en el que proponía sobreseer en la presente acción al haber cesado en sus efectos la norma impugnada; sin embargo, se acordó por mayoría de tres votos desechar el proyecto y devolver los autos a la presidencia de esta Primera Sala, para el efecto de que se returnara a uno de los Ministros de la mayoría, para la elaboración de un nuevo proyecto.
Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil trece, se acordó retornar los presentes autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la mayoría, a fin de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz y la Constitución Federal.
SEGUNDO. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(2) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El "Decreto Número 296 por el que se adiciona un capítulo III al título XXII del libro segundo y el artículo 373 al Código Penal para el Estado de Veracruz", se publicó el veinte de septiembre de dos mil once en la Gaceta Oficial de la entidad, tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado en las páginas treinta y nueve y siguientes del expediente. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles veintiuno de septiembre al jueves veinte de octubre de dos mil once.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la página treinta y siete del expediente, la demanda se presentó el miércoles diecisiete de octubre de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.
TERCERO. Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal.
En el caso concreto, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscribe la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Tal carácter lo acredita con la copia simple de su designación en ese cargo, en virtud de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, donde se le comunica que, en sesión de cinco de noviembre de dos mil nueve, la citada Cámara lo eligió como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el lapso de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil nueve al quince noviembre del dos mil catorce.(3)
Además, es un hecho notorio para este Alto Tribunal que efectivamente el citado funcionario es el presidente de la referida Comisión.(4) Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 74/2006,(5) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."
Por su parte, los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) y 18 de su Reglamento Interno,(7) establecen que la representación de la mencionada institución corresponde a su presidente. En consecuencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para acudir, como actor, a este medio de control constitucional.
CUARTO. Causas de improcedencia. Mediante oficio presentado el veintiséis de noviembre de dos mil doce, en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Congreso del Estado de Veracruz, solicitó el sobreseimiento de la presente acción debido a que el veintidós del mes y año indicados se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado la reforma al artículo 373 del Código Penal para el Estado de Veracruz impugnado en este asunto, por lo que consideró que cesaron los efectos de la norma impugnada. Ver votación 1
En el caso, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) que prevé que este tipo de asuntos son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que dejen de surtir sus efectos jurídicos; sin embargo, debe advertirse que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley. Así, lo ha sustentado el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio de jurisprudencia:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24667-07facc89/accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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