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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. II. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. III. DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA A QUIEN SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE O SIN APLICAR LAS MEDIDAS DE PREVISIÓN O DE SEGURIDAD ADECUADAS, HABIÉNDOLE SIDO APLICADA UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR HECHO SIMILAR, REINCIDA EN REALIZAR A CIELO ABIERTO LA QUEMA DE LLANTAS, PLÁSTICOS O CUALQUIER OTRO MATERIAL CONTAMINANTE, VIOLA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 259, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS A QUIENES SE HAYA APLICADO LA NORMA IMPUGNADA A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 259, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON EFECTOS RETROACTIVOS QUE SURTE SUS EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 259, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2016. · Registro digital (IUS): 28708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-07
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo I, Pág. 556.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 19 DE MARZO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES Y HORACIO VITE TORRES.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil diecinueve emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 18/2016 promovida por la procuradora general de la República en contra del artículo 259, fracción X, del Código Penal para el Estado de Veracruz, publicado el uno de febrero de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz.

I. TRÁMITE:

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciséis,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, procuradora general de la República,(2) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 259, fracción X, del Código Penal para el Estado de Veracruz, del contenido literal siguiente:

"Artículo 259. Se impondrán de uno a seis años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario a quien, sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de previsión o de seguridad adecuadas:

"...

"X. Habiéndole sido aplicada una sanción administrativa por hecho similar, reincida en realizar a cielo abierto la quema de llantas, plásticos o cualquiera otro material contaminante del medio ambiente; o"

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Congreso y se promulgó por el gobernador, ambos del Estado de Veracruz.

3. Concepto de invalidez. En el concepto de invalidez se argumenta, en síntesis, que:

a) El precepto impugnado vulnera los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la taxatividad.

Pues no señala de forma clara y exacta la descripción típica de la conducta, al referir la reincidencia como elemento normativo esencial y al hacerla depender de una sanción administrativa por "hecho similar".

Lo que deja al arbitrio del operador jurídico determinar la similitud o disimilitud de la conducta sancionada en sede administrativa con la conducta sancionada en sede penal.

b) Por lo que, si "lo similar" es aquello que tiene semejanza o analogía con algo, el artículo impugnado permite se sancione penalmente a alguien por realizar una conducta análoga a quemar a cielo abierto llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante, con independencia de que anteriormente ya le fuera aplicada una sanción administrativa.

Incluso en la iniciativa y posterior dictamen que dio lugar al artículo impugnado se señaló que se buscaba sancionar penalmente a las personas que ya habían sido sancionadas administrativamente.

c) Que el artículo impugnado vulnera el principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de tipicidad o taxatividad, pues es un "tipo penal abierto" ya que, para que se actualice la hipótesis normativa, es necesario que el sujeto activo haya sido sancionado administrativamente por un "hecho similar" a la quema de llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante.

Lo que genera un vacío sobre los supuestos que colman la descripción típica, permitiendo que el juzgador determine discrecionalmente el grado de similitud o disimilitud entre la conducta sancionada en sede administrativa y la realizada en sede penal.

Tampoco protege el bien jurídico que pretende salvaguardar (medio ambiente), sino que sanciona el actuar reincidente del sujeto activo, siempre y cuando, se cumpla con el elemento normativo esencial de que exista una sanción administrativa previa por un hecho similar.

Ahora bien, por lo que hace a la reincidencia, el artículo 33 del Código Penal de Veracruz establece que habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa otro delito en la entidad, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la pena; lo que evidencia la contradicción con el artículo impugnado, pues la reincidencia requiere se cometa otro delito sancionado por las leyes penales y no una infracción de carácter administrativo.

d) Inexistencia de un "hecho similar" dentro de un cuerpo normativo formal y materialmente legislativo.

La redacción del tipo exige que la sanción administrativa primigenia haya versado sobre una conducta parecida en algún grado a la quema de llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante.

Por lo que si el derecho administrativo sancionador también se ve enmarcado por el principio de legalidad, sería indispensable que una previsión administrativa regule y sancione un hecho traspolable al que se sanciona en la vía penal.

Y de un análisis a la Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz y a todo el ordenamiento legislativo de ese Estado, se observa que no existe una conducta similar a la sancionada en el artículo impugnado.

Así, la inconstitucionalidad del artículo descansa en que se viola el principio de taxatividad, pues la cláusula de remisión no se dota de contenido normativo preciso y exacto en la ley.

e) Inexistencia de un "hecho similar" dentro de un cuerpo normativo administrativo.

Inclusive, ningún reglamento estatal prevé en su contenido una sanción administrativa por un "hecho similar" al descrito en el artículo impugnado, de hecho, es hasta las disposiciones reglamentarias municipales en que se encuentran las primeras disposiciones aplicables.

Tal como sucede en el Reglamento de Servicios Municipales de Xalapa, o el Reglamento de Limpia Pública para el Municipio de Fortín, que prohíben expresamente la quema de llantas o desperdicios en lotes baldíos, imponiendo multas a los infractores.

Pero de tener por colmado el requisito de la reincidencia acudiendo a reglamentos municipales, violaría el principio de reserva de ley, al tener que acudir a actos formalmente administrativos para determinar la configuración del delito.

f) El artículo impugnado vulnera el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues prevé un tipo penal que no delimita estrictamente las conductas delictivas, lo que permite que la descripción de la conducta dependa de la apreciación de la autoridad que aplicará la norma.

g) No resulta procedente realizar una interpretación conforme o integradora del artículo impugnado al tratarse de la materia penal.

4. Artículos señalados como violados. La promovente señaló como violados los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución y 9 de Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. Registro y turno. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis,(3) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 18/2016, y turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.

6. Admisión. La Ministra instructora por acuerdo de once de marzo de dos mil dieciséis,(4) admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto.

7. Informe del Poder Legislativo. La diputada presidenta del Congreso del Estado de Veracruz rindió informe mediante oficio recibido el catorce de abril de dos mil dieciséis,(5) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

a) Que el artículo impugnado no es inconstitucional, pues no vulnera el principio de tipicidad, toda vez que no admite confusión alguna, ya que la sanción administrativa que prevé se encuentra prevista en los reglamentos de policía y buen gobierno.

En virtud de que son los Municipios los entes encargados de cuidar y proteger el medio ambiente por lo que, cuando imponen una sanción por la quema de llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante, deben advertir al particular que, en caso de reincidencia, se procederá a realizar la denuncia penal respectiva.

b) La sanción administrativa previa busca ser una "medida cautelar" o "llamada de atención" a las personas para que no sigan afectando al medio ambiente.

c) El artículo no impone una sanción penal por simple analogía, pues precisa la acción reprochable "quema de llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante".

d) Si bien el artículo hace referencia a una sanción administrativa por un hecho similar, lo cierto es que en el mismo párrafo y a renglón seguido, deja claro que el hecho similar es quemar a cielo abierto llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante del medio ambiente.

e) Si bien habla de una reincidencia, se refiere a la advertencia que se le hizo al particular de no cometer otra vez el mismo hecho, no que se considere reincidente para efectos de la pena a quien haya quemado llantas previamente.

f) Se cumplen con los principios de taxatividad y tipicidad, pues el artículo es claro en señalar la conducta que se sanciona y la pena que se impondrá.

g) Contrario a lo que sostiene la accionante, el ordenamiento jurídico de Veracruz prevé en la Ley Estatal de Protección Ambiental, que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y las autoridades municipales pueden imponer sanciones administrativas por la contaminación de la atmósfera, en la que queda comprendida de manera genérica la quema de llantas o plásticos.

h) El artículo no deja al libre arbitrio del juzgador la decisión de cuando se debe aplicar la sanción penal, pues es preciso en señalar que se aplicará a quien ya haya sido sancionado administrativamente por la quema de llantas y plásticos a cielo abierto.

8. Informe del Poder Ejecutivo. El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz rindió informe mediante escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil dieciséis,(6) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que era cierto que había promulgado y publicado el artículo impugnado.

b) Que el artículo no es inconstitucional, pues respeta los derechos de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad.

c) Que no se deja al arbitrio del operador jurídico determinar la similitud del hecho sancionado administrativamente con el sancionado penalmente, pues refiere con claridad que debe sancionarse la quema de llantas, plásticos o cualquier otro material contaminante.

d) Tampoco resulta un tipo penal abierto, pues se describe perfectamente la conducta.

e) Si bien la elección de la palabra "reincida" es desafortunada, debe entenderse que se pretende sancionar cuando el sujeto activo repite la conducta que ya fue sancionada administrativamente.

f) Al tratarse de un delito ambiental, esta Suprema Corte ya ha establecido que es válido remitirse a ordenamientos administrativos para llenar vacíos de la ley penal en aspectos no jurídicos.

9. Recepción de informes, requerimiento y vista a las partes para la formulación de alegatos. Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis,(7) se tuvo por presentado el informe solicitado al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, por designados sus delegados y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

10. Por otra parte, mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciséis,(8) se tuvo por presentado el informe solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, por designados sus delegados y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo quedaron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos por escrito.

11. Alegatos. Por escritos presentados el cuatro(9) de mayo de dos mil dieciséis, los delegados de la procuradora general de la República y del gobernador del Estado de Veracruz, formularon sus alegatos.

12. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,(10) se tuvieron por formulados los alegatos y se cerró la instrucción para efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

II. CONSIDERACIONES:

13. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente al momento de la presentación de la demanda),(11) el artículo 1o. de su ley reglamentaria(12) y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una disposición general local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un tratado internacional del que el Estado Mexicano es parte.

14. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(14) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. La reforma a la fracción X del artículo 259 del Código Penal para el Estado de Veracruz, se publicó en la Gaceta Oficial de la entidad el uno de febrero de dos mil dieciséis,(15) por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del dos de febrero al dos de marzo de dos mil dieciséis.

16. Luego, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de marzo de dos mil dieciséis, debe estimarse oportuna su promoción.

17. Legitimación. Al efecto, debe tenerse en cuenta que, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, fue modificado y adicionado el artículo 105, fracción II, incisos c) e i), de la Constitución Federal,(16) estableciéndose que se encuentran legitimados para ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otros, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico, tratándose de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas, así como el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, además de las relacionadas con el ámbito de sus funciones.

18. Sin embargo, en el párrafo primero del artículo décimo sexto transitorio de la aludida reforma constitucional se establece que: "Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del procurador general de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al fiscal general de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República."

19. En consecuencia, dado que a la fecha de presentación de la demanda no se había emitido la ley relativa a la Fiscalía General de la República, ni la declaratoria de su autonomía constitucional, debe estimarse que la entonces procuradora general de la República está legitimada para impugnar normas generales de carácter estatal a través de la acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en el inciso c), de la fracción II, del artículo 105 constitucional en vigor.(17)

20. De acuerdo con lo anterior, es dable sostener que la presente acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada para ello, en tanto se impugnan una norma general contenida en una ley local y se suscribió por la entonces procuradora general de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación por el presidente de la República.

21. Procedencia. La presente acción encuadra en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente al momento de la presentación de la demanda). Además de que en la presente acción de inconstitucionalidad las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este Tribunal Pleno advierte la actualización de alguna; por lo que procede el análisis de los conceptos de invalidez planteados por la actora.

III. ESTUDIO DE FONDO

22. A juicio de la accionante, el artículo 259, fracción X, del Código Penal para el Estado de Veracruz, contraviene los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad, previstos en los artículos 14, tercer párrafo, de la Constitución y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no precisa de forma clara y exacta la descripción típica de la conducta, al señalar la reincidencia como elemento normativo esencial y al hacerla depender de una sanción administrativa previa por "hecho similar"; lo que deja al arbitrio del operador jurídico determinar la similitud o disimilitud de la conducta sancionada en sede administrativa con la conducta sancionada en sede penal.

23. El concepto de invalidez es esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, en términos de lo que dispone el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

24. Con el objetivo de otorgar claridad al estudio de fondo, esta ejecutoria se conformará en este apartado de la siguiente manera: a) Principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, y b) análisis de constitucionalidad del artículo impugnado.

a) Principio de legalidad en su vertiente de taxatividad

25. El principio de taxatividad ha sido materia de reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha precisado su fundamento, definición y alcances, así como la forma de analizar su cumplimiento.

26. En la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 95/2014,(18) se reseñaron los principales pronunciamientos sobre este tema y se fijó el parámetro de control constitucional, en que se funda la decisión de este asunto.

27. Se estableció que el principio de taxatividad está reconocido en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

28. El artículo 9 de la citada Convención, establece el principio de legalidad en los términos siguientes:

"Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos (sic) según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."

29. En la interpretación de esa norma convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, en sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90) y en el Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, en sentencia de treinta de mayo de mil novecientos noventa y nueve (párrafo 121), respectivamente, estableció lo siguiente:

"90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que ‘nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable’, el artículo 9 de la convención obliga a los Estados a definir esas ‘acciones u omisiones’ delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido:

"... Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, ... la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.

"En un Estado de derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.

"En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. ..."

"121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana."

30. Asimismo, el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, establece:

"Artículo 14. ...

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata."

31. En la aludida acción de inconstitucionalidad 95/2014, se recordó que en la interpretación de la porción normativa transcrita, la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo siguiente:

a) La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.

b) La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas.

c) Las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(19)

32. Además, se retomó lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2011, en la que se aclaró que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, y se definió el principio de taxatividad como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.

33. Asimismo, se explicó que, comúnmente, se entiende al principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley.

34. Además, se reconoció que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado. Por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende es que el grado de precisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.

35. El otro extremo es la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica. De aquí que la certeza jurídica y la igualdad en la aplicación del derecho sean los valores subyacentes al principio de taxatividad.

36. Con relación al grado de precisión que se exige en las normas penales, en ambas acciones de inconstitucionalidad se aludió al criterio que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.) de la Primera Sala, cuyo contenido es el siguiente:

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas."(20)

37. En la acción de inconstitucionalidad 95/2014, se destacó que de dichas formulaciones del principio de legalidad en materia penal deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.

38. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.

39. Se sostuvo que del principio de legalidad deriva el de taxatividad, que exige la formulación, en términos precisos, de los supuestos de hecho que pretenden regular las normas penales, a partir de dos directrices: a) el uso de conceptos con el menor grado de vaguedad posible para determinar los comportamientos penalmente prohibidos;(21) y, b) la preferencia por el uso de conceptos descriptivos (p. ej. privar de la vida) frente a los conceptos valorativos (p. ej. ultrajar).(22)

40. Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28708-5db69acf/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-procuraduria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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