I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS LEYES DE LOS ESTADOS QUE DEBEN ADECUARSE A UNA LEY GENERAL SOBRE UNA MATERIA CONCURRENTE NO CONSTITUYEN UNA EXTENSIÓN DE ÉSTA, POR LO QUE EL PLAZO PARA LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS NO SE RIGE POR EL DE ESA LEY GENERAL. II. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONDICIONES QUE IMPONE AL LEGISLADOR EN SU MODULACIÓN A LA MATERIA ADMINISTRATIVA. III. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. IV. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SU MODULACIÓN A LA MATERIA ADMINISTRATIVA. V. LEYES LOCALES EN MATERIA DE DEPORTE. LAS DISPOSICIONES QUE DEJAN UN CATÁLOGO ABIERTO DE ACTOS O CONDUCTAS VIOLENTAS, O QUE INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, SON CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, APLICABLE AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 108, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA", DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE SINALOA). VI. LEYES LOCALES EN MATERIA DE DEPORTE. LAS DISPOSICIONES QUE SANCIONAN ACTOS O CONDUCTAS VIOLENTOS, O QUE INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, CON PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS INDETERMINADOS SON CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 122, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISO B); III, INCISOS B) Y C), Y IV, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE SINALOA]. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS Y RIGE HACIA EL FUTURO DESDE ESE MOMENTO SIN AFECTAR LAS SITUACIONES JURÍDICAS GENERADAS POR LA LEY RESPECTIVA DESDE QUE ENTRÓ EN VIGOR [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 108, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA", Y 122, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISO B); III, INCISOS B) Y C), Y IV, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE SINALOA].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 23 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 108, en la porción normativa que indica "de manera enunciativa y no limitativa" y 122, fracción I, incisos b), c) y d); fracción II, inciso b); fracción III, incisos b) y c); y fracción IV, inciso b), de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa (contenida en el Decreto 549), publicada en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales violados. La promovente consideró que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial, la accionante expuso los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
Primero
Menciona que el artículo 108, en su porción normativa que prevé "de manera enunciativa y no limitativa", de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa es violatoria de los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones administrativas, estatuidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicho enunciado genera un catálogo abierto de conductas sancionables indeterminadas, al no establecer de manera precisa y detallada la conducta o acto que se considera antijurídico, o bien, el dispositivo legal en que se describa el mismo.
Aduce que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador es válido aplicar los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos, en cuanto a grados de exigencias, no pueda hacerse de forma automática, ya que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sancionador sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Señala que en estricto seguimiento a los parámetros que este Alto Tribunal ha diseñado para modular la aplicación de los derechos humanos que en sede penal pueden ser aplicables al derecho administrativo sancionador; hace las siguientes precisiones:
Que, en la especie, se está en presencia de un procedimiento administrativo sancionador, ya que la norma impugnada tiene como finalidad reaccionar en el ámbito administrativo frente a lo antijurídico, es decir, contra los actos o conductas que se consideran violentas o que incitan a la violencia en el deporte; y el Estado ejerce su potestad punitiva a través del operador de la norma.
Que la norma impugnada viola el principio de tipicidad de las penas.
Que el derecho que se estima violado por la norma impugnada es compatible con el derecho administrativo sancionador; y al respecto, invoca la jurisprudencia P./J. 100/2006 y las tesis aisladas siguientes: 1a. CCCXVI/2014 (10a.) y 1a. CCCXIX/2014 (10a.), de rubro, títulos y subtítulos: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.", "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN." y "TIPOS ADMINISTRATIVOS EN BLANCO. SON CONSTITUCIONALES SI SE JUSTIFICAN EN EL MODELO DE ESTADO REGULADOR."
En cuando a la modulación del contenido del derecho fundamental que se estima violado (principio de tipicidad), a efecto de trasladarlo del penal al procedimiento administrativo sancionador; refiere que el principio de tipicidad del derecho penal es extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, lo cual significa que si en alguna disposición administrativa se establece una infracción, la conducta desplegada por el infractor debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida.
Que el contraste de la porción normativa impugnada con el contenido del derecho que se estima violado, permite arribar a lo siguiente:
Que la porción normativa: "de manera enunciativa y no limitativa", prevista en el artículo impugnado, genera un sistema normativo que permite sancionar no sólo las conductas antijurídicas previstas en él, sino también aquellas que no estén reglamentadas, lo cual se considera contrario al principio de tipicidad en sus dos vertientes, ya que:
La previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos no existe, ya que –a su decir– no será posible que los destinatarios de las normas posean predeterminación inteligible de las conductas antijurídicas; y,
La proscripción de la arbitrariedad de la autoridad no se concreta, toda vez que el operador jurídico, a su leal saber y entender, podría determinar la antijuridicidad de una conducta a pesar de no estar reglamentada.
Precisado lo anterior, menciona que de los trabajos legislativos que antecedieron a la disposición impugnada, es posible advertir que uno de los fines que persigue la expedición de la Ley de Cultura Física, es implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia en el deporte, así como las sanciones a quienes la ejerzan, para lo cual se creó un catálogo de sanciones según el acto ilícito reclamado y la gravedad del mismo; y en casos extremos se prevé la comisión de delitos en los escenarios en donde se desarrollan los eventos deportivos.
Insiste que, a través del artículo 108, en su porción normativa que señala "de manera enunciativa y no limitativa", se genera un catálogo abierto de conductas administrativamente reprochables, pues no se establece con precisión la descripción de los actos o conductas consideradas –como violentas o que incitan a la violencia en el deporte–, lo cual es contrario al principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, aplicable al ámbito del derecho administrativo sancionador.
De ahí que estima que, derivado de la falta de descripción de los supuestos de hechos de la conducta antijurídica, el ciudadano está expuesto a determinaciones arbitrarias, pues la aplicación del precepto impugnando no se sustenta en prohibición o lineamientos predeterminados para la imposición de una sanción, máxime cuando se trata de infracciones graves, por lo que, aun cuando el citado dispositivo pretende evitar la violencia en el deporte, para su aplicación es indispensable que satisfaga las exigencias del principio de legalidad.
Segundo
Refiere que el artículo 122, incisos b), c) y d) de la fracción I; b) de la fracción II; b) y c) de la fracción III, así como b) de la fracción IV, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa, son contrarios a los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones administrativas, estatuidos en los artículos 14, 16 y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior es así, pues dichas porciones normativas contienen la clasificación de las sanciones que podrán imponerse a todas aquellas entidades y sujetos relacionados con actividades del deporte por infracciones a la misma; sin embargo, para el caso de la sanción consistente en "suspensión temporal" no especifica un límite temporal mínimo o máximo para la suspensión del uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo al registro estatal; tampoco establece parámetros objetivos que guíen en qué medida se podrán limitar o reducir los apoyos económicos; lo que, a su decir, permite que la medida establecida por el legislador sea impuesta de manera arbitraria.
Aduce que si bien las medidas sancionadoras persiguen un fin legítimo, como lo es evitar actos o conductas de violencia en el deporte, lo cierto es que, al no observar una ponderación entre la sanción y la infracción, origina un exceso en la afectación de los derechos que restringe.
Considera que, al no existir proporción entre la gravedad de la conducta o acto reprochable y la sanción correspondiente, las porciones normativas del dispositivo cuestionado permiten facultades discrecionales en la duración (al no existir un parámetro para determinar el límite temporal) y en el grado de la sanción a imponer (al no establecer bajo qué medida es posible reducir o limitar los apoyos); lo que deriva en sanciones arbitrarias, excesivas e inusitadas; de ahí que con su emisión el Congreso Local no respetó el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas.
CUARTO.—Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República, con el número 47/2016 y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.—Admisión de la demanda. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria; asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado, para que, al rendir su informe, remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.
SEXTO.—Informes del Gobernador Constitucional y del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa
I. Informe de la autoridad promulgadora
Refiere que son ciertos los actos que se le atribuyen y que está en plena disposición de armonizar los artículos impugnados de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la tutela y salvaguarda de los derechos fundamentales.
En ese sentido, ratifica las pretensiones expuestas por la procuradora general de la República, a fin de declarar la invalidez de los artículos 108 y 122 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa.
II. Informe de la autoridad emisora
Sostiene la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, al considerar que la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa fue expedida en cumplimiento y seguimiento a lo dispuesto en el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, que en su artículo segundo transitorio dispone que las Legislaturas de los Estados deben adecuar sus disposiciones legales a lo previsto en la reforma; lo cual, a su decir, guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio de la ley general anterior a la reforma.
Insiste en que las normas locales impugnadas sólo son consecuencia y seguimiento de la ley general de la materia, por lo que, de considerar la parte accionante que aquéllas contravienen la Constitución Federal, debió haber demandado desde el inicio de la entrada en vigencia de la ley general y no al emitir las disposiciones combatidas en cumplimiento de la antes mencionada.
Menciona que los artículos impugnados fueron emitidos en estricto apego y cumplimiento a la Constitución Federal y en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 43, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; luego entonces, afirma que, al ejercer su facultad soberana para dar vida jurídica al ordenamiento reclamado, fueron respetadas las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y demás relativas.
SÉPTIMO.—Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades demandadas. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sinaloa, así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de las disposiciones impugnadas.
OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, por virtud de lo dispuesto en los artículos décimo sexto transitorio del decreto de reforma respectivo; y 10, fracción I y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción de diversas porciones normativas de los artículos 108 y 122 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa, con los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.
Así es, la presente acción de inconstitucionalidad se promovió oportunamente, dado que las porciones normativas de los artículos de la ley impugnada (contenida en el Decreto 549) se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis,(2) por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del diecinueve de mayo al diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día jueves dieciséis de junio de dos mil dieciséis,(3) es indudable que se promovió oportunamente.
Se sostiene lo anterior, sin que resulten óbice las manifestaciones vertidas por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa al rendir su informe de ley, en las que básicamente señala que como las normas locales impugnadas sólo son consecuencia y seguimiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de considerar la parte accionante que aquéllas contravienen la Constitución Federal debió haber demandado desde el inicio de la vigencia de la ley general y no al emitir las disposiciones combatidas.
Ello es así, ya que dichas afirmaciones se enderezan a partir de una premisa errónea, pues el hecho de que por disposición del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se establezca que las Legislaturas de los Estados deben adecuar sus disposiciones legales de acuerdo a lo previsto en dicha reforma; no significa –de ninguna manera– que la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa, constituya una extensión de aquélla, como para definir criterios de oportunidad en función del inicio de la vigencia de la ley general, sino por el contrario, atendiendo precisamente a que el objetivo de dicho ordenamiento es establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el entonces Distrito Federal y los Municipios, a fin de legislar en una materia concurrente, como lo es la relativa a la cultura física y deporte; lo que emitan en ese sentido las Legislaturas Locales constituyen actos independientes de los establecidos en la ley general, y sujetos de ser impugnados, como en la especie acontece.
TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe el presente medio de control constitucional Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento en ese cargo, por parte del presidente de la República.(4)
Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados de Unidos Mexicanos, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma respectivo, faculta al procurador general de la República para ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y, en el caso, como se ha indicado, se combate un decreto que reforma diferentes preceptos contenidos en una norma local.
Así, conforme a lo anterior y además a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio artículo 105, aplicable en términos del diverso numeral 59 de la propia ley, la promovente de este medio impugnativo cuenta con la legitimación para ello, pues acredita su cargo y, además, impugna disposiciones de carácter general contenidas en una ley local, que estima contrarias a la Constitución Federal.
CUARTO.—Estudio. Preliminarmente, cabe precisar que si bien, al formular los conceptos de invalidez, la promovente expresa que las normas impugnadas vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustancialmente, porque no establecen de manera precisa y definida la conducta o acto sancionable, esto es, la descripción de los actos o conductas consideradas –como violentas o que incitan a la violencia en el deporte– ni tampoco un límite temporal para individualizar las sanciones, mínimo o máximo, es decir, no especifica un límite temporal para la suspensión del derecho del afectado en el uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo a las inscripciones al sistema; tampoco establece parámetros objetivos que guíen en qué medida se podrán limitar o reducir los apoyos económicos, lo que origina la arbitrariedad de la autoridad.
Lo cierto es que los razonamientos expresados plantean la problemática con relación a la transgresión al principio de seguridad jurídica y lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) que contempla el principio de exacta aplicación de la ley, el cual, en su vertiente de taxatividad, exige que la materia de la prohibición contenida en las conductas y sanciones, sea precisa y que no contenga ambigüedades; de tal suerte que se advierta con claridad cuál es la conducta prohibida y la sanción aplicable, para que no quede a la arbitrariedad de la autoridad aplicar la ley.(6)
El principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, previsto en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, modulado a la materia administrativa, compele a que las conductas y las sanciones deben estar impuestas en una ley en sentido formal y material, lo que implica que sólo es en esta fuente jurídica con dignidad democrática, en donde se pueden desarrollar esta categoría de normas, pero, además, sus elementos deben estar definidos de manera clara y precisa para permitir su actualización previsible y controlable e impida la actuación arbitraria de la autoridad; de tal suerte que la ley debe quedar redactada de tal forma que especifique de manera clara, precisa y exacta las conductas y sanciones respectivas.
El principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
Al mismo tiempo, el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es aplicable a la materia administrativa sancionadora.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios básicos del derecho penal son aplicables a la materia administrativa sancionadora, porque de esa forma se garantizan los derechos fundamentales de la persona, puntualizando que la potestad penal forma parte de un genérico ius puniendi del Estado, por lo que ambas materias comparten principios similares.
De tal suerte que se impone al legislador la obligación de crear normas que sean claras y que no permitan la arbitrariedad en su aplicación, esto es, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al describir las conductas sancionables y prever las sanciones, por lo que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o en menoscabo en la defensa a quienes va dirigida.
Así, los principios bajo los cuales deben analizarse los razonamientos de invalidez propuestos por la accionante es el relativo a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley, este último aplicable a la materia administrativa, pues dicho principio implica el derecho de no ser sancionado de manera arbitraria, además de que guarde una similitud fundamental con la sanción, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico.(7)
Establecido lo anterior, se procede al análisis de la validez de las normas impugnadas.
I. En relación con el artículo 108, en la porción normativa que prevé: "de manera enunciativa y no limitativa" de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa.
Según se pudo observar en párrafos que anteceden, la promovente, en el primer concepto de invalidez, sostiene la inconstitucionalidad del artículo 108, en la porción normativa que prevé "de manera enunciativa y no limitativa" de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa, por considerar básicamente que transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones administrativas, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicho enunciado genera un catálogo abierto de conductas sancionables indeterminadas, al no establecer de manera precisa y detallada la conducta o acto que se considera antijurídico, o bien, el dispositivo legal en que se describa el mismo.
Lo cual resulta esencialmente fundado.
A fin de evidenciar lo anterior, en principio, debe tenerse presente que el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que, como se apuntó, consagra el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad, el cual garantiza la protección del procesado para que en el juicio que se le siga no le sea impuesta, por analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no establezca la ley para la conducta que se ha cometido.
Dicho principio exige básicamente que la materia de la prohibición contenida en los tipos penales debe ser precisa y no contener ambigüedades; de tal suerte que se advierta cuál es la conducta sancionable para que el particular no quede sujeto a la discrecionalidad del juzgador al aplicar la ley.
De acuerdo con lo instituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal abarca también a la propia ley, la que debe quedar redactada de tal forma que consigne expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al describir las conductas que señala como típicas y prever las penas.
Se ha considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o en menoscabo en la defensa del procesado, pues tal como lo sostuvo el Tribunal Pleno, al fallar, por unanimidad de votos, la acción de inconstitucionalidad 95/2014, el siete de julio de dos mil quince, en materia penal existe una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida como principio de taxatividad.
Este principio constituye un importante límite al legislador en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas.
El principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas describan con suficiente precisión qué actos o conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
Comúnmente se entiende al principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge estos principios en el artículo 14, que establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.
La precisión en las disposiciones legales es una cuestión de grado, por ello, lo que se pretende es que el precepto establecido por el legislador sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(8)
El otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho son los valores subyacentes al principio de taxatividad.
El Tribunal Pleno estableció que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, podría lacerar derechos fundamentales de los gobernados. No sólo se vulneraría la seguridad jurídica de las personas, al no ser previsible la conducta (incertidumbre), sino que se podría afectar el derecho de defensa, ya que sería complicado conocer qué conducta es la que se atribuye y se podría posibilitar arbitrariedades por parte de la autoridad.
Así, el Tribunal Pleno afirmó que el principio de taxatividad exige la formulación de términos precisos del supuesto de hecho de las normas, a partir de dos directrices:
a) La reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos prohibidos; y,
b) La preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos.
Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco de la ley.
Es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad.
En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación del acto o conducta sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma.
Por ello, la ley debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos.
Lo anterior, no sólo es aplicable para la descripción de las conductas, sino también para la previsión de las sanciones, ya que en este último punto es necesario evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del destinatario.
Por tanto, la ley que carezca de certeza resultará violatoria de la garantía indicada, pues al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas, respecto de actos o conductas reprochables; esta descripción no es otra cosa que el acto o conducta debe estar claramente prevista.
Además, en el ámbito de las sanciones, parte de la doctrina ha señalado que dicho principio trata de asegurar que los individuos, tras consultar los textos jurídicos relevantes (por sí mismos, o a través de un abogado), puedan anticipar cuáles serán las consecuencias penales de sus posibles acciones u omisiones.(9)
De este modo, el principio de taxatividad suponen un freno a la arbitrariedad del poder, por lo que se ha establecido "cuanto más
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28304-302a84d5/i-accion-de-inconstitucionalidad-las-leyes-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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