I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO SUSPENDIDAS O INHABILITADAS PARA EL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS JUEZ, FACILITADOR, SECRETARIO, DEFENSOR DE OFICIO Y MÉDICO EN UN JUZGADO CÍVICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (FRACCIÓN V DE LOS ARTÍCULOS 8, 11, 13, 15 Y 17 DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO SUSPENDIDA O INHABILITADA PARA EL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO PARA SER JUEZ, FACILITADOR, SECRETARIO, DEFENSOR DE OFICIO Y MÉDICO EN UN JUZGADO CÍVICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN V DE LOS ARTÍCULOS 8, 11, 13, 15 Y 17 DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO). V. INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE UNA INFRACCIÓN EN ESA MATERIA POR USAR LAS ÁREAS Y VÍAS PÚBLICAS SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN QUE SE REQUIERA PARA ELLO, VIOLA LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VI. INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE UNA INFRACCIÓN EN ESA MATERIA POR USAR LAS ÁREAS Y VÍAS PÚBLICAS SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN QUE SE REQUIERA PARA ELLO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, APLICABLE AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LA FRACCIÓN V DE LOS ARTÍCULOS 8, 11, 13, 15 Y 17, ASÍ COMO LA DEL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA CÍVICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 89/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de octubre de dos mil veintidós.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 89/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDOS:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Ver autoridades
2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y convencionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 1o., 5o., 6o., 9o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 13, 15, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 19, 21, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La promovente en sus conceptos de invalidez argumenta lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. Argumenta que artículos 8, 11, 13, 15 y 17 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, todos en su fracción V, establecen requisitos discriminatorios para acceder a diversos cargos dentro de un juzgado cívico en la entidad, a saber: Juez, facilitador, secretario, defensor de oficio y médico; por lo que contravienen los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público.
Lo anterior lo estima así, pues la exigencia de no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público impide de forma injustificada que las personas que se encuentren en dicha circunstancia puedan acceder a ocupar los distintos cargos de mérito, aun cuando dichas sanciones ya hayan sido cumplidas, por lo que resultan contrarias a la Constitución Federal.
Añade que tal exigencia resulta sobre inclusiva, desproporcionada y tiene el efecto de excluir de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de acceder a los cargos de mérito, por lo que se estima que transgrede el derecho de igualdad y no discriminación y, adicionalmente, constituye una medida legislativa que atenta contra el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y de acceso a un cargo público.
Al respecto, desarrolla en líneas generales el contenido del principio de igualdad y del derecho a la libertad de trabajo y a ocupar un cargo público.
Dichas disposiciones –alega– limitan de forma genérica los derechos de las personas que fueron inhabilitadas o suspendidas en el servicio público, sin considerar si las conductas por las cuales fueron sancionadas se relacionan o no con las funciones que deban desempeñarse en los cargos en cuestión.
Contrario a lo que dispone la normativa impugnada la accionante estima que para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes y, una vez hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate.
Explica que en atención a las actividades que realizan los jueces de justicia cívica, facilitadores de juzgado cívico, secretarios, defensores de oficio y médicos de juzgado, las restricciones contenidas en las normas impugnadas son desproporcionadas y atentan contra el derecho a la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo en el servicio público, toda vez que excluyen a todas las personas que hayan sido suspendidas e inhabilitadas en el servicio público, aun cuando el motivo de suspensión o inhabilitación de que se trate no se relacione de manera alguna con las atribuciones correspondientes a los cargos de Juez, facilitador, secretario, defensor de oficio y médico de un juzgado cívico; de manera que la norma resulta sobre inclusiva.
A mayor abundamiento, menciona que la generalidad y amplitud de las normas referidas, al ser sobre inclusivas, provocan un escenario absoluto de prohibición que impide acceder en condiciones de plena igualdad a los respectivos empleos públicos a personas que en el pasado pudieron haber sido suspendidas o inhabilitadas en servicio público, sin que ello permita justificar, en cada caso y con relación a la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto a ejercer, sobre todo, tratándose de sanciones que pudieron ya haber sido ejecutadas o cumplidas.
Manifiesta que no pasa inadvertido que las disposiciones normativas impugnadas de alguna forma están encaminadas a exigir cierta probidad y honestidad a las personas que aspiren a acceder a los multicitados cargos públicos, de manera que se garantice que su ejecución sea regular y se apegue en todo momento a la legalidad. Sin embargo, dichos preceptos desbordan su objetivo y terminan por excluir a las personas que pretenden reintegrarse en el sector laboral en favor del Estado, una vez cumplida la sanción a que fueron acreedores.
Con relación a lo anterior, señala que las sanciones de suspensión e inhabilitación en el Estado de Guanajuato, pueden ser consecuencia tanto de responsabilidad administrativa, como de responsabilidad penal, por lo que el universo de supuestos para la exclusión de los cargos públicos de mérito es amplio y no se encamina a garantizar la probidad de los funcionarios que participarán del sistema de justicia cívica en la entidad.
Derivado de ello, estima que las normas son demasiado amplias porque consideran, en general, la exigencia de no haber sido suspendido o inhabilitado en el servicio público; no distinguen si la suspensión o inhabilitación de mérito tiene génesis en una responsabilidad administrativa grave o no grave, o si se impuso por la comisión de un delito, por la especial calidad del sujeto activo y, en este caso, si el hecho punible se relaciona o no con las funciones que habrá de desempeñar la persona que ocupe los distintos cargos públicos a que se ha hecho referencia.
Considera que en todo caso, el legislador debió acotar lo más posible la exigencia impugnada, de forma que únicamente se restringiera el acceso a las personas que aspiren a los cargos en comento cuando hayan sido objeto de responsabilidad por situaciones realmente gravosas para el servicio público y que se encuentren estrechamente vinculadas con las funciones a desempeñar en los puestos correspondientes, de forma tal que permitan válidamente poner en duda que los aspirantes en cuestión vayan a ejercer de manera proba, íntegra y honesta sus atribuciones.
Sin embargo, ello no ocurre en la especie pues el legislador realizó una distinción que no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar, pues exigir que la persona no haya sido suspendida o inhabilitada en el servicio público, en general, no tiene una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro de quien pretenda ejercer los cargos públicos de Juez, facilitador, secretario, defensor de oficio o médico de un juzgado cívico en la entidad.
Es así que la generalidad del requisito se traduce en una prohibición absoluta y sobre inclusiva que excluye automáticamente y sin distinción a las personas que han cumplido ese tipo de sanción, creando así una condición estigmatizante.
Añade que las medidas legislativas resultan irrazonables y abiertamente desproporcionales, puesto que no permiten identificar si la suspensión o inhabilitación se impuso por resolución firme de naturaleza penal, administrativa, civil o política; no distinguen entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni entre faltas o delitos graves o no graves; no contienen límite temporal, en cuanto a si la respectiva sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; y no distinguen entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva sanción o pena, y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo sus efectos (explica que resulta orientador el criterio asumido por el Pleno en la acción de inconstitucionalidad 111/2019).
Por ello, considera que las normas serían constitucionalmente admisibles sólo si se acotaran a la persona que se encuentre en ese momento cumpliendo con la sanción, por ejemplo, al encontrase inhabilitada. De otra forma, al exigir que no haya sido sancionadas en cualquier momento de su pasado, las disposiciones extenderían ad infinitum la consecuencia impuesta por haber incurrido en un ilícito administrativo, penal o de cualquier otra conducta considerada como infracción en cualquier ley.
Explica que, ese tipo de exigencias coloca en una condición social determinada e inferior con respecto a otros integrantes de la sociedad, a cualquier persona que ha sido sancionada con tales sanciones o penas, y se les excluye indefinidamente y de por vida, de la posibilidad de acceder al empleo público referido en la norma impugnada. En ese sentido, las normas impugnadas provocan un efecto inusitado y trascendente a cualquier sanción impuesta en el pasado de una persona, comprometiendo de forma indirecta la prohibición establecida en el artículo 22 constitucional, en tanto que las sanciones impuestas a una persona en un determinado tiempo adquieren un efecto de carácter permanente durante toda su vida.
Añade que el mero hecho de cometer un ilícito –sea administrativo o penal– y haber sido sancionado con inhabilitación o suspensión en el servicio público por el mismo, no tiene la consecuencia de marcar a su autor como un delincuente o infractor del orden jurídico de por vida o como una persona que carece de honestidad o probidad. Esto es, haber sido sujeto de responsabilidad y, como consecuencia de ello ser suspendido o inhabilitado en el servicio público no hace cuestionable siempre la conducta del responsable, ya que eso no implica que deba considerarse que su actuar estará apartado o carezca de tales valores o características invariablemente.
Por otra parte, explica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos precedentes (acciones de inconstitucionalidad 85/2018, 83/2019, 111/2019 y 117/2020) hizo patente que para determinar la constitucionalidad de los requisitos que establezcan distinciones entre personas por haber sido sancionado penal o administrativamente y aquellas que no se encuentran en ese supuesto para acceder a un cargo o empleo determinado, debe realizarse a través de un escrutinio ordinario o de razonabilidad, ya que tales exigencias no constituyen una categoría sospechosa, pero sí se traduce en una distinción entre las personas que fueron sentenciadas por delito y quienes no se encuentren en dicha situación.
• Segundo concepto de invalidez. Argumenta que disposición normativa contenida en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, al establecer como infracción en materia de seguridad ciudadana la conducta consistente en usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello, vulnera las libertades fundamentales de expresión y reunión.
Ello es así, pues las marchas, plantones, procesiones, peregrinaciones y manifestaciones derivados de expresiones sociales se realizan en el espacio público; sin embargo, con esta norma no sólo se impide el uso del espacio público por no contar con la autorización, sino que, además, puede acarrear la imposición de una sanción administrativa, por lo que no resultan acordes con el parámetro de regularidad constitucional.
En dicho concepto de invalidez, en un primer momento se desarrolla el alcance de los derechos a la libertad de expresión y de reunión en el contexto de manifestaciones sociales.
En primer lugar, explica que no es posible que el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público se condicione o restrinja a una autorización previa por parte del Estado como regla general, ya que ello conduciría a que el disfrute de ese derecho por medio de bienes de uso de dominio público dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de respaldo en el artículo 9o. de la Constitución Federal ni en el resto de las disposiciones convencionales con rango constitucional analizadas.
Es decir, explica que, por regla general, el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público no puede condicionarse ni restringirse a una autorización previa por parte del Estado, pues ello implicaría que el disfrute de ese derecho en bienes de uso de dominio público dependa enteramente de la decisión de las autoridades.
Lo anterior, evidencia que tratándose de la libertad de reunión en espacios públicos el Estado no puede condicionar su ejercicio ante la imposición de sanciones por el uso de áreas y vías públicas por no contar con una autorización previa.
Señala que la norma impugnada prevé como conducta infractora en materia de seguridad ciudadana, hacer uso de áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello.
Por ello, argumenta que la inconstitucionalidad del precepto deriva de condicionar el ejercicio del derecho de reunión e incluso de expresión y manifestación de ideas, de los habitantes del Estado de Guanajuato a la autorización que se requiera si quieren usar las áreas o vías públicas para diversos fines; máxime considerando que, en caso de no contar con dicha autorización, las personas que hagan uso de ellas, podrán hacerse acreedoras a una sanción pecuniaria equivalente al valor diez a veinte veces la Unidad de Medida y Actualización, o bien ser sujetas de arrestos de entre trece y veinticuatro horas.
En ese orden de ideas, debe estimarse que, si la libertad de reunión en espacios o áreas públicas no puede ser limitada a la existencia de una autorización previa por parte del Estado, por mayoría de razón, tampoco es posible imponer sanciones ante la falta de dicha autorización, pues dicha restricción carecería de respaldo constitucional o convencional.
Explica que el Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 72/2019, promovida por la misma Comisión en contra del ordenamiento en materia de justicia cívica de la Ciudad de México invalidó una norma semejante a la que se impugna en el presente asunto.
4. CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 89/2021, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.
5. Así, por auto de veintiocho de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que rindieran su informe; asimismo requirió al Poder Legislativo, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se haya publicado el decreto controvertido; así como a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestara lo que a su representación corresponda.
6. QUINTO.—Informe del Poder Legislativo. José Luis Vázquez Cordero, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente durante el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, rindió su informe en los siguientes términos:
• Que la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato tiene como finalidad la solución de conflictos que se suscitan con motivo de la cercanía de las personas en los núcleos de población, urbanos o rurales, y es una forma de aplicación de la justicia para aquellos casos que no están regulados por otras disposiciones, precisamente con el propósito de evitar que el conflicto trascienda a otros ámbitos de competencia de otras autoridades, derivado de la actualización de otro tipo de conductas de mayor gravedad que ameriten la aplicación de otro tipo de ordenamientos por parte de autoridades diversas; de cierta forma, dicho procedimiento constituye un instrumento preventivo de conductas antisociales de mayor impacto, mayor gravedad y de graves consecuencias, de ahí su importancia y la necesidad de su confección, dada su naturaleza de resolver y sancionar infracciones de naturaleza administrativa, que, se insiste, no transgredan otro tipo de ordenamientos.
• Contestación al primer concepto de invalidez. Señala que los argumentos vertidos en el primer concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son infundados, pues el requisito relativo a no haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño del cargo público tiene justificación en el valor que se pretende proteger, consistente en el acceso a la justicia completa, pronta e imparcial; lo cual conlleva la exigencia de contar con servidores públicos preparados en la materia, que cumplan con las calidades necesarias para desempeñar el cargo y gocen de probidad y honradez.
Explica que los derechos humanos no son absolutos, y en ese sentido válidamente pueden establecerse ciertas restricciones.
Así, en este caso el bien jurídico que se tutela es de rango constitucional y es considerado como un derecho humano, por lo que dichas normas no tienen como fin ni como resultado otorgar un trato discriminatorio a las personas, pues el hecho de que se impongan requisitos de esta naturaleza para acceder a estos puestos públicos no tiene como finalidad excluir a un grupo determinado de personas, sino asegurar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas encargadas de administración de justicia cívica, tal cual, se prevé en los dispositivos normativos cuya invalidez se demanda.
Añade que lo que el legislador buscó con dichas normas fue que los servidores públicos actúen con estricto apego al orden jurídico, y no con deshonestidad y falta de probidad, de modo que el objetivo del establecimiento de dichos requisitos tiene una finalidad muy distinta a un trato discriminatorio y no se atenta contra el principio de igualdad. Máxime porque el principio de legalidad es fundamental en el desempeño de toda función pública, pues la obligación de toda autoridad o servidor público es conducirse con estricto apego a la norma jurídica, por lo que la preparación profesional y la probidad y honradez son requisitos fundamentales para poder dar cumplimiento al mismo. Por tanto, argumenta que por virtud del valor que se pretende proteger, es que las porciones normativas son razonables y por tanto constitucionales.
Por otra parte, destaca que la honradez y probidad constituyen la antítesis de la corrupción y que en función de ello, en mayo de dos mil quince, el Constituyente Permanente sentó las bases para implementar un sistema anticorrupción con el propósito de erradicar todo vicio de esa práctica, dada la poca confianza de la sociedad en nuestras instituciones. Derivado de ello, es que el establecimiento de condiciones para la ocupación de un cargo de servicio público en un juzgado cívico, tienen como propósito la prestación de sus servicios bajo parámetros de rigurosa honestidad, a fin de cumplir las expectativas y devolver la confianza a la ciudadanía. Además, menciona que el artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal obliga a los servidores públicos a conducirse en cumplimiento a los valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; por lo que el establecimiento de un requisito de ingreso tendiente a observar dichos valores constituye un elemento para que se pueda hacer factible el desempeño de la función pública en un marco de legalidad.
Por otra parte, señala que con relación al argumento de la Comisión accionante en el sentido de que el requisito en cuestión constituye una transgresión a la libertad de trabajo tutelada en el artículo 5o. de la Constitución Federal, el mismo deviene infundado considerando que conforme al propio párrafo cuarto de dicho precepto constitucional, la elección espontánea de una actividad laboral se agota al pretender realizar una actividad propia del servicio público. Es por ello que la pretensión de ocupar un cargo público no puede estar sujeta a las condiciones generales, sino exige mayores elementos dada su naturaleza, que es la prestación de un servicio público en beneficio de la ciudadanía; siendo que deficiente prestación se traducirá en un menoscabo a un derecho humano de la colectividad.
En virtud de los argumentos anteriores, considera que la fracción V de los artículos 8, 9, 11, 13, 15 y 17 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato son constitucionales.
• Contestación al segundo concepto de invalidez. Señala que por lo que se refiere a la fracción III del artículo 66 de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, regula aspectos diversos a los derechos humanos de libertad de expresión y de reunión, consagrados en los diversos 6o. y 9o. de la Constitución Federal y en los correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Señala que en el caso se debe acudir a una interpretación sistemática, consistente en el análisis de la norma en el contexto que se desenvuelve en relación con otras normas. De ese modo, para encontrar el sentido del contenido de la fracción III, del artículo 66 de la Ley de Justicia Cívica, es necesario relacionarla con la fracción II del mismo dispositivo, que alude al respeto a los derechos humanos que el Organismo Garante considera infringidos con la actualización de la fracción III del citado artículo.
En vista de lo anterior, señala que se debe arribar a la conclusión de que la fracción III, del artículo 66 regula una situación totalmente diversa a los derechos humanos de libertad de expresión y de reunión, consagrados en los numerales 6o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior, explica, porque la fracción II prevé como conductas materia de infracción, "Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. Para estos efectos se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica".
En ese sentido, no cualquier manifestación de ideas y reunión que se realicen en la vía pública, son susceptibles de ser consideradas como infracción, sólo lo serán aquellas que se aparten de lo dispuesto por el artículo 9o. constitucional, que garantiza el respeto al derecho de petición, o de inconformidad, de tal suerte que conductas como el uso de vialidades o de plazas públicas para fines comerciales o sociales constituirán una infracción en tanto no se cuente con el permiso correspondiente, que justamente son las conductas a las que se refiere la fracción III del artículo 66 de la Ley de Justicia Cívica Local.
Por tanto, explica que para resolver el planteamiento es necesario realizar una interpretación sistemática de las fracciones II y III del artículo 66 de la Ley de Justicia Cívica impugnada, a fin de advertir los alcances de ambas fracciones y no la lectura aislada que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incluso porque los derechos humanos que alega violentados la accionante se encuentran protegidos por la propia fracción II.
7. SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, rindió su informe, en el que esencialmente reiteró lo señalado por el Poder Legislativo de la referida entidad y, añadió que:
• Que es cierto el acto que se reclama, toda vez que dicho titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato promulgó el Decreto Número 321 que contiene la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato; el cual fue publicado el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Explica que ello aconteció una vez que fue sustanciado el proceso legislativo, por lo que su actuación se llevó a cabo de conformidad con los mandatos constitucionales y legales de la entidad.
• Que las normas tildadas de inconstitucionales por la accionante, se encuentran dotadas de validez, al haber sido emitidas en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1o., 17 y 73, fracción XXIX, éstos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo séptimo transitorio del decreto legislativo emitido por el Congreso de la Unión, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de febrero de dos mil diecisiete.
8. SÉPTIMO.—Opinión de la Fiscalía General de la República. En la presente acción de inconstitucionalidad la Fiscalía General de la República se abstuvo de formular opinión al respecto.
9. OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, se cerró la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDOS:
10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planteó la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato(3) y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11. SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, se debe analizar primero, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
12. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(4) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
13. En el caso, las normas que se impugnan (artículos 8, fracción V, 11, fracción V, 13, fracción V, 15, fracción V, 17, fracción V, y 66, fracción III, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato) se publicaron en el Periódico Oficial de la referida entidad el viernes veintitrés de abril de dos mil veintiuno; por ende, conforme a lo asentado en el párrafo precedente, el plazo legal para promover la presente acción transcurrió del sábado veinticuatro de abril al domingo veintitrés de mayo de dos mil veintiuno.
14. En el caso concreto, según consta en el sello asentado en el escrito de demanda, la presente acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes veinticuatro de mayo de ese mismo año, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo; por tanto, es claro que su presentación fue oportuna.
15. TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
16. Suscribe la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, ostentándose como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada de su designación por el Senado de la República, de doce de noviembre de dos mil diecinueve.
17. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, entre otras, que vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en lo que México sea Parte y, en el caso, se promovió la acción en contra de los artículos 8, fracción V, 11, fracción V, 13, fracción V, 15, fracción V, 17, fracción V, y 66, fracción III, de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, publicados en el Periódico Oficial de la referida entidad, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, que estima contrarios a la Constitución Federal, aduciendo la violación a distintos derechos humanos e instrumentos internacionales.
18. Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15, fracciones I y XI,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32172-389b30c6/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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