I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS PENALMENTE POR DELITO DOLOSO Y AQUELLAS PERSONAS QUE NO TIENEN ANTECEDENTES PENALES, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS DIRECTORA O DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER RECIBIDO CONDENA POR DELITO DOLOSO PARA SER DIRECTORA O DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, FRACCIONES I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO" Y VII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 192/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte(1) ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 32, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento" y VII, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, publicada mediante Decreto 241, en el Periódico Oficial de esa entidad el veintinueve de junio de dos mil veinte.
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1o., 5o., 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En síntesis, la Comisión promovente señaló en su único concepto de invalidez lo siguiente:
• El artículo 32, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", y VII, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, vulneran los derechos humanos a la igualdad y no discriminación al impedir de forma injustificada a las personas a ocupar cargos públicos con base en la nacionalidad o la condición social y jurídica de las personas, aspecto que además impacta en los derechos de acceso a cualquier empleo o comisión en el servicio público, así como la libertad de trabajo.
• Las normas controvertidas establecen como requisitos para acceder al cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, entre otros, ser mexicano por nacimiento y no haber sido sentenciado por delito doloso, requisitos que resultan discriminatorios, en tanto que otorgan un trato injustificadamente diferenciado excluyendo a cierto sector de la población que aspiran a ejercerlo.
A) Requisito de ser mexicano por nacimiento.
• Por cuanto hace al primer requisito para el cargo de director general, establecido en el artículo 32, fracción I, de la ley impugnada, consistente en gozar de la nacionalidad mexicana por nacimiento, dicha exigencia resulta discriminatoria toda vez que coloca a las personas mexicanas por naturalización en una situación de exclusión respecto de aquellas connacionales por nacimiento.
• De esa manera, se considera que dicha disposición se traduce en una medida que al discriminar a las personas mexicanas por naturalización en cuanto al acceso a cargos y funciones públicas que constitucionalmente no están reservadas a aquellas mexicanas por nacimiento, vulnera el derecho humano a elegir libremente un trabajo lícito, cuando cumpla con las condiciones de idoneidad y capacidades.
• Además de los casos expresamente dispuestos en la Constitución General, el legislador federal puede determinar los cargos y funciones en los que se podrá requerir la nacionalidad mexicana por nacimiento; sin embargo, la libertad de configuración legislativa no es absoluta, debiendo satisfacer el criterio de razonabilidad en función de los cargos de que se trate.
• Al respecto el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2008, estimó que la facultad de configuración legislativa contenida en el artículo 32 de la Constitución Federal no es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos de que se trate, de esa manera si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad de configuración legislativa para regular ciertas materias, también lo es que aquélla se encuentra limitada por mandato constitucional, así como con los derechos humanos, reconocidos en la propia Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
• La Comisión accionante precisa que el Tribunal Pleno al fallar las acciones de inconstitucionalidad 46/2018, 59/2018, 87/2018, 93/2018, 4/2019 y 40/2019, estableció que las Legislaturas Locales carecen de libertad de configuración constitucional para establecer el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento.
• Por otro lado, considera que debe tomarse en consideración lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 35/2018, mediante la cual el Tribunal Pleno declaró la invalidez de una norma similar a la que se está impugnando, específicamente el artículo 123 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del propio Estado de Chiapas, en la que se exigía la nacionalidad mexicana por nacimiento para ser director general de un organismo descentralizado de la administración paramunicipal.
• Precisa que las funciones del cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral van encaminadas a la representación y administración de dicho organismo público, es decir, sus atribuciones no van encaminadas a satisfacer una finalidad constitucionalmente válida para reservar el acceso a las personas con la nacionalidad mexicana por nacimiento, como sería asegurar la soberanía o seguridad nacional ni tampoco se encuentran vinculadas con áreas estratégicas ni prioridades del Estado.
• Aunado a lo anterior, la norma impugnada vulnera el derecho contemplado en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier ciudadano mexicano a la ocupación de cargos en la función pública, en condiciones de igualdad, siempre y cuando cumplan con las calidades exigidas por las leyes, las cuales deben entenderse como méritos y capacidades, por lo que exigir el requisito de mérito no es un elemento que se relacione con dichos méritos y capacidades.
• Por otro lado, se señala que la norma impugnada no supera un escrutinio estricto dado que la medida establecida, no cumple con el requisito de cumplir con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, ya que no encuentra razonabilidad la exigencia de que el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral deba ser exclusivamente cubierto por quienes ostenten la nacionalidad mexicana por nacimiento, dado que las funciones a realizar no justifican una exigencia de este tipo.
• Asimismo, la medida legislativa adoptada no está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, puesto que no está conectada con la consecución de objetivo constitucional alguno, habida cuenta de que no es la medida menos restrictiva.
• Desde esta perspectiva, la norma impugnada resulta discriminatoria, toda vez que excluye sin base constitucional a las personas mexicanas por naturalización del acceso a un cargo público, ya que al tener la calidad de ciudadanía mexicana, deben tener el mismo trato que los nacionales por nacimiento.
• De esa manera, el artículo 32, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, resulta inconstitucional puesto que restringe a las personas mexicanas por naturalización la capacidad de acceder al cargo público de director general del Centro de Conciliación Laboral, en igualdad de condiciones que las personas connacionales que adquirieron la nacionalidad por nacimiento.
B) Requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso.
• Respecto del requisito previsto en la fracción VII del artículo 32 de la ley impugnada, en su porción normativa "no haber sido condenado por delito doloso", se estima que resulta sobreinclusivo, al excluir de forma injustificada a un sector de la población a aspirar al cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas aun cuando el delito por el que fueron sancionadas las personas no se encuentre vinculado o relacionado con las funciones que se desempeñarán en el cargo.
• En ese sentido, la norma impugnada discrimina con base en una categoría sospechosa consistente en la condición social y jurídica de las personas que han sido condenadas por delitos dolosos, en el entendido de que el requisito en comento no supera un análisis estricto de constitucionalidad.
• Ciertamente, el requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso no cumple con una finalidad constitucional imperiosa en la medida que no existe un mandato en la propia Constitución que exija un requisito de esa índole ni se encuentra relacionado con el logro de algún objetivo constitucional, mucho menos, que se trate de la medida menos restrictiva, de ahí que la norma resulta discriminatoria.
• La Comisión accionante señala que la disposición impugnada contraviene el principio de reinserción social al impedir a las personas que han sido condenadas por un delito doloso a acceder al cargo público, en virtud de que los delitos de que se trata no se relacionan con las funciones a desempeñar.
• Por tanto, la porción normativa "no haber sido condenado por delito doloso" contenida en la fracción VII del artículo 32 impugnado, se debe invalidar al ser discriminatorio por generar una distinción injustificada, exclusión, preferencia arbitraria e injusta entre las personas que han sido en algún momento sentenciadas por la comisión de un delito doloso y han cumplido con tal sanción.
CUARTO.—Radicación y admisión del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad. Por proveído de diez de agosto(2) de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 192/2020 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
En esa misma fecha,(3) mediante diverso auto, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas para que rindieran los respectivos informes, de igual forma ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República con copias del escrito inicial y sus anexos, para que, hasta antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento que le correspondiera, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que sólo en el caso de que considerara que la materia del presente asunto trascendiera a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.
QUINTO.—Informes de las autoridades y presentación de alegatos. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas,(4) rindieron sus respectivos informes,(5) los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de tres de diciembre de dos mil veinte y cinco de enero de dos mil veintiuno, respectivamente; asimismo, se tuvieron por recibidas las respectivas pruebas y se ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos. En esa virtud, únicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que al efecto consideró oportunos, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro instructor de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno.(6)
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito recibido el once de noviembre de dos mil veinte(7) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas rindió el informe correspondiente en el que medularmente señaló lo siguiente.
• Sostiene que se actualiza la causa de improcedencia relativa a que no se contraviene la Constitución General de la República, prevista en el artículo 19, fracciones VII y VIII, en relación con los diversos 20, fracción II y 59, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en efecto, a su parecer no se controvierte ningún precepto constitucional ni convencional, particularmente porque las porciones normativas impugnadas, se emitieron en beneficio de la sociedad y con la finalidad de contar con funcionarios adecuados, honorables y respetables, por lo que la Legislatura estima que no es procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo cual debe sobreseerse.
• Por otro lado, refiere que es infundado e inoperante el único concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que refiere que el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, es contrario a la Constitución General y a los derechos humanos que en ella se contienen; ello es así, toda vez que el referido decreto es constitucional, porque va encaminado a garantizar, proteger y salvaguardar a la ciudadanía chiapaneca en cuanto al acceso a la justicia laboral, así como contar con los operadores jurídicos adecuados, como es el caso del director general del Centro de Conciliación Laboral.
• La Legislatura precisa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos parte de una indebida interpretación del artículo 32, en sus fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, en virtud de que dicho precepto en ningún momento violenta los artículos 1o., 5o., 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni los tratados a que hace referencia, puesto que la persona que debe fungir como director general, es la que atenderá el cargo de administración y la representación del centro de conciliación, por lo que será la encargada de ejercitar todo tipo de acciones para representar, difundir, promocionar y proteger los derechos humanos, además de que será la que vigilará que el referido centro de conciliación lleve a cabo sus fines y atribuciones, por lo que deberá ser una persona honorable, de buenas costumbres y antecedentes profesionales idóneos.
• De esta manera, señala que los requisitos que estableció el legislador no deben ser considerados como violaciones a derechos humanos, sino como limitantes o restricciones que cuentan con sustento constitucional y legal, aunado a que debe tomarse en cuenta que la función del director general consiste en representar y administrar el centro de conciliación laboral ,así como vigilar que cumpla con sus fines, razón por la cual, quienes realizan dicha función deben ser personas de reconocida calidad moral, probidad, honorabilidad, honestidad invulnerable, buena fama, ética probada, profesionalismo y eficacia, capaces de generar confianza en la sociedad.
• El Decreto Número 241 impugnado, resulta constitucionalmente válido, en virtud de que fue realizado con fundamento en las facultades concurrentes que le son otorgadas al Congreso del Estado, en el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas y en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 73, fracción XXI, inciso a), párrafo segundo y 124.
• La norma impugnada está encaminada a otorgar una mayor protección y derecho a la seguridad jurídica, en virtud de que otorga un mayor beneficio para las personas de la sociedad chiapaneca, pues resulta acorde con la realidad que impera en nuestro país, por lo que no vulnera ningún derecho humano ni resulta discriminatoria.
• Por último, refiere que es de suma importancia regular el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral, cuya finalidad primordial es satisfacer las necesidades e intereses colectivos, para proteger y fomentar los valores de la convivencia armónica y la paz social, ello en beneficio de la sociedad de Chiapas, garantizando una mayor protección a los derechos humanos de las personas; por consiguiente, tal regulación no puede considerarse violatoria, puesto que por el contrario busca el mayor beneficio para la protección de las personas.
SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de diciembre de dos mil veinte,(8) la subconsejera jurídica del Estado de Chiapas, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, presentó el informe correspondiente, en el que señaló en esencia, lo siguiente:
• Las disposiciones impugnadas no resultan inconstitucionales, en virtud de que la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, tiene su fundamento en la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la que a su vez deriva de la fracción XX del artículo 123, apartado A, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que no pueda ser inconstitucional la ley que se impugna al ajustarse a la ley marco.
• Las fracciones impugnadas no realizan un trato discriminatorio ni excluyen a algún sector de la población que aspiran a ocupar ese cargo público, ya que, en el presente caso, el principio de igualdad se cumple cuando el legislador, al emitir sus leyes, justifica de manera plena su acto legislativo a efecto de tratar desigualmente situaciones análogas, por el contrario, resulta una restricción válida, la cual, además, supera un examen de razonabilidad.
• Refiere que el Constituyente previó excepciones y reservas para cargos y funciones que excluyen a mexicanos por naturalización y facultó al legislador para establecer las reservas que se sustentan en la relevancia del cargo o función, dichas reservas se encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; en esa medida, se estima que el artículo impugnado evita injerencias o conflicto de intereses con otras naciones, a la vez que ayuda a conservar la independencia y la soberanía nacional.
• Ahora bien, por cuanto hace al requisito relativo a "no haber sido condenado por delito doloso", previsto en la fracción VII del artículo 32 de la norma impugnada, este resulta constitucional, toda vez que los legisladores se ciñeron de manera estricta a lo referido en la Norma Fundamental para garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio del cargo o función pública. En efecto, la armonización legislativa plantea la homologación de la normatividad a nivel nacional, así como la implementación directa de los tratados internacionales en la legislación federal, evitando así, discrepancias entre las leyes generales, secundarias y orgánicas.
• En esa virtud, se sostiene que la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, se encuentra armonizada con lo previsto en la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, siguiendo estrictamente las directrices establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal del Trabajo. La armonización de las leyes locales se refiere al proceso por el cual, las leyes locales en una materia determinada se llegan a asemejar a las leyes de otras entidades federativas, al tiempo que conservan su identidad propia como leyes de carácter local. • En ese tenor, el artículo 32, fracciones I y VII, en las porciones normativas "ser mexicano por nacimiento" y "no haber sido sentenciado por la comisión de un delito doloso" por ningún motivo transgreden los derechos de igualdad y de no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público, como erróneamente sostiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que lo único que hace el legislador es establecer requisitos para elegir al director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, salvaguardando los principios de legalidad, honradez, lealtad, fidelidad, imparcialidad, eficiencia y confiabilidad en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones, de la persona que vaya a ocupar el cargo.
• En consecuencia, el sentido del legislador chiapaneco no consiste en realizar una distinción, sino caso contrario, su finalidad es buscar el mejor perfil que comprenda en su dimensión objetiva, externa o social, la buena reputación del candidato, la cual tiene como componente, por una parte, las buenas cualidades morales o profesionales de la persona, que pueden considerarse como valores, con el objetivo de que la persona que desempeñe el referido cargo lo realice de la mejor manera.
OCTAVO.—Cierre de Instrucción. Mediante proveído correspondiente al dos de febrero de dos mil veintiuno(9) se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) 1o. de su ley reglamentaria(11) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de las fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento" y VII, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", del artículo 32 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, al considerarlas violatorias de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución General, así como en los tratados internacionales de los cuales México es Parte.
SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Bajo esta perspectiva, debe destacarse que en atención a la circunstancia extraordinaria ocasionada con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los Acuerdos Generales Números 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, a través de los cuales se declaró inhábil para dicho órgano jurisdiccional el periodo comprendido entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte, cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte; de esta manera, conforme a lo dispuesto en el punto segundo(13) del Acuerdo General Número 14/2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal.
En esa virtud, en el presente caso el Decreto 241 por el que se expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, fue publicado el veintinueve de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del mencionado Estado, fecha en la cual se encontraban suspendidos los plazos en este Alto Tribunal. Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió a partir del tres de agosto y hasta el uno de septiembre de dos mil veinte.
En ese sentido, toda vez que el escrito inicial relativo a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de agosto de dos mil veinte,(14) se concluye que ésta se promovió de manera oportuna.
TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, prevén que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
En el presente caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó las fracciones I y VII del artículo 32 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, expedida mediante Decreto 241; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la referida Comisión Nacional; cargo que acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro.(15) A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(16) y 18 de su reglamento interno,(17) establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su presidente.
En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 192/2020, fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentado por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
CUARTO.—Causas de improcedencia. IV.1 Causas de improcedencia formuladas por el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas al rendir su informe no hizo valer ninguna causa de improcedencia, sino que directamente entró a desvirtuar el concepto de invalidez formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
IV.2 Causas de improcedencia formuladas por el Poder Legislativo del Estado de Chiapas. El Poder Legislativo sostuvo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracciones VII y VIII, en relación con los diversos 20, fracción II y 59, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a su parecer no se controvierte ningún precepto constitucional ni convencional, particularmente porque las porciones normativas impugnadas, se emitieron en beneficio de la sociedad y con la finalidad de contar con funcionarios adecuados, honorables y respetables, por lo que la Legislatura estima que no es procedente la acción de inconstitucionalidad y debe sobreseerse.
Debe desestimarse la referida causa de improcedencia, pues se encuentra estrechamente vinculada con el fondo del presente medio de impugnación. En este punto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno, número P./J. 36/2004, que lleva por rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(18)
Efectivamente, si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer alguna causa de improcedencia que signifique una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, aquélla debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia, deben estudiarse los conceptos de invalidez. De lo contrario, se correría el peligro de sobreseer respecto de un medio de impugnación cuya improcedencia no esté plenamente acreditada y, por tanto, de que se vulnere la garantía de acceso a la justicia en perjuicio de los accionantes.
Del escrito de demanda se desprende que una de las cuestiones planteadas en el presente asunto es que las fracciones I y VII de la norma general impugnada son inconstitucionales, porque vulneran los principios de igualdad y no discriminación, así como el derecho a acceder a un cargo público.
Bajo esta perspectiva, para estar en aptitud de determinar si las normas generales impugnadas efectivamente vulneran o no los referidos principios, resulta necesario verificar si las normas inciden de algún modo en esos derechos, que es precisamente lo que plantea el promovente en sus motivos de invalidez, lo que significaría necesariamente estudiar cuestiones que son propias del estudio de fondo del asunto.
Una vez que se ha desestimado la única causa de improcedencia hecha valer por el Poder Legislativo en su informe y al no advertir la actualización de alguna otra de oficio por parte de este Alto Tribunal, lo procedente es delimitar la litis y abordar los planteamientos de fondo.
QUINTO.—Precisión de la litis. En atención a los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es posible desprender los siguientes temas:
1. La fracción I del artículo 32 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, en la porción nor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30597-98cb0ba7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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