I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. SU REGULACIÓN ES DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, SALVO EN LOS ASPECTOS OPERATIVOS QUE LA LEY GENERAL RELATIVA CONFIERE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. V. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY GENERAL RELATIVA, AL QUE SE SUJETARÁN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN AL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR QUE IMPARTA EL ESTADO. VI. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. ELEMENTOS MULTIFACTORIALES PREVISTOS EN LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE SE TOMAN EN CUENTA COMO PARTE DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. VII. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. FACULTADES EXCLUSIVAS CONTEMPLADAS EN LA LEY GENERAL RELATIVA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL. VIII. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL RELATIVA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL ES LA QUE DETERMINA LOS CRITERIOS, LOS INDICADORES, LOS ELEMENTOS MULTIFACTORIALES Y LOS PERFILES PROFESIONALES, LA FORMA DE VALORACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE PARA LA ADMISIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN LOS PROCESOS ANUALES DE SELECCIÓN. IX. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL ES LA DEPENDENCIA QUE DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EJERCE LA RECTORÍA DE LA FEDERACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE DICHO SISTEMA. X. SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NO ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECER EL PERFIL PROFESIONAL O LOS REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL PERSONAL DOCENTE, AL TRATARSE DE UN ASPECTO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN REGULADOS EN DICHO SISTEMA, CUYA ATRIBUCIÓN ESTÁ RESERVADA A LA FEDERACIÓN [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO LXVI/RFCOD/0944/2020 I P.O., POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 791, PRIMER PÁRRAFO, INCISOS D) Y E), PRIMER PÁRRAFO; Y SE DEROGA EL INCISO C) DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ POR EXTENSIÓN, A LA PARTE RESTANTE DEL PRECEPTO CONTROVERTIDO, AL TENER DISPOSICIONES QUE ESTÁN ARTICULADAS DE MANERA INDISOLUBLE CON LA PORCIÓN INVALIDADA, ASÍ COMO DE UN DIVERSO PRECEPTO RELACIONADO CON EL NOMBRAMIENTO DE LOS INSPECTORES ESCOLARES DEL SISTEMA EDUCATIVO (INVALIDEZ POR EXTENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS 791, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 788, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO LXVI/RFCOD/0944/2020 I P.O., POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 791, PRIMER PÁRRAFO, INCISOS D) Y E), PRIMER PÁRRAFO; Y SE DEROGA EL INCISO C), DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO LA INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LOS INCISOS A) Y B), Y DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 791 Y PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 788 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclama la invalidez del Decreto Número LXVI/RFCOD/0944/2020, publicado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reformó el artículo 791, primer párrafo, incisos d) y e), y se derogó el inciso c), del Código Administrativo del Estado.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 42/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH"), en contra del Decreto Número LXVI/RFCOD/0944/2020, publicado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reformó el artículo 791, primer párrafo, incisos d) y e) y se derogó el inciso c), del Código Administrativo del Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la CNDH, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez del Decreto Número LXVI/RFCOD/0944/2020, publicado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el Periodo Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reformó el artículo 791, primer párrafo, incisos d) y e), y se derogó el inciso c), del Código Administrativo del Estado.
3. Además, la promovente sostiene que el numeral combatido vulnera los artículos 1o., 3o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los diversos 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con los derechos de seguridad jurídica y principio de legalidad.
4. Conceptos de invalidez. En el único concepto de invalidez, la accionante sostiene, en síntesis, que el artículo 791 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua se reformó con la finalidad de modificar algunos requisitos para ingresar como personas trabajadoras de la educación en la entidad; sin embargo, dicha reforma transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que, por un lado, implica una doble regulación en la materia y, por otro, el Congreso Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para emitirla.
5. Lo anterior en tanto que, por mandato de la Constitución Federal, es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros el ordenamiento que puede determinar las disposiciones que rigen el sistema magisterial, lo que incluye normar los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente; y, además, confiere a la Secretaría de Educación Pública Federal la atribución de establecer los perfiles y los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes.
6. Como sustento de su concepto de invalidez la accionante expone que, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial el quince de mayo de dos mil diecinueve, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 en materia educativa y, de la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo Federal que le dio origen, se advierte que uno de sus propósitos fue colocar en un primer plano el reconocimiento de la función magisterial, así como establecer los procedimientos de estímulos y valoración del esfuerzo que realizan los docentes en las aulas, a través de un sistema de mejora continua mediante el servicio de carrera que les asegure un desarrollo profesional que incida en la superación de la calidad de la enseñanza. Puntualizando, además, que era necesario otorgar la atribución al Congreso Federal para legislar de modo exclusivo en esa materia.
7. Abunda que, en el dictamen de ambas Cámaras se razonó que la Constitución Federal debía establecer los lineamientos que definirían la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, enfatizando que la Federación tendría la rectoría para la emisión de los lineamientos para el funcionamiento del sistema, mientras que los responsables de su implementación serían las entidades federativas, en un esquema de federalismo educativo.
8. Destaca también que, con motivo de la reforma mencionada, el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Federal confirió expresamente al legislador federal la atribución de establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en términos del diverso 3o., párrafos séptimo y octavo, constitucional. Sistema que, conforme a lo previsto en la Norma Fundamental, debe regularse en la ley expedida para esos efectos, en la cual se deberán establecer los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva y de supervisión, a los que deben concurrir los aspirantes en igualdad de condiciones; y cuya rectoría corresponde a la Federación, mientras que su implementación se llevará a cabo en coordinación con las entidades federativas.
9. Asimismo, que en cumplimiento al mandato constitucional derivado del Decreto de reforma de quince de mayo de dos mil diecinueve, se expidió la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en la que se desarrollan los criterios e indicadores para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de supervisión.
10. Señala que esa ley define los ámbitos de competencia en la materia del sistema, previendo que corresponde a la Federación su rectoría e implementación, esta última en coordinación con las entidades federativas. Y también establece que la admisión al servicio de educación básica, así como en la educación media superior, se realizará mediante procesos anuales de selección a los que concurrirán los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y en los que se apreciarán conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, asegurando la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los diversos términos y los criterios que se definen en la propia ley.
11. Afirma que esas disposiciones constituyen el marco que deberán observar las entidades federativas en sus respectivos ordenamientos, ya que la intención del Poder Reformador fue establecer un sistema congruente, que garantice su aplicación de forma equitativa para generar certidumbre jurídica y facilitar su operatividad, por lo que no es admisible que las Legislaturas lo alteren, distorsionen o contravengan.
12. Considera que, de acuerdo con el orden constitucional referido, la norma impugnada versa sobre una materia respecto de la cual el legislador local no se encuentra habilitado constitucionalmente para emitirla y al hacerlo genera una doble regulación, así como un parámetro diferenciado para el acceso al sistema de carrera de las maestras y los maestros, lo que deja en estado de incertidumbre jurídica a las personas a las que se dirige el precepto cuestionado.
13. Lo anterior, porque el legislador local carece de competencia para establecer los requisitos para ingresar como personas trabajadoras de la educación, ya que ello es parte del sistema de carrera de las maestras y maestros, pues involucra una cuestión relacionada con los procesos de selección que, insiste, en términos del artículo 73, fracción XXV, constitucional es una materia que corresponde regular únicamente al Congreso de la Unión.
14. Agrega que, la ley marco es clara en determinar que corresponde a la Federación definir los procesos de selección y emitir las disposiciones bajo las cuales se desarrollarán, lo que incluye determinar los criterios y los indicadores correspondientes, así como los perfiles profesionales, el proceso de valoración y los requisitos mínimos que deberán cumplirse; y, que si bien las entidades federativas tienen participación en la implementación del sistema, no pueden imponer requisitos motu proprio.
15. Sostiene que, en el caso, el legislador chihuahuense reformó el artículo 791 del Código Administrativo Estatal con el propósito de modificar algunos requisitos para ingresar como persona trabajadora de la educación, pese a que es atribución exclusiva del Congreso de la Unión normar las cuestiones referentes a dicho sistema, con el fin de que exista uniformidad y homogeneidad en su regulación y con ello, se aplique en forma equitativa en todo el territorio nacional.
16. Concluye que la existencia de la norma impugnada rompe con la intención del Poder Reformador, lo cual, además, se traduce en una doble regulación, pues la disposición establece exigencias de acceso al sistema que pudieran resultar incompatibles con los lineamientos que dicte la autoridad federal, de modo que los requisitos serían distintos para las personas que habitan en Chihuahua y que, por ende, los aspirantes no acudirían en igualdad de circunstancias.
17. Reconoce que la intención del legislador local fue eliminar o modificar preceptos que estimó discriminatorios y contrarios al derecho de igualdad, lo que demuestra su intención de salvaguardar los derechos fundamentales; sin embargo, debió tomar en consideración que, a partir de la reforma constitucional en materia educativa, los Estados dejaron de estar habilitados para regular esa materia, pues únicamente tienen facultad para instrumentar las disposiciones de la legislación emitida por el Congreso de la Unión.
18. Finalmente, solicita que, en su caso, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas y se invalide en su totalidad el artículo impugnado por adolecer del mismo vicio de inconstitucionalidad denunciado.
19. Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 42/2021; y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.
20. Atento a lo anterior, mediante acuerdo de cuatro de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite este medio de control constitucional; requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua a efecto de que rindieran sus respectivos informes; y, finalmente, dio vista a la a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de ser el caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
21. Informe del Poder Legislativo de Chihuahua. El secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Legislativo de esa entidad, rindió el informe correspondiente, medularmente, bajo los siguientes términos:
• En relación con la procedencia de la acción. Aduce que la CNDH no cuenta con legitimación activa para promover la presente acción, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, toda vez que el citado precepto constitucional exige, para que la citada Comisión pueda impugnar normas generales a través de este medio de control constitucional, que exista una vulneración a los derechos humanos contenidos en la propia Carta Magna o en los tratados internacionales, sin que ello se cumpla en este caso, puesto que la misma accionante señala que promueve la acción por la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución y no por la violación a derechos humanos.
• En cuanto al fondo. Expone que el legislador no violenta los derechos de seguridad jurídica y legalidad, ya que la reforma realizada a las normas impugnadas es acorde a lo establecido en el artículo 1o. constitucional, pues así se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa presentada.
Afirma que la intención de la reforma fue eliminar requisitos discriminatorios para ingresar como personas trabajadoras del sistema escolar del Estado en cualquiera de las categorías; además, que si bien a partir de la reforma constitucional de dos mil diecinueve, el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Federal establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, lo que incluye los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal que ejerza la función docente, también es cierto que los Gobiernos Estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables de acuerdo con la ley marco, en ejercicio a sus facultades concurrentes e incluso, la misma ley general del sistema en su artículo tercero transitorio les obliga a armonizar la legislación local con la federal.
Abunda que, la reforma del precepto combatido pretendió eliminar requisitos violatorios de derechos humanos como el que establecía el inciso c), relativo a "no tener más de 45 años de edad" y el del inciso d), que preveía "no padecer de enfermedad o adolecer de defecto físico que impida el ejercicio del magisterio", cuestiones que resultaban inconstitucionales y transgredían diversas normas convencionales y tratados internacionales.
Estima que, de no adecuar la legislación local con la federal, se hubiera incurrido en la prohibición de regresividad, es decir, la disminución de la protección de los derechos humanos de las maestras y los maestros, aunado a que la exigencia del grado de licenciatura garantiza una mejor educación de quien la recibe, lo cual se traduce en la protección de los derechos humanos del personal docente y garantiza el cumplimiento del principio de progresividad.
22. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El director general de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, rindió el informe correspondiente, esencialmente, en los términos siguientes:
• Respecto a la procedencia. Aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria, toda vez que el acto impugnado no es atribuible al Poder Ejecutivo, el cual únicamente promulgó y publicó la norma cuya invalidez se reclama, en ejercicio de las facultades que le confiere la normativa estatal, sin que la accionante haga valer argumentos en contra de tales actos.
• En relación con el concepto de invalidez de la norma impugnada. Señala que las porciones normativas del artículo reclamado se rigen por los principios de fundamentación y motivación, ya que en su emisión se respetó lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.
Expone que, precisamente, con motivo de la reforma de quince de mayo de dos mil diecinueve en materia educativa y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo octavo transitorio, así como al diverso tercero transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, fue que se propuso a nivel estatal la iniciativa del decreto impugnado, con el objeto de armonizar el marco jurídico dentro de la legislación estatal en materia educativa, ya que se actualizaban situaciones de discriminación, pues el numeral 791 del código administrativo local establecía requisitos tildados de segregacionistas para ingresar como trabajadores de la educación al sistema estatal, lo que resultaba contradictorio con los derechos humanos contemplados en la Constitución General y en distintos convenios internacionales, así como con el propio criterio de esta Suprema Corte.
Afirma que las modificaciones realizadas al precepto combatido no resultan violatorias de los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que el legislador local se encontraba debidamente facultado para realizar modificaciones al artículo mencionado, sin que ello invada la competencia federal, ni implique una doble regulación, ya que no se trata de disposiciones que pretendan regular los procedimientos de admisión, promoción o reconocimiento de las maestras y los maestros o regular el sistema de carrera, sino que únicamente se sustituyeron vocablos o expresiones que resultaban discriminatorios como la edad y la forma de hacer referencia a alguna característica física de los trabajadores de la educación, motivo por el que no puede alegarse una violación a tales principios.
Por otro lado, aduce que el principio de legalidad se cumple en un acto legislativo cuando el Congreso Local es el órgano que expide la ley al ser el órgano facultado para ello, cumpliendo con esto el requisito de fundamentación, en tanto que las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, con lo que, además, se satisface el requisito de motivación.
Indica que, además, resultaba necesaria la reforma por tratarse de un medio para asegurar que quienes vayan a ingresar a laborar al sistema escolar del Estado, en cualquiera de las categorías o tipos de educación que comprende, cuenten con la preparación profesional necesaria para las tareas que vayan a desempeñar, cuestión que se prueba con el título del grado de licenciatura, ya que se reformó el inciso e) del artículo impugnado a fin de establecer que para ocupar una plaza docente se requiere poseer título de licenciatura del tipo de educación en que vaya a ejercer.
23. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.
24. Cierre de la instrucción. Por auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la CNDH; y, al haber transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, cerró instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
25. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1o. de su ley reglamentaria;(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(4) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general estatal y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73,(5) en relación con el 41, fracción I,(6) ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "ley reglamentaria"), es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas.
27. Así, de una revisión integral de la demanda y, en particular, de los conceptos de invalidez, se advierte que la CNDH plantea la invalidez del Decreto Número LXVI/RFCOD/0944/2020, publicado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el Periodo Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reformó el artículo 791, primer párrafo, incisos d) y e), y se derogó el inciso c), del Código Administrativo del Estado. 28. Para mayor claridad se transcribe el contenido del referido precepto, previo y posterior a la reforma mencionada, resaltando las porciones normativas impugnadas:
Ver porciones normativas
III. OPORTUNIDAD
29. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(7) de la ley reglamentaria, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la norma impugnada.
30. En el caso, la Comisión accionante controvierte el Decreto Número LXVI/RFCOD/0944/2020, publicado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el Periodo Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reformó el artículo 791, primer párrafo, incisos d) y e), y se derogó el inciso c), del Código Administrativo del Estado.
31. Por tanto, el plazo para interponer este medio impugnativo transcurrió del jueves veintiocho de enero al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, siendo este último día en el que se presentó el escrito inicial en el buzón judicial de este Alto Tribunal; por tanto, la presente acción de inconstitucionalidad se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
32. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
33. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la CNDH se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales.
34. Al respecto, importa señalar que en su escrito inicial la promovente plantea, de manera medular, que el decreto impugnado resulta violatorio del derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, en concreto, que se vulneran los artículos 1o., 3o., 14 y 16 de la Constitución Federal; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los diversos 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
35. Además de lo anterior, en términos del artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(8) dicho órgano constitucional autónomo, al igual que los demás sujetos legitimados al efecto, debe comparecer a este Alto Tribunal por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
36. En el presente caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la CNDH, quien acredita su personería con copia de la comunicación emitida por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo durante el periodo correspondiente del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.
37. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(9) así como el 18 de su reglamento interno,(10) dicha funcionaria ostenta la representación de la accionante y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.
38. Así, atento a lo anterior, es dable concluir que la CNDH está legitimada para intentar la presente acción de inconstitucionalidad, y que ésta es promovida por quien cuenta con facultades al efecto, por lo que debe tenerse por satisfecho el requisito de procedencia en análisis.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
39. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que previo al análisis del concepto de invalidez, se analizan las causas de improcedencia formuladas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales, así como, en su caso, aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
V.1. Causal hecha valer por el Poder Legislativo Local
40. Por un lado, el Congreso Local estima que la CNDH carece de legitimación activa requerida para la promoción de la presente vía, de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, porque este último precepto constitucional exige que exista una vulneración a los derechos humanos contenidos en la propia Constitución o en tratados internacionales para que la Comisión accionante pueda impugnar una norma, aspecto que en el caso no acontece.
41. Es infundada la causal de improcedencia expuesta, en virtud de la conclusión alcanzada previamente en el apartado anterior, pues ha quedado claro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional, toda vez que plantea, en esencia, que el decreto impugnado resulta violatorio del derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad.
V.2. Causal hecha valer por el Poder Ejecutivo Local
42. En diverso aspecto, el Poder Ejecutivo Local sostiene que el acto impugnado no le es atribuible, pues se refiere al procedimiento legislativo llevado a cabo por la Sexagésima Primera Legislatura, aunado a que la accionante no dirige alguno de sus argumentos en contra de la promulgación o la publicación del decreto impugnado, actos que sí le son propios, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VIII, ambos de la ley reglamentaria.
43. Al respecto debe decirse que, contrario a lo manifestado por el Poder Ejecutivo Estatal, a pesar de que en el concepto de invalidez formulado no se hicieron valer cuestiones de ilegalidad en contra de la promulgación y la orden de publicación, no es posible decretar su improcedencia en la presente acción, toda vez que esta cuestión no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la ley reglamentaria.
44. Así se ha pronunciado este Tribunal Pleno al emitir la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.",(11) en la que se concluyó que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos; en consecuencia, debe desestimarse dicho planteamiento.
45. Al no haberse hecho valer otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio del concepto de invalidez planteado.
VI. ESTUDIO DE FONDO
46. En su único concepto de invalidez la accionante aduce, en esencia, que el Congreso del Estado de Chihuahua, al reformar el artículo 791 del Código Administrativo Estatal, invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Federal.
47. Lo anterior porque –en su opinión– el legislador local carece de competencia para establecer los requisitos para la admisión o el ingreso de las personas trabajadoras de la educación, pues involucra una cuestión relacionada con los procesos de selección que forman parte del sistema de carrera de las maestras y los maestros, cuya materia, por disposición de aquel precepto constitucional, le corresponde legislar en forma exclusiva a la Federación.
48. Para estar en posibilidad de examinar los anteriores argumentos, se estima necesario fijar el marco jurídico aplicable.
VI.1 Marco jurídico aplicable
49. Resulta conveniente destacar, en principio, que el quince de mayo de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa", derivado de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal y los coordinadores e integrantes de los grupos parlamentarios de diversos partidos políticos.
50. Uno de los principales objetivos de esa reforma constitucional en materia educativa fue colocar en un primer plano el reconocimiento de la función magisterial.(12) Para ello, se propuso:
a) Garantizar el derecho de los docentes a un sistema de formación integral, capacitación y actualización.
b) Fijar las bases para una carrera justa y equitativa para las maestras y los maestros a través de un sistema de carrera.
c) Proponer un nuevo esquema para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión, mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales, regulados en el sistema de la carrera de las maestras y los maestros.
d) Instaurar evaluaciones diagnósticas para la mejora continua de la educación.
e) Eliminar los efectos de la evaluación vinculados a la permanencia.
f) Crear un organismo dotado con autonomía técnica especializado en la capacitación y la formación del magisterio (Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación).
g) Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, especialmente, las escuelas normales.
h) Cancelar el establecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
i) Abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
51. Con motivo de la reforma constitucional aludida, el texto del artículo 3o. constitucional quedó redactado, en cuanto a los aspectos relacionados con la función docente, en los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31514-2dc24ee7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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