I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LAS NORMAS QUE CONDICIONAN EL ACCESO DE LOS DERECHOHABIENTES A LOS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A QUE EL SERVIDOR PÚBLICO PERCIBA DE MANERA ÍNTEGRA SU SUELDO O SALARIO, AL ENTERO OPORTUNO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE DEBE REALIZAR LA PATRONAL AL INSTITUTO, Y A QUE LA PATRONAL REALICE LOS DESCUENTOS A SUS AFILIADOS POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL DERECHO AL GOCE DE LAS PRESTACIONES CONSIGNADAS EN ESTA LEY, ESTARÁ SUJETO AL ENTERO OPORTUNO QUE DEBERÁN REALIZAR LAS ENTIDADES PÚBLICAS PATRONALES AL ISSTECH, DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE ORDENA LA PRESENTE LEY", 63 Y 131 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA POSIBILIDAD DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO LOCAL DENUNCIE IRREGULARIDADES ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PARA OBTENER LAS CUOTAS Y APORTACIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 9, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL SERVIDOR PÚBLICO COADYUVARÁ DENUNCIANDO CUALQUIER IRREGULARIDAD DE LA QUE TENGA CONOCIMIENTO, A EFECTO DE QUE EL ISSTECH SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE OBTENER LAS CUOTAS Y APORTACIONES PREVISTAS EN ESTA LEY", DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CONDICIÓN DE QUE EL PADRE Y/O MADRE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL DESCENDIENTE FALLECIDO PARA TENER DERECHO A RECIBIR LA PENSIÓN POR MUERTE, ES ACORDE CON EL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIDO EN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y 61 DEL CONVENIO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ARTÍCULO 88, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO", DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). VII. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CONDICIÓN DE QUE EL PADRE Y/O MADRE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL DESCENDIENTE FALLECIDO PARA TENER DERECHO A RECIBIR LA PENSIÓN POR MUERTE NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 88, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO", DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). VIII. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CONDICIÓN DE QUE EL PADRE Y/O MADRE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL DESCENDIENTE FALLECIDO PARA TENER DERECHO A RECIBIR LA PENSIÓN POR MUERTE NO VIOLA LA LIBERTAD DE TRABAJO (ARTÍCULO 88, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO", DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). IX. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA CONDICIÓN DE QUE EL PADRE Y/O MADRE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL DESCENDIENTE FALLECIDO PARA TENER DERECHO A RECIBIR LA PENSIÓN POR MUERTE NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULO 88, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO", DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS). X. SEGURIDAD SOCIAL. LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE PENSIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SIEMPRE QUE RESPETEN LAS BASES MÍNIMAS CONSTITUCIONALES Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RESPECTIVOS (ARTÍCULO 88, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO", DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). XI. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS. LA C
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 197/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al once de octubre de dos mil veintidós.
VISTOS, Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado a través del buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de agosto de dos mil veinte y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones siguientes:
"Artículos 9, 47, fracciones IV y V, 63, 88, fracción III, en la porción normativa ‘en caso de que hubiesen dependido económicamente del afiliado o pensionado no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social’ y 131 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, expedida mediante Decreto Número 173, publicado el dieciocho de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, cuyo texto es el siguiente:
"‘Artículo 9. El derecho al goce de las prestaciones consignadas en esta ley, estará sujeto al entero oportuno que deban realizar las entidades públicas patronales al ISSTECH, de las cuotas y aportaciones que ordena la presente ley. El servidor público coadyuvará denunciando cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento, a efecto de que el ISSTECH se encuentre en condiciones de obtener las cuotas y aportaciones previstas en esta ley.’
"‘Artículo 47. Para ser director general se requiere:
"‘I a III ...
"‘IV. No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.
"‘V. Carecer de antecedentes penales, relativos a delitos que ameriten prisión preventiva o la aplicación de una pena privativa de libertad. ...’
"‘Artículo 63. Los afiliados que por cualquier causa no perciban la totalidad de su sueldo o salario, o bien, que la entidad pública patronal no les realice el descuento de las cuotas establecidas en esta ley, sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que la misma les otorga, mediante el pago de la totalidad de las cuotas que les correspondan; debiendo comunicar a la entidad pública patronal en la que laboran si se trata de una irregularidad, para que corrija lo necesario y expida la constancia que solicita el ISSTECH. Cuando la omisión exceda de un año, el ISSTECH cuantificará el capital constitutivo correspondiente y solicitará su pago a la entidad pública patronal, conforme a la normatividad reglamentaria aplicable.’
"‘Artículo 88. El orden de prelación para gozar de la pensión por causa de muerte de un pensionado o afiliado será el siguiente:
"‘I a II ...
"‘III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario, la pensión se entregará a la madre o padre, conjunta o separadamente, en caso de que hubiesen dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social.’
"‘Artículo 131. No podrán acceder a las prestaciones a cargo del fondo de préstamos y prestaciones sociales, aquellos servidores públicos afiliados, cuando la entidad pública patronal a la que pertenezcan se retrase u omita cuotas y aportaciones para el rubro de préstamos y prestaciones sociales o bien no entere los descuentos realizados a sus afiliados, por concepto de préstamos.’"
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 5o., 14, 16, 35, fracción VI, y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 23, inciso c), 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 6, 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; 2, 15, 25, inciso c), y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 2, 6, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante hace valer, en esencia, lo siguiente:
• Primero. Los artículos 9, 63 y 131 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) violan los derechos a la seguridad social y a la salud de los derechohabientes, ya que condicionan de forma injustificada el goce de las prestaciones de seguridad social, sólo cuando la entidad patronal haya enterado al ISSTECH, de manera oportuna, las cuotas y aportaciones establecidas, y que los afiliados perciban la totalidad de su sueldo o salario; de manera que, si el patrón no entera las cuotas y aportaciones, los trabajadores y sus beneficiarios no podrán gozar de esas prestaciones.
Las normas impugnadas son inconstitucionales al condicionar de manera injustificada el otorgamiento de los beneficios inherentes a los seguros de salud, pensiones, préstamos y demás prestaciones sociales a un hecho ajeno a los servidores públicos chiapanecos, lo cual vulnera los derechos a la seguridad social y a la salud de las personas derechohabientes del ISSTECH, toda vez que, conforme a la propia ley, la responsabilidad del pago oportuno de las cuotas y aportaciones corresponde exclusivamente al Estado en su carácter de patrón y no a los trabajadores.
Para explicar lo anterior, la accionante desarrolla dos apartados.
A. Derechos de seguridad social y de acceso a los servicios de salud
El Poder Revisor de la Constitución, al consagrar el derecho a la salud en el Texto Constitucional derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de 1983, entendió que el Estado debe garantizarla a través del otorgamiento de servicios públicos de salud, cuya prestación es obligatoria para el Estado.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a los servicios de salud, son los regímenes de seguridad social que contempla el artículo 123 constitucional. La fracción XXIX de su apartado A, señala los seguros que deben organizarse para la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares, esto es, invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicios de guardería y cualquier otro; en tanto que en la fracción XI de su apartado B, se prevén las bases mínimas de seguridad social a favor de los trabajadores de los Poderes de la Unión en términos similares.
En el ámbito internacional, el derecho fundamental a la seguridad social se encuentra reconocido en los artículos XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que es obligación del Estado proporcionar a los individuos el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Asimismo, ha precisado que el derecho humano de seguridad social constituye un mecanismo necesario para el desarrollo y progreso socioeconómico, así como una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, de género y racial.
Si bien, en general, se establece un mínimo de prestaciones sociales a que tienen derecho los trabajadores y sus familias, su desarrollo debe ser progresivo, lo que se traduce en que los beneficios de la seguridad social deben aumentarse de sus mínimos de manera progresiva y una vez alcanzado un nivel subsecuente, resulte imposible retroceder a uno menor.
Por tanto, el derecho a la seguridad social se erige como la prerrogativa de todos los trabajadores y sus familiares a quedar respaldados ante eventualidades que limitan el desarrollo de sus capacidades laborales o de su familia, mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, así como de protección de asistencia médica y de ayuda, cuya plena garantía corresponde al Estado.
B. Condicionamiento indebido en el goce de las prestaciones de seguridad social
Los artículos 9, 63 y 131 impugnados, vulneran los derechos de acceso a la salud y el diverso de seguridad social, al condicionar el acceso a los derechohabientes a los beneficios de seguridad social por falta del entero oportuno de las cuotas y aportaciones en un sistema en el cual corresponde a las entidades públicas patronales realizar dichos pagos.
La ley impugnada establece un plan de seguridad social contributivo, en el cual las cuotas y aportaciones deben ser retenidas y enteradas por las entidades públicas patronales, de manera que el incumplimiento de ese pago no es atribuible de manera directa al servidor público asegurado. En efecto, su artículo 15 establece que las entidades públicas patronales tienen la obligación de realizar el pago en tiempo y forma de las cuotas y aportaciones que las mismas determinen.
Así, las tres normas combatidas autorizan a que se restrinjan las prestaciones de seguridad social en perjuicio de los asegurados, cuando existan adeudos de contribuciones, en un régimen en el que la responsabilidad de los pagos correspondientes no es de la persona afiliada, sino de manera exclusiva le es propia a las entidades públicas patronales.
Esa Suprema Corte ha establecido que los trabajadores no pueden ser privados del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no les sean imputables directamente, como la responsabilidad en el pago que corresponde al Estado en su carácter de patrón, al resolver, entre otros, el amparo en revisión 229/2008, así como en las acciones de inconstitucionalidad 101/2014 y 19/2015.
En dichos asuntos se sostuvo que, en respeto a los derechos de acceso a los servicios de salud y de seguridad social, no puede restringirse el acceso de los derechohabientes a los beneficios respectivos por la falta de entero oportuno de las cuotas de seguridad social, toda vez que su pago es obligación de las entidades públicas patronales y no de los trabajadores.
Como corolario, existen mecanismos para asegurar el pago de las cuotas, como la afectación o compensación de las participaciones, transferencias, asignaciones presupuestales y cualesquiera otros recursos líquidos de las entidades públicas patronales deudoras, tal como la propia ley que nos ocupa establece en su artículo 144, sin la necesidad de restringir a los afiliados y sus beneficiarios el acceso a las prestaciones de seguridad social.
De manera particular, el artículo 63 de la ley que se impugna, restringe el disfrute de los beneficios de seguridad social cuando el afiliado no perciba su sueldo de forma íntegra, lo cual resulta inconstitucional, pues dicha situación no implica que no pueda enterar las cuotas correspondientes al instituto.
En la jurisprudencia P./J. 26/2016 (10a.), de rubro: "SEGURIDAD SOCIAL. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL CONDICIONAR EL DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS A LA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES.", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el acceso a los servicios de salud y el derecho a la seguridad social no pueden ser restringidos por falta de entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes. Lo anterior es así, debido a que el pago de las referidas sumas obedece a una responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los trabajadores, lo que significa que no es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no les son imputables directamente.
En el caso, el artículo 4, fracción VII, de la ley analizada, determina que las cuentas institucionales estarán integradas con las cuotas y aportaciones que la misma ley establece a cargo de las entidades públicas patronales, lo cual de ninguna manera justifica que, para gozar de los beneficios de seguridad social, los trabajadores deben estar al corriente de sus enteros, pues la manera en la que se conforma el patrimonio de dicha institución y con cargo al cual cumple sus obligaciones no es razón suficiente para condicionar el disfrute de tales prerrogativas a un aspecto económico. Asimismo, del numeral referido en sus fracciones II, VIII y X, se desprende que las entidades públicas patronales están obligadas a realizar las aportaciones respectivas, en tanto que las cuotas de los trabajadores se realizan vía descuento a cargo del salario que corresponda.
Así, resulta inconcuso que es un ente ajeno al trabajador público el que se encarga de realizar los descuentos por concepto de cuotas de seguridad social, con lo cual se evidencia que las disposiciones impugnadas condicionan injustificadamente el disfrute de los beneficios de seguridad social a hechos ajenos al afiliado, como el que esté al corriente de las cuotas y aportaciones del ISSTECH o a que se reciba de manera íntegra su salario.
En la jurisprudencia P./J. 188/2008, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 25, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA SUSPENSIÓN DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 123, APARTADO V, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).", se ha determinado que en los casos en que los Institutos de Seguridad Social ordenen la suspensión de los beneficios de seguridad social, cuando las dependencias o entidades incumplan con el deber de enterar total o parcialmente las cuotas, es evidente que se restringe o menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud, al existir la posibilidad de que se les niegue el otorgamiento de los beneficios inherentes al seguro de salud, como lo es la atención médica y hospitalaria, asistencia obstétrica y suministro de medicamentos, aun cuando hayan cubierto sus cuotas oportunamente, lo que además contraviene la garantía de seguridad social.
Luego entonces, en el caso concreto, las disposiciones impugnadas resultan inconstitucionales, pues el responsable de enterar las cuotas y aportaciones al ISSTECH son los empleadores, motivo por el cual no deben verse afectados ni corresponde imponerles a los trabajadores cargas que excedan de su ámbito.
Además, el artículo 12 de la ley en estudio, establece que el ISSTECH, con cargo a la cuenta institucional de la entidad pública patronal, otorgará a los afiliados las prestaciones que corresponden cuando aquélla faltare en su obligación de inscribirlo, informar el monto de su salario, los ajustes que se le hagan al mismo o cualquier otra que imponga la norma, lo que incluye la falta de entero de las cuotas y aportaciones correspondientes.
Sin embargo, el mismo numeral señala que las prestaciones se otorgarán siempre y cuando el fondo cuente con liquidez, con lo cual, si bien se buscó de cierta manera atender la posible negación de dichas prerrogativas, lo cierto es que ello no es suficiente para garantizar la prestación de los servicios de seguridad social, toda vez que en tanto se verifica que la cuenta patronal tiene los fondos suficientes, las personas trabajadoras o pensionadas, así como sus familiares se verán restringidos en las prestaciones que le corresponden derivado de un hecho ajeno que incumbe a las entidades patronales.
De esta forma, las normas impugnadas, artículos 9, 63 y 131, no garantizan de manera suficiente el goce de las prestaciones de seguridad social a los afiliados y a sus familiares, toda vez que condicionan su disfrute a un hecho ajeno a los trabajadores como lo es el entero oportuno de las cuotas y aportaciones correspondientes, las cuales son una obligación exclusiva de las entidades públicas patronales.
• Segundo. El artículo 88, fracción III, en la porción normativa "en caso de que hubiesen dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posea una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social", vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de previsión social y legalidad, reconocidos en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, al condicionar la pensión a que el padre y la madre no hayan tenido otra derivada de cualquier régimen de seguridad social y que, además, se encuentren dependiendo económicamente del derechohabiente fallecido, pues dichas pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y fueron costeadas por personas diversas, además de que en la misma ley se establece en el artículo 95 la compatibilidad entre pensiones, lo que implica una antinomia.
En este aspecto, la accionante desarrolla tres apartados.
A. Derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y el principio de previsión social
El derecho a la seguridad social deriva del principio de previsión social que dispone la obligación del Estado de establecer un sistema que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores públicos y a sus familiares, orientado a mejorar su nivel de vida. Es una protección que proporciona el Estado; sin embargo, estas prerrogativas se financian tanto por las entidades patronales, a través de las aportaciones, como por todos los trabajadores mediante el pago de cuotas cubiertas con un porcentaje de su salario. Se trata de un mecanismo de protección solidario, donde todos los trabajadores contribuyen económicamente a hacer efectivo el derecho a la salud, la atención médica, el otorgamiento de una pensión y otras prestaciones sociales encaminadas a garantizar el bienestar individual.
Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, los familiares de los trabajadores del Estado tienen derecho a recibir una pensión por la muerte de éstos. Así, el solo fallecimiento del servidor público dará origen a dicha pensión, lo que implica el nacimiento del derecho para recibirla, debido a que la misma va encaminada a procurar el bienestar de los beneficiarios. Éste fue el espíritu del Poder Reformador de la Constitución al adicionar el apartado B dentro del artículo constitucional en comento.
El derecho a la seguridad social, así como el principio de previsión social, al señalar los contenidos prestacionales mínimos de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, no podrán nunca restringirse por leyes secundarias; es decir, el legislador ordinario no se encuentra facultado para establecer limitaciones a los derechos sociales establecidos constitucionalmente.
B. Requisito de no contar con una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social
El artículo 88, fracción III, en la porción normativa "no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social", vulnera el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, al restringir a los ascendientes en primer grado del servidor público, del derecho a recibir la pensión por causa de su muerte, cuando estén recibiendo pensión propia.
La Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 431/2011, señaló que no existe justificación constitucional para limitar el derecho de una persona a que reciba una pensión por causa de muerte y adicionalmente disfrute de otra que tenga un origen distinto, cubra un riesgo diferente y tenga autonomía financiera. La Segunda Sala se pronunció en igual sentido, al sostener que es posible la coexistencia de dos pensiones de naturaleza distinta, al estimar que la derivada a causa de muerte del trabajador público es compatible con otras diversas que se encuentre recibiendo alguno de sus ascendientes, en virtud de que tales derechos se encuentran inmersos en circunstancias divergentes.
Asimismo, al resolver el amparo en revisión 415/2017, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Segunda Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 12, párrafo tercero, del Reglamento el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, que establece la incompatibilidad de la pensión por viudez con la de ascendencia, pues consideró que contraviene el derecho de seguridad social y el principio de previsión social.
La ley que contiene la norma impugnada, en su artículo 95, reconoce la compatibilidad entre las pensiones propias, cualquiera que sea su modalidad, con las de causa de muerte del servidor público, por lo cual, la restricción en el acceso de los ascendientes a la pensión por fallecimiento de su hijo cuando posean una pensión propia, además de no tener justificación, se traduce en una contradicción con las disposiciones del propio ordenamiento.
La contradicción señalada genera incertidumbre jurídica sobre cuál norma debe prevalecer, la que permite la compatibilidad de las pensiones o la que la impide, vulnerando de esta manera el derecho a la seguridad jurídica de los ascendientes beneficiarios de la pensión por causa de muerte del servidor público.
La falta de coherencia con el ordenamiento, ante la contraposición que genera el artículo 88, fracción III, y el diverso 95 de la ley impugnada, se traduce en una antinomia que viola el derecho a la seguridad jurídica de las personas.
Dichas normas son excluyentes entre sí, pues su aplicación simultánea al supuesto de los ascendientes de un trabajador fallecido y su derecho a percibir una pensión por causa de muerte de éste, en todos los casos sería compatible e incompatible al mismo tiempo con la percepción de una pensión propia, propiciando la discrecionalidad para que las autoridades decidan cuál de los dos preceptos aplicarán, lo que se traduce en que, en algunos casos, se otorgará dicha prestación social y en otros no, en menoscabo de la certidumbre jurídica de los ascendientes de servidores públicos, teniendo como consecuencia la vulneración de su derecho a la seguridad social.
C. Requisito de dependencia económica
La dependencia económica no podría constituir un requisito para acceder a las pensiones, ya que éstas no pueden condicionarse a la satisfacción de exigencias injustificadas, sobre todo al aceptar que existe la compatibilidad de pensiones, por lo cual resulta evidente que los ascendientes del servidor público fallecido no dependían económicamente de éste cuando reciben una pensión propia.
Además, debe tomarse en cuenta que el mismo precepto señala que solamente a falta de cualquiera de los otros beneficiarios –cónyuge, hijos y concubinas o concubinarios– podrán la madre o el padre tener ese derecho.
Así, la norma excluye a los únicos beneficiarios de un trabajador que fallece, que no contaba con cónyuge, concubina, concubinario o descendientes, a la satisfacción de un requisito innecesario, pues dicha exigencia no se incorporó para el orden de prelación respecto de otros beneficiarios, sino como condicionante para su otorgamiento.
La porción normativa impugnada vulnera el desarrollo progresivo del derecho a la seguridad social y de las pensiones en particular, al restringir injustificadamente el acceso a los ascendientes del trabajador fallecido a una pensión por causa de muerte en igualdad de condiciones que los demás beneficiarios, máxime que éstos sólo podrán gozar de este derecho cuando no existan otros beneficiarios de la misma pensión.
Sobre la coexistencia entre una pensión por muerte y la percepción de otros ingresos por parte de los beneficiarios del servidor público fallecido, la Segunda Sala, a través de la jurisprudencia 2a./J. 129/2016 (10a.), de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.", ha señalado que el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, conforme al cual, los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a recibir diversas pensiones, entre ellas, la de viudez, así como a seguir desempeñando, al servicio del Estado, un empleo remunerado, aun cuando esto implique su inscripción al régimen indicado, pues sólo así se protege su bienestar.
De dicho criterio se puede inferir que, del derecho a la seguridad social, reconocido en el Texto Constitucional, derivan dos prerrogativas de los beneficiarios del trabajador: 1) recibir diversas pensiones y 2) desempeñar un empleo remunerado.
Lo anterior significa que los beneficiarios de un trabajador pueden recibir una pensión, como la derivada de causa de muerte del servidor público y, a su vez, tener un trabajo remunerado, es decir, se permite que perciban ingresos propios y obtengan una pensión mortis causa de forma simultánea, pues de esta manera se cumple con la finalidad del principio de previsión social, el cual consiste en proteger el bienestar de las personas.
Aceptar lo contrario, sería tanto como permitir que se restrinja que una sola persona goce de pensiones compatibles que surgieron de relaciones jurídicas distintas, por el hecho de tener ingresos propios derivados de una pensión previa y, por tanto, no depender económicamente del trabajador fallecido, lo cual implicaría la privación de esta prerrogativa constitucionalmente reconocida.
El hecho de que los ascendientes no hayan dependido económicamente del trabajador fallecido, al tener ingresos propios, no excluye ni se contrapone a que reciban el pago de la pensión por causa de muerte de su descendiente, pues precisamente, la conjugación de ambos ingresos hace efectivo el derecho social orientado a garantizar la tranquilidad y el bienestar de los familiares del trabajador en deceso, en virtud de que con ello se mejora su nivel de vida.
En un estudio de proporcionalidad se advierte que esta medida afecta el derecho humano a la seguridad social.
Identificando los fines que ha perseguido el legislador local con el artículo combatido, se advierte que éstos no resultan válidos constitucionalmente, pues pretenden lograr el equilibrio financiero del Estado, de manera que limitan el otorgamiento de las pensiones a quienes las necesiten por no contar con medios de subsistencia, toda vez que su pago agota los recursos destinados para cubrirlas.
Lograr el equilibrio financiero del Estado no resulta un fin constitucionalmente legítimo que justifique la restricción del derecho a la seguridad social, pues no se puede condicionar el otorgamiento de la pensión de muerte so pretexto del equilibrio presupuestario de la entidad; admitir ello permitiría plasmar hipótesis más difíciles de cubrir, en contra del espíritu constitucional de la seguridad social.
Así, la restricción que hace la norma no supera la primera fase del test de proporcionalidad, por lo que al resultar negativo el fin que persigue, el examen termina en esta etapa, de donde deriva su inconstitucionalidad.
No existe justificación para condicionar a los ascendientes del servidor público el otorgamiento de una pensión por causa de muerte, al haber dependido económicamente respecto a éste, así como a que no se posea una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social, pues ello resulta contrario al derecho humano a la seguridad social y al principio de previsión social, por lo cual, lo procedente es declarar su invalidez.
• Tercero. El artículo 47, en sus fracciones IV y V, de la ley impugnada, transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público, pues imponen como requisitos para ser titular de la Dirección General del ISSTECH, no haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos y carecer de antecedentes penales relativos a delitos que ameriten prisión preventiva o la aplicación de una pena privativa de libertad.
Ello es así, pues las personas que fueron sentenciadas con pena privativa de la libertad y ya cumplieron con la sanción impuesta, deben quedar en la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas. Además, la norma resulta sobreinclusiva, ya que algunos delitos que ameriten la sanción mencionada, no se relacionan con las tareas a desempeñar en el cargo en cuestión.
Lo anterior se explica conforme a lo siguiente:
A. Derecho de igualdad y no discriminación
El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación se encuentran reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Esta prohibición de discriminación es extensiva a todas las autoridades del Estado, en sus respectivas competencias.
Ese Tribunal Constitucional ha establecido que no sólo se otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley, sino también en la misma ley, es decir, en relación con su contenido, por lo que, en algunas ocasiones, hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Asimismo, ha sostenido que las razones de exclusión no sólo surgen por las desigualda
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31610-7b3be959/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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