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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL, AUN CUANDO SU ENTRADA EN VIGOR SEA GRADUAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO CONSTITUCIONAL QUE DEBEN ATENDER LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TORNO A ESTE DERECHO. V. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. VI. SEGURIDAD SOCIAL. COMO UNA GARANTÍA SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDA A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, TAMBIÉN ESTÁ DIRIGIDA A SUS FAMILIARES Y DEPENDIENTES, POR LO QUE, A ÉSTOS TAMPOCO SE LES PUEDE REDUCIR O RESTRINGIR TAL GARANTÍA. VII. SEGURIDAD SOCIAL. CONTENIDO FORMAL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES SOBRE LAS REGLAS Y PRINCIPIOS CONVENCIONALES QUE LA RIGEN. VIII. SEGURIDAD SOCIAL. DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE PRETENDE PROTEGER AL INDIVIDUO DE CONTINGENCIAS FUTURAS, QUE DEBE CUBRIR LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, LAS ENFERMEDADES NO PROFESIONALES, LA MATERNIDAD Y LA INVALIDEZ, ENTRE OTRAS CONTINGENCIAS, EL CUAL TAMBIÉN DEBE PREVER UNA PENSIÓN POR SOBREVIVENCIA ANTE LA MUERTE DEL SERVIDOR PÚBLICO A FIN DE NO DEJAR AL DESAMPARO A SUS BENEFICIARIOS, FAMILIARES O PERSONAS CUYA SOBREVIVENCIA DEPENDA DEL TRABAJADOR. IX. SEGURIDAD SOCIAL. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN ESTA MATERIA NO IMPLICA QUE EL ESTADO DEBA, POR SÍ, OTORGAR LOS BENEFICIOS PREVISTOS EN LA LEY, SINO GARANTIZAR SU OTORGAMIENTO A TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA CUBRIRLOS. X. SEGURIDAD SOCIAL. EXISTE LIBERTAD CONFIGURADORA PARA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES ESTABLEZCAN UN RÉGIMEN DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, SIEMPRE QUE ÉSTE RESPETE LAS BASES MÍNIMAS QUE LA CONSTITUCIÓN Y LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS HAN RECONOCIDO. XI. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. LA CONDICIONANTE QUE SE IMPONE AL PADRE O A LA MADRE DEL SERVIDOR PÚBLICO FALLECIDO PARA QUE PUEDA GOZAR DE LA PENSIÓN POR MUERTE, CONSISTENTE EN QUE ÉSTOS NO GOCEN DE NINGUNA OTRA PENSIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA A ESTE DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 92, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "Y NO POSEAN UNA PENSIÓN PROPIA DERIVADA DE CUALQUIER RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL"; DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 616 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). XII. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. LA RESTRICCIÓN IMPUESTA A LOS ASCENDIENTES DE UN SERVIDOR PÚBLICO FALLECIDO DE PERCIBIR LA PENSIÓN POR MUERTE DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA Y DE CUALQUIER OTRO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 92, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "EN CASO DE QUE HUBIEREN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO Y NO POSEAN UNA PENSIÓN PROPIA DERIVADA DE CUALQUIER RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL"; DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 616 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). XIII. SEGURIDAD SOCIAL. LOS ESTADOS DEBEN ASEGURAR QUE EL DERECHO DE PENSIÓN POR SOBREVIVENCIA U ORFANDAD SEA OTORGADO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA, EVITANDO LA EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS, Y QUE EXISTA UNA RELACIÓN RAZONABLE ENTRE LOS INGRESOS, LAS COTIZACIONES ABONADAS Y LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN PERTINENTE. XIV. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. LA RESTRICCIÓN A LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONSISTENTE EN DEMOSTRAR LA DEPENDENCIA ECONÓMICA, ES UN REQUISITO QUE PERSIGUE UNA FINALIDAD VÁLIDA Y COMPATIBLE CON ESTE DERECHO (ARTÍCULO 92, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "EN CASO DE QUE HUBIESEN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL AFILIADO O PENSIONADO", DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 616 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). XV. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTAD

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 91/2018. · Registro digital (IUS): 29874
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-18
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo II, Pág. 1616.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 91/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE MAYO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo dos mil veinte, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 91/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa: "en caso de que hubieren dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social", de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicada mediante Decreto Número 616 en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El veintiocho de octubre de dos mil dieciocho, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa: "en caso de que hubieren dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social, de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicada mediante Decreto Número 616 en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.(1)

2. Preceptos violados. La comisión señaló como preceptos violados los artículos 1o., 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal; artículos 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; artículos 9, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador".

3. Conceptos de invalidez. La actora expuso un único concepto de invalidez, en el que formula los siguientes argumentos:

a) Alega que el artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa que dice: "en caso de que hubieren dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social", de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicada mediante Decreto Número 616 en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, vulnera los derechos de seguridad social y legalidad, además de los principios de previsión social, al establecer como requisitos para obtener la pensión a los ascendientes de un trabajador fallecido, el no recibir una pensión propia y haber dependido económicamente de aquél.

b) A fin de sustentar su argumento, la comisión actora abunda sobre lo que estima constituye el contenido y alcance del derecho a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias, de acuerdo a como se reconoce en el Texto Constitucional, artículo 123, apartado B, fracción XI, de cuyas bases mínimas se aprecia que el sistema deberá cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte, así como garantizar la conservación del derecho al trabajo, en caso de accidente o enfermedad; garantizar el salario íntegro a las mujeres durante la maternidad y en la lactancia, servicios médico-obstétrico, medicinas y servicio de guarderías infantiles; así como servicios médicos y medicinas al trabajador y sus familiares, y otorgar habitaciones baratas en arrendamiento o venta.

Destacó que para cumplir con esas garantías y servicios, el sistema de previsión social se financia por medio de las aportaciones de todos los trabajadores mediante el pago de cuotas o aportaciones, por lo que consiste en un mecanismo de protección solidario para garantizar el bienestar individual. Por lo que el Estado se compromete a contribuir a ese nivel mínimo de bienestar de los trabajadores y sus familias.

c) Luego, contrario a esa obligación estadual, el Congreso del Estado de Colima estableció en la porción normativa impugnada dos claras restricciones al derecho de seguridad social, al establecer en el orden de prelación de los beneficiarios del trabajador para que puedan gozar de la pensión por causa de muerte que, tratándose del supuesto relativo al padre o madre del servidor público fallecido, se condicione el goce del derecho a la seguridad social, esto es, al acceso a la pensión por su muerte, a que los ascendientes no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social y que hayan dependido económicamente del servidor público fallecido, lo que vulnera el derecho humano a la seguridad social y el principio de previsión social reconocidos en el parámetro constitucional y convencional que se estima trasgredido.

d) Para demostrar la inconstitucionalidad de la porción normativa impugnada la comisión actora argumenta, respecto de la primera restricción relativa a que padre o madre del trabajador no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social, que esta resulta inconstitucional, porque de acuerdo con el numeral 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la seguridad social debe garantizar el obtener y mantener las prestaciones de seguridad social, lo cual ha sido corroborado por la Organización Internacional del Trabajo, estatuyendo la obligación de los Estados de proporcionar asistencia y seguridad social, por ende, es un deber de los Estados garantizar la disponibilidad de las prestaciones para el mejoramiento no solo de la persona asegurada sino también de sus familias.

e) Agrega que, de acuerdo al parámetro constitucional contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal, los familiares de los trabajadores del Estado tienen derecho a recibir una pensión por la muerte de éstos; de modo que el solo fallecimiento de un trabajador dará origen a la pensión en comento, lo que implica el nacimiento del derecho a recibirla, en razón de que la pensión va encaminada a procurar el bienestar de los beneficiarios, especialmente porque esa fue la intención del Constituyente, el procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares.

f) Así, bajo esas bases constitucionales, el artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa que dice: "no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social", de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, vulnera el derecho a la seguridad social reconocido en el precepto 123, apartado B, fracción XI, inciso a) constitucional, al restringir a los ascendientes en primer grado del servidor público, el derecho a recibir la pensión por causa de muerte de éste, cuando estén recibiendo una pensión propia.

g) Para sustentar su concepto de invalidez la comisión actora refiere que ya la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 431/2011,(2) determinó que no existe justificación constitucional para limitar el derecho de una persona a que reciba una pensión por causa de muerte y, adicionalmente, disfrute de otra que tenga un origen distinto, cubra un riesgo diferente y tenga autonomía financiera; criterio similar al sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 415/2017(3), y sostener que es posible la coexistencia de dos pensiones de naturaleza distinta, en virtud de que los derechos se encuentran inmersos en circunstancias divergentes, y cubren diversos riesgos, razonamiento con el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 12, párrafo tercero, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –ISSSTE– que establece la incompatibilidad de la pensión de viudez con la de ascendencia, en tanto que la Segunda Sala consideró que esa limitante contravenía el derecho de seguridad social y el principio de previsión social.

h) En otra línea argumentativa, la comisión actora alega que el artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa que dice: "no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social" de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, vulnera los derechos de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque presenta una antinomia con el diverso artículo 99 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, contradicción que genera incertidumbre para el destinatario de la norma, porque el artículo 99 permite la compatibilidad de las pensiones, y la norma impugnada lo impide a los ascendientes beneficiarios de la pensión por causa de muerte del servidor público; entonces el gobernado desconoce cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realiza, lo que da pie a que se cometa un actuar caprichoso, arbitrario y discrecional de la autoridad para que decida cuál de los dos preceptos aplicará para esa prestación social.

i) Y respecto de la segunda condicionante que establece la porción normativa impugnada, relativa a la dependencia económica del ascendiente con el servidor público fallecido, la comisión actora estima que esa condición es una exigencia injustificada y por ello no puede constituir un requisito para acceder a las pensiones, ya que éstas no son concesiones gratuitas, ni generosas del Estado, sino que es un derecho que se gesta de las aportaciones del trabajador durante su vida laboral, aunque sea en una parte, aunado que el mismo precepto 92 señala que solamente a falta de cualquier de los otros beneficiarios –cónyuge, hijos y concubinas o concubinarios– podrán la madre o el padre tener ese derecho, sin que se exija a los beneficiarios en prelación la misma condición de dependencia económica, por lo que condicionar así solamente a los ascendientes resulta en una condición injustificada y restrictiva del derecho a la seguridad social.

En esa tesitura, la actora dice que el hecho de que los ascendientes no hayan dependido económicamente del trabajador fallecida, al tener ingresos propios, no excluye ni se contrapone a que reciban el pago de la pensión por causa de muerte de su descendiente, pues precisamente la conjugación de ambos ingresos hace efectivo el derecho social orientado a garantizar la tranquilidad y el bienestar de los familiares del trabajador en deceso, en virtud de que con ello se mejora el nivel de vida.

j) Así, al quedar evidenciado que la norma impugnada restringe injustificadamente el derecho a la seguridad social, la actora estima que dicha limitante ni siquiera supera la primera fase del test de proporcionalidad porque identificando los fines que ha perseguido el legislador de Colima en el decreto combatido, se advierte que éstos no resultan válidos constitucionalmente porque pretenden lograr el equilibrio financiero del Estado lo que no resulta en un fin constitucionalmente legítimo para restringir el derecho a la seguridad social, pues no se puede condicionar el derecho so pretexto del equilibrio presupuestario ya que ello va en contra del espíritu constitucional y convencional de reconocer el derecho a la seguridad social con bases mínimas las cuales no pueden ser limitadas bajo un criterio financiero del Estado, porque de considerarlo así se llegaría al absurdo de que con tal de preservar la economía estatal, se limite el acceso a una pensión por muerte al establecer requisitos innecesarios e injustificados.

k) Por otra parte, la comisión actora alega que la misma OIT ha precisado que dentro de los principios que los Estados deben observar para la garantía del derecho a la seguridad social está el implementar estrategias de extensión de los sistemas de seguridad social que aseguren progresivamente niveles más adecuados de seguridad social, en aplicación para ello de otros principios como el de universalidad con una base de solidaridad financiera, previsibilidad en la cobertura, servicios de calidad y acceso a medios de impugnación. De ahí que el derecho a la seguridad social incluye la garantía de no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente.

l) Máxime que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, estiman que para medir el desarrollo progresivo de los derechos de naturaleza social se debe atender a la cobertura de estos en general y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social. De suerte que la porción normativa que se impugna vulnera el desarrollo progresivo a la seguridad social y de las pensiones en particular, al restringir injustificadamente el acceso de los ascendientes del trabajador fallecido a una pensión por causa de muerte en igualdad de condiciones que los demás beneficiarios, máxime que éstos sólo podrán gozar de este derecho cuando no existan otros beneficiarios de la misma pensión.

m) Luego, en el apartado denominado: "cuestiones relativas a los efectos"; la comisión actora solicita que al resultar evidente la inconstitucionalidad de la norma impugnada, se extienda la invalidez a todas aquellas normas que están relacionadas conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracciones IV y 45, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

n) Por último, en un apartado denominado: "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible". La comisión actora señala que con la presente acción de inconstitucionalidad, no sólo se persigue consolidar la validez constitucional formal de las normas impugnadas, sino también alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nace de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en la ciudad de Nueva York en septiembre 2015, entre cuyos objetivos destaca para el caso el objetivo 10: "reducir la desigualdad en los países y entre ellos...", y la meta 10.4: "adoptar políticas, especialmente discales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad". Asimismo, el objetivo 16: "paz, justicia e instituciones sólidas", y la meta 16.6 la cual es: "crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas". De las que destaca la importancia para la comunidad internacional de considerar que todas las personas tengan igualdad de acceso a instituciones eficaces, por lo que la norma impugnada constituye además de una restricción al derecho a la seguridad social, una limitante a los objetivos planteados en la Agenda 2030, al decantarse por el establecimiento de requisitos injustificados para el otorgamiento de una pensión a los ascendientes.

4. Admisión y trámite. En relación con la instrucción del asunto, destaca que, recibida la acción de inconstitucionalidad, mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 91/2018, designando como instructor del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(4)

5. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Colima para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo; asimismo requirió al Poder Legislativo de Colima de enviar copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y, a su vez, requirió al Poder Ejecutivo a exhibir un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad. Por último, ordenó dar vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente.(5)

6. En relación con las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Colima.(6) A través del oficio número 281 recibido el uno de marzo de dos mil diecinueve, la presidenta de la LIX Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Colima emitió el informe y expresó como razonamientos para sustentar la constitucionalidad de la norma tildada inconstitucional los siguientes:

a) Anuncia que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" mediante edición especial extraordinaria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, es apegada a la Norma Fundamental, porque la reforma se realizó en aras de sanear y equilibrar las finanzas públicas del Estado en el tema de pensiones, tal y como se corrobora de la exposición de motivos de la reforma llevada a cabo al artículo 69, fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial el veintiséis de junio de dos mil trece, con la cual se fijó un tope máximo de montos de beneficio.

b) Estima que resulta incongruente el planteamiento de la comisión actora, porque, si bien las pensiones y jubilaciones pueden admitir diversas denominaciones y el gobernado puede acceder a más de una, al final de cuentas es el mismo ente público el que eroga y paga el beneficio concedido independientemente de la denominación lo que sin duda repercute en las finanzas públicas. Así, la limitante que se fija en la porción normativa que se tilda inconstitucional, bajo ninguna tesitura trastoca el derecho fundamental de seguridad social, porque no se deja al desamparo a la persona beneficiada, pues en antesala, ésta ya contaría con un beneficio de seguridad social que le permite la subsistencia.

c) Por otra parte, estima que no puede hablarse de una afectación al derecho de la seguridad social, toda vez que el artículo primero de los transitorios de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima entrará en vigor hasta el día uno de enero de dos mil diecinueve, por lo que aún no surte efectos legales la legislación que se impugna.

d) Razona que conforme el parámetro constitucional del artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, bajo ninguna conclusión puede derivar que las bases mínimas establecen la pluralidad de beneficios, es decir, el acceso a más de una pensión, porque no está establecido así en la Norma Suprema al no ser esa la intención del Constituyente.

e) Aunado a lo anterior, justifica la limitante de la norma impugnada, en que los considerandos de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; y del Trabajo y Previsión Social, puntualizaron que el objeto del proyecto de la iniciativa de ley que se analiza, era la de garantizar y regular el pago de pensiones actuales y futuras, con la clara idea de que este objetivo sólo podrá cumplirse dentro de un marco formal de fondeo, soportado en la modificación de diversos parámetros y requisitos, que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario, por lo tanto, bajo esas premisas, es claro que debe ser acotado el otorgamiento de pensiones como válidamente se expresa en el texto que se impugna, pues sólo así, se logra la estabilidad financiera del ente de gobierno.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por oficio recibido el dieciséis de enero de dos mil diecinueve,(7) rindió informe argumentando lo que se detalla enseguida.

a) Enfatiza que contrario a los conceptos de invalidez expuestos por la comisión actora, el diseño integral de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se llevó a cabo un amplio diagnóstico del sistema de pensiones; se realizó un análisis de fondo a las disposiciones de la Constitución Federal y los tratados internacionales que reconocen el derecho a la seguridad social y sus alcances; al igual que se realizó un diagnóstico sobre el marco jurídico y actuarial sobre el sistema de seguridad social en el Estado de Colima.

b) Estima que el diseño de la ley impugnada genera un mejor espectro de protección normativa, cuyos beneficios irradian extensivamente a un mayor número de trabajadores al servicio del Estado. Lo que deja presente la progresividad que implícitamente se disemina en los postulados normativos de la ley controvertida, que se ve reflejada en la inclusión de nuevas categorías de trabajadores al servicio del Estado que anteriormente se encontraban en un régimen laboral indeterminado, y así con la reforma a la ley de pensiones, todo servidor público, independientemente de su jerarquía, rango o posición tiene garantía de su seguridad social.

c) Respecto a las categorías explica que la ley de pensiones, separa a los sujetos protegidos en tres categorías: pensionados o jubilados, generaciones en transición y nuevas generaciones, con el objetivo de salvaguardar y ampliar los sujetos de derechos; de modo que quienes actualmente tienen la calidad de pensionados o jubilados seguirán gozando de sus pensiones en la forma y términos en que las entidades públicas patronales los han venido cubriendo, pues ellos ya tienen derechos adquiridos, que no son susceptibles de modificación alguna. Mientras que las generaciones en transición, esto es, quienes no se encuentran en el supuesto legal de concederle una pensión, se modificará gradualmente los parámetros y condiciones para acceder a una pensión, precisando que los servidores públicos en activo que ya hubieren reunido los requisitos para obtener una pensión, aunque no lo hubieran solicitado, no sufrirán modificación alguna en dichos parámetros.

d) Así, la ley de pensiones del Estado asegura el retiro del trabajador, mediante la solidaridad intergeneracional como principio integrador que orienta la ley a fin de cumplir con la necesidad de equidad y justicia distributiva, que permite garantizar la calidad de vida de los servidores públicos al concluir su vida laboral, a través del pago de una pensión a tono con esta premisa. El propósito es de seguridad y justicia social para todos los servidores públicos que durante décadas han entregado su vida al servicio público del Estado y los Municipios evitando la fragmentación de los mismos.

e) Por otra parte, argumenta que al ser combatida únicamente una porción normativa de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, queda latente la higiene legislativa con la que se pretende cumplir con las bases constitucionales de la seguridad social y sus alcances en el entramado institucional y normativo en nuestra entidad federativa. El soporte de la mencionada ley hace progresivo un esquema de seguridad social de los trabajadores públicos al servicio del Estado, ponderando las bases y principios sobre los que debe desarrollarse tal derecho, procurando mejorar el nivel de vida tanto de los servidores públicos como de sus familiares, los cuales son aspectos medulares en el estudio y análisis constitucional que habrá de considerar la Suprema Corte.

f) Por último, argumenta que en ejercicio pleno de la división de Poderes del Estado de Colima, es que en ejercicio de la soberanía legislativa del Congreso del Estado, prevista en el artículo 37, fracción primera, de la Constitución Federal, se decidió aprobar la reforma a la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, hoy impugnada, de suerte que la participación que tuvo el Ejecutivo del Estado, en su sentido formal, fue única y exclusivamente la promulgación del decreto enviado por el Poder Legislativo, de acuerdo a lo que mandata el artículo 58, fracción II, de la Constitución del Estado de Colima.

9. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente, y una vez que se dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal,(8) recibidos los alegatos, por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve,(9) se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión accionante plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y el artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa: "en caso de que hubieren dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social"; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicada mediante Decreto Número 616 en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA

11. De acuerdo con el escrito inicial de demanda, este Tribunal Pleno advierte que la materia del presente asunto se circunscribe a verificar la regularidad constitucional del artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa: "en caso de que hubieren dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social"; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicada mediante Decreto Número 616 en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

12. Para mayor claridad, se transcribe el texto íntegro del artículo 92 de la Ley de Pensiones para los Servidores Públicos del Estado de Colima, resaltando la porción normativa impugnada:

"Artículo 92. Prelación de derechos de beneficiarios

"1. El orden de prelación para gozar de la pensión por causa de muerte de un pensionado o afiliado será el siguiente:

"I. El cónyuge supérstite, sólo o en concurrencia con los hijos del afiliado o pensionado cuando los hubiera;

"II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario, por sí solos o en concurrencia con los hijos del afiliado o pensionado; o estos solos a falta de concubina o concubinario; o

"III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario, la pensión se entregará a la madre o padre, conjunta o separadamente, en caso de que hubiesen dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social.

"2. Las personas divorciadas no tendrán derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando las personas divorciadas disfrutasen de la pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevas nupcias o si viviesen en concubinato."

13. Ahora, cabe precisar que el objeto de la presente acción de inconstitucionalidad se circunscribe a que se analice la regularidad constitucional de la porción normativa que establece dos requisitos adicionales para que el padre o madre del servidor público fallecido pueda gozar de la pensión en el tercer supuesto de prelación de los beneficiarios del servidor público fallecido.

IV. OPORTUNIDAD

14. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(10) (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. Asimismo, se ha afirmado que, para efectos de calificar dicha oportunidad, es necesario que la norma publicada objetada sea producto a su vez de un nuevo acto legislativo.(11)

15. En ese tenor, este Tribunal Pleno estima que, en el caso, se cumple con este requisito procesal. Ello, pues se combate el artículo 92, numeral 1, fracción III, en la porción normativa: "en caso de que hubieren dependido económicamente del afiliado o pensionado y no posean una pensión propia derivada de cualquier régimen de seguridad social"; de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicada mediante Decreto Número 616 en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho; y dado que el plazo para cuestionarlo corrió del veintinueve de septiembre al veintiocho de octubre de dos mil dieciocho, se estima que la acción de inconstitucionalidad resulta oportuna, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lunes veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, al haber sido inhábil –domingo– el último día del plazo.

V. LEGITIMACIÓN

16. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29874-5020733c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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