I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO SEXTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO SEXTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR DELITOS DOLOSOS Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADO TITULAR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT (ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO SEXTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR DELITOS DOLOSOS PARA SER TITULAR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO SEXTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO SEXTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 57/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 57/2021 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 7, fracción VII, sexto párrafo, en la porción normativa "y no haya sido condenado por delito doloso", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reformado mediante Decreto publicado el uno de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno de dicho Estado de la República.
TRÁMITE
1.Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial, recibido el uno de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 7, fracción VII, sexto párrafo, en la porción normativa "y no haya sido condenado por delito doloso", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, reformado mediante decreto publicado el uno de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa.
2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Congreso y se promulgó por el gobernador, ambos del Estado de Nayarit.
3. Artículos señalados como vulnerados. La accionante señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por contravención a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público, de libertad de trabajo y al principio de reinserción social.
4. Conceptos de invalidez. Luego de exponer un marco normativo doctrinal y jurisprudencial, en relación con el derecho de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el derecho de acceso a ocupar un cargo en el servicio público, sustentado en normas constitucionales y convencionales, y en su interpretación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene, en esencia, lo siguiente:
- La norma impugnada vulnera los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los correlativos de tratados internacionales, porque impide de manera injustificada que las personas accedan al cargo público de titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit cuando hubieren sido condenadas por un delito doloso, aun cuando ya purgaron la pena impuesta por el ilícito cometido, lo que constituye un requisito genérico, referido a cualquier delito doloso, que no considera si las conductas sancionadas se relacionan o no con las funciones a desempeñar en el cargo en cuestión y, por tanto, tal medida se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentran en esa condición, pues les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo en el servicio público, en igualdad de condiciones que las demás personas.
- Para que una exigencia de esa naturaleza sea válida, se deben examinar las funciones y obligaciones a desempeñar en el cargo público correspondiente, y hecho lo anterior, señalar únicamente las conductas ilícitas que puedan estar estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión. En el caso del titular del Centro de Conciliación Laboral, señala que las funciones a ejercer implican atribuciones directivas, administrativas, técnicas y profesionales lógico-jurídicas para realizar la función conciliadora entre patrones y trabajadores en la entidad; por tanto, atento a esas funciones, estima que la restricción contenida en la norma impugnada es desproporcionada y atenta contra el derecho a la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo en el servicio público en condiciones de igualdad y no discriminación, porque se excluye a todas las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito doloso, aun cuando el hecho ilícito no se relacione de manera alguna con las atribuciones correspondientes al cargo referido, por lo que resulta sobreinclusiva.
- Es cierto que la norma exige cierta probidad y honestidad en las personas que pretendan desempeñar el cargo de titular del Centro de Conciliación Laboral de Nayarit, como forma de garantizar que la ejecución de sus funciones sea regular y apegada a la legalidad, pero el precepto desborda su objetivo y termina por excluir del acceso al cargo público a todas las personas que habiendo cometido un delito doloso y ya compurgada la pena, busquen reinsertarse en la sociedad, por lo que deviene discriminatorio en tanto que, con base en esa situación social y/o jurídica, genera distinción, exclusión, restricción o preferencia, que resulta arbitraria e injusta, y propicia discriminación por motivos de condición social al obstaculizar el ejercicio de derechos a las personas que buscan reinsertarse en la sociedad mediante el desempeño del servicio público.
- No pasa inadvertido que el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal prevé el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ocupar la titularidad del organismo descentralizado federal, encargado de la función conciliadora de las diferencias de los trabajadores y patrones; sin embargo, dicha exigencia sólo tiene sustento constitucional para el caso de la instancia del orden federal y no para las locales. En ese sentido, aunque el Poder Reformador de la Constitución estimó pertinente definir algunos de los requisitos que debe reunir la persona titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la propia Norma Fundamental, ello no puede hacerse extensivo a la persona que ocupe el cargo homólogo en la instancia conciliadora correspondiente en las entidades federativas, porque de establecerlo, como acontece en la especie, resultará inconstitucional por transgredir diversos derechos fundamentales reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional.
- La norma controvertida debe ser analizada a la luz de la prohibición constitucional de hacer distinciones basadas en categorías sospechosas de discriminación, bajo un escrutinio estricto, pues considera que la exigencia del precepto se sustenta en la categoría de condición social y/o jurídica de las personas que han sido condenadas por delito doloso, a quienes se excluye por esa razón, de la posibilidad de acceder al cargo público de titular del Centro de Conciliación Laboral de la entidad.
- En seguimiento del anterior argumento, la accionante desarrolla un test de proporcionalidad de escrutinio estricto bajo las directrices de la jurisprudencia P./J. 10/2016 (10a.) de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO.", y sostiene que la porción normativa controvertida no lo supera, pues no existe una finalidad constitucionalmente imperiosa para exigir que quien desempeñe el cargo de titular del Centro de Conciliación Laboral en la entidad no haya sido condenado por la comisión de algún delito doloso, pues el legislador no ha hecho una correlación entre ese requisito y las actividades del puesto a desempeñar, por lo que resulta discriminatoria y no se supera dicha grada del test.
- Asimismo, refiere que en caso de que este Tribunal Pleno considerara que sí existe esa finalidad imperiosa y que la medida estuviera estrechamente vinculada con ella, de cualquier modo no se cumple el tercer requisito, pues la medida no es la menos restrictiva posible, dado que tiene efectos amplios, y en todo caso, el legislador debió restringir el acceso al cargo público sólo cuando el delito doloso cometido fuere realmente gravoso y estuviere estrechamente relacionado con las funciones a desempeñar, de modo tal que válidamente se pudiere poner en duda que el aspirante en cuestión ejercerá de manera proba, íntegra y honesta sus atribuciones. Además, se debe considerar que el hecho de que una persona haya sido condenada por un delito doloso, forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social, y no es dable que por esa razón se le excluya de su participación en los asuntos que atañen a su comunidad, como es desempeñarse en un cargo en el servicio público.
- A manera de conclusión, reitera que la porción normativa controvertida es inconstitucional por erigirse como una diferenciación injustificada, exclusión, restricción, o preferencia arbitraria e injusta, que obstaculiza la libertad de trabajo y de acceder a un cargo público en igualdad de condiciones que las demás personas; exigencia que no se justifica sobre una base objetiva y acotada y, por tanto, la norma impugnada debe considerarse violatoria de esos derechos fundamentales.
5. Registro y turno. Mediante proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 57/2021; y, por razón de turno, se designó como instructora a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
6. Admisión. Por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al Poder Legislativo para que, con su informe, enviara al Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto impugnado allí descritos; y al Poder Ejecutivo, para que enviara un ejemplar o copia certificada del Periodico Oficial del Estado en que se haya publicado el Decreto controvertido. Además, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, entre otras previsiones.
7. Informe del Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica facultado para ejercer su representación,(1) luego de referirse en abstracto a las cuestiones que pueden ser materia de la acción de inconstitucionalidad y a las atribuciones de esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad, así como a la competencia del Congreso Local para emitir la norma controvertida, sostuvo medularmente lo siguiente:
- La reforma al artículo 7, fracción VII, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit tuvo como propósito homologar a la Constitución Federal la designación del titular del Centro de Conciliación Laboral de Nayarit, conforme a la reforma constitucional en materia de justicia laboral de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y establecer desde la Constitución las bases y reglas que garanticen que la titularidad de ese cargo recaerá en personas con los conocimientos, cualidades y aptitudes necesarias, que realicen sus funciones con apego a los principios que rigen la justicia laboral, respondiendo a los cambios institucionales y a las adecuaciones legales que serán de beneficio para la sociedad, necesarias para dar certeza y seguridad jurídica al ciudadano en torno a la garantía de respeto y protección de sus derechos laborales.
- Refiere que ese Congreso respeta los principios y derechos que conforman el parámetro de regularidad constitucional; que el principio de reinserción social sólo rige al Estado dentro del sistema penitenciario, pero no después de que se ha purgado la pena. Sostiene que la norma es razonable, pues se busca que los funcionarios que se designen trabajen bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, lineamientos generales que se deben cumplir al ser titular de un órgano donde su función es "la procuración de justicia" en materia laboral, y es por ello, que se legisla con libertad configurativa para establecer los requisitos que deben cumplir los aspirantes al cargo.
- Al establecer como requisito "y no haya sido condenado por delito doloso", el legislador utilizó su libertad de configuración para crear y modificar los procesos y actuaciones "judiciales" en sus diversos aspectos, respetando siempre los derechos, garantías, principios y valores contemplados en la misma Constitución conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; se advirtió la necesidad de la sociedad de generar vínculos de confianza con sus instituciones de "procuración de justicia" en este caso, en materia laboral y de quienes la encabezarán, por lo que en atención a la búsqueda de los mejores perfiles sin que el contenido de la norma que se impugna se trate de una limitante o requisito genérico, para cualquier trabajo, sino que se trata de un requisito para ocupar un cargo público y no para el desarrollo de una profesión en general o cargo de elección popular y que tiene trascendencia en el Estado de derecho, cuya regulación compete al Congreso del Estado, con lo que se busca que no se vea comprometida la confianza de los justiciables con perfiles totalmente idóneos.
- Refiere que el artículo impugnado en ningún momento vulnera los derechos alegados por la accionante, y reitera que se trata de regular el acceso a un empleo público tutelando el correcto y cabal desarrollo del cargo de acuerdo con los principios rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de los gobernados, para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público.
8. Informe del Poder Ejecutivo. La autoridad promulgadora del Decreto, por conducto del titular de la Consejería Jurídica del gobernador(2) manifestó, en síntesis, lo siguiente:
- El precepto impugnado es constitucional y debe reconocerse su validez, ya que el decreto cuya invalidez se reclama se realizó en atención a la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que trajo consigo un nuevo sistema de justicia en esta materia, y que abordó aspectos de suma trascendencia, ya que otorgó competencia a los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas, para conocer y resolver los conflictos surgidos entre los patrones y los trabajadores, considerando además, la creación de Centros de Conciliación Laboral, tanto en el ámbito federal como local.
- Refiere que el artículo segundo transitorio de dicha reforma a la Constitución Federal encomendó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales que realizaran las adecuaciones legislativas que correspondieran para dar cumplimiento a dicho decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esa reforma; y la norma impugnada se emitió en cumplimiento a ello, pues se consideró como base el texto normativo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 123, apartado A, fracción XX, último párrafo, por tanto, la porción normativa: "y no haya sido condenado por delito doloso" contenida en el artículo 7, fracción VII, sexto párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se encuentra adecuada a esa norma de la Constitución Federal.
9. Los informes referidos y sus anexos se tuvieron por oportunamente presentados mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno(3), y por cumplidos los requerimientos hechos a las autoridades demandadas; se ordenó dar vista con ellos a la actora, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República; asimismo, se otorgó plazo a las partes para formular sus alegatos.
10. Alegatos y cierre de instrucción. El titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de sus respectivos representantes, así como la Comisión accionante, plantearon sus alegatos,(4) los que se tuvieron por presentados en proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno; en ese mismo acuerdo quedó cerrada la instrucción.(5)
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una porción normativa de un precepto de carácter local y la Constitución Federal.
12. SEGUNDO.—Oportunidad. La demanda se formuló dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la norma impugnada. Ello, pues el decreto controvertido se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el lunes uno de marzo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del martes dos al miércoles treinta y uno de los referidos mes y año; y la demanda se presentó en el buzón judicial el último día de dicho plazo, según lo hizo constar la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que su presentación fue oportuna.
13. TERCERO.—Legitimación. La demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual acreditó con copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, relativo a su nombramiento.(6)
14. Así, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México Sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; ..."
15. Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estatuye en su numeral 15, fracciones I y XI,(7) la representación legal y la facultad para promover las respectivas acciones de inconstitucionalidad a cargo de su presidente, por lo que se actualiza la hipótesis de legitimación que contempla el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su representante legal.
16. CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no hacen valer causas de improcedencia, ni este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualice alguna. Por tanto, procede analizar los conceptos de invalidez.
17. QUINTO.—Estudio. Como se precisó en apartado anterior, en su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que el numeral 7, fracción VII, sexto párrafo, en la porción normativa "y no haya sido condenado por delito doloso", de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit es inválido, porque al establecer como requisito para ser titular del Centro de Conciliación Laboral en la entidad, el no haber sido condenado por delito doloso, vulnera el derecho de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y el derecho a acceder a un cargo en el servicio público.
18. Y en esencia, la actora sostiene que la norma impide a las personas que ya cumplieron una pena en el sistema de justicia penal por la comisión de un delito doloso, acceder al referido cargo público, imponiendo un requisito genérico, referido a cualquier delito de esa índole, sin considerar si el ilícito guarda relación o no con las funciones del puesto a desempeñar; de manera que se traduce en una restricción o exclusión injustificada y discriminatoria, que resulta sobreinclusiva. En ese sentido, considera que dadas las funciones directivas, administrativas, técnicas y profesionales que corresponden al titular del Centro de Conciliación Laboral, la norma resulta desproporcionada y atenta contra los derechos fundamentales referidos.
19. La Comisión señala que el hecho de que el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal establezca como requisito para ser titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el no haber sido condenado por delito doloso, sólo sirve de sustento para ese cargo en el nivel federal, mas no implica que el legislador local pueda hacer extensivo ese mismo requisito para el cargo homólogo local, pues con ello se transgreden los derechos fundamentales referidos.
20. La accionante sostiene que la norma impugnada debe ser sometida a un escrutinio estricto bajo la prohibición de discriminación, dado que está sustentada en una categoría sospechosa como es la condición social y/o jurídica; y al respecto, despliega un test en el que afirma que la norma no tiene una finalidad constitucional imperiosa, pues el legislador no hizo una correlación entre ese requisito y las actividades del puesto a desempeñar; asimismo, dice, aún si se considerara que la norma sí cumple esa grada del test y la diversa de idoneidad, de cualquier modo no se satisfacería la última exigencia, relativa a que la medida sea la menos restrictiva posible, pues sus efectos son amplios, y en todo caso, el legislador debió restringir el acceso al cargo público sólo cuando el delito doloso cometido fuere realmente gravoso y estuviere estrechamente relacionado con las funciones a realizar, de modo tal que válidamente se pudiere poner en duda que el aspirante en cuestión ejercerá de manera proba, íntegra y honesta sus atribuciones; además, aduce, se debió considerar que el haber compurgado una pena forma parte de la vida privada, del pasado y la proyección social, y no es dable que por esa razón se excluya la participación de la persona en los asuntos que atañen a su comunidad, como es desempeñarse en un cargo en el servicio público.
21. Esos planteamientos de la accionante son fundados en lo esencial, y suficientes para declarar inválida la porción normativa controvertida.
22. El artículo 7, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit señala:
(Reformado primer párrafo, P.O. 23 de junio de 2012)
"Artículo 7. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición:
"...
(Reformada, P.O. 16 de diciembre de 2010)
"VII. La libertad de trabajar y disponer de los productos del trabajo, de acuerdo con las prescripciones que establecen las leyes relativas.
(Reformado, P.O. 1 de marzo de 2021)
"De conformidad a lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función conciliadora de las relaciones entre los patrones y los trabajadores estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, organismo público descentralizado que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado en la ley.
(Adicionado, P.O. 1 de marzo de 2021)
"Contará con un Órgano de Gobierno y una estructura administrativa que salvaguarde el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, cuya integración y funcionamiento se establecerán en su correspondiente Ley Orgánica.
(Adicionado, P.O. 1 de marzo de 2021)
"Para la designación del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, el Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Congreso del Estado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador.
(Adicionado, P.O. 1 de marzo de 2021)
"En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Estatal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador.
(Adicionado, P.O. 1 de marzo de 2021)
"El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso.
(Adicionado, P.O. 1 de marzo de 2021)
"Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. El titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Título Octavo de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Centro y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia." (énfasis en negritas añadido).
23. Como se observa, dicho precepto en la fracción transcrita, encomienda la función conciliadora en materia de trabajo, al Centro de Conciliación Laboral de la entidad; dispone la naturaleza de dicho organismo y los principios que regirán su función; señala que contará con un órgano de gobierno; establece las reglas para la designación de su titular; y en lo que interesa, en su párrafo sexto, se precisan diversos requisitos que deberá reunir la persona en quien recaiga el nombramiento de titular de dicho Centro, a saber: (i) tener capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Centro; (ii) que no haya ocupado un cargo en algún partido político ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; (iii) que goce de buena reputación; (iv) que no haya sido condenado por delito doloso; y (v) que cumpla con los requisitos que establezca la ley (párrafo séptimo).
24. El requisito impugnado en el caso, es el relativo a que la persona que ocupe la titularidad del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit "no haya sido condenado por delito doloso".
25. Parámetro de regularidad constitucional. Para el estudio de la norma impugnada, es pertinente destacar brevemente el contenido y alcances que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido al derecho humano de igualdad y no discriminación, y al derecho de los ciudadanos mexicanos a desempeñarse en un cargo público cuando se cumplan las calidades que exija la ley.
26. Derecho de igualdad y no discriminación. Esta Suprema Corte ha sostenido que la igualdad reconocida en el artículo 1o. constitucional, es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual, invariablemente se predica de algo y consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
27. Y ha precisado que una modalidad o faceta del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminar, la cual entraña que ninguna persona pueda ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada en forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías que recoge el referido precepto con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30418-5151b00c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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