I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA). II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 46, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 46, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR DELITOS DOLOSOS Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADO TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA (ARTÍCULO 46, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DOLOSOS PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA REGULAR LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SUS CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XX, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 46, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA EXIGENCIA DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DOLOSOS PARA SER TITULAR DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XX, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBE REPLICARSE POR LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR SUS CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 46, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DOLOSOS PARA SER TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA ES DIFERENTE AL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO MEDIANTE SENTENCIA EJECUTORIA PARA SER VICEFISCAL O FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ANALIZADO EN UNA DIVERSA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE ARTÍCULO 46, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 85/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes de las normas impugnadas. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Constitución Federal), relativas a la transformación del sistema de justicia en materia del trabajo, con alcance a sus instituciones y procesos, ya que desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje para quedar a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los Estados; asimismo, se crean los centros de conciliación como instancias prejudiciales especializadas e imparciales con naturaleza de organismos descentralizados con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
2. En el artículo segundo transitorio de dicho decreto de reforma, se estableció el plazo de un año a partir de su entrada en vigor para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales realizaran las adecuaciones legislativas correspondientes.(1)
3. Con motivo de lo anterior, el gobernador del Estado de Puebla presentó una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional referido e implementar la reforma laboral en Puebla.(2)
4. Realizados los trámites legislativos, el catorce de abril de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla.(3)
5. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 46, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", y fracción IX, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, publicada en el periódico oficial de esa entidad el catorce de abril de dos mil veintiuno.(4)
6. TERCERO.—Artículos constitucionales y convencionales violados. En la demanda señaló como preceptos constitucionales y convencionales violados los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Federal; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
7. CUARTO.—Concepto de invalidez. La Comisión accionante expuso en su único concepto de invalidez los siguientes argumentos:
• Las normas impugnadas transgreden los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un cargo en el servicio público, pues la personas que ya fueron sancionadas por un delito doloso y cumplieron con la sanción impuesta deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.
• Violación al derecho de igualdad y no discriminación. No es constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño de un servicio público a las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, una vez que hayan cumplido con la pena impuesta, tal medida es injustificada y discriminatoria para quienes se encuentran en esa situación, pues les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo, en específico a ocupar un cargo público.
Para que las restricciones sean válidas, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes, y hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate.
Quien ostente el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla también fungirá como titular de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno de dicho centro y desempeñará funciones directivas, administrativas, técnicas, profesionales y lógico-jurídicas, para realizar plenamente las funciones necesarias para que el organismo cumpla con su objeto.
Podría pensarse que la fracción V en la porción "y no haber sido condenado por delito doloso", y la fracción IX del artículo 46 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, exigen cierta probidad y honestidad de las personas que aspiren a ser titulares de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral; terminan por excluir a las personas que pretenden reinsertarse en sociedad, tras haber compurgado una pena por la comisión de alguna conducta delictiva con base en su situación social y/o jurídica. No obstante, el legislador debió acotar lo más posible las exigencias impugnadas, esto es, que se restringiera el acceso al cargo público únicamente a personas que hayan cometido conductas delictivas estrechamente vinculadas con las funciones a desempeñar, lo que válidamente pondría en duda su probidad, integridad y honestidad.
Los requisitos previstos en las fracciones impugnadas crean una condición estigmatizante, pues implican una prohibición absoluta y sobreinclusiva que excluye automáticamente y sin distinción a las personas que han cumplido una pena y se han reinsertado en sociedad.
Cometer un delito y ser sancionado por ello, no tiene la consecuencia de marcar al autor como un delincuente de por vida o como una persona que carece de honestidad y probidad por el resto de su vida.
Los requisitos impugnados y previstos en ambas fracciones son discriminatorios por generar distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo mencionado. Además, propician discriminación por motivos de condición social, pues obstaculizan el ejercicio del derecho a ocupar un cargo público en igualdad de condiciones que las demás personas.
• Violación al derecho a la libertad de trabajo y a ocupar un cargo público. Los requisitos que establecen las fracciones impugnadas, impiden de manera injustificada que las personas se dediquen libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos, así como a ser nombradas para cualquier empleo o comisión del servicio público cuando hubieran sido condenadas por un delito doloso, aun cuando ya compurgaron la pena impuesta por el delito cometido, sin considerar si las conductas por las cuales fueron sancionadas se relacionan o no con las funciones que deban desempeñar en el cargo en cuestión.
En atención a las actividades del cargo, las restricciones contenidas en las normas impugnadas son desproporcionadas y sobreinclusivas, porque atentan contra el derecho a la libertad del trabajo y de acceso a un cargo en el servicio público, pues excluyen a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, aunque éste no se relacione con las atribuciones correspondientes al cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral.
La generalidad y amplitud de las normas impugnadas, implica una prohibición absoluta que impide acceder en igualdad de circunstancias al respectivo empleo público a personas que en el pasado fueron sancionadas penalmente, sin que ello permita justificar en cada caso y con relación a la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto o comisión a desempeñar, sobre todo, tratándose de sanciones que ya han sido cumplidas.
Si bien el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal prevé como requisito, no haber sido condenado por delito doloso para ocupar el cargo de titular del organismo descentralizado federal, encargado de la función conciliatoria de las diferencias entre trabajadores y patrones, ello no puede hacerse extensivo a quien ocupe dicho cargo a nivel local.(5)
• Las normas no superan el examen de escrutinio ordinario de proporcionalidad. No existe una relación lógica entre los requisitos establecidos en el artículo 46, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", y fracción IX, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla y las funciones a desempeñar por el director general del Centro de Conciliación Laboral.
Las normas impugnadas establecen una distinción para acceder al mencionado cargo público, entre las personas que fueron condenadas por un delito doloso y aquellas que no están en ese supuesto, con lo cual excluye injustificadamente a las personas que se encuentran en el primer supuesto, generando un régimen diferenciado entre unas y otras.
Si bien las normas impugnadas cumplen con un fin constitucionalmente válido, debido a que buscan generar condiciones propicias para el desempeño, no tienen una relación directa, clara e identificable para el necesario cumplimiento de dicho fin, pues no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá las funciones correspondientes a su cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en ese supuesto no ejercerán sus labores de forma adecuada o que carezcan de dichos valores, ni tampoco que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, aptitud o conocimiento.
En consecuencia, al no advertir que los preceptos impugnados tengan una conexión directa con el fin constitucionalmente válido, la medida atenta contra el derecho a la igualdad y contradicen el parámetro de regularidad constitucional.
• Se solicita la extensión de invalidez a todas las normas relacionadas.
8. QUINTO.—Registro y turno. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 85/2021, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
9. SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción, tuvo por designados delegados, dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes y dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara su pedimento. Asimismo, dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que, si considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda.
10. SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Mediante escrito presentado vía electrónica, el dos de julio de dos mil veintiuno, el licenciado Enrique Juárez Vasconcelos, director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del Poder Ejecutivo de ese Estado, rindió informe en el que señaló lo siguiente:
• Los actos del Ejecutivo estaban dentro de sus atribuciones constitucionales. El gobernador del Estado de Puebla promulgó y ordenó publicar la ley impugnada, pero esos actos no son inconstitucionales o inconvencionales, en virtud de que cuenta con atribuciones para ello, conforme al artículo 79, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.(6)
• Las normas surgen de un mandato constitucional. La ley impugnada surgió del decreto publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación por el que se reformaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Federal, en materia de justicia laboral, en el cual se proyecta un nuevo modelo en el sistema jurídico laboral de nuestro país.
• No se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación. La naturaleza del centro de conciliación es dirimir los conflictos laborales de forma especializada e imparcial y fungir como apoyo a la autoridad jurisdiccional, por lo cual debe contar con personal que pueda desempeñar un papel íntegro frente a los intereses de los trabajadores, que garantice que las conductas que se desarrollen en él sean ajustadas a las reglas y normas que lleven a la correcta impartición de justicia.
El dispositivo impugnado busca resguardar los derechos de los trabajadores, contratando profesionales que se apeguen a los principios de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Por lo cual establece un filtro, a través de una distinción, para que entre todas las personas aptas para desempeñar el cargo se designe a aquella que tenga un respeto profundo por las conductas sociales, pues al final se trata del acceso a un puesto como servidor público.
La Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido que servidor público es toda persona que brinda un servicio de utilidad social, cuya característica principal es que son personas que sirven al Estado, la Federación, el gobierno, la Nación, al interés público o la sociedad,(7) esto es, que beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas más allá del salario que percibe.
Toda persona dedicada al servicio público tiene como fin desarrollar su tarea para lograr un bien común, más allá del prestigio y sus ambiciones personales; la necesidad de una conducta intachable y una ética rigurosa suele ser exigida a los servidores públicos.
De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.(8) La ética del servidor público representa un elemento primordial e indispensable para atender las demandas sociales.
Prever como requisitos para quien busca acceder a la titularidad del Centro de Conciliación Laboral del Estado, no haber sido condenado por delito doloso o no haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso, cualquiera que haya sido la pena, es una protección para salvaguardar el orden público e interés social.
Un delito doloso es un hecho punible que se comete con intención de producir un daño a otra persona; por ende, haber sido sancionado por alguna conducta equívoca o inapropiada implica que la persona no ha sabido hacer un adecuado ejercicio de su libertad.
El legislador busca proteger a los usuarios que se acerquen para tener apoyo en el sistema estatal que los conmine a tener una solución rápida y eficaz como es la conciliación, por lo cual no se trata de requisitos arbitrarios, sino vinculados con todo el sistema jurídico.
El desempeño del cargo en cuestión requiere de personas que reúnan ciertos requisitos o bien que no hayan atentado contra su propia libertad o que no hayan vulnerado las reglas del Estado.
Para ocupar determinados cargos se requiere la probidad de las personas que los ostentan, la cual consiste en la protección del patrimonio del Estado; el establecimiento de mecanismos que permitan el ejercicio adecuado y transparente de la función pública; la prevención y corrección de actos u omisiones en los que puedan incurrir los servidores públicos que afecten el correcto desarrollo de la función pública.
Las normas impugnadas no son discriminatorias, pues el artículo 95 de la Constitución Federal prevé como requisitos la probidad y la honorabilidad, así como no haber sido sancionado con pena privativa de la libertad, por lo cual no puede considerarse que vulneren el derecho a la igualdad.(9)
El titular de la dirección general del centro de conciliación requiere contar con personas que hayan cuidado su actuar, que se apeguen a las reglas y que no incurran en conductas contrarias a la ley. Mantener esta cuestión generará beneficios en la sociedad a partir del ejercicio de la plena confianza y el combate a la corrupción. El perfil que se pide obedece al beneficio público, pues la condena por delito doloso supone el quebrantamiento de varios principios fundamentales, entre ellos, la honradez, lealtad y diligencia.
• Las normas superan un examen de escrutinio estricto. El legislador se sustentó en criterios razonables y objetivos, amparado en la efectiva protección del orden público e interés de la sociedad en que se apliquen las normas conforme a derecho.
• No se vulnera el derecho al trabajo. Las normas impugnadas no prohíben el desarrollo de la profesión de abogado en materia laboral, solamente realizan una distinción al buscar personas que se conduzcan con estricto apego a las leyes y que no hayan incurrido en alguna falta.
El artículo 5o. de la Constitución Federal consagra el derecho al trabajo, siempre y cuando la profesión, industria o labor sean lícitos, por lo cual el derecho al trabajo no es absoluto, irrestricto e ilimitado.(10)
Existen mecanismos mediante los cuales se puede modificar la información referente a la individualización de la pena, como la cancelación de la ficha signalética.
11. OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, la licenciada María del Rosario Evangelista Rosas, en su carácter de secretaria general del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en representación del Poder Legislativo de ese Estado, rindió informe en el que señaló:
• Es acorde con la Constitución Federal. El artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal exige que el titular del órgano descentralizado que tiene la función conciliadora, entre otros requisitos, que no haya sido condenado por delito doloso.(11) Mismo requisito que se exige para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de lo que se advierte que las normas impugnadas contienen el mismo espíritu.(12)
• El Pleno de la Suprema Corte ya estableció un precedente. En la acción de inconstitucionalidad 106/2019, la Suprema Corte declaró la constitucionalidad del artículo 21, fracción IV, y 24, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que en términos similares establece que, para ser vicefiscal o fiscal especializado, el aspirante debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria.(13) Destacó, en particular, los argumentos de la Ministra Ríos Farjat, en el sentido de que el artículo 40 de la Constitución Federal establece que los Estados son libres y soberanos, y que el artículo 124 de la Constitución Federal señala que las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, por lo que es importante la libertad de configuración del legislador.(14)
• Importancia del cargo. Al ser un cargo tan importante como el de titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, se debe declarar la validez del artículo 46, fracciones V y IX, de la ley impugnada.
12. NOVENO.—Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto, ni tampoco la Consejería Jurídica del Gobierno Federal realizó manifestación alguna. 13. DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos, por acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(15) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(16) en virtud de que se plantea la posible contradicción de normas de una entidad federativa y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(17)
16. En el caso, las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el miércoles catorce de abril de dos mil veintiuno; por tanto, el plazo para la promoción de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves quince de abril de dos mil veintiuno al viernes catorce de mayo de dos mil veintiuno.
17. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el jueves trece de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta claro que se promovió en forma oportuna.
18. TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.
19. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por las Legislaturas Locales.(18)
20. Asimismo, conforme al artículo 59, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(19)
21. En términos del artículo 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presidenta ostenta la representación legal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(20)
22. Ahora bien, en el caso, quien suscribe la acción de inconstitucionalidad es la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad acreditó con copia del nombramiento otorgado por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve.
23. Además, en el escrito por el cual se promueve la acción de inconstitucionalidad se alega que las normas impugnadas vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público.(21)
24. Por tanto, al haberse acreditado que la acción de inconstitucionalidad se promovió por uno de los entes señalados en la fracción II del artículo 105 constitucional, a través de la servidora pública que ostenta su representación legal y que se alega la vulneración de derechos humanos, debe concluirse que se promovió por parte legitimada.
25. CUARTO.—Causas de improcedencia. No se planteó alguna causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna. Por tanto, este Tribunal Pleno procede a examinar el concepto de invalidez planteado por la parte accionante.
26. QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita se declare la invalidez del artículo 46, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", y fracción IX, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, porque excluyen injustificadamente a las personas que fueron condenadas por delito doloso, aun cuando ya hubieran compurgado la pena impuesta y se hayan reinsertado socialmente; además, porque son sobreinclusivas, ya que abarcan a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso aunque ello no esté relacionado con las funciones del director general de dicho centro.
27. El texto de las normas que se combaten es del tenor literal siguiente:
"Artículo 46. Para poder ser designado como titular de la dirección general, deberá cumplir con lo siguiente:
"...
"V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
"...
"IX. No haber sido condenado(a) mediante sentencia firme por delito dolosos (sic), cualquiera que haya sido la pena, y ..."
28. Con base en el contenido del precepto transcrito, se tiene que para ser director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla se requiere no haber sido condenado por delito doloso y no haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso, cualquiera que haya sido la pena, situación que la Comisión accionante estima inconstitucional, en virtud de que excluye a las personas que se encuentren en ese supuesto de manera injustificada, vulnerando los principios de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.
29. Debido a la similitud de los requisitos establecidos en las fracciones impugnadas, el Pleno de esta Suprema Corte realiza su análisis de forma conjunta.
30. El único concepto de invalidez resulta sustancialmente fundado. Para expresar las consideraciones que sustentan esa calificación, se debe recordar que el Pleno de esta Suprema Corte sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Federal es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.(22) Asimismo, se ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
31. También se ha precisado que, si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que resultará constitucionalmente exigido.(23)
32. Por otra parte, en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.), la Primera Sala de esta Suprema Corte estableció que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho).(24)
33. El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. El segundo opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
34. En ese sentido, en la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.), la Segunda Sala de esta Suprema Corte sostuvo que el principio de igualdad, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa.(25)
35. En dicho precedente, se señaló que del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución Federal las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.(26)
36. Es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es omisa ante las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30560-3fb6e69b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- SERVIDOR PÚBLICO DE MANDO SUPERIOR. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DIRECTOR DE UNA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PARA EFECTO DE ABSOLVER POSICIONES (I.2o.T.2 L (10a.))
- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA LEGISLAR EN MATERIA DE. (LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON). (s/clave)
- JUICIO DE PROCEDENCIA. ES NECESARIO QUE AL MOMENTO DE FORMULARSE LA ACUSACION ESTE EN FUNCIONES EL SERVIDOR PUBLICO PARA QUE PUEDA APLICARSE EL. (X. 1o. 85 P)
- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA LEGISLAR EN MATERIA DE (LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).- (2762)
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