I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO). II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 67 UNDECIES, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETIVO DE LA LITIS (ARTÍCULO 67 UNDECIES, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR DELITOS DOLOSOS Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL ESTADO (ARTÍCULO 67 UNDECIES, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS DOLOSOS PARA SER DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES LABORALES DEL ESTADO DE TABASCO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 67 UNDECIES, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 277/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 277/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes de las normas impugnadas. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Constitución Federal), relativas a la transformación del sistema de justicia en materia del trabajo con alcance a sus instituciones y procesos, ya que desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje para quedar a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los Estados; asimismo, se crean los centros de conciliación como instancias prejudiciales especializadas e imparciales con naturaleza de organismos descentralizados con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
2. En el artículo segundo transitorio de dicho decreto de reforma se estableció el plazo de un año a partir de su entrada en vigor para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales realizaran las adecuaciones legislativas correspondientes.(1)
3. Con motivo de lo anterior, el gobernador del Estado de Tabasco presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, con la finalidad de armonizar sus disposiciones legales locales con el mandato constitucional, e implementar la reforma laboral.(2)
4. Realizados los trámites legislativos, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el Decreto 219 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.(3)
5. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 67 Undecies, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veinticinco de septiembre de dos mil veinte.
6. TERCERO.—Artículos constitucionales y convencionales violados. En la demanda señaló como preceptos constitucionales y convencionales violados los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Federal; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
7. CUARTO.—Concepto de invalidez. La Comisión accionante expuso en su único concepto de invalidez los siguientes argumentos:
• La norma impugnada transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un cargo en el servicio público, pues las personas que ya fueron sancionadas por un delito doloso y cumplieron con la sanción impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.
• Violación al derecho de igualdad y no discriminación. No es constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño de un servicio público a las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, una vez que hayan cumplido con la pena impuesta, tal medida es injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentran en esa situación social y/o jurídica, pues les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo, en específico a ocupar un cargo público.
Para que las restricciones sean válidas deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes y, hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate.
La norma impugnada prevé un trato diferenciado a las personas que han sido condenadas por cualquier delito doloso, aun cuando ya hubieran compurgado la sanción impuesta, para ser seleccionadas para ocupar el cargo de director general de Administración de los Tribunales Laborales, otorgándoles un trato inferior respecto a las demás personas que no hayan recibido una condena similar. Además, si ya compurgó la pena impuesta se encuentra en aptitud de reinsertarse en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.
El hecho de que una persona haya sido condenada anteriormente por la comisión de un delito doloso forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social; por tanto, no es constitucionalmente válido que por esa razón se le excluya de participar en un cargo público.
El requisito impugnado es discriminatorio por generar distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo mencionado. Además, propicia discriminación por motivos de condición social, pues obstaculiza el ejercicio del derecho a ocupar un cargo público en igualdad de condiciones que las demás personas.
• Violación al derecho a la libertad de trabajo y a ocupar un cargo público. El requisito que establece la norma impugnada impide de manera injustificada que las personas se dediquen libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos, así como a ser nombradas para cualquier empleo o comisión del servicio público cuando hubieran sido condenadas por un delito doloso, aun cuando ya compurgaron la pena impuesta por el delito cometido, sin considerar si las conductas por las cuales fueron sancionadas se relacionan o no con las funciones que deban desempeñar en el cargo en cuestión.
En atención a las actividades del cargo, la restricción contenida en la norma impugnada es desproporcionada y sobreinclusiva, porque atenta contra el derecho a la libertad del trabajo y de acceso a un cargo en el servicio público, pues excluye a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, aunque éste no se relacione con las atribuciones correspondientes al cargo de director general de Administración de los Tribunales Laborales.
La generalidad de las normas impugnadas implica una prohibición absoluta que impide acceder en igualdad de circunstancias al respectivo empleo público a personas que en el pasado fueron sancionadas penalmente, sin que ello permita justificar en cada caso y con relación a la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto o comisión a desempeñar, sobre todo, tratándose de sanciones que ya han sido cumplidas.
• Las normas no superan el examen de escrutinio estricto de proporcionalidad. Si bien la norma impugnada no encuadra en las categorías sospechosas relativas al origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, estas categorías no son restrictivas, sino abiertas en el sentido de que cualquier distinción injustificada que atente contra la dignidad humana o menoscabe sus derechos y libertades está estrictamente prohibida.
Por tanto, si el requisito impugnado categoriza, excluye, margina y/o discrimina a quienes han sido sancionados por delitos dolosos, la porción normativa es una categoría sospechosa.
La fracción impugnada no tiene una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir a una persona no haber sido condenado por delitos dolosos para fungir como director general de Administración de los Tribunales Laborales, debido a que las actividades que corresponden al cargo no justifican restricciones tan amplias.
Debido a que la norma no cumple con un fin constitucionalmente válido, tampoco puede afirmarse que se encuentra relacionada con el logro de un objetivo constitucional, ni que se trate de la medida menos restrictiva.
• Se solicita la extensión de invalidez a todas las normas relacionadas.
8. QUINTO.—Registro y turno. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 277/2020, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
9. SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la acción, tuvo por designados delegados, dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes y dio vista a la Fiscalía General de la República, para que formulara su pedimento. Asimismo, dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que, si considera que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda.
10. SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Mediante escrito presentado vía electrónica, el cinco de enero de dos mil veintiuno, el licenciado Guillermo Arturo del Rivero León, titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en representación del mencionado Poder de esa entidad federativa, rindió informe en el que señaló lo siguiente:
• Los actos del Ejecutivo estaban dentro de sus atribuciones constitucionales. El gobernador del Estado de Tabasco actuó en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.(4)
• La norma pretende adecuarse a las reformas en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. La norma impugnada responde, esencialmente, a la exigencia de adecuación de normas locales en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo de dos mil diecinueve, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de la Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
La norma en pugna no contraviene los principios y bases constitucionales, pues se encuentra apegada a lo establecido en el artículo quinto transitorio del mencionado decreto, publicado el primero de mayo de dos mil diecinueve, que establece el plazo de tres años para que los centros de conciliación locales inicien actividades.(5)
• No se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación. El decreto por el que se emitió la norma impugnada atendió a la necesidad de armonizar las disposiciones locales con la reforma federal en materia del trabajo, en aras de buscar una mayor eficiencia en el sistema de justicia laboral.
Al establecer el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ocupar el cargo de director general de Administración de los Tribunales Laborales, el legislador buscó, esencialmente, la aplicación de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos.
Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la norma impugnada vulnera el derecho de igualdad y no discriminación por tratarse de una categoría sospechosa, ello no significa que el legislador local no tenga la posibilidad de instituir ciertos límites al ejercicio del cargo; por tanto, el legislador local sí puede hacer tratos diferenciados entre los gobernados, siempre que sean justos, razonables, convenientes y moderados.
El requisito establecido por el legislador local no es desproporcionado, debido a que sobrepone el interés público sin estigmatizar a la persona que aspire al cargo de director general de Administración de los Tribunales Laborales.
11. OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el diputado Luis Ernesto Ortiz Catalá, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en representación del mencionado Poder de esa entidad federativa, rindió informe en el que señaló:
• Validez de la norma impugnada. El acto legislativo se encuentra fundado y motivado en términos del artículo 16 de la Constitución Federal.(6) El Legislativo Local actuó dentro de los límites y atribuciones que la Constitución le confiere (fundamentación), y emite normas que se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).
El legislador local, al emitir la norma impugnada, expuso que los requisitos que deben cumplir quienes ocupen la titularidad de cualquiera de los cargos establecidos en la reforma son viables, ya que, además de optimizar las tareas sustantivas y separarlas de las funciones administrativas, establece y define con claridad las facultades de quienes integrarán los tribunales laborales, lo que asegura una administración de justicia laboral de calidad, apegada a los principios de legalidad y de seguridad jurídica.
El legislador local realizó un balance cuidadoso entre los requisitos necesarios para la emisión de las normas y los fines que pretende alcanzar, para lo cual estableció los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permiten colegir que procedía crear y aplicar la norma correspondiente, por lo cual está justificado que el Legislativo emitiera la norma impugnada en la forma en que lo hizo.
La norma reclamada tiene los elementos necesarios para superar el estricto control de regularidad constitucional.
• La norma no transgrede los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y acceso a un cargo público. La fracción impugnada tiende a proteger que quien ocupe un cargo administrativo en un tribunal laboral goce de buena reputación y honestidad, dado que el cargo a desempeñar exige ciertos atributos personales, como la probidad, decencia, pudor, dignidad, sinceridad, justicia, rectitud y honradez en su forma de ser y de actuar, pues se trata de la persona que va a ocupar el cargo de director general de Administración de los Tribunales Laborales.
El requisito de no haber sido sancionado por delito doloso únicamente se estableció para el cargo de director general de Administración de los Tribunales Laborales, no así para otros cargos, debido a que la escrupulosidad es mayor a la de cualquier otro cargo.
En las acciones de inconstitucionalidad 106/2019(7) y 101/2019,(8) se realizó un análisis específico del tipo de cargo del que se trata, pues el puesto en cuestión debe ser desempeñado por una persona en quien la sociedad pueda depositar la confianza de que la administrará con honestidad y honradez. Máxime que el artículo 134 de la Constitución Federal exige que los recursos del erario se administren con honestidad, honradez, eficiencia, economía y transparencia.(9)
12. NOVENO.—Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto, ni tampoco la Consejería Jurídica del Gobierno Federal realizó manifestación alguna.
13. DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos, por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(10) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) en virtud de que se plantea la posible contradicción de normas de una entidad federativa y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(12)
16. En el caso, la norma impugnada se adicionó mediante Decreto 219 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el viernes veinticinco de septiembre de dos mil veinte; por tanto, el plazo de treinta días naturales para la promoción de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado veintiséis de septiembre de dos mil veinte al domingo veinticinco de octubre de dos mil veinte. No obstante, de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes veintiséis de octubre de dos mil veinte.(13)
17. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes veintiséis de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta claro que se promovió en forma oportuna.
18. TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación de la promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.
19. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por las Legislaturas Locales.(14)
20. Asimismo, conforme al artículo 59, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(15)
21. En términos del artículo 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presidenta ostenta la representación legal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(16)
22. Ahora bien, en el caso, quien suscribe la acción de inconstitucionalidad es la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad acreditó con copia del nombramiento otorgado por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve.
23. Además, en el escrito por el cual se promueve la acción de inconstitucionalidad se alega que las normas impugnadas vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público.(17) 24. Por tanto, al haberse acreditado que la acción de inconstitucionalidad se promovió por uno de los entes señalados en la fracción II del artículo 105 constitucional, a través de la servidora pública que ostenta su representación legal, debe concluirse que se promovió por parte legitimada.
25. CUARTO.—Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede analizar las causas de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Tribunal Pleno.(18)
26. En el presente caso el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco considera que la acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera extemporánea, por lo cual debe sobreseerse en términos de lo dispuesto en los artículos 20, fracción II, 21, fracción II, 59 y 65 de la ley reglamentaria de la materia, pues la Comisión accionante impugna una norma que fue publicada el viernes veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y la demanda se presentó el lunes veintiséis de octubre de dos mil veinte, esto es, un día después de los treinta días que establece el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(19)
27. Como se estableció en el apartado de oportunidad, en el presente caso, la fracción impugnada fue publicada el viernes veintiséis de septiembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, y el plazo de treinta días naturales para promover la acción concluyó el domingo veinticinco de octubre del mismo año; sin embargo, de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, si el último día del plazo fue inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(20)
28. En consecuencia, si la demanda de la acción de inconstitucionalidad se presentó al día hábil siguiente, esto es, el lunes veintiséis de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se considera que la presentación de la demanda fue oportuna. Por tanto, se desestima dicha causal de improcedencia.
29. Por último, las partes no plantearon una diversa causal de improcedencia ni se advierte de oficio la actualización de alguna. Por tanto, este Tribunal Pleno procede a examinar el concepto de invalidez planteado por la parte accionante.
30. QUINTO.—Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita se declare la invalidez del artículo 67 Undecies, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, porque excluye injustificadamente a las personas que fueron condenadas por delito doloso, aun cuando ya hubieran compurgado la pena impuesta y se hayan reinsertado socialmente, y porque es sobreinclusiva, ya que abarca a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso aunque no esté relacionado con las funciones del director general de Administración de los Tribunales Laborales del Estado de Tabasco. Por tanto, se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, de dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos, así como a ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público.
31. El texto de la norma que se combate es del tenor literal siguiente:
"Artículo 67 Undecies. Para ser director general de Administración de los Tribunales Laborales se requiere:
"...
"IV. No haber sido condenado por delito doloso; ..."
32. Con base en el contenido del precepto transcrito, se tiene que para ser director general de Administración de los Tribunales Laborales del Estado de Tabasco se requiere no haber sido condenado por delito doloso, situación que la Comisión accionante estima inconstitucional, en virtud de que excluye a las personas que se encuentren en ese supuesto de manera injustificada, vulnerando los principios de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.
33. El único concepto de invalidez resulta sustancialmente fundado. Para expresar las consideraciones que sustentan esa calificación, se debe recordar que el Pleno de esta Suprema Corte sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Federal es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.(21) Asimismo, se ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
34. También se ha precisado que si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que resultará constitucionalmente exigido.(22)
35. Por otra parte, en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.), la Primera Sala de esta Suprema Corte estableció que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho).(23)
36. El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. El segundo opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
37. En ese sentido, en la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.), la Segunda Sala de esta Suprema Corte sostuvo que el principio de igualdad, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa.(24)
38. En dicho precedente, se señaló que del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario; por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución Federal las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.(25)
39. Es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es omisa ante las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero)(26) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o., apartado B).(27) Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos sociales.
40. Lo anterior permite concluir que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
41. Sin embargo, la Segunda Sala también ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
42. Conforme con ese parámetro del derecho de igualdad, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016(28) y 50/2019,(29) se declaró la invalidez de las porciones normativas "no contar con antecedentes pena
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30561-396abdbd/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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