I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). II. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA EN DERECHO O ABOGADO PARA SER SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS DEMARCACIONES CON MÁS DE CIEN MIL HABITANTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LAS DEMARCACIONES CON POBLACIÓN DE MÁS DE CIEN MIL HABITANTES, SERÁ NECESARIO QUE EL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL SEAN DE LICENCIATURA EN DERECHO, O ABOGADO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). III. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA EN DERECHO O ABOGADO PARA SER SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS DEMARCACIONES CON MÁS DE CIEN MIL HABITANTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SUPERA EL ESCRUTINIO O TEST DE IGUALDAD (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LAS DEMARCACIONES CON POBLACIÓN DE MÁS DE CIEN MIL HABITANTES, SERÁ NECESARIO QUE EL TÍTULO Y LA CÉDULA PROFESIONAL SEAN DE LICENCIATURA EN DERECHO, O ABOGADO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA EN DERECHO O ABOGADO PARA SER SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS DEMARCACIONES CON MÁS DE CIEN MIL HABITANTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONLLEVA BENEFICIOS A LA COMUNIDAD (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LAS DEMARCACIONES CON POBLACIÓN DE MÁS DE CIEN MIL HABITANTES, SERÁ NECESARIO QUE EL TÍTULO Y LA CÉDULA PROFESIONAL SEAN DE LICENCIATURA EN DERECHO, O ABOGADO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DEL TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA EN DERECHO O ABOGADO PARA SER SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS DEMARCACIONES CON MÁS DE CIEN MIL HABITANTES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ NO VULNERA LA LIBERTAD DE TRABAJO (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "RESPECTO A LAS DEMARCACIONES CON POBLACIÓN DE MÁS DE CIEN MIL HABITANTES, SERÁ NECESARIO QUE EL TÍTULO Y LA CÉDULA PROFESIONAL SEAN DE LICENCIATURA EN DERECHO, O ABOGADO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 199/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de abril de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez del artículo 77, fracción III, en la porción normativa "Respecto a las demarcaciones con población de más de cien mil habitantes, será necesario que el título y cédula profesional sean de licenciatura en derecho, o abogado; ...", de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, reformada mediante Decreto Número 0592 publicado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de esa entidad.
La accionante señaló que la norma impugnada violaba los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
SEGUNDO.—Concepto de invalidez. En un único concepto de invalidez, la accionante expuso los argumentos siguientes:
El artículo 77, fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, prevé como requisito para acceder al cargo de secretario de Ayuntamiento, entre otros, contar con título y cédula profesional o nivel licenciatura, con antigüedad mínima de tres años en el ejercicio de la profesión. Distingue que cuando existan demarcaciones territoriales con una población de más de cien mil habitantes, será necesario que el título o cédula profesional sean de licenciatura en derecho o abogado.
Tal porción normativa es inconstitucional porque excluye de manera injustificada a un sector de la población para poder ejercer dicho cargo, ya que distingue entre diversos títulos académicos para desempeñar las mismas funciones tomando como base el número de habitantes en cada demarcación, limitando con ello la posibilidad de participar en la vida pública municipal en razón de una condición social –la licenciatura cursada–, lo que resulta en una limitante desproporcionada y, por tanto, discriminatoria.
Deben tomarse en cuenta las funciones que le son encomendadas al secretario de Ayuntamiento, las cuales, según la fracción II del artículo 77 de la citada legislación, pueden ser ejercidas incluso por personas que solamente tienen un nivel de escolaridad de preparatoria. De ahí que la exigencia señalada no constituye un requisito razonable para el desempeño del cargo.
Entre las causas de justificación que expuso el Congreso potosino para adicionar el requisito impugnado fue que en las demarcaciones con mayor población los asuntos que se atienden son más complejos y requieren mayor conocimiento en materia jurídica. Sin embargo, admitir lo anterior es aceptar que en los Municipios con menos habitantes no hay asuntos complejos que requieran conocimiento y especialización en el área jurídica, es decir, el grado de complejidad de los asuntos no está necesariamente relacionado con el número de personas que radican en determinado lugar.
Ese sistema de requisitos diferenciados puede llevar a que un servidor público que ya esté en funciones de secretario municipal y que sólo cuente con una licenciatura en una materia distinta al derecho, pierda su cargo si aumenta la población a más de cien mil habitantes en la demarcación en que ejerce sus funciones. Por tanto, el número de habitantes en cada Municipio no es un criterio razonable de diferenciación que justifique la exigencia del requisito apuntado para un cargo en el que se desempeñarán idénticas funciones.
Escrutinio estricto del requisito impugnado
Al alegarse una vulneración al principio de igualdad y la prohibición de discriminación, la disposición impugnada debe ser entendida como una norma que contiene una categoría sospechosa y atenta contra la dignidad humana, teniendo por efecto anular o menoscabar el derecho a la igualdad.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional: a) origen étnico, b) nacionalidad, c) género, d) edad, e) discapacidad, f) condición social, g) salud, h) religión, i) opiniones, j) preferencias sexuales, k) estado civil, i) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (sic). Tal catálogo no es numerus clausus, por el contrario, el texto constitucional es claro en referir una cláusula abierta en el sentido de que cualquier distinción injustificada que por cualquier motivo vulnere la dignidad humana y menoscabe derechos, está determinantemente prohibida.
Si bien dicho párrafo no prevé textualmente la prohibición de discriminar a las personas cuando se encuentren en el supuesto que nos ocupa, ello no implica que no se trate de una categoría sospechosa, máxime cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha destacado que aquéllas, recogidas en la Constitución Federal y en la normativa internacional de derechos humanos, como rubros prohibidos de discriminación, están asociados a la desvaloración cultural, desventaja social y marginación política.
Así, la normativa impugnada contiene una categoría sospechosa, consistente en la condición social de las personas que no cuentan con una licenciatura en derecho para ocupar un cargo público en un Municipio con una población mayor a cien mil habitantes, por lo que quienes se encuentren en las situaciones señaladas serán excluidos de la posibilidad de ser secretarios de Ayuntamiento en San Luis Potosí. Para concluir lo anterior, es indispensable basarse en el análisis estricto de constitucionalidad de la norma reclamada.
Cuando una norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa, corresponde realizar un escrutinio de la medida legislativa conforme a los parámetros que prevé la jurisprudencia P./J. 10/2016 (10a.), de rubro: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO.", a saber: 1. Cumplir con una finalidad constitucional imperiosa, 2. Estar estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa y 3. La medida debe ser lo menos restrictiva posible.
La norma impugnada no cumple el primer nivel de escrutinio, ya que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir contar con licenciatura en derecho para fungir como secretario de Municipio, al no haber un mandato en la Constitución que exija un requisito de esa índole para ese tipo de actividades y las atribuciones que le corresponden no justifican restricciones tan amplias. Al no superar la primera fase del test, la norma es discriminatoria.
Atendiendo a la anterior conclusión, tampoco puede afirmarse que cumpla los dos niveles de escrutinio restantes y, por tanto, indiscutiblemente no aprueba un juicio estricto de proporcionalidad o razonabilidad.
TERCERO.—Registro de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 199/2020 y turnó el expediente al Ministro José Fernando Franco Gonzáles Salas, como instructor del procedimiento.
CUARTO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de doce de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Mediante oficio recibido vía electrónica el siete de septiembre de dos mil veinte en esta Suprema Corte de Justicia, al rendir su informe señaló, en síntesis, lo siguiente:
Derecho a la igualdad y no discriminación
En ningún momento durante el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto 0592, el Congreso del Estado de San Luis Potosí cometió violaciones que hayan transgredido los derechos humanos de un sector de la población de esa entidad, tampoco existieron inobservancias a formalidades legislativas y su efecto invalidante que trascendieran en el actuar de los integrantes del Congreso.
De conformidad con las facultades y obligaciones que el artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí le confiere al secretario de Ayuntamiento como servidor público municipal, es necesaria su profesionalización en materia legal.
En la iniciativa que dio origen al decreto de reforma impugnado, se señaló que sin perder de vista la característica esencial del Municipio como el primer nivel de respuesta a los problemas públicos que afectan a los ciudadanos mexicanos, es evidente que un aspecto clave en la administración pública moderna es la profesionalización, que incluye el adecuado perfil de sus elementos en plena concordancia con las atribuciones establecidas en la ley para poder cumplir con las tareas encomendadas.
En años recientes se ha reformado el marco legal relativo a los requisitos que se establecen en la ley en cita para definir un perfil profesional de los distintos cargos públicos municipales en aras de que al elevar las exigencias de formación profesional se garantice una base mínima de competencias y de esa manera evitar incurrir por desconocimiento en conductas altamente dañinas para el gobierno municipal y su hacienda pública.
Tal es el caso del secretario de Ayuntamiento, que en un principio se contemplaba que era suficiente haber completado estudios de preparatoria o equivalente para Municipios que tuvieran menos de cincuenta mil habitantes, esa disposición estaba contenida en la fracción II del artículo 77 de la ley en comento, y que se derogó por atender la recomendación de profesionalizar el servicio público y contar con una administración que se desempeñe con calidad.
Al respecto, no existieron inobservancias de formalidades legislativas y su efecto invalidante que tuvieran efecto alguno en la supuesta violación de derechos humanos, ni un trato diferenciado por parte del Pleno de la LXII Legislatura del Poder Legislativo de San Luis Potosí. Por tanto, en la reforma de la fracción de dicho arábigo no se vulneraron los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
De lo que se trata es que con dicha reforma se pueda garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito profesional y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para el beneficio de la sociedad.
El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la ley orgánica municipal, prevén como uno de los requisitos para acceder al servicio contar con título profesional, lo cual no es anticonstitucional y anticonvencional, cuenta habida que tiene que ver con una cualidad de instrucción inherente al ciudadano que desee acceder a aquél, lo que no sólo no está prohibido en la Constitución Federal, sino que es una de las causas expresas que la citada Convención establece como legítimas para regular el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos de sus países.
Tanto el promovente de la iniciativa como el Pleno de la LXII Legislatura previeron situaciones fácticas que requirieron un trato diferente, es decir, en poblaciones con más de cien mil habitantes optaron por sustentar el criterio razonable y objetivo justificado, como fue contar con título y cédula profesional de licenciatura en derecho, o abogado, para abonar a la profesionalización del puesto, en virtud de la exigencia de las tareas y responsabilidades que en la propia ley se encomiendan de acuerdo al tamaño de los Municipios. Dicho criterio de profesionalización, con base en un criterio demográfico, ha funcionado para otros cargos, por lo que además de ser factible es deseable, en atención a la naturaleza de las situaciones que enfrenta el secretario del Ayuntamiento.
Es esencial que en las administraciones municipales, especialmente aquellas que por su tamaño son más complejas desde un punto de vista jurídico, el secretario del Ayuntamiento deba contar con formación profesional en derecho, o como abogado, pues el artículo 78 de la ley citada enumera algunas responsabilidades directamente relacionadas con el ámbito legal.
Libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo digno
El requisito de contar con cédula y título profesional para ocupar el cargo de secretario municipal en demarcaciones de más de cien mil habitantes, no se traduce en una violación al derecho a la libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. constitucional, pues es criterio de la Suprema Corte de Justicia que los derechos humanos no son absolutos, ya que su ejercicio puede limitarse bajo las condiciones que la propia Constitución Federal señala y en términos de las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin de evitar medidas o restricciones arbitrarias. Además, esa restricción no es una prohibición absoluta al citado derecho humano, pues únicamente se fijan los requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a ocupar dicho cargo.
Inconstitucionalidad de la disposición impugnada
Lo que pretende la norma es fijar parámetros de acceso a la función pública con base en el mérito profesional y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para el beneficio de la sociedad, lo que no es violatorio de los derechos de las personas. Al contrario, se regula el acceso de los funcionarios a los cargos públicos, a fin de abonar a su profesionalización a fin de las exigencias y responsabilidades que la propia ley municipal le encomienda de acuerdo al tamaño de los Municipios.
El criterio de profesionalización se sustenta en un criterio demográfico que ha funcionado para otros cargos públicos, por lo que además de ser factible es deseable en atención a la naturaleza de las situaciones que enfrenta el secretario de Ayuntamiento.
Por tanto, es necesario que las administraciones municipales, especialmente aquellas que por su tamaño son complejas desde el punto de vista jurídico, dicho funcionario deba contar con formación profesional en derecho o como abogado, ya que la ley orgánica, al enumerar las responsabilidades del citado funcionario, señala algunas directamente relacionadas al ámbito jurídico. Se destaca que el secretario de Ayuntamiento cuenta con fe pública.
SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Por oficio recibido vía electrónica el ocho de septiembre del año en curso, en esta Suprema Corte de Justicia, al rendir su informe señaló, en síntesis, lo siguiente:
Es innegable el acto que reclama la promovente, ya que el Ejecutivo Local promulgó y publicó el decreto en la página oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", con fundamento en las atribuciones que prevé el artículo 80, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y con el debido ajuste a las disposiciones legales aplicables de la Ley del Periódico Oficial del Estado y la Ley para la Regulación de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí.
No advirtió que la ley recurrida vulnere derechos fundamentales de manera restrictiva, es decir, violaciones directas de derechos fundamentales o bien, de forma amplia o extensiva, esto es, violaciones directas o indirectas de derechos fundamentales. Por ello, el Ejecutivo Local no observó el proyecto de ley que se discutió y votó en el Congreso Local, en términos del artículo 67 de la Constitución Política de esa entidad.
SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) ya que se plantea la posible contradicción entre el artículo 77, fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone lo siguiente:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, cuyo cómputo inicia el día siguiente a aquel en que se publicó la norma impugnada en el medio de difusión oficial, sin perjuicio de que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
A efecto de realizar el cómputo del plazo para la promoción de la acción de inconstitucionalidad, es menester mencionar que mediante Acuerdo General Número 3/2020 de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, como medida urgente, ante el grave riesgo que implica la enfermedad del coronavirus COVID-19, suspender toda actividad jurisdiccional en este Alto Tribunal durante el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, y declarar inhábiles esos días. Lo anterior, sin menoscabo de habilitar los días y horas que resultaran necesarios durante el periodo referido.
Por Acuerdo General Número 6/2020 del Pleno de este Alto Tribunal, se prorrogó la suspensión de actividades jurisdiccionales del veinte de abril al cinco de mayo de dos mil veinte.
El Acuerdo General Número 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prorrogó la suspensión de plazos para el periodo comprendido del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte.
Mediante la emisión del Acuerdo General Número 10/2020 se prorrogó la suspensión de plazos para el periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos mil veinte.
En el diverso Acuerdo General Número 12/2020 se prorrogó la suspensión de plazos del uno al quince de julio de dos mil veinte.
Posteriormente, mediante el Acuerdo General Número 13/2020 se canceló el periodo de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tendría lugar del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte, y durante el periodo indicado se prorrogó la suspensión de plazos.
Finalmente, en el Acuerdo General Número 14/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal
Ahora, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 77, fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en la porción normativa "Respecto a las demarcaciones con población de más cien mil habitantes, será necesario que el título y cédula profesional sean de licenciatura en derecho, o abogado."
Así, el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del viernes veintiocho de febrero al jueves trece de agosto de dos mil veinte; por tanto, si la demanda de la accionante se presentó el lunes tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, entonces debe concluirse que se satisface el requisito de procedencia que se analiza.
TERCERO.—Legitimación. Se procede al análisis de la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, al tratarse de un presupuesto indispensable para su ejercicio.
El escrito respectivo fue signado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación expedido a su favor por el Senado de la República, suscrito por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Ahora, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el numeral 59, ambos de la ley de la materia, establecen que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
En este sentido, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno, corresponde al presidente de la referida Comisión su representación legal.
Tales preceptos prevén lo siguiente:
"Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;
"...
"XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte."
"Artículo 18.... La presidencia es el órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la ley, las funciones directivas de la Comisión Nacional y su representación legal."
Asimismo, debe señalarse que, en términos del citado artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, la referida Comisión es un órgano legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter local, como la impugnada, por estimar que viola derechos fundamentales, como plantea la promovente en su escrito.
En consecuencia, debe estimarse que, en el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien suscribe el escrito relativo es en quien recae la representación legal de dicha Comisión.
CUARTO.—Causales de improcedencia. El Tribunal Pleno no advierte de oficio motivo de improcedencia o de sobreseimiento en el presente asunto, aunado a que las autoridades que rindieron informe no plantearon causas de improcedencia.
QUINTO.—Estudio. Al respecto, la parte accionante aduce que el artículo 77, fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en la porción normativa que dice "Respecto a las demarcaciones con población de más de cien mil habitantes, será necesario que el título y la cédula profesional sean de licenciatura en derecho, o abogado." transgrede el derecho humano a la igualdad y la prohibición a la no discriminación al establecer como requisito para acceder a un cargo público, como es ser secretario de Ayuntamiento, contar con título o cédula profesional de abogado o licenciado en derecho en los casos en que existan demarcaciones territoriales con una población mayor a cien mil habitantes, otorgando un trato injustificadamente diferenciado para las personas que aspiran a ejercer el referido cargo.
De igual forma, concatenado con el planteamiento anterior se arguye que el requisito impugnado también vulnera el derecho fundamental contenido en el artículo 5o. constitucional, consistente en la libertad de trabajo, ello en relación con el derecho establecido en el artículo 35, fracción VI, del Ordenamiento Federal a que se alude.
Al respecto, debemos analizarlos en su conjunto si tomamos en cuenta que la igualdad es un derecho transversal a toda la Constitución y, por tanto, en la presente problemática la perspectiva es vinculada con el derecho de igualdad en relación con el derecho al trabajo, contenido en el artículo 5o. de la Constitución Federal y la potestad que tienen los ciudadanos para acceder a un cargo público que al efecto se consagra en el diverso numeral 35, fracción VI, de nuestra Carta Magna.
En ese sentido, es pertinente señalar que, si bien la accionante invoca diversos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en realidad todo su planteamiento lo hace derivar del derecho a la igualdad para ejercer o acceder a un cargo público como lo es el de secretario del Ayuntamiento.
Asimismo, es relevante resaltar que la Comisión alega una vulneración al principio de igualdad y la prohibición de discriminación, pues estima que la disposición impugnada debe ser entendida como una norma que contiene una categoría sospechosa y atenta contra la dignidad humana, teniendo por efecto anular o menoscabar el derecho a la igualdad.
Al respecto, este Tribunal Pleno estima que aun realizando el test de escrutinio estricto y suponiendo, sin conceder, que la disposición impugnada contiene una categoría sospechosa, con ello no se viola el principio de igualdad por lo siguiente.
Ahora bien, el artículo 1o. constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
También prohíbe la discriminación con base en las categorías sospechosas derivadas del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 24(3) también consagra el derecho a la igualdad ante la ley y, por tanto, prohíbe la discriminación buscando siempre la protección de las personas a la luz de dicho derecho.
Al respecto, es conveniente retomar lo que al fallar la acción de inconstitucionalidad 107/2016(4) se estableció en cuanto al derecho humano de igualdad, en efecto, se dijo que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad reconocida en el artículo 1o. constitucional, es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual, invariablemente se predica de algo y consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
Asimismo, ha precisado que una modalidad o faceta del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminar, la cual entraña que ninguna persona pueda ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada en forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías que recoge el referido precepto constitucional, a saber: el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad y la prohibición de discriminación, obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
No obstante, también se ha precisa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30007-dec50cbe/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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