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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE NO HAYAN SIDO CONDENADAS POR SENTENCIA FIRME POR LA COMISIÓN DE DELITOS DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA DE PRISIÓN Y AQUELLAS QUE SÍ, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA SECRETARÍA DE UN AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 77, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR SENTENCIA FIRME POR LA COMISIÓN DE DELITOS DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA DE PRISIÓN, PARA OCUPAR LA SECRETARÍA DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR SENTENCIA FIRME POR LA COMISIÓN DE DELITOS DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA DE PRISIÓN, PARA OCUPAR LA SECRETARÍA DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, RESULTA SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2023. · Registro digital (IUS): 32267
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-15
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo I, Pág.340.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0698, publicado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Plan de San Luis", de esa entidad federativa; al considerar que el requisito para ocupar el cargo de Secretario de Ayuntamiento consistente en "manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada o condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión" es contrario a los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a un cargo público, reconocidos en los artículos 1o. y 35, fracción VI, de la Constitución Federal.

Ver índice temático

Ciudad de México. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 88/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0698, publicado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Plan de San Luis", de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0698, publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis", de esa entidad federativa, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso como único concepto de invalidez, que el artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional porque transgrede los derechos de igualdad y no discriminación y de acceder a un cargo público.

3. Lo anterior porque dicha fracción establece como requisito para ocupar el cargo de secretario de Ayuntamiento manifestar bajo protesta de decir verdad no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión, lo cual, a consideración de la promovente, excluye a las personas que fueron sancionadas penalmente en algún momento y que ya cumplieron la pena que les fue impuesta para ocupar un cargo en el servicio público.

4. Para sustentar lo anterior, expone las siguientes consideraciones:

• Considera que el artículo 77, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí establece que para la designación del secretario o secretaria del Ayuntamiento municipal, la persona debe manifestar bajo protesta de decir verdad no haber sido condenado por sentencia firme que haya ameritado pena de prisión; sin embargo, dicha exigencia transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceder a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar el mencionado cargo público.

• Estima que las personas que han sido sancionadas en algún momento por la comisión de un delito doloso y que ya cumplieron con la pena que les fue impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.

• A su juicio, la disposición reclamada es incompatible con el parámetro de regularidad constitucional, toda vez que es desproporcionada y tiene por efecto excluir de forma injustificada a un sector de la población de ejercer el cargo de secretaria o secretario de Ayuntamiento, en contravención al derecho de igualdad y no discriminación y, adicionalmente, constituye una medida legislativa que atenta contra el ejercicio del derecho de acceso a un empleo en el servicio público.

• Alega que no es constitucionalmente válido que, por regla general, se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que manifiesten bajo protesta de decir verdad haber compurgado una pena, una vez que ya cumplieron con ésta, dado que este tipo de medidas se traducen en una exclusión injustificada y discriminatoria para quienes se encuentran en tal hipótesis, cuyo efecto es impedir, a su vez, que ejerzan su derecho a ocupar un cargo público.

• Señala que para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que corresponde al puesto de que se trate y, una vez hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión.

• Indica que en el caso del puesto de secretaria o secretario de Ayuntamiento, conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, cuenta con atribuciones administrativas, de coordinación y profesionales-jurídicas, por lo que es irrazonable el requisito en cuestión, pues excluye a las personas que lo incumplan de toda posibilidad de ocuparlo, aun cuando el hecho ilícito no se relacione de manera alguna con las atribuciones correspondientes al cargo de mérito.

• Aduce que la norma reclamada es sobreinclusiva, puesto que provoca un escenario absoluto de prohibición que impide acceder en condiciones de plena igualdad al respectivo empleo público a personas que incumplan con el requisito de manifestar bajo protesta de decir verdad no haber sido sancionadas penalmente por la comisión de los delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión, sin que ello permita justificar su relación con las funciones del cargo, ni la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto a ejercer, sobre todo, tratándose de penas que pudieron ya haber sido ejecutadas o cumplidas.

• Argumenta que podría pensarse que el cargo en estudio exige que sea desempeñado con cierta probidad y honestidad, de manera que se garantice que su ejecución sea regular y se apegue en todo momento a la legalidad, empero, el precepto combatido desborda su objetivo, por lo que termina por excluir a todas las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad y que han sido acreedoras de una sanción penal por la comisión de cualquier delito doloso.

• Considera que el Congreso local debió acotar lo más posible la exigencia impugnada, de forma que únicamente se restringiera el acceso a las personas que aspiren al cargo cuando hayan cometido conductas delictivas realmente gravosas y que se encuentren estrechamente vinculadas con las funciones a desempeñar en el puesto correspondiente, de forma tal que permitan válidamente poner en duda que la persona aspirante vaya a ejercer de manera proba, íntegra y honesta sus atribuciones.

• Manifiesta que la comisión de conductas contrarias a las leyes no hace siempre cuestionable el actuar de las personas, ya que eso no implica que deba ser apartado de la sociedad, por el contrario, la función del derecho penal en un Estado democrático de derecho no tiene el alcance de definir o marcar a un infractor, respecto de su conducta, por el resto de su vida.

• Estima que la norma reclamada es contraria a la dignidad de las personas, pues tiene por efecto que quienes fueron condenados serán objeto de una doble sanción: por un lado, la que le es impuesta en ejercicio de la facultad punitiva del Estado con motivo de la comisión de un delito y, por otro, el reproche social posterior a la compurgación de su pena que tiene como consecuencia limitar alguno de sus derechos, una vez que se reinserta en la sociedad, lo cual no tiene razón de ser, ya que únicamente se fundamenta en la concepción estigmatizante y caduca de que una persona que ha cometido un delito no puede reinsertarse de manera funcional a la sociedad y, específicamente, en el ejercicio de un oficio o profesión.

• Sostiene que la norma combatida hace distinciones injustificadas que, en sentido estricto, no están estrechamente vinculadas con la configuración de un perfil inherente a la función pública a desempeñar, sino más bien con su honor y reputación, a partir de manifestar bajo protesta de decir verdad no haber incurrido nunca en una conducta que haya sido reprochada a partir de una sentencia firme por la comisión de algún tipo de delito doloso, lo cual contiene un problema de sobreinclusión.

• Aduce que el requisito impugnado no supera un test de razonabilidad ordinario, ya que si bien busca generar las condiciones propicias para que quienes accedan al cargo mencionado tengan el perfil idóneo para el desempeño de las funciones que corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento municipal, lo cierto es que la citada medida legislativa no tiene relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con servidores públicos adecuados y eficientes.

• Refiere que no existe base objetiva para determinar que una persona que manifieste bajo protesta de decir verdad no contar con antecedentes penales ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en tal supuesto per se, no desempeñarán sus labores de forma adecuada, o que carezcan de tales valores, ni mucho menos que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, eficacia o rectitud.

• Menciona que el hecho de que una persona haya sido condenada con sentencia firme por la comisión de algún delito doloso cuya pena haya sido privativa de la libertad forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social; por ello, no es dable exigir se externe bajo protesta de decir verdad no contar con tal antecedente penal, además de ser un impedimento para participar activamente en los asuntos que le atañen a su comunidad a través del acceso a un cargo público.

5. Radicación y turno. El tres de abril de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito inicial y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 88/2023. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.

6. Admisión y trámite. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, tuvo como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí y ordenó darles vista para que, dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran sus informes correspondientes y remitieran copia certificada de los antecedentes legislativos y del Periódico Oficial en el que constara la publicación de la norma combatida.

7. En el mismo acuerdo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que antes del cierre de instrucción formularan el pedimento y las manifestaciones que estimaran convenientes.

8. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la citada entidad federativa presentó el informe solicitado vía correo postal, el cual fue recibido el día veintinueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe fue acordado el ocho de junio de dos mil veintitrés. En el documento, dicha autoridad expuso lo siguiente:

Causa de improcedencia y sobreseimiento:

• Considera que el requisito reclamado no formó parte de la reforma que dio origen a la presente impugnación, ya que únicamente se adicionó la porción normativa "Manifestar bajo protesta de decir verdad" al inicio de la fracción reclamada. Por lo que la porción normativa que se impugna en el escrito inicial no es un aspecto novedoso.

Contestación a los conceptos de invalidez:

• Asevera que el Congreso Estatal tiene libertad de configuración normativa para establecer los requisitos que deben cumplir quienes pretendan ocupar el cargo de secretaria o secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí habida cuenta que la Constitución Federal le otorga esa facultad.

• Sostiene que el requisito de que la persona que ocupe el cargo de secretaria o secretario de un Ayuntamiento en el Estado de San Luis Potosí, de no contar con antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, no viola los derechos de igualdad y prohibición de discriminación; acceso a un cargo en el servicio público; ser votado; libertad de trabajo y presunción de inocencia, habida cuenta que es una obligación del legislador velar por el interés social de su población, para lo cual, en uso de su libertad configurativa, estableció diversos requisitos para acceder al mencionado cargo.

• Señala que el requisito controvertido persigue el objeto de que los servidores públicos designados cuenten con los perfiles idóneos para el adecuado desempeño de sus funciones, dada la naturaleza de las atribuciones que se le confieren.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El doce de mayo de dos mil veintitrés, el consejero jurídico de la referida entidad, en representación del titular del Poder Ejecutivo Local, depositó un oficio en la oficina de correos de la localidad, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de ese Alto Tribunal el veinticinco de mayo de la misma anualidad, a través del cual rindió el informe solicitado. Dicho informe fue acordado el ocho de junio de dos mil veintitrés. En el oficio mencionado, la autoridad expone, en síntesis, lo siguiente:

• Manifiesta que son indiscutibles los actos que refiere la promovente, únicamente en lo que respecta a la promulgación y publicación del decreto impugnado, con fundamento en las atribuciones que establece el artículo 80, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y con el debido ajuste a la Ley del Periódico Oficial del Estado y la Ley para la Regulación de la Firma Electrónica Avanzada de la misma entidad.

• Refiere que el Poder Ejecutivo del Estado es respetuoso de las facultades y funciones que establece la división de poderes que consagra la Constitución, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para otorgarle plena validez y eficacia a las leyes en comento.

• Señala que no se advirtió que la ley reclamada vulnere derechos fundamentales de manera restrictiva, directa o indirecta.

10. Pedimentos. El fiscal general de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.

11. Alegatos. El consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí y la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formularon sus alegatos los días diecinueve y veintidós de junio de dos mil veintitrés, respectivamente, los cuales se tuvieron por formulados en auto de seis de septiembre del mismo año.

12. Cierre de la instrucción. En proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

14. Lo anterior porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre la Constitución General y el artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0698, publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis", de esa entidad federativa, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA

15. La norma combatida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0698, publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis", de esa entidad federativa, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el cual es del contenido literal siguiente:

"Artículo 77. Para el despacho de los asuntos y para auxiliar a la o el presidente municipal, en sus funciones, cada Ayuntamiento contará con una Secretaria o Secretario, quien deberá reunir los siguientes requisitos:

"...

"IV. Manifestar bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenada o condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión."

16. Como puede observarse, de la disposición transcrita se impugna el requisito para ocupar el cargo de secretaria o secretario de cada Ayuntamiento del Estado de San Luis Potosí, conforme al cual las personas que aspiren a este puesto deberán manifestar bajo protesta de decir verdad no haber sido condenadas por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.

III. OPORTUNIDAD

17. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

18. En este caso, el Decreto No. 0698 por el que se reformó el artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí fue publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" de esa entidad federativa el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; por lo cual el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes veintiocho de febrero al miércoles veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.

19. En ese sentido, si el escrito de demanda fue depositado en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal el mismo veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, entonces su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

20. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

21. Por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que legalmente estén facultadas para ello.

22. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente de este órgano ejerce la representación de éste y tiene la atribución y obligación de promover las acciones de inconstitucionalidad, conforme a lo establecido en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal.(4) 23. En la especie, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve la acción de inconstitucionalidad por conducto de su presidenta Rosario Piedra Ibarra, quien acredita su personalidad mediante copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

24. Por lo tanto, si en el caso se promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y la accionante plantea que dicha disposición resulta violatoria de derechos fundamentales, concretamente, de los derechos a la igualdad y prohibición de discriminación y de acceso a un cargo en el servicio público, entonces, se colige que la promovente está legitimada para impugnarlas.

25. Las consideraciones de los apartados que anteceden son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que, en su caso, se adviertan de oficio.

27. Al respecto, el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí señala que el requisito controvertido, consistente en "no haber sido condenada o condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión" para ocupar el cargo de secretaria o secretario de Ayuntamiento, no fue incorporado a partir de la reforma que dio origen a la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que únicamente se adicionó la porción normativa "manifestar bajo protesta de decir verdad" en la fracción IV del artículo 77 combatido.

28. Por ello, considera que la porción normativa referente al requisito señalado no puede considerarse un aspecto novedoso derivado de la reforma a dicho precepto, por lo que no es susceptible de ser analizado en la presente acción de inconstitucionalidad.

29. Se desestima dicho argumento ya que la reforma al artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, publicada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, es un nuevo acto legislativo.

30. Este Tribunal Constitucional, en un primer momento, ha considerado, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(5) que existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:

a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal).

b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

31. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que puede ejercitarse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.

32. El segundo requisito significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.

33. En este segundo aspecto, el criterio que actualmente sostiene este Alto Tribunal consiste en que se lleve a cabo una modificación al sentido normativo de la norma impugnada, lo que será considerado como un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.

34. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. En este sentido, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

35. Conforme a esta definición de nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia –o el sobreseimiento de un asunto– sino que una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos o en su defecto los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.

36. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula, que deriven precisamente del producto del Poder Legislativo.

37. Ahora bien, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal se ha matizado con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.

38. De esta forma, el criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno consiste en que, para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo, debe existir un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada.

39. Es decir, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.

40. Para considerar que se trata de un cambio en el contenido normativo es de especial relevancia analizar la intención del legislador, esto es, si tuvo la voluntad o no de emprender cualquier tipo de modificación al texto de la norma (mediante una reforma, adición o derogación) y que para tales efectos se haya puesto a discusión con el objeto de estudiar las modificaciones hasta obtener un resultado.

41. Es decir, es de especial importancia que la norma haya sido sometida expresa y realmente a la consideración del legislador y que hubiera sido materia de un acto positivo de aprobación, esto es, que exista una propuesta concreta sobre el texto de la norma materia de la impugnación, con independencia de que sea totalmente novedosa o se pretenda su reforma, o incluso cuando se ponga a consideración el texto preexistente, siempre y cuando, se insiste, la norma fuera sometida a una etapa deliberativa dentro del procedimiento legislativo.

42. Similares consideraciones fueron sostenidas por este Tribunal Pleno, en las acciones de inconstitucionalidad 297/2020,(6) 60/2021(7) y 100/2021 y su acumulada 101/2021.(8)

43. Ahora bien, para verificar lo anterior en el caso en análisis, se debe tener en cuenta que la fracción IV del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí fue reformada a través de un procedimiento legislativo que comenzó a partir de una iniciativa presentada por uno de los legisladores del Congreso de la referida entidad federativa, en la que, originalmente, se planteaba modificar la fracción III del citado precepto.(9)

44. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para la elaboración del dictamen respectivo, en el cual se consideró viable modificar el contenido de la fracción IV y ajustar la totalidad del artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí con el empleo de lenguaje incluyente.(10)

45. El referido dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el diecinueve de enero de dos mil veintitrés(11) y se sometió a consideración del Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí en sesión ordinaria número 54 de nueve de febrero de dos mil veintitrés.(12) El Decreto de reforma al artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de la citada entidad fue aprobado por el órgano legislativo en la misma sesión(13) y publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí "Plan de San Luis" el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés.(14)

46. Por lo tanto, la norma combatida, al haber sido modificada a través de un procedimiento legislativo, constituye un nuevo acto legislativo desde el punto de vista formal.

47. Como resultado de ese procedimiento, la porción normativa reclamada fue modificada, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

48. Como se puede apreciar, la fracción IV del artículo 77 impugnada presenta las siguientes modificaciones: (i) antes de la reforma, se ubicaba en la fracción V del mismo precepto, (ii) se emplea un lenguaje incluyente al adicionar "condenada o" y (iii) se agrega la porción normativa "manifestar bajo protesta de decir verdad".

49. Si bien las primeras dos modificaciones no son sustantivas en tanto se trata de cambios nominales y en el orden de la disposición, este Tribunal Pleno advierte que la refor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32267-454686cb/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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