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Modo: Corpus Pro

I. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONDICIONES QUE IMPONE AL LEGISLADOR EN SU MODULACIÓN A LA MATERIA ADMINISTRATIVA. II. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. III. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. SU MODULACIÓN A LA MATERIA ADMINISTRATIVA. IV. LEYES LOCALES EN MATERIA DE DEPORTE. LAS DISPOSICIONES QUE DEJAN UN CATÁLOGO ABIERTO DE ACTOS O CONDUCTAS VIOLENTAS O QUE INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE SON CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, APLICABLE AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 129 TER, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA", DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. LEYES LOCALES EN MATERIA DE DEPORTE. LAS DISPOSICIONES QUE SANCIONAN ACTOS O CONDUCTAS VIOLENTOS O QUE INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE CON PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS INDETERMINADOS SON CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 132, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISOS B) Y D); III, INCISOS B), C) Y D) Y IV, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 108, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA", Y 122, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISO B); III, INCISOS B) Y C) Y IV, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE MORELOS].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2016. · Registro digital (IUS): 28306
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-01-25
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Pág. 363.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 24 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ. SECRETARIO: ABRAHAM PEDRAZA RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 129 Ter, en su porción normativa que indica "de manera enunciativa y no limitativa" y 132 fracción I, incisos b), c) y d); fracción II, incisos b) y d); fracción III, incisos b), c) y d) y fracción IV, incisos b) y c) de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Autoridades demandadas. La ley impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos.

TERCERO.—Normas generales impugnadas: Los artículos 129 Ter, en su porción normativa que indica "de manera enunciativa y no limitativa" y 132, fracción I, incisos b), c) y d); fracción II, incisos b) y d); fracción III, incisos b), c) y d) y fracción IV, incisos b) y c) de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos que disponen:

"Artículo 129 Ter. Para efectos de esta ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes:

"I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado;

"II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;

"III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquellos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;

"IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego;

"V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos;

"VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades, y

"VII. Las que establezcan la presente ley, su reglamento y demás ordenamientos aplicables."

"Artículo 132. A los infractores a esta ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las sanciones siguientes:

"I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Estatales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva, así como a los organizadores de eventos deportivos con fines de espectáculo:

"a) Amonestación privada o pública;

"b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

"c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte; y,

"d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al sistema.

"II. A directivos del deporte:

"a) Amonestación privada o pública;

"b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al sistema;

"c) Desconocimiento de su representatividad, y

"d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte.

"III. A deportistas:

"a) Amonestación privada o pública;

"b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

"c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al sistema, y

"d) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte.

"IV. A técnicos, árbitros y jueces:

"a) Amonestación privada o pública;

"b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al sistema, y

"c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones públicas de cultura física y deporte.

"V. A los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse y considerando la gravedad de la conducta y, en su caso, la reincidencia:

"a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas;

"b) Amonestación privada o pública;

"c) Multa de diez a noventa días del valor diario de la unidad de medida y actualización; y,

"d) Suspensión de uno a cinco años el acceso a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo."

CUARTO.—Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial la accionante expuso los conceptos de invalidez a continuación sintetizados.

En el primer concepto de invalidez expresa:

• El artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos en su porción normativa que prevé "de manera enunciativa y no limitativa" es violatorio de los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones administrativas, estatuidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que –afirma– dicho enunciado genera un catálogo abierto de conductas sancionables indeterminadas, al no establecer de manera precisa y detallada la conducta o acto que se considera antijurídico o bien el dispositivo legal en que se describa el mismo.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la sanción administrativa guarda relación con las penas, dado que ambas reaccionan a la conducta antijurídica como manifestación de la potestad punitiva del Estado, por ello –arguye– la sanción administrativa se debe someter a una serie de premisas, a fin de advertir si se vulneran los principios que rigen la materia penal en estricto seguimiento a los parámetros diseñados para modular la aplicación de los derechos humanos que en sede penal pueden ser aplicables al derecho administrativo sancionador.

• El Alto Tribunal ha establecido que para determinar si se está en presencia de un procedimiento administrativo sancionador o un procedimiento donde se pueda obtener evidencia para después ser utilizada en el procedimiento, la norma impugnada tiene como finalidad reaccionar en el ámbito administrativo frente a lo antijurídico, es decir, contra los actos o conductas que se consideran violentas o que incitan a la violencia en el deporte y el Estado ejerce su potestad punitiva a través del operador de la norma.

• El artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, ciertamente se encuentra en el procedimiento administrativo sancionador al tener por objeto prevenir la violencia en el deporte, pero –asevera– de forma ambigua y violatoria al principio de seguridad, respecto de los actos que se consideran violentos o que incitan a la violencia en el deporte, al establecer en su contenido la porción normativa: "de manera enunciativa y no limitativa."

• El numeral secundario citado vulnera el principio de tipicidad de las penas, respecto del cual el Alto Tribunal ha establecido que integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones junto con el de reserva de ley; principio de legalidad que –afirma– se cumple cuando en la norma consta de una predeterminación inteligible de la infracción y la sanción, al estar en presencia de una lex certa y, en ese sentido –aduce– la disposición que establece una sanción por alguna infracción; entonces, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa establecida y –asevera– sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o mayoría de razón.

• El Alto Tribunal ha venido generando criterios que permiten establecer cuáles son los elementos diferenciados a considerar para determinar la materia de escrutinio constitucional en el ámbito del derecho administrativo sancionador, a saber, a) el control democrático de la política punitiva; b) previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos, c) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad y en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, habida cuenta que –arguye– el principio de tipicidad sigue exigiendo la predeterminación inteligible de la conducta y el principio de reserva de ley deja de ser absoluto para ser relativo.

• Invoca en apoyo de tales argumentos la jurisprudencia P./J. 100/2006 y las tesis aisladas 1a. CCCXVI/2014 (10a.) y 1a. CCCXIX/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional, de rubro, títulos y subtítulos: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.", "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN." y "TIPOS ADMINISTRATIVOS EN BLANCO. SON CONSTITUCIONALES SI SE JUSTIFICAN EN EL MODELO DE ESTADO REGULADOR."

• En cuando a la modulación del contenido del derecho fundamental que se estima violado (principio de tipicidad) a efecto de trasladarlo del penal al procedimiento administrativo sancionador; refiere que el principio de tipicidad del derecho penal es extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, lo cual –asegura– significa que si en alguna disposición administrativa se establece una infracción, la conducta desplegada por el infractor debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida.

• En el tema del contraste de la porción normativa impugnada con el contenido del derecho que se estima violado, en sede administrativa –aduce– permite arribar a que la porción normativa: "de manera enunciativa y no limitativa" prevista en el artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, impugnado, genera un sistema normativo que permite sancionar no sólo las conductas antijurídicas previstas en éste, sino también aquellas que no estén reglamentadas, lo cual –afirma– se considera contrario al principio de tipicidad en sus dos vertientes, a saber –previsibilidad y proscripción–.

• En cuanto a la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos no existe, toda vez que –asegura– no será posible que los destinatarios de las normas posean predeterminación inteligible de las conductas antijurídicas, y tocante a la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad no se concreta, cuenta habida que –aduce– el operador jurídico, a su leal saber y entender, podría determinar la antijuridicidad de una conducta a pesar de no estar reglamentada.

• En la exposición de motivos en materia de prevención, sanción y eliminación de la violencia en el deporte que dio origen a la reforma y adición de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, es posible advertir que uno de los fines que persigue es implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia en el deporte, así como las sanciones a quienes la ejerzan, para lo cual se creó un catálogo de sanciones según el acto ilícito reclamado y la gravedad del mismo y en casos extremos se prevé la comisión de delitos en los escenarios en donde se desarrollan los eventos deportivos, por lo que a través del artículo 129 Ter de la citada ley secundaria, en su porción normativa que señala "de manera enunciativa y no limitativa", se genera un catálogo abierto de conductas administrativamente reprochables, pues –afirma– no se establece con precisión la descripción de los actos o conductas consideradas –como violentas o que incitan a la violencia en el deporte–, lo cual es contrario al principio de legalidad en su vertiente de tipicidad aplicable al ámbito del derecho administrativo sancionador.

• La falta de descripción de los supuestos de hechos de la conducta antijurídica, provoca que el ciudadano esté expuesto a determinaciones arbitrarias, pues la aplicación del precepto impugnando no se sustenta en prohibición o lineamientos predeterminados para la imposición de una sanción, máxime cuando se trata de infracciones graves, por lo que, aun cuando el citado dispositivo pretende evitar la violencia en el deporte, para su aplicación es indispensable que satisfaga las exigencias del principio de legalidad.

En el segundo concepto de invalidez manifiesta:

• El artículo 132, fracción I, incisos b), c) y d); fracción II, incisos b) y d); fracción III, incisos b), c) y d) y fracción IV, incisos b) y c), de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, es contrario a los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones administrativas, estatuidos en los artículos 14, 16 y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que –arguye– contiene la clasificación de las sanciones que podrán imponerse a todas aquellas entidades y sujetos relacionados con actividades del deporte por infracciones a la misma; sin embargo, para el caso de la sanción consistente en "suspensión temporal" –asegura– no especifica un límite temporal mínimo o máximo para la suspensión del derecho del afectado en el uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo a las inscripciones al sistema; tampoco establece parámetros objetivos que guíen en qué medida se pondrán limitar o reducir los apoyos económicos, por lo que –afirma– permite que la medida establecida por el legislador sea impuesta de manera arbitraria.

• Es la proporcionalidad el principio de legalidad enfocado al ius puniendi en donde –asevera– el legislador al momento de establecerlas tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política inquisitiva, elegir las conductas típicas antijurídicas y las sanciones, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo respetando el contenido de los diversos principios constitucionales dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, de ahí que –asegura– al analizar la validez de la ley, se debe examinar que exista la proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito o infracción cometida, considerar el daño del bien jurídico protegido y la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y máximo el grado de reprochabilidad.

• El legislador debe proporcionar un marco abstracto que permita al juzgador individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, tales como la lesión o puesta en peligro del bien, la intervención del agente para causar la lesión o crear el riesgo como otros factores sociales o individuales que sirvan para establecer la menor exigibilidad y –afirma– si bien en el caso las medidas sancionadoras persiguen un fin legítimo, evitar actos o conductas de violencia en el deporte, lo cierto es que –asegura– al no observar una ponderación entre la sanción y la infracción, origina un exceso en la afectación de los derechos que restringe.

• Al no existir proporción entre la gravedad de la conducta o acto reprochable y la sanción correspondiente, las porciones normativas del dispositivo cuestionado permiten facultades discrecionales en la duración (al no existir un parámetro para determinar el límite temporal) y en el grado de la sanción a imponer (al no establecer bajo qué medida es posible reducir o limitar los apoyos); lo que deriva en sanciones arbitrarias, excesivas e inusitadas; de ahí que, el Congreso Local no respetó el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas.

QUINTO.—Artículos constitucionales violados. La promovente consideró que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 14, 16, 22 y 73, fracción XXI, párrafo último y XXIX-J, en relación con el 4o., último párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO.—Registro y turno. Por acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad de que se trata, con el número 41/2016, por razón de turno, correspondió a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

SÉPTIMO.—Admisión de la demanda. En proveído de dos de junio de dos mil dieciséis, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria y requirió al Poder Legislativo del Estado para que al rendir su informe, remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

OCTAVO.—Informes del Gobernador Constitucional y del Poder Legislativo del Estado de Morelos.

I. Informe del gobernador del Estado de Morelos.

• Afirma que es cierto el acto atribuido consistente en la promulgación de los artículos 129 Ter y 132 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5394, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

• Que actúa con fundamento en los artículos 70, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Morelos y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que otorgan facultades al gobernador del Estado para publicar y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones, así como promulgar y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso del Estado, proveyendo en su esfera administrativa a su exacta observancia.

• Que la promulgación y publicación respecto de las disposiciones que impugna la demandante se realizó en acatamiento a las facultades constitucionales con que cuenta el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que debe decretarse que, en ningún momento, se incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que señala la peticionaria.

• Que la promovente se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se reclame por vicios propios los actos de promulgación y publicación de la ley combatida, atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado, por lo que no se han violado las disposiciones normativas que se invocan en la demanda. Cita en apoyo de tal argumento la tesis P. XV/2007 del Pleno del Alto Tribunal Constitucional de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ORGANO QUE LA EXPIDIO COMO AL QUE LA PROMULGO, AUNQUE NO SE ATRIBUYEN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

Con relación al primer concepto de invalidez expresa:

• No le asiste la razón a la demandante, pues –asevera– que la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, se emitió con el objeto de armonizarla con lo dispuesto en la Ley General de Cultura Física y Deporte, con relación a la "violencia en eventos deportivos", ello en razón de lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a esta última ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil catorce, el cual señaló que las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, debían adecuar sus disposiciones legales, conforme a lo previsto en dicho instrumento en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su entrada en vigor.

• El artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, es producto de la armonización legislativa que reglamenta el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contener las bases sustanciales del derecho de la cultura física y a la práctica del deporte, así como fijar la prevención de la violencia en el deporte, establecidos en el artículo 138 de la Ley General de la Cultura Física y Deporte, circunstancia que –asevera– demuestra la inexistencia de cualquier infracción constitucional, ya que son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación.

• Si el artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, está armonizado con la Ley General de la Cultura Física y Deporte –aduce– entonces no se configura violación alguna al artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos poderes de gobierno en las materias concurrentes demuestran la inexistencia de cualquier infracción constitucional. Invoca en apoyo de tal argumentación la jurisprudencia P./J. 142/2001, del Pleno del Alto Tribunal Constitucional, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES."

• El artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, no vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones, porque en la última fracción se establece que también se deberán considerar los supuestos que se determinen en diversos artículos de la ley, su reglamento y demás ordenamientos aplicables, con lo que establece se enumeran supuestos que se pueden subsumir o catalogarse como conductas violentas en el deporte, además de que también otorgan la posibilidad de que puedan sancionarse, ya que –asevera– en el caso contrario no se tendría la posibilidad de sancionarlas.

• El Estado de Morelos ha venido respetando las conductas delictuosas que se encuentran en el instrumento penal sustantivo y el destinatario tiene a la mano el instrumento normativo que contiene los delitos tipificados que permiten conocer las conductas reprochables en el artículo 135 Bis, último párrafo, del Código Penal del Estado de Morelos.

Tocante al segundo concepto de invalidez manifiesta:

• No le asiste la razón a la demandante, ya que el artículo 132 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, se encuentra armonizado con lo dispuesto en el numeral 152 de Ley General de Cultura Física y Deporte, el que no sólo distribuye las competencias, sino las obligaciones y deberes entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para atender íntegramente lo establecido en el Texto Constitucional. Cita en apoyo de tal razonamiento, entre otros, los criterios «P. VII/2007, I.8o.A.67 A y 3a./J. 10/91» de rubros: "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.", "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.", "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL NO TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATANDOSE DE FACULTADES CONCURRENTES." y "LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN."

• El artículo 132 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos establece las sanciones que se impondrán a los infractores de la ley, lo que –aduce– sitúa a la norma en una categoría residual, en la que se prevén las sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de la actividad del interés público regulado administrativamente; por tanto –afirma– los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico al derecho penal como pretende sostener la demandante. Invoca en apoyo de tal planteamiento la tesis 1a. CCCXVI/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional de título y subtítulo: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS AMBITOS DE INTEGRACIÓN."

• En los artículos 127, 128 y 129 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, se establecen las infracciones que se consideran graves y leves, así como las sanciones que deberán considerarse y los elementos para la individualización de las sanciones, de donde –afirma– el artículo 132 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, no vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones administrativas estatuidas en los numerales 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse en una categoría residual y existen parámetros de aplicación de la mismas y una clasificación en las que se enumeran las infracciones graves y leves.

• El artículo 132 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, no vulnera lo estipulado en el artículo 22 constitucional, ya que –aduce– no contempla la imposición de alguna pena o multa al infractor sino de una sanción administrativa además de que la disposición establece penas por la comisión de delitos y en el caso no se encuentra ante la comisión de algún delito sino de infracciones, ni tampoco ante la imposición de una pena de las que refiere el artículo constitucional citado. Invoca en apoyo de tales manifestaciones la tesis 1a. XL/2005 de rubro: "SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS. SUS DIFERENCIAS.". Y la tesis 2a. L/2006 cuyo rubro informa: "INHABILITACION TEMPORAL DE PROVEDORES O LICITANTES, EL ARTICULO 60 , FRACCIÓN IV Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO NO PREVE UNA PENA SINO UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE NO VIOLA EL ARTÍCULO 21, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 8 DE JULIO DE 2005)."

II. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos.

Con relación al primer concepto de invalidez aduce:

• La iniciativa a la Ley General de Cultura Física y del Deporte, en el artículo segundo transitorio, señala que las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, autoridades municipales y órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones a lo previsto en la reforma en un plazo no mayor a seis meses, derivado de ello –arguye– se actualizaron los marcos legales para poder prevenir, sancionar y eliminar la violencia en cualquier evento, no sólo de futbol.

• La Ley General de Cultura Física y del Deporte no sólo establece la regulación general en la materia sino también distribuye competencias sobre el tema en los distintos órdenes de gobierno y poderes, de tal manera que –aduce– reporta obligaciones y deberes entre la Federación y los Estados para atender íntegramente lo establecido en el Texto Constitucional además de que dispone las facultades concurrentes y, en ese sentido –afirma– se aprobó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Deporte y Cultura Física en el Estado de Morelos, y lo dispuesto en el artículo 129 Ter de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y el 138 de la ley general se aprecia con claridad de que se trata del mismo texto en ambas leyes.

• De conformidad con los artículos 1o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de las garantías del debido proceso, existe un núcleo duro en el que se contiene la garantía de audiencia que debe observarse en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que para los procesos que impliquen un ejercicio de la actividad punitiva del Estado, existen otros sin que se llegue al extremo de ampliar las prerrogativas contenidas de donde aduce, no se da que se declare la invalidez del artículo 129 Ter de la Ley de Deporte y Cultura Física en el Estado de Morelos.

Respecto al segundo concepto de invalidez expresa:

• El artículo 132 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, en las porciones combatidas guarda total relación con los señalado en el artículo 152 de la Ley General de Cultura Física del Deporte, lo que –aduce– se advierte del comparativo de dichas disposiciones.

• Tachar d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28306-16103878/i-principio-de-exacta-aplicacion-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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