Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POSIBILIDAD DE APLICAR CIERTOS PRINCIPIOS PENALES EN EL MARCO DE ESTE DERECHO REALIZANDO MODULACIONES AL PARTICIPAR DEL DERECHO PUNITIVO. IV. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL ES APLICABLE A DICHO PROCEDIMIENTO, AL COMPARTIR PRINCIPIOS SIMILARES DEL DERECHO PENAL, YA QUE FORMAN PARTE DE UN GENÉRICO IUS PUNIENDI DEL ESTADO. V. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LOS PRINCIPIOS PENALES COMO EL DE LEGALIDAD NO PUEDEN APLICARSE EN FORMA AUTOMÁTICA EN DICHO PROCEDIMIENTO, PORQUE ELLO ES POSIBLE SÓLO EN LA MEDIDA EN QUE RESULTEN COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. VI. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONSTITUYE UN LÍMITE EXTERNO AL EJERCICIO DEL IUS PUNIENDI QUE IMPIDE QUE SE CONFIGUREN INFRACCIONES O SANCIONES DE MANERA LIBRE, DE AHÍ QUE TODO ACTO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO DEBA ENCONTRARSE FUNDADO Y MOTIVADO CONFORME A LAS LEYES ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO QUE SE SANCIONA. VII. ACTOS O CONDUCTAS VIOLENTAS O QUE INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE. LA EXPRESIÓN "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA" PREVISTA EN EL ARTÍCULO 47, APARTADO 1, DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE COLIMA QUE ACTUALIZA AQUÉLLAS, PROVOCA QUE EL TIPO SEA ABIERTO E INDETERMINADO, LO QUE PERMITE LA ARBITRARIEDAD DE LA AUTORIDAD PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS, Y RESULTA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. VIII. ACTOS O CONDUCTAS VIOLENTAS O QUE INCITAN A LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE. LAS SANCIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 93, APARTADO 1, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISOS B) Y D); III, INCISOS B) Y C), Y VI, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PARÁMETRO QUE OSCILA ENTRE UN "MÍNIMO" Y UN "MÁXIMO", IMPLICA UN GRADO DE INDETERMINACIÓN QUE PROVOCA EN LOS DESTINATARIOS INCERTIDUMBRE EN CUANTO AL LÍMITE DE LA SANCIÓN, LO QUE PERMITE LA ARBITRARIEDAD DE LA AUTORIDAD PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS, POR LO QUE RESULTAN VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA QUE FORMA PARTE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, APARTADO 1, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA"; 93, APARTADO 1, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISOS B) Y D); III, B) Y C), Y IV, INCISOS B) Y C); V, INCISOS B) Y C); VI, INCISOS B) Y C); Y VII, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE COLIMA]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, APARTADO 1, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA"; 93, APARTADO 1, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISOS B) Y D); III, B) Y C), Y IV, INCISOS B) Y C); V, INCISOS B) Y C); VI, INCISOS B) Y C); Y VII, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE COLIMA]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA APROBACIÓN DE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA LEY SÓLO REQUIERE DE UNA MAYORÍA SIMPLE DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, APARTADO 1, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA"; 93, APARTADO 1, FRACCIONES I, INCISOS B), C) Y D); II, INCISOS B) Y D); III, B) Y C), Y IV, INCISOS B) Y C); V, INCISOS B) Y C); VI, INCISOS B) Y C); Y VII, INCISO B), DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE COLIMA].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2021. · Registro digital (IUS): 31491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-02
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo II, Pág.1950.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2021. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito recibido a través del buzón judicial el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno y recibidas el veinticinco siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, quien se ostenta como consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

a) Poder Legislativo del Estado de Colima.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

Normas generales cuya invalidez se reclama:

La porción normativa "de manera enunciativa y no limitativa" del artículo 47; y del artículo 93, incisos b), c) y d), de la fracción I; b) y d), de la fracción II; b) y c), de la fracción III, así como b), de la fracción VI, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, expedida mediante Decreto 441, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de dicha entidad.

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la promovente hizo valer distintos argumentos que se sintetizan a continuación.

Primero. El artículo 47, en la porción normativa que prevé "de manera enunciativa y no limitativa" de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, por considerar básicamente que transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones administrativas, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicho enunciado genera un catálogo abierto de conductas sancionables indeterminadas, al no establecer de manera precisa y detallada la conducta o acto que se considera antijurídico o bien el dispositivo legal en que se describa el mismo.

Considera que dicha porción hace suponer que dentro del campo semántico pueden existir otras actividades que de igual manera proporcionan una idea de lo que constituye un acto o conducta violenta para los efectos de la ley local del deporte, por lo que se transgrede el principio de seguridad jurídica y lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, que contempla el principio de exacta aplicación de la ley, el cual, en su vertiente de taxatividad, exige que la materia de la prohibición contenida en las conductas y sanciones, sea precisa y que no contenga ambigüedades, de tal suerte que se advierta con claridad cuál es la conducta prohibida y la sanción aplicable, para que no quede a la arbitrariedad de la autoridad aplicar la ley.

Por tanto, resulta contrario al principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, consagrado en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, aplicable al derecho administrativo sancionador, ya que del análisis íntegro del artículo en comento, se desprende que dicho precepto no sólo define o proporciona una idea de lo que constituye la materia de reproche, sino que además tipifica una serie de conductas –antijurídicas– relacionadas con la actividad deportiva.

Segundo. El artículo 93, incisos b), c) y d), de la fracción I; b) y d), de la fracción II; b) y c), de la fracción III, así como b), de la fracción IV, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, resultan contrarios a los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones administrativas, estatuidos en los artículos 14, 16 y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, pues dichas porciones normativas contienen la clasificación de las sanciones que podrán imponerse a todas aquellas entidades y sujetos relacionados con actividades del deporte por infracciones a la misma; sin embargo, para el caso de la sanción consistente en "suspensión temporal" no especifica un límite temporal mínimo o máximo para la suspensión del uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo al registro estatal; tampoco establece parámetros objetivos que guíen en qué medida se podrán limitar o reducir los apoyos económicos; lo que, a su decir, permite que la medida establecida por el legislador sea impuesta de manera arbitraria.

Se alude que si bien las medidas sancionadoras persiguen un fin legítimo, como lo es evitar actos o conductas de violencia en el deporte, lo cierto es que al no observar una ponderación entre la sanción y la infracción, origina un exceso en la afectación de los derechos que restringe; y que al no existir proporción entre la gravedad de la conducta o acto reprochable y la sanción correspondiente, las porciones normativas del dispositivo cuestionado permite facultades discrecionales en la duración –al no existir un parámetro para determinar el límite temporal– y en el grado de la sanción a imponer –al no establecer bajo qué medida es posible reducir o limitar los apoyos–; lo que deriva en sanciones arbitrarias, excesivas e inusitadas, de ahí que con su emisión el Congreso Local no respetó el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas.

Por lo que dicha característica –per se– genera inseguridad jurídica al sujeto infractor y permiten a la autoridad actuar arbitrariamente, debido a que la norma no contempla elementos objetivos que limiten la actuación de la autoridad administrativa al momento de determinar las sanciones correspondientes a dicho rango, como lo pudiera ser aquel vinculado en función de días, en tratándose de la suspensión temporal, o bien, en razón de porcentaje (económico) o, incluso, de tiempo, tratándose de los apoyos económicos.

Consecuentemente, al no existir los referidos parámetros para poder determinar una sanción en rango mínimo, cualquier suspensión por concepto "temporal" o bien, "limitación o reducción" de apoyos económicos, pudiera considerarse inclusive excesiva; por lo tanto, las porciones normativas impugnadas transgreden el artículo 16 constitucional, precisamente porque generan inseguridad jurídica al sujeto infractor y permiten a la autoridad actuar libremente.

4. CUARTO.—Trámite y admisión. Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 88/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.

5. Posteriormente, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima para que rindieran su informe, requiriéndolos para que el primero de ellos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que conste la publicación del decreto controvertido.

6. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, sin que fuera el caso el llamamiento a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal pues tiene el carácter de promovente en el presente asunto.

7. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Por escrito enviado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno y recibido el veintinueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal a través del sistema electrónico, el Poder Ejecutivo Local, por conducto de Ricardo Antonio Alfaro de Anda, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Colima en su carácter de representante del titular de dicho Poder,(1) rindió el informe solicitado, en los términos siguientes:

"El Gobernador Constitucional del Estado de Colima coincide que, dentro del articulado de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, no se prevé un límite temporal mínimo o máximo para la suspensión del uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, para aquellos entes que incurran en faltas que ameriten sanción y, como bien lo aprecia la promovente de la acción de inconstitucionalidad en que se actúa, es de enorme importancia estipular el alcance de las sanciones, así como su límite temporal mínimo y máximo, mas dichos límites serán estipulados dentro del Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, el cual, dentro de los transitorios de la misma ley impugnada se estipula un plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la misma, para que el Ejecutivo del Estado emita dicho ordenamiento, plazo que a la fecha no ha fenecido, ya que, como el mismo promovente lo señala, la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, fue publicada el 24 de abril de 2021, por lo que, el término para emitir el reglamento respectivo vencería el 23 de julio del 2021, por lo que los conceptos de invalidez de la parte actora resultan inoperantes."

8. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Colima. Por escrito depositado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno en la oficina de correos de la localidad de Colima y recibido el treinta de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Poder Legislativo del Estado, por conducto de Ana María Sánchez Landa, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima,(2) en su carácter de representante de la citada Legislatura, rindió el informe solicitado, en el que realizó diversas manifestaciones que a continuación se sintetizan.

a) Es cierto el acto reclamado que mediante Decreto Número 441, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 24 de abril de 2021, mediante el cual se expidió la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima.

b) Es falso que el acto reclamado consistente en que la mencionada ley, respecto de los artículos 47; y del artículo 93, incisos b), c) y d), de la fracción I; b) y d), de la fracción II; b) y c), de la fracción III, así el inciso como b), de la fracción IV, no especifica un límite temporal mínimo o máximo para la suspensión del uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo al registro estatal; tampoco establece parámetros objetivos que guíen en qué medida se podrán limitar o reducir los apoyos económicos; lo que, a su decir, permite que la medida establecida por el legislador sea impuesta de manera arbitraria.

Sin embargo, del contenido de los artículos que impugna el quejoso, se desprende que ninguno de ellos es contrario a la Constitución Federal, dichas porciones normativas contienen la clasificación de las sanciones que podrán imponerse a todas aquellas personas entidades y sujetos relacionados con actividades del deporte por infracciones a la misma; por ende, no puede estudiarse que dicho contenido sea contrario a la Constitución.

9. SÉPTIMO.—Pedimento del fiscal general de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento alguno.

10. OCTAVO.—Alegatos y cierre de la instrucción. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Ministro instructor, visto el estado procesal del asunto y formulados los alegatos correspondientes, dictó el auto de cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(5) toda vez que se plantea la posible infracción a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, expedida mediante Decreto 441, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno.

12. SEGUNDO.—Precisión de la litis. La parte accionante señaló como normas impugnadas la porción normativa "de manera enunciativa y no limitativa" que menciona el artículo 47; y del artículo 93, incisos b), c) y d), de la fracción I; b) y d), de la fracción II; b) y c), de la fracción III, así como b), de la fracción VI, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, expedida mediante Decreto 441, publicado el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial de dicha entidad.

13. TERCERO.—Oportunidad. De conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Colima el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del veinticinco de abril al veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

15. En ese sentido, toda vez que la demanda fue depositada mediante buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se considera que su presentación fue oportuna.

16. CUARTO.—Legitimación. En términos del artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, está legitimado para promover acción de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas.

17. Por su parte, conforme a lo previsto por el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, es necesario que los promoventes comparezcan a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(7)

18. En el caso, la demanda fue presentada por Julio Scherer Ibarra, quien demostró tener el carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, mediante copia certificada del nombramiento expedido por el presidente de la República.

19. QUINTO.—Causas de improcedencia. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Colima manifestó que la acción de inconstitucionalidad es improcedente porque las disposiciones impugnadas no contradicen ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de no agotar la vía legal para la solución del conflicto.

20. Resulta infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que el análisis relativo a si las normas impugnadas violan o no los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE."(8)

21. Asimismo, en relación con lo afirmado por el Congreso Local en relación con la idoneidad de la vía promovida, debe desestimarse este planteamiento toda vez que, contrariamente a lo afirmado, la acción de inconstitucionalidad sí resulta procedente contra las normas impugnadas, pues este medio de control de constitucionalidad es el idóneo para impugnar normas de carácter general con motivo de su publicación, y no a causa de su aplicación, como acontece en el caso.

22. Al no advertirse de oficio alguna otra causal de sobreseimiento diversa a la analizada, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.

23. SEXTO.—Análisis de fondo. Preliminarmente, cabe precisar que, al formular los conceptos de invalidez, la promovente expresa que las normas impugnadas vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustancialmente, porque no establecen de manera precisa y definida la conducta o acto sancionable, esto es, la descripción de los actos o conductas consideradas antijurídicas, relacionadas con la actividad deportiva, ni prevén un límite temporal para individualizar las sanciones, mínimo o máximo, es decir, no especifica un límite temporal para la suspensión del derecho del afectado en el uso de las instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo a las inscripciones al registro estatal; tampoco establece parámetros objetivos que guíen en qué medida se podrán limitar o reducir los apoyos económicos, lo que origina la arbitrariedad de la autoridad. Sin embargo, los razonamientos expresados plantean la problemática en relación con una transgresión a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) que contempla el principio de exacta aplicación de la ley, el cual, en su vertiente de taxatividad, exige que la materia de la prohibición contenida en las conductas y sanciones, sea precisa y que no contenga ambigüedades, de tal suerte que se advierta con claridad cuál es la conducta prohibida y la sanción aplicable, para que no quede a la arbitrariedad de la autoridad aplicar la ley.(10)

24. El artículo 14 de la Constitución dispone:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

25. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:

Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad

"Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." 26. El principio de legalidad se establece como un límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal, el cual aplica de manera estricta. Este principio tiene una vertiente o subprincipio de taxatividad que prohíbe la imposición de delitos y penas indeterminadas (nullum crimen, nulla poena sine lege certa). Además, el principio de legalidad se integra también por el de no retroactividad (nullum crimen, nulla poena sine lege previa), así como por el de reserva de ley (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta).

27. Respecto al principio de legalidad penal, la Corte Interamericana ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.(11)

28. El mandato de taxatividad exige describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. Su finalidad es preservar los principios de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la norma. Se exige al legislador la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. Se debe reducir la vaguedad de los conceptos utilizados y preferiblemente optar por el uso de términos descriptivos y no valorativos.

29. La precisión de las disposiciones es una cuestión de grado.(12) Lo que se busca no es validar las normas sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello resulta imposible, sino que el grado de imprecisión sea razonable; es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro para reconocer su validez, por estimarse que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido, dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(13)

30. Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal, que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber a ciencia cierta cómo actuar frente a la nueva norma. La certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho son los valores subyacentes al principio de taxatividad.

31. El mandato de la taxatividad pretende alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores contornos de determinación. Es decir, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción.

32. Para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión, no debe tenerse en cuenta únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir a la gramática o relacionarla con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa. Incluso, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha ido más allá al considerar imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios.

33. Entonces, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.

34. El Tribunal Pleno ha sostenido esas consideraciones al fallar, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 100/2016,(14) 23/2017,(15) 137/2017,(16) 51/2018,(17) 88/2016,(18) 29/2011,(19) 11/2013,(20) 9/2014(21) y 95/2014.(22)

35. Además, este Alto Tribunal ha sostenido su criterio jurisprudencial respecto de la posibilidad de aplicar ciertos principios penales en el marco del derecho administrativo sancionador, realizando ciertas modulaciones, ya que participa del derecho punitivo.(23)

36. El derecho administrativo sancionador pretende garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por leyes administrativas utilizando el Poder policía para lograr sus objetivos.

37. En este ámbito se debe satisfacer el principio de legalidad en grado suficiente para permitir la previsión y planeación de los particulares y evitar la arbitrariedad de la autoridad. Sin embargo, no cabe exigir la aplicación del principio de reserva de ley en la misma forma exigible en la materia penal.

38. Por ejemplo, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido una amplia facultad de configuración normativa a la administración pública para establecer las sanciones y los tipos administrativos en los reglamentos, según se observa de la jurisprudencia, de rubro: "ALCOHOLÍMETRO. EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL."(24)

39. Asimismo, el Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 41/2016 y 47/2016, analizó las sanciones que se imponían en materia de cultura física y del deporte en los Estados de Morelos y Sinaloa, respectivamente.

40. Reiteró que el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal es aplicable a la materia administrativa sancionadora. Esta materia comparte algunos principios similares con el derecho penal, ya que forman parte de un genérico ius puniendi del Estado, por lo que se deben garantizar los derechos fundamentales de las personas.

41. Los principios penales como el de legalidad no pueden hacerse en forma automática porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Este principio constituye un límite externo muy importante al ejercicio del ius puniendi que impide que se configuren infracciones o sanciones de manera libre, sino que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho que se sanciona.

42. Establecido lo anterior, se procede al análisis de la validez de las normas impugnadas:

I. Análisis del artículo 47, apartado 1, en la porción normativa que prevé: "de manera enunciativa y no limitativa" de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima.

43. La promovente en el primer concepto de invalidez afirma la invalidez del artículo 47, apartado 1, de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, en la porción normativa que prevé: "de manera enunciativa y no limitativa", por considerar básicamente que transgrede el principio de legalidad, en particular, como se apuntó, referido al de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicho enunciado genera un catálogo abierto de conductas sancionables indeterminadas, al no establecer de manera precisa y detallada la conducta o acto que se considera antijurídico –como violentas o que incitan a la violencia en el deporte– o bien, el dispositivo legal en que se describa.

44. Es fundado el argumento de invalidez propuesto.

45. Para explicar esta determinación, en principio, debe tenerse presente que el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que, como se apuntó, consagra el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad, el cual garantiza la protección del procesado para que en el juicio que se le siga no le sea impuesta, por analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no establezca la ley para la conducta que se ha cometido.

46. Como se adelantó, dicho principio exige básicamente que la materia de la prohibición contenida en los tipos penales debe ser precisa y no contener ambigüedades, de tal suerte que se advierta cuál es la conducta sancionable para que el particular no quede sujeto a la discrecionalidad del juzgador al aplicar la ley.

47. De acuerdo con lo instituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal abarca también a la propia ley, la que debe quedar redactada de tal forma que consigne expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al describir las conductas que señala como típicas y prever las penas.

48. Se ha considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o en menoscabo en la defensa del procesado, pues tal como lo sostuvo el Tribunal Pleno al fallar, por unanimidad de votos, la acción de inconstitucionalidad 95/2014, el siete de julio de dos mil quince, en materia penal existe una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida como principio de taxatividad.

49. Este principio constituye un importante límite al legislador en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas.

50. El principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31491-99f9c705/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.