I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. DELITO DE SECUESTRO. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN LA MATERIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. DELITO DE SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. V. DELITO DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS TIPOS PENALES RELATIVOS Y LAS SANCIONES POR LA COMISIÓN DE ESAS CONDUCTAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 318, FRACCIONES VIII Y XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. DELITO DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 318, FRACCIONES VIII Y XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. DELITO DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS NORMAS LOCALES QUE LO REGULAN Y CUENTAN CON ELEMENTOS NORMATIVOS QUE PODRÍAN RESULTAR ASIMILABLES A AQUELLAS CONDUCTAS DEBEN INVALIDARSE EN SU TOTALIDAD, EN ARAS DE LOGRAR LA PLENA SUPREMACÍA DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 318, FRACCIONES VIII Y XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS PARA QUE, EN LOS CASOS CONCRETOS, SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, AL ENCONTRARSE VICIADOS DE ORIGEN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 42, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 318, FRACCIONES VIII Y XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 42, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 318, FRACCIONES VIII Y XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA, DERIVADA DE LA AUSENCIA DE FACULTADES DEL LEGISLADOR LOCAL PARA REGULAR EL DELITO DE SECUESTRO, POR SER COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 94, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SECUESTRO", Y DEL 163 AL 167 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DERIVADA DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL MISMO ORDENAMIENTO]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ EN VÍA DE CONSECUENCIA DE LAS NORMAS QUE SE ENCONTRABAN VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SECUESTRO Y A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY GENERAL EN LA MATERIA DEBE RETROTRAERSE A LA FECHA EN QUE ÉSTA COMENZÓ A SURTIR EFECTOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 94, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SECUESTRO", Y DEL 163 AL 167 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DERIVADA DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL MISMO ORDENAMIENTO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2018 Y SU ACUMULADA 17/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Elías Beltrán, quien se ostentó como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, actuando por ausencia del titular de la Procuraduría General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 42, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, contenido en el Decreto Número 379, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el jueves veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, al Congreso y gobernador de la entidad federativa en comento.
Asimismo, por oficio presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 42, fracción I, inciso b), 318, fracciones VIII y XVIII, y en vía de consecuencia los numerales 163, 164, 165, 166 y 167 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado mediante Decreto Número 379 por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del código referido, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
Los artículos combatidos establecen lo siguiente:
"Artículo 42. Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcione, de modo que éste resulte cometido a su nombre, bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el Juez podrá, en los casos especificados por la ley, decretar en la sentencia las sanciones previstas en este código, por los tipos penales que el mismo prevé, así como por los señalados en otras leyes, sin perjuicio de la responsabilidad individual por el delito cometido.
"Para los efectos de lo previsto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas se les podrá imponer una o varias de las sanciones previstas en este código, si hubieran intervenido en la comisión de los siguientes delitos:
"I. De los previstos en el presente código:
"...
"b) Secuestro, previsto en los artículos 163 al 167; ..."
"Artículo 318. Se impondrán de tres a doce años de prisión y multa de doscientas hasta setecientas Unidades de Medidas y Actualización, al servidor público que:
"...
"VIII. Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas cometiera violencia, vejaciones, tratos crueles, inhumanos, degradantes o insultos a persona alguna.
"Este delito se agravará cuando el sujeto pasivo se traten (sic) menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres en cualquier etapa del embarazo, por origen étnico o nacional o cuente con alguna discapacidad física;
"XVIII. Obligue al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República estimó violados los artículos 14, 16 y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 9, 13, 15, 16 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:
• Violación al artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional. En principio, considera que al reformar el artículo 42, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al "legislar el tipo y sanción en materia de secuestro".
Ello, ya que con el establecimiento de tal precepto constitucional, el Constituyente Permanente "estimó necesaria la existencia de una legislación unificada en el tipo y sanción, a nivel nacional en materia de secuestro y determinó que el Congreso de la Unión contaría con la facultad exclusiva para emitir esa legislación", a fin de que su implementación en todo el territorio nacional fuera unificada, clara y precisa.
• En esta tesitura, resulta claro que, a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, las Legislaturas de los Estados, e inclusive la Asamblea de la Ciudad de México, "se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia de secuestro, quedando dicha facultad reservada al Congreso de la Unión". Ello denota que la descripción típica del delito de secuestro y sanción vigentes "son las que exclusivamente prevén la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro".
De esta manera, el legislador local, al establecer las sanciones a las personas jurídicas por la comisión del delito de secuestro, las previstas en los artículos 163 a 167 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, "invade la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro", al tiempo que, al remitir las sanciones a los tipos penales del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, es decir, tipos penales derogados, "les otorga una nueva vigencia y genera la existencia de una pluralidad de disposiciones en los tipos y sanciones en materia de secuestro".
• Lo expuesto permite arribar a la conclusión de que el artículo 42, fracción I, inciso b), al establecer a las personas jurídicas las sanciones establecidas en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave relativo al tema de secuestro, "vulnera lo contemplado en el numeral 73, fracción XXI, inciso a), de la CPEUM, debido a que regula una materia que le corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión en la ley general de secuestro", que establece los tipos penales y las sanciones en la materia.
• Violación al principio de irretroactividad. El precepto 42, fracción I, inciso b), impugnado, vulnera el principio de irretroactividad de la norma penal contemplado en el artículo 14 de la CPEUM, "al permitir la aplicación de una sanción a hechos cometidos antes de su vigencia".
Ello, ya que el cuatro de mayo de dos mil nueve entró en vigor la modificación constitucional que otorgaba al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de emitir la ley general de secuestro, "por lo que, desde esa fecha, los Estados estaban impedidos para legislar, en tanto se emitiera la ley general".
• Por otra parte, el treinta de noviembre de dos mil diez, se publicó la ley general de secuestro, cuyo transitorio segundo establece que "los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen". Lo mismo respecto a la ejecución de las penas correspondientes.
De esta manera, tenemos que los tipos penales y sanciones en materia de secuestro, contemplados en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave "solamente estarán vigentes en los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley general de secuestro". De tal suerte que, la única manera en la que estarían vigentes los tipos y sanciones en el referido código "sería en los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley general, es decir, posterior a esos procesos, solamente se podría aplicar esta disposición en perjuicio de los inculpados".
• Por ello, se considera que la norma impugnada deviene violatoria al principio de irretroactividad, el cual, como se ha dicho, evita disposiciones sancionadoras desfavorables o restrictivas de derechos humanos.
• Violación al principio de legalidad. Finalmente, se estima que el artículo 42, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, viola los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, ya que "provoca incertidumbre entre los operadores jurídicos y los gobernados respecto de cuál sería la conducta que resultaría reprochable", esto es, "si la que encuadra en el tipo previsto y sancionado en la ley general, o bien, la que se prevé y sanciona en la legislación local".
Lo anterior se traduce en un estado de incertidumbre para el gobernado y el operador, máxime si se consideran las consecuencias jurídicas que puede generar la aplicación de un tipo penal y sanción, indistintamente, "ya que, por un lado, la ley general establece una penalidad de 40 a 140 años de prisión y de 1000 a 24000 días multa y, por el otro, la ley local señala la pena de 20 años a vitalicia y multa de 500 a 2000 días".
• Por ello, se estima que la disposición impugnada resulta violatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; e hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:
• Violación al principio de legalidad respecto a los delitos de secuestro. El artículo 42, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al remitir a los artículos 163 al 167 de dicho código penal, para la imposición a las personas jurídicas de las sanciones relativas al delito de secuestro viola los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, "al prever una doble tipificación de los delitos en materia de secuestro, así como al establecer sanciones distintas a las previstas en la ley general de la materia, que no corresponden con la gravedad del ilícito, señalada por el Congreso de la Unión".
Máxime que los elementos que determinan los delitos tipificados en los artículos 163 al 167, a los cuales remite el artículo 42, fracción I, inciso b), impugnado, del Código Penal local, "comprenden los mismos que están determinados para los delitos en materia de secuestro previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro", Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce "en una doble regulación de los mismos, y por tanto se vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad".
• Por tanto, la contravención al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, "deriva de la distinta regulación de supuestos jurídicos esencialmente iguales", como en el caso concreto del tipo señalado en el artículo 42, fracción I, inciso b), en relación con los artículos 163 al 167 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los delitos en materia de secuestro tipificados en la ley general de la materia.
• Violación al principio de legalidad respecto a los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos. El artículo 318, fracciones VIII y XVIII, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece como supuestos del delito de abuso de autoridad "conductas relativas a los delitos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes", previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "constituyendo con ello una doble regulación sobre estos delitos, con una sanción deficiente que no responde a la gravedad del ilícito", transgrediendo con ello los derechos a la seguridad jurídica y reparación integral de las víctimas, previstos en los artículos 14, 16 y 20, apartado C, de la Constitución Federal.
En efecto, los elementos que determinan el delito tipificado en el artículo 318, fracciones VIII y XVIII, "comprende los mismos que están determinados para el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos, o degradantes previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo cual se traduce en una doble regulación de los mismos".
• Siendo que, respecto a los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos la Constitución Federal "de ninguna manera autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con los delitos respectivos, ni requiere de una incorporación a los Códigos Penales Locales de las mismas", precisamente porque desde la Constitución se prevé esta situación estableciendo la viabilidad de emitir una ley general que permita a las autoridades de las entidades federativas conocer de los delitos tipificados en ella.
Por tanto, la contravención al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, deriva de la distinta regulación de supuestos jurídicos esencialmente iguales, como en el caso concreto del tipo señalado en el artículo 318, fracciones VII y XVIII, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes tipificados en la ley general de la materia.
• No pasa inadvertido que el título décimo séptimo denominado "Delitos por Hechos de Corrupción" del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contemplar el delito de abuso de autoridad, tiene por objeto regular no sólo éste sino otros delitos cometidos por servidores públicos, sin embargo, los contenidos en este título responden a la protección del bien jurídico "servicio público" y tratándose de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, se protege eminentemente el bien jurídico de "integridad personal", "ante esta notoria diferencia no resulta admisible su paralelismo, por lo que no se deben tipificar los mismos hechos con tipos penales distintos, en razón de la especificidad de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes determinados en la ley general".
Finalmente, solicita que, de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, "también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas", por cuestión de efectos, de manera específica se solicita la invalidez en vía de consecuencia "de los artículos 163, 164, 165, 166 y 167 del Código Penal local", conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveídos de veintidós y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, respectivamente, formar y registrar los expedientes relativos a las presentes acciones de inconstitucionalidad, a las que les correspondieron los números 15/2018 –Procuraduría General de la República– y 17/2018 –Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, decretó su acumulación atento a que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho el Ministro instructor admitió las acciones referidas, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.—Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:
El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, representado por el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señaló:
• En principio aduce que, lo que el impetrante de la acción de inconstitucionalidad pretende, es dejar sin efectos algo que, en la legislación y entorno local en materia penal, sigue teniendo vigencia, toda vez que los artículos que se impugnan deben seguir aplicándose, lo que haría respetar a su vez el principio pro persona.
Es importante hacer énfasis en el sentido de que el artículo 42 impugnado fue reformado en sus párrafos primero y segundo, en donde se adicionan también diversas fracciones, lo que se traduce de su lectura en una coordinación y congruencia con las normas generales que a la luz de la reforma penal se han dado en materia de secuestro, asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Aunado a lo anterior, lo que el promovente de la acción de inconstitucionalidad busca es declarar la inconstitucionalidad de los artículos a los que remite el artículo 42, fracción I, inciso b), impugnado, a saber, 163 a 167 del mismo Código Penal, preceptos normativos que en ningún momento fueron reformados o adicionados, lo que implica que no se ha configurado un nuevo acto legislativo y que, por otro lado, se atiende lo previsto por el artículo transitorio quinto de la ley general antes referida.
Por lo que respecta al artículo 318, fracciones VII y XVIII adicionadas e impugnadas, se traducen en la armonización de las mismas con relación a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que no existe doble tipificación de delito alguno, ya que, por lo que corresponde a la sanción, ésta deriva en un alcance distinto.
Con relación a la presente acción el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por la presidenta de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, señaló:
• En principio aduce que el Decreto Número 379 que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizó de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, esto es, respetando las formalidades esenciales del procedimiento legislativo previsto en los numerales antes citados.
Precisado lo anterior, señala que en el Estado de Veracruz el tipo penal de secuestro se encuentra regulado desde antes que existiera la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro del año dos mil diez, en ese contexto, el delito de secuestro se sanciona de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la ley general que rige actualmente la materia.
• En ese tenor, resulta legal que en el Estado de Veracruz aún exista el tipo penal de secuestro, en atención a que la sanción que se imponga dependerá de la temporalidad y el momento en el cual se haya ejecutado la conducta punible, razón por la cual no se puede decretar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, pues la propia ley especial prevé la existencia de la doble regulación del delito de secuestro.
Es decir, resulta legalmente posible que subsistan a la vez la tipificación y sanción del delito de secuestro en la ley general, así como la del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues el legislador federal nunca buscó la erradicación de la sanción que se aplica en los Códigos Penales de las entidades federativas, lo único que buscó a partir del Decreto de 30 de noviembre del año 2010, fue que a partir de esa fecha los delitos en materia de secuestro se sancionaran conforme a la nueva ley, dejando la facultad para los entes investigadores y juzgadores de los Estados para aplicar las sanciones que aún existan en las legislaciones penales en los Estados, cuando esas conductas se hayan cometido hasta antes de la entrada en vigor del citado decreto.
• Finalmente, por lo que hace a los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de la ley general en la materia, las entidades federativas contaban con el término de 180 días para armonizar la ley de acuerdo a la tipificación que se le deberá dar a los Estados y así mismo crear las facultades para los entes que velaran y aplicarán la ley especial, en ese contexto el Estado de Veracruz, cuando crea los delitos por hechos de corrupción, lo hace para la efectiva aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Bajo esa perspectiva el legislador al crear y determinar cuáles son las sanciones que se deberán aplicar a los servidores públicos en materia de tortura no transgredió ninguna disposición constitucional, pues el legislador aún contaba con el término para hacer una armonización de la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos g) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 42, fracción I, inciso b), y 318, fracciones VIII y XVIII, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, contenidos en el Decreto Número 379, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el jueves veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, al Congreso y gobernador de la entidad federativa en comento.
SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.
En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el jueves veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el viernes veintidós de diciembre y concluyó el domingo veintiuno de enero de dos mil dieciocho. Sin embargo, al ser inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, a saber, el lunes veintidós de enero de dos mil dieciocho.
En ese contexto, debe precisarse que las demandas relativas a las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, el lunes veintidós de enero de dos mil dieciocho, por lo que su interposición resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. La legitimación de los promoventes se analiza en primer término por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
1. De la Procuraduría General de la República. La acción de inconstitucionalidad promovida fue signada por Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de dicha Procuraduría, lo que acredita con copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la República.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, prevé que "durante las ausencias del procurador", el despacho y resolución de los asuntos "estarán a cargo, en el orden que se mencionan, de los subprocuradores jurídico y de asuntos internacionales ..."; de ahí que el referido subprocurador cuenta con la facultad jurídica para promover la presente acción en ausencia del procurador general de la República.
Asimismo, el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal, establece lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"i) El fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."
Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 42, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el procurador general de la República cuenta con legitimación necesaria para hacerlo.(1)
2. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de tal Comisión, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del Senado de la República.
De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(2) el presidente de ese órgano autónomo constitucional se encuentra facultado para ejercer la representación legal de la referida Comisión y para "(p)romover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte".
Por lo que, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, es dable sostener que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el presente medio de control de constitucionalidad.
Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007 que es del tenor literal siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El Procurador General de la República; 4. Los partidos p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30101-b582abe8/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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