Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES (ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CONTENIDOS EN EL DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. DELITOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEGISLACIÓN EN MATERIAS DE SECUESTRO, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, TRATA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, ASÍ COMO OTRAS FORMAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CONTRARIAS A LA LEY (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL. LA INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA LEGISLAR EN DICHA MATERIA NO SÓLO DEBE ENTENDERSE COMO SU IMPOSIBILIDAD PARA CREAR NORMAS, SINO TAMBIÉN PARA MODIFICAR LAS EXISTENTES ANTES DE LA REFORMA QUE RESERVÓ AL CONGRESO DE LA UNIÓN LA FACULTAD PARA REGULAR LOS TIPOS PENALES Y LAS SANCIONES RESPECTIVAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. DELITOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS CARECE DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA SU EFICAZ CUMPLIMIENTO DEBERÁ NOTIFICARSE A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES A QUIENES LES CORRESPONDA DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS INVALIDADAS SE ENCUENTRAN VICIADOS DE ORIGEN, POR LO QUE, PREVIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ APLICAR EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 226 BIS Y 226 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 42, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD REFERIDA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2018. · Registro digital (IUS): 29867
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-18
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo I, Pág. 462.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 33/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 27 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RICARDO MONTERROSAS CASTORENA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día veintisiete de abril de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 33/2018, promovida por el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República contra los artículos 226 Bis y 226 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas, contenidos en el Decreto Número 42, publicado en el Periódico Oficial de la entidad referida el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

I. Trámite

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República,(1) promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 226 Bis y 226 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas, contenidos en el Decreto Número 42, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 1 a 18 de este toca).

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Chiapas.

3. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez se argumenta, en síntesis, lo siguiente:

a) El Congreso del Estado de Chiapas, al adicionar los artículos 226 Bis y 226 Ter al Código Penal, invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, por legislar en materia de secuestro.

Al respecto, considera que el Poder Legislativo Estatal, al regular la privación de la libertad con fines sexuales, invade la competencia del Congreso de la Unión, pues el tipo penal contiene elementos que se encuentran previstos en los artículos 3, 9, 10 y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Federal.

En efecto, por un lado, los preceptos impugnados penalizan la conducta consistente en privar a otro de su libertad personal con el propósito de realizar un acto sexual y, por otro lado, la Ley General en Materia de Secuestro tipifica la privación de la libertad con el propósito de causar un daño o perjuicio y establece como agravante el hecho de que la víctima haya sufrido violencia sexual.

Así, señala que el propósito de realizar un acto sexual encuadra invariablemente dentro de la expresión "propósito de causar un daño", por lo que se debe concluir que los elementos del tipo penal regulado en las normas combatidas se encuentran ya previstos en la Ley General en Materia de Secuestro.

Adicionalmente, estima que si bien el Código Penal Local se refiere al "acto sexual" y la ley general a "violencia sexual", si se tiene en cuenta la forma como la Organización Mundial de la Salud define esta última, se concluye que aquel término encuadra dentro de éste.

b) Los artículos 226 Bis y 226 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas transgreden lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al generar incertidumbre entre operadores jurídicos y gobernados.

Lo anterior, toda vez que dichos preceptos provocan incertidumbre al momento de determinar las condiciones referentes al tipo, sanción, atenuante y forma de persecución del delito de secuestro, al existir dos normas que las regulan: la ley general y el Código Penal Estatal.

Es así, ya que mientras que la ley general establece una penalidad de cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días de multa, el Código Penal Local prevé de tres a cinco años de prisión y de cien a quinientos días de multa. Por lo que, de actualizarse el arrepentimiento post factum, la penalidad en la ley general es de cuatro a doce años de prisión y en el Código Penal Local de hasta una tercera parte de la sanción; además de que tampoco existe seguridad sobre la forma de persecución del delito, es decir, si es oficiosamente o por medio de querella.

4. Artículos señalados como violados. El promovente señaló como violados los artículos 14, 16 y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Registro y turno. Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 33/2018 y el asunto se turnó al entonces Ministro Eduardo Medina Mora I., para que fungiera como instructor (ibídem, foja 21).

6. Admisión. En auto de veintisiete de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus informes (ibídem, fojas 22 a 24).

7. Informe del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, en su calidad de representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, rindió informe mediante escrito recibido el dos de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 88 a 104) en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

a) Respecto del primer concepto de invalidez, sostuvo que las normas impugnadas se emitieron y promulgaron en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política del Estado otorga a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales y forman parte de un paquete de reformas a diversos ordenamientos estatales, con objeto de atender la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en siete Municipios.

En este sentido, dichas normas fueron adicionadas al Código Penal Estatal, con la finalidad de prever el tipo penal de privación de la libertad personal con el propósito de realizar un acto sexual, atendiendo a la derogación del artículo que contemplaba el delito de rapto y a la ausencia de este tipo penal en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Federal.

En efecto, la ley general, en su capítulo II, no establece un tipo penal que incorpore los elementos objetivos y subjetivos de aquel que prevén las normas combatidas; por lo que el Congreso Local en modo alguno invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión en materia de secuestro.

Además, la ley general sanciona la privación de la libertad únicamente cuando se causen daños a los individuos; mientras que los preceptos impugnados sancionan la privación de la libertad cuando se cometa con el propósito específico de realizar un acto sexual. Así también, el daño al que alude el artículo 9, fracción I, inciso c), de la ley general es de carácter patrimonial y no se relaciona con la integridad física de la víctima.

Del mismo modo, el término "acto sexual", previsto en el Código Penal Estatal, es distinto al de "violencia sexual", que se establece en el artículo 10, fracción II, inciso d), de la ley general; en el primero, no se requiere el empleo de coacción, fuerza o violencia, mientras que el segundo sólo se concreta mediante la "coacción" que ejerce otra persona. Adicionalmente, el tipo agravado que establece este artículo de la ley general depende de la acreditación previa del tipo básico, por lo que la conducta regulada en el Código Penal Local no encuadra en la agravante por "violencia sexual" que aquélla prevé.

b) En relación con el segundo concepto de invalidez, apuntó que, al haber quedado demostrado que la conducta tipificada en el Código Penal del Estado no se encuentra regulada en la Ley General en Materia de Secuestro, no se genera incertidumbre en operadores jurídicos y gobernados respecto de la aplicación del tipo, la sanción, la atenuante y la forma de persecución.

Ello es así, ya que la ley general no puede ser aplicada a la conducta sancionada por el Código Penal Local, pues se cometería una injusticia, al imponer al autor de la conducta tipificada en éste (sin violencia, con el propósito de realizar un acto sexual) la misma pena de prisión que a quien cometa las conductas del tipo básico y agravante establecidas en aquélla.

8. Informe del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas de la LXVI Legislatura del Estado, rindió informe mediante escrito, recibido el seis de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (ibídem, fojas 123 a 166), en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Debe sobreseerse en la acción, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria, aplicables en virtud de lo dispuesto por el artículo 65 del propio ordenamiento, ya que las normas impugnadas no transgreden precepto constitucional o convencional alguno y, por el contrario, buscan proteger los derechos humanos.

Al respecto, argumentó que desde un enfoque formal, las normas combatidas se expidieron de acuerdo con las reglas del procedimiento legislativo. El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario general de Gobierno, en términos de los artículos 60 de la Constitución y 27, fracción I y 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Chiapas, presentó ante al Congreso la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de diversos ordenamientos estatales, entre ellos, el Código Penal, en materia de protección de derechos de mujeres y niñas; en sesión de diecinueve de diciembre siguiente, se dio lectura a dicha iniciativa y, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y 80 de su reglamento interior, se turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Justicia y de Atención a la Mujer y a la Niñez. El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, éstas emitieron el dictamen correspondiente, el cual fue discutido en sesión extraordinaria del día siguiente, conforme al artículo 104, fracción IV, inciso b), del citado reglamento interior y aprobado en votación nominal por treinta y nueve votos a favor. En consecuencia, se expidió el Decreto Número 42, por el que, entre otros, se adicionaron los artículos 226 Bis y 226 Ter al Código Penal Local.

Asimismo, las normas cuya invalidez se demanda se encuentran debidamente fundadas y motivadas, ya que, por un lado, se emitieron por el Congreso del Estado, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 45, fracción I, de la Constitución Estatal, para legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes y, por otro, tienen como finalidad adecuar el orden jurídico local a la realidad social y los estándares mínimos reconocidos constitucional y convencionalmente, para implementar mecanismos de protección de derechos humanos y otorgar una mayor seguridad jurídica tanto a la víctima como al sujeto activo del tipo penal que se establece.

En ese sentido, concluyó que el Congreso Estatal no invade la esfera competencial del Poder Legislativo Federal, pues la conducta regulada en las normas que se impugnan, consistente en la privación de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual, no se equipara al secuestro, cuya finalidad es pedir un rescate. Incluso, de ejercerse violencia sexual en un secuestro, se configuraría un supuesto completamente distinto al previsto en el Código Penal Local.

9. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por formulados los alegatos de la Procuraduría General de la República y se cerró la instrucción para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente (ibídem, foja 310).

10. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los alegatos formulados por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, toda vez que el promovente depositó su promoción en la oficina de correos de la localidad dentro del plazo otorgado para tal efecto (ibídem, foja 329).

11. Returno. Posteriormente, en sesión de diez de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal Pleno determinó que los asuntos turnados a la ponencia del entonces Ministro Eduardo Medina Mora I., se returnaran por estricto decanato entre los Ministros que integran el Pleno de este Alto Tribunal, por lo que el expediente del presente asunto se returnó a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que actuara como instructora (ibídem, foja 334).

II. Consideraciones

12. Competencia. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce–(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 226 Bis y 226 Ter del Código Penal para el Estado de Chiapas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. El Decreto Número 42, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de diversos ordenamientos del Estado de Chiapas, entre ellos, el Código Penal para dicha entidad, se publicó en el Periódico Oficial el miércoles veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (ibídem, fojas 107 a 116).

15. Tomando en cuenta la fecha precisada (veinticuatro de enero de dos mil dieciocho), el primer día para efectos del cómputo respectivo fue el jueves veinticinco de enero siguiente, por lo que el plazo de treinta días naturales concluyó el viernes veintitrés de febrero de dicho año.

16. En el caso, el escrito fue presentado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que debe estimarse que su presentación es oportuna.

17. Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, lo que acreditó con la copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la República (ibídem, foja 19).

18. Además, señala que actúa ante la falta de titular de la Procuraduría General de la República, con fundamento en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(3) 3, inciso A), fracción I y 137, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(4) así como en las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2015, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, debido a que a la fecha de presentación de la demanda no existía procurador general de la Republica.

19. Ahora bien, como lo aduce el promovente, este Tribunal Pleno considera que quien signa la acción de inconstitucionalidad puede representar a la Procuraduría General de la Republica en este asunto y, por ende, el accionante cuenta con legitimación activa en este medio de control constitucional.

20. En efecto, conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 15/2015,(5) en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en cuanto a la legitimación, debe atenderse al artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio, dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por el procurador general de la República en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, como se advierte de lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."

21. Debe precisarse que el diez de febrero de dos mil catorce se reformó el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo ahora que tiene legitimación "el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas"; asimismo, se adicionó el inciso i) para señalar que también tiene legitimación "el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones".(6)

22. No obstante lo anterior, el artículo décimo sexto transitorio(7) de la aludida reforma constitucional establece específicamente que las adiciones y reformas al artículo 105, fracciones II, incisos c) e i), entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

23. Por lo que, al no haber sido emitida en la fecha de la presentación de la demanda de acción de inconstitucionalidad, la ley relativa a la Fiscalía General de la República y, por ello, tampoco haberse hecho la declaratoria correspondiente, es evidente que seguía en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional.(8)

24. Ahora, suscribe la demanda Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, señalando que signa la demanda debido a que, a la fecha de la presentación de dicho oficio, había una ausencia del titular de la Procuraduría General de la República.

25. En efecto, este Tribunal Pleno, al resolver por unanimidad de nueve votos la acción de inconstitucionalidad 12/2001, determinó que de lo establecido por los artículos 105, fracción II, inciso c) y 102, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –vigentes hasta el diez de febrero de dos mil catorce–, se desprende que la intervención del procurador general de la República, en las controversias y acciones a que se refiere el precepto citado en primer término, debe ser personal, es decir, no es delegable, según se corrobora con la hipótesis contenida en el párrafo cuarto del mencionado artículo 102, que refiere que el procurador podrá intervenir, por sí o por medio de sus agentes, en todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, pero no así, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad.

26. Asimismo, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda por la que se ejercita ese medio de control de constitucionalidad deberá contener como requisitos de validez los nombres y las firmas de los promoventes, de lo que se consideró inconcuso que si se promueve una acción de inconstitucionalidad en nombre del procurador, pero el escrito de demanda respectivo no contiene su firma, sino la de otra persona que signó en su ausencia, se actualiza, en cuanto a la legitimación del promovente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 61, fracción I, 10, fracción I y 11 de la ley reglamentaria de la materia. Lo anterior, porque además de que la intervención del procurador en el supuesto de que se trata es indelegable, así, si el acto volitivo de ejercitar la acción no fue manifestado por el titular del derecho, al no signar la demanda inicial, no puede tenerse por iniciada la acción de inconstitucionalidad.

27. Criterio que quedó plasmado, en la jurisprudencia P./J. 91/2001, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA EN NOMBRE DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SI EL ESCRITO DE DEMANDA RESPECTIVO NO CONTIENE SU FIRMA SINO LA DE OTRA PERSONA QUE SIGNÓ EN SU AUSENCIA. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c) y 102, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procurador general de la República puede ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y que su intervención en las controversias y acciones a que se refiere el precepto citado en primer término debe ser personal, es decir, no es delegable, según se corrobora con la hipótesis contenida en el párrafo cuarto del mencionado artículo 102, que refiere que el procurador podrá intervenir por sí o por medio de sus agentes, en todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, pero no así, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad y, por otro, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda por la que se ejercita ese medio de control de constitucionalidad deberá contener, como requisitos de validez, los nombres y las firmas de los promoventes, es inconcuso que si se promueve una acción de inconstitucionalidad en nombre del procurador, pero el escrito de demanda respectivo no contiene su firma sino la de otra persona que signó en su ausencia, se actualiza, en cuanto a la legitimación del promovente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 61, fracción I, 10, fracción I y 11 de la ley reglamentaria de la materia. Lo anterior es así, porque además de que la intervención del procurador en el supuesto de que se trata es indelegable, si el acto volitivo de ejercitar la acción no fue manifestado por el titular del derecho, al no signar la demanda inicial, no puede tenerse por iniciada la acción de inconstitucionalidad." (Acción de inconstitucionalidad 12/2001. Procurador General de la República. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón).(9)

28. Lo cierto es que para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho público y notorio que el entonces procurador general de la República –Raúl Cervantes Andrade– presentó su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete,(10) asumiendo dichas funciones por suplencia el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán,(11) hasta la designación de un nuevo procurador y su ratificación por el Senado.

29. Debe destacarse también que el escrito por el que se promovió la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante este Alto Tribunal el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, fecha en la que, además, venció el plazo para presentar este medio de control constitucional, tal como se manifestó en el considerando anterior. Esto es, sin que aún se hubiera designado el nuevo procurador general de la República y menos ratificado ante el Senado.

30. Por lo que es evidente que Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, a la fecha de la presentación de la demanda, era el encargado del despacho de la Procuraduría General de la Republica; sin embargo, no por ello puede considerarse que carecía de legitimación para presentar la acción que nos ocupa.

31. En efecto, si bien es cierto que el párrafo tercero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Federal –vigente hasta el diez de febrero de dos mil catorce–(12) establece que el procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución y, como se dijo, el inciso c) de la fracción II de este último precepto constitucional(13) establece que podrá promover la acción de inconstitucionalidad el procurador general de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales, celebrados por el Estado Mexicano, lo cierto es que, en este caso específico, en el que a la fecha de la presentación no existía procurador general de la República, debe considerarse que quien signa el escrito por el que se promueve la acción de inconstitucionalidad tiene legitimación para incoar este medio de control constitucional, pues Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República materialmente fungía como encargado del despacho.

32. Lo anterior es así, tomando en consideración la naturaleza de este medio de control constitucional, el cual se instituyó para ser promovido con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma, sin que –en este supuesto– la Procuraduría General de la República resulte agraviada o beneficiada con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad, ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Constitución Federal.

33. Así, este Tribunal Pleno considera que existe un orden de prelación en cuanto a las personas que sustituyen al procurador general de la República ante su ausencia, el cual se contiene –como lo señaló la promovente– en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica –vigente en la fecha de la presentación de la demanda de acción de inconstitucionalidad– y 3, inciso A), fracción I y 137 de su reglamento, los cuales, en la parte que interesa, indican:

"De la suplencia y representación del procurador general de la República

"Artículo 30. El procurador general de la República será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por los subprocuradores, en los términos que disponga el reglamento de esta ley.

"En materia de procesos penales, el procurador general de la República será suplido por el titular de la unidad administrativa correspondiente para la atención de las vistas que al efecto realice la autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal, la presentación de conclusiones inacusatorias y otras actuaciones.

"Cuando el procurador general de la República sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, será suplido, indistintamente, por los servidores públicos señalados en el párrafo primero, los que establezca el reglamento de esta ley o quien designe mediante el acuerdo correspondiente.

"El subprocurador que supla al procurador general de la República ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables otorgan a aquél, con excepción de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 de esta ley."

"Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la procuraduría, de su titular y del Ministerio Público de la Federación, la institución contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:

"A) Subprocuradurías:

"I. Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales."

"Artículo 137. Durante las ausencias del procurador, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en el orden

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29867-929d6777/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.