I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. III. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). IV. ELEMENTOS NORMATIVOS DE TIPO CULTURAL O LEGAL. CONSTITUYEN UN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE EL LEGISLADOR Y LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA NO SÓLO TENER SUFICIENTEMENTE DETERMINADA UNA EXPRESIÓN, SINO PARA POSTERIORMENTE BUSCAR ALCANZAR UNA MAYOR CONCRECIÓN (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). V. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA OMISIÓN POR PARTE DEL LEGISLADOR DE ESTABLECER UNA DEFINICIÓN PARA LA EXPRESIÓN "VIOLENCIA" NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, YA QUE PUEDE SER PERFECCIONADA POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL EN SU CARÁCTER DE ELEMENTO NORMATIVO DE VALORACIÓN CULTURAL (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VII. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA EXPRESIÓN "VIOLENCIA" POSEE UN GRADO SUFICIENTE DE CLARIDAD Y PRECISIÓN DENTRO DEL CONTEXTO EN EL QUE SE DESENVUELVE LA NORMA Y A QUIENES ESTÁ DIRIGIDA (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). VIII. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. AL NO ESTABLECER EL TIPO PENAL UNA ESPECIE PRECISA DE VIOLENCIA, DEBE ENTENDERSE QUE CASTIGA CUALQUIERA QUE SE EJERZA CONTRA LOS PERIODISTAS (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). IX. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA PRESENCIA DE UN ELEMENTO NORMATIVO DE TIPO CULTURAL O LEGAL NO EXIME A LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). X. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE UTILIZAR TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN DE NORMAS COMO LA ANALOGÍA Y LA MAYORÍA DE RAZÓN SE LOCALIZA EN NO REBASAR EL TENOR DE LA LITERALIDAD PARA CREAR TIPOS O SANCIONES PENALES (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XI. DERECHOS HUMANOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA INFORMACIÓN. DIMENSIONES QUE LOS COMPONEN. XII. DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. XIII. DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REGLAS Y CONDICIONES PARA SU LIMITACIÓN. XIV. DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CONSTITUYE UN DERECHO PREFERENTE POR SERVIR DE GARANTÍA PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIBERTADES. XV. DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. XVI. DERECHOS HUMANOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENTE TIENE COMO PRINCIPAL CONSECUENCIA LA PRESUNCIÓN GENERAL DE COBERTURA CONSTITUCIONAL DE TODO DISCURSO EXPRESIVO O INFORMATIVO. XVII. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. NO CORRESPONDE EL ANÁLISIS ESTRICTO DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UNA RESTRICCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL PRECEPTO QUE ESTABLECE UN TIPO PENAL ESPECÍFICO PARA REPRIMIR AQUELLAS CONDUCTAS QUE POR MEDIO DE LA VIOLENCIA IMPIDAN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XVIII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. IMPLICA QUE EL DERECHO PENAL DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES FRENTE A LOS ATAQUES MÁS GRAVES QUE PUEDAN SUFRIR. XIX. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TIPO PENAL ESPECÍFICO PARA REPRIMIR AQUELLAS CONDUCTAS QUE POR MEDIO DE LA VIOLENCIA IMPIDAN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA CONSTITUYE UN MECANISMO DE PROTECCIÓN DE UN GRUPO DE RIESGO Y DE INTERESES PÚBLICOS IMPERATIVOS (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 149/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 149/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
1. Congreso del Estado de Guanajuato.
2. Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato.
Norma general cuya invalidez se reclama:
El artículo 240-d, fracción I, en la porción normativa "Utilizando violencia", del Código Penal del Estado de Guanajuato, adicionado mediante Decreto 216, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del código referido, publicado en la segunda parte del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:
Que la fracción I del artículo 240-d, en la porción normativa "Utilizando violencia", del Código Penal del Estado de Guanajuato, transgrede el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, así como la obligación del Estado para perseguir y sancionar los delitos contra la libertad de expresión, consagrados en los artículos 1o., 13 y 14 de la Constitución Federal. Lo anterior, debido a que se exige la utilización de la violencia como requisito para la configuración del delito contra la actividad periodística, omitiendo precisar el concepto de violencia, lo que deviene en un tipo penal abierto, inexacto e impreciso que da pauta a que los delitos cometidos contra la actividad periodística, que no sean considerados violentos, queden impunes.
En la Constitución Federal se reconoce el derecho humano a la libertad de expresión, lo que implica que el Estado debe garantizar su adecuado y pleno ejercicio, teniendo que llevar a cabo para ello todas las medidas que resulten necesarias para establecer las condiciones propicias para que las personas ejerzan tal derecho. Lo anterior, implica la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a la libertad de expresión con estricto apego a los principios de progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal.
El derecho humano a la libertad de expresión también se encuentra consagrado a nivel internacional en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el diverso 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por tanto, tal derecho tiene importancia esencial para el desarrollo y existencia de una sociedad democrática.
El ejercicio del periodismo requiere personas que se involucren en actividades de las englobadas dentro del ejercicio de la libertad de expresión; por ello, la actividad periodística debe ser protegida y garantizada por el Estado en razón de que tal actividad contribuye a la construcción de una democracia participativa.
Así, la legislación penal es uno de los medios de los cuales el Estado se puede valer para permanecer en alerta y acción para prevenir y sancionar los ataques a periodistas y, en consecuencia, se deben tomar las medidas adecuadas y necesarias, para evitar que no se genere un escenario de autocensura, debido a la impunidad de agresiones de cualquier índole cometidas en contra de periodistas.
Sostiene que la fracción I, del artículo 240-d, en la porción normativa "Utilizando violencia", del Código Penal del Estado de Guanajuato, no es una medida legislativa adecuada para garantizar la investigación y sanción de todas las agresiones que sean cometidas en contra de las personas que ejerzan la actividad periodística, debido a que dicha porción normativa impone que necesariamente el evitar el ejercicio de la actividad periodística, únicamente será sancionado cuando medie la violencia.
En la porción normativa impugnada se plantean dos vicios de constitucionalidad que se consideran transgresiones al derecho a la seguridad jurídica, que son el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal y, la obligación del Estado de perseguir y sancionar los delitos contra la libertad de expresión.
A. Omisión de precisar el concepto de violencia.
El primer vicio de constitucionalidad que tiene el precepto impugnado radica en que al exigir la utilización de la violencia para que se configure el delito contra la libre expresión, es omiso en precisar el concepto de violencia y su alcance. Por lo que la norma penal en cuestión, no precisa qué es lo que se debe entender como violencia para los efectos de dicho artículo y, por tanto, se considera que hay una vulneración a los principios de certidumbre y seguridad jurídica.
Es de señalar que los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad, los cuales implican una garantía para las personas.
En materia penal existe una prohibición, que se hace extensiva al legislador de establecer normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, incluyendo los elementos que constituyen la conducta típica identificada como delito.
Por ello, el legislador penal al crear normas que tipifican las conductas consideradas antijurídicas está obligado a velar porque se respeten las exigencias constitucionales establecidas, es decir, los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, tipicidad y plenitud hermética, consistentes en la prohibición de establecer tipos penales "abiertos", "vagos" e "imprecisos", por lo que cualquier norma penal debe ser redactada con claridad en cuanto a los sujetos a los cuales va dirigida, las características y especificaciones de la conducta que sanciona además de los elementos que deben concurrir para que dicha conducta se concrete.
En lo que se refiere a la norma impugnada, al establecer que se sancionará a quien "Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística", sin precisar qué debe entenderse por "violencia", ocasiona que exista un vacío interpretativo mismo que los operadores jurídicos se verán obligados a subsanar, dado que la disposición no establece de forma clara y precisa los alcances de la noción de violencia necesaria para acreditar el delito contra la actividad periodística.
Acorde a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma, lo cual ha sido ratificado por la Primera Sala en la tesis de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."
El legislador no tiene la obligación de definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal pero la legislación debe de ser precisa para quiénes potencialmente se pueden ver sujetos a ella y toma en consideración la tesis aislada P.IX/95 del Tribunal Pleno de rubro: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA."
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto al principio de legalidad, así como también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2014, en la parte en la que hizo referencia a que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado y que lo que se busca es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente preciso como para declarar su validez.
Considera que la porción normativa cuya declaración e invalidez se reclama, tiene una imprecisión excesiva, misma que provoca confusión e incertidumbre porque no establece lo que el legislador considera como actos violentos que evitan el ejercicio de la actividad periodística. Por ello, se sostiene que la norma trastoca los principios de seguridad jurídica y legalidad debido a la imprecisión sobre qué conductas serán consideradas violentas.
Para demostrar la carencia de certidumbre jurídica de las normas realiza un análisis de los elementos del tipo penal enunciando los elementos objetivos y subjetivos del tipo así como también los elementos normativos de valoración.
Así, la composición de la porción normativa impugnada del Código Penal del Estado de Guanajuato deviene en una construcción jurídica imprecisa y abierta que trae consigo un incumplimiento al deber del legislador de establecer normas que brinden seguridad jurídica ya que la protección del derecho penal no puede quedar restringida a los actos que se ejecuten por medios violentos.
Cabe resaltar que el concepto de violencia resulta de tal forma abierto, que puede implicar tanto una violencia física como una violencia moral y, el mismo Código Penal del Estado de Guanajuato es congruente con tales afirmaciones debido a que de su contenido se desprende que prevé en diversos preceptos la posibilidad de llevar a cabo delitos mediando tanto la violencia física como la moral.
B. Impunidad ante las agresiones que no se consideran cometidas con violencia.
El veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el Decreto Número 218, por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, estableciendo como objeto normativo promover y proteger el derecho al ejercicio periodístico, la defensa de los derechos humanos para garantizar la seguridad y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como salvaguardar su vida e integridad física, psicológica y económica cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad.
También el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se publicó el Decreto Número 216 por el que fue reformado el Código Penal para el Estado de Guanajuato, específicamente el artículo 153 y adicionando un título séptimo, integrado por un capítulo único, ambos denominados "Delito contra la libre expresión"; y en tal capítulo se establece el tipo penal cuyo bien jurídico protegido es la libre expresión, determinando que se aplicará una pena de nueve meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, a la vez que será perseguido por querella; de cuyo precepto se desprende que existen dos supuestos para su comisión:
• Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística;
• Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión.
Si bien el artículo 240-d, fracción I, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tiene una finalidad constitucionalmente válida e incluso exigible, al pretender sancionar conductas que atenten contra la libertad de expresión mediando el empleo de violencia, lo cierto es que también el término "utilice violencia", previsto en dicho numeral potencialmente limita los alcances de protección de este derecho humano fundamental, toda vez que las agresiones que no sean consideradas violentas, que se lleven a cabo en contra de personas en ejercicio de la actividad periodística, no serán susceptibles de ser sancionadas por la vía penal.
Así, la tipificación del delito no se ajusta al objetivo de proteger de ataques graves que dañen o pongan en peligro el ejercicio de la actividad periodística, consecuentemente, implica una deficiente actividad del Estado para sancionar, tales conductas al excluir aquellas que el operador jurídico denomine como no violentas. La amplitud del vocablo "utilice violencia", previsto en el tipo penal, no denota una descripción específica de la conducta, sino una descripción típica indeterminada e indefinida.
El tema de inconstitucionalidad que la norma plantea se agrava en el contexto de violencia generalizada contra periodistas que prevalece en nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione dichas conductas de manera proporcionada al daño cometido, lo cual implica, la obligación del legislador de establecer sanciones penales adecuadas al nivel de afectación producido.
El artículo 240-d, fracción I, en la porción normativa "Utilizando violencia", inserto en el capítulo único denominado "Delito contra la libre expresión", en su título séptimo "Del delito contra la libre expresión" del Código Penal del Estado de Guanajuato, al establecer una redacción abierta e imprecisa, del delito contra la actividad periodística, se traduce en una vulneración a los derechos de seguridad jurídica, y el principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, lo que consecuentemente puede redundar en la impunidad de agresiones cometidas contra quien ejerce la actividad periodística.
CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 149/2017, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.
Así, por auto de veintinueve de noviembre siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que rindieran su informe; asimismo requirió al Poder Legislativo, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se haya publicado la norma controvertida; así como a la Procuraduría General de la Republica, para que formulara el pedimento respectivo.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Miguel Márquez Márquez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, rindió su informe, en los siguientes términos:
Sostiene que el único concepto de invalidez esgrimido por la demandante, resulta infundado de acuerdo con los siguientes razonamientos:
A) En la demanda de inconstitucionalidad se afirma que la fracción I del artículo 240-d del Código Penal del Estado de Guanajuato, se aparta del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad debido a que –no precisa el concepto de violencia y su alcance– además de que se considera que en materia penal se deben establecer normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito y de los elementos que constituyen la conducta típica identificada como delito.
El Poder Legislativo de Guanajuato ejerció su potestad de autodeterminación de las normas punitivas, a partir de la prevalencia de los bienes jurídicos en disputa, conforme a su valor esencial para la vida en sociedad así como el principio de última ratio del derecho penal.
El principio de libertad de configuración normativa establecido a favor de las Legislaturas Locales por los artículos 40, 41, primer párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articula el Pacto Federal a través del reconocimiento de las entidades federativas como integrantes de la Federación, así como sus atributos de autodeterminación en todo lo concerniente a su régimen interior pero sin contravenir lo previsto en dicho ordenamiento.
En lo que se refiere, al diseño del orden jurídico local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que sus límites están conformados por los preceptos constitucionales y por los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por México, lo cual encuentra sustento en la tesis de rubro: "LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANVERSAL."
Con lo anterior, se puede afirmar que lo dispuesto en la fracción I del artículo 240-d del Código Penal del Estado de Guanajuato, se encuentra dentro de ese margen de configuración legislativa.
El principio de progresividad vincula a todas las autoridades del Estado Mexicano a realizar, en el ámbito de su competencia el incremento gradual en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos además de que, en virtud de su expresión de no regresividad, les impide adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección.
Considera que el artículo 240-d, fracción I, del Código Penal del Estado de Guanajuato, atiende al deber de la autoridad estatal inscrito en el marco del artículo 1o. de la Constitución, de respetar los derechos humanos para proteger el derecho a la libre expresión ejercido por las personas que desempeñan la actividad periodística.
En lo que se refiere a la taxatividad, el artículo 14 constitucional, no impone al legislador ordinario la obligación de definir de manera puntual cada una de las palabras utilizadas en los ordenamientos que emita, ya que, además, resulta inadecuado e impráctico que toda codificación contenga de manera exhaustiva la descripción de cada una de las normas jurídicas que la conforma.
Por tanto, en algunos casos bastará atender al texto, mientras que en otros resultará válido acudir a la gramática o incluso, al contexto en que se desenvuelve el precepto situación que se reconoce por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2016 (10a.), de título y subtítulo: "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE."
En nuestro sistema jurídico, se ha generalizado la postura de que la ley penal es susceptible de ser interpretada para conocer sus alcances, sobre todo en el caso de que el texto de la ley contiene elementos que deben ser analizados a la luz del contexto temporal y social en que se desenvuelven y considerando la realidad que supone la dificultad para describir cada vocablo comprendido en el texto de la ley, lo cual sería una labor carente de practicidad, situación que ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR."
El principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, no supone que la norma penal deba contener una descripción puntual de cada uno de los elementos que la conforman, pues ello resultaría inconveniente por implicar una labor desmesurada e inacabable para el legislador; por el contrario, basta con la descripción suficiente de los conceptos insertos en la norma jurídica para que se tenga por cumplido el principio.
La porción normativa prevista en el artículo 240-d del Código Penal del Estado de Guanajuato, no deviene inconstitucional por no definir el concepto y establecer los alcances del término <violencia>, pues tal postura demandaría definir de manera pormenorizada cada uno de los términos empleados en la norma jurídica.
No existe transgresión a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional debido a que es constitucionalmente válido desentrañar el sentido del tipo penal cuando por su redacción sea necesario.
Así es infundado el reclamo de inconstitucionalidad de la norma aludida considerando que el hecho de que en la misma no se defina lo que debe entenderse por violencia y su alcance, no la torna viciada en tanto es susceptible de ser interpretada para conocer su contenido y alcances.
Para alcanzar el grado de suficiencia de una norma jurídica, en algunos casos bastará con atender a su texto, pero en otros, será necesario acudir a la gramática o incluso al contexto en que se desenvuelven tanto el precepto analizado como sus destinatarios, lo cual ha sido sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de rubros: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL EMPLEAR LOS TÉRMINOS ‘PROPIO’ Y ‘LIBRE’, RESPECTO DE UN BIEN DETERMINADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD."
B) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aduce que la norma cuya constitucionalidad se cuestiona origina que los delitos que sean cometidos en contra de la actividad periodística a través de medios diversos a la violencia, queden impunes al "<<limitar los alcances de protección de este derecho humano fundamental, toda vez que las agresiones que no sean consideradas violentas, que se lleven a cabo en contra de personas en ejercicio de la actividad periodística no serán susceptibles de ser sancionadas por la vía penal>>". Además, agrega que "Entonces de una interpretación gramatical del precepto que se combate se entienden excluidas de protección las agresiones de baja o mediana intensidad, y por ende queden impunes actos y agresiones de tal naturaleza".
Considera que lo anterior es infundado, ya que el artículo 240-d del Código Penal del Estado de Guanajuato, debe ser analizado en forma completa para así conocer cuál es la conducta que se prohíbe o la acción que se prescribe, para de esa manera comprender sus alcances.
La norma tildada de inconstitucional, establece una cuestión específica que entraña el uso de la violencia como medio para la consumación del delito, sin embargo, la fracción II comprende situaciones diversas a aquélla, desvirtuando con ello que queden impunes conductas en las cuales la libertad de expresión que se ejerce en la labor periodística se vea obstaculizada, impedido o reprimido su ejercicio, por lo que se considera injustificado el reclamo de inconstitucionalidad de dicho precepto.
Tales consideraciones fueron reconocidas en el dictamen presentado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato relativas a iniciativas de reforma, adiciones y derogaciones al Código Penal del Estado de Guanajuato.
Así, contrario a lo que afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe la posibilidad de que algunas conductas que dicho organismo clasifica como de <baja o mediana intensidad> sean impugnadas en tanto se acrediten los elementos que integran la fracción II del artículo 240-d, impugnado.
La adición del artículo 240-d, fracción I, del Código Penal del Estado de Guanajuato expedido mediante Decreto Legislativo 216, cumple con las características de racionalidad jurídico formales; además, contiene una hipótesis normativa elemental, conceptual y reguladora en la que se protege desde el ámbito del derecho penal el libre ejercicio de la actividad periodística.
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Irma Leticia González Sánchez Presidenta de la Diputación Permanente que funge durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, rindió su informe, en los siguientes términos:
• Señala que la norma jurídica reclamada, es existente y válida debido a que fue creada de conformidad con el proceso legislativo establecido para tal efecto en diversos cuerpos normativos y que el Congreso del Estado de Guanajuato expidió el Decreto Número 216 mediante el cual se adiciona el artículo 240-d del Código Penal del Estado; decreto publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 185, Segunda Parte del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invoca un único concepto de invalidez en el que pretende sustentar la inconstitucionalidad del artículo 240-d del Código Penal del Estado de Guanajuato. Sostiene que el artículo que combate transgrede el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal además de que el Estado incumple la obligación de perseguir y sancionar los delitos contra la libertad de expresión, consagrados en los artículos 13 y 14 constitucionales derivado de que el artículo combatido exige la utilización de la violencia como requisito para la configuración del delito contra la actividad periodística debido a que se omite precisar el concepto de violencia, lo cual da pauta a un tipo penal abierto, inexacto e impreciso, por tanto se dejan fuera, otro tipo de conductas cometidas contra la actividad periodística que no sean considerados violentos, generando impunidad.
Que el artículo 240-d, del Código Penal del Estado de Guanajuato, no es una medida legislativa adecuada que garantice la investigación y sanción de las conductas en contra de personas que ejerzan la actividad periodística, en razón de que el artículo impugnado impone que necesariamente el evitar el ejercicio de la actividad periodística será sancionado cuando medie violencia.
Causal de improcedencia. No se observa alguna que se actualice con base en los hechos precisados.
A) Omisión de precisar el concepto de violencia.
El primer vicio de inconstitucionalidad que sostiene la demandante es que al no definirse lo que debe entenderse por "violencia", la norma impugnada carece de elementos de claridad pero sobre todo de precisión y que al ser así constituye un tipo penal abierto que puede dar lugar a la aplicación analógica al dejar al arbitrio del juzgador la definición del término violencia, contraviniendo el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
Lo argumentado respecto a la invalidez de la porción normativa del código sustantivo del Estado de Guanajuato debe declararse infundado pues si bien es cierto que el legislador tiene que elaborar disposiciones normativas penales utilizando expresiones o conceptos claros, también es cierto que existen criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se ha reconocido que no necesariamente una disposición normativa es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo que utiliza, ya que ello, tornaría imposible la función legislativa y ello se sostiene con el criterio jurisprudencial de rubro: "LEYES, SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR."
Así, con apoyo en el criterio citado con anterioridad, debe entenderse que el mandato que impone el principio de taxatividad al legislador en la creación de las normas penales solamente le obliga a una determinación suficiente, esto es, a describir con bastante precisión las conductas prohibidas, así como las sanciones que se impondrán a quienes las cometan, pero de ninguna forma obliga a definir cada uno de los elementos que emplea en las normas, aun cuando se trate de normas penales.
Además, cabe hacer referencia a las consideraciones sustentadas en la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia relativas al amparo directo en revisión 1579/2016 en las que estableció que respecto de la claridad y precisión de las normas penales la misma es gradual, que tiene que ver con una cierta tensión estructural relativa a dicho principio y que significa alcanzar un punto de acuerdo entre precisión y flexibilidad de una norma para que en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores contornos de determinación, en razón de que las normas se componen de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión que requieren su regulación, lo que lleva a un reparto de trabajo entre las autoridades judiciales y el legislador a fin de alcanzar una suficiente determinación de la norma posterior a su creación.
La porción normativa cuya inconstitucionalidad se reclama por el titular de la Comisión de los Derechos Humanos se encuentra dentro del título séptimo del delito contra la libre expresión, en el capítulo único "Delito contra la libre ex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29663-3f38b54b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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