I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. III. TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES. IV. NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. V. DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL. LA FALTA DE CLARIDAD Y PRECISIÓN EN LAS CONDUCTAS COMETIDAS POR AQUELLOS QUE MERECERÁN PENAS ADICIONALES VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SUS VERTIENTES DE TAXATIVIDAD Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). VI. DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL. LA ADICIÓN DE UNA NORMA CON EL OBJETO DE SEÑALAR PENAS ADICIONALES PARA AQUÉLLOS, QUE NO SE HACE CONGRUENTE CON UNA NORMA DIVERSA QUE YA LAS CONTEMPLA, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SUS VERTIENTES DE TAXATIVIDAD Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). VII. DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL. LA DISPOSICIÓN QUE INDICA AL JUZGADOR QUE CUANDO EL RESPONSABLE DE UN DELITO TENGA EL CARÁCTER DE PARTICULAR, DEBE CONSIDERAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS, LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS, LAS CONDICIONES EXTERIORES Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DEL BENEFICIO QUE HAYA OBTENIDO, PARA DAR VISTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL CON EL ÚNICO FIN DE DAR A CONOCER LA INHABILITACIÓN DE AQUÉL, GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). VIII. NORMAS PENALES. IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR AL PRINCIPIO IN DUBIO PRO-REO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE AQUÉLLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL QUE NO SURTE EFECTOS RETROACTIVOS, ANTE LA FALTA DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 256, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 137/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México.(1) Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 137/2017, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
1. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
2. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Norma general cuya invalidez se reclama:
El artículo 256, párrafo segundo, en la porción normativa "De manera adicional a dichas sanciones" del Código Penal para el Distrito Federal, publicado mediante decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del código referido, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente, en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:
Indica que el artículo 256, párrafo segundo, en la porción normativa "De manera adicional a dichas sanciones" del Código Penal para el Distrito Federal, se constituye como una redacción penal inexacta que genera incertidumbre jurídica, ya que se desconocen las sanciones a las que se alude, al no contar con el referente concreto al que se remite, lo que genera una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.
Que la referida porción normativa "De manera adicional a dichas sanciones", intenta remitir a sanciones adicionales a las previstas en el propio párrafo de la porción impugnada. No obstante, no se precisa cuáles son las sanciones a las que se pretenden añadir; lo que se traduce en una redacción vaga e imprecisa cuyo efecto es dotar de incertidumbre jurídica a la norma.
Precisa que los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.
La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa abierta o amplia al grado de permitir diversas interpretaciones, ya que en materia penal es de estricta aplicación.
Que el legislador de la Ciudad de México, al modificar el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, no tomó en cuenta la obligación que le atañe de velar por la seguridad jurídica de las personas como creador de normas, pues la porción normativa impugnada genera un espectro de inseguridad jurídica que da pauta a violaciones a derechos humanos; el legislador llevó a cabo una modificación de la norma, que genera una incongruencia jurídica, ya que en el primer párrafo del artículo impugnado, se establece la definición de servidor público para los efectos de la norma panal; y, el segundo párrafo inicia con una referencia a sanciones que no existen en el párrafo anterior, lo que provoca una falta de seguridad jurídica y taxatividad penal.
Refiere que de la literalidad del párrafo segundo, se desprende que en él se establece la imposición de las penas de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular de manera adicional a otras sanciones, sin especificar a cuales otras sanciones se refiere la norma, en razón de que solamente señala "a dichas sanciones": En esta tesitura, el párrafo segundo no guarda congruencia con el párrafo primero, ya que en éste no se alude a ningún tipo de sanción que dé pauta a lo que establece el párrafo subsecuente. Precisa que la reforma realizada por el legislador local, es símil deficiente del establecido en el Código Penal Federal en su artículo 212.
Aduce que si bien el párrafo segundo del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, no remite a un párrafo anterior, sí tiene como consecuencia una inseguridad jurídica que no constituye un tema de técnica legislativa, sino de taxatividad en materia penal y, por tanto, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.
Que la norma impugnada, carece de validez al contemplar la imposición de la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y de elección popular, de manera adicional a otras sanciones, mismas que no son previstas por las normas.
Por lo que, solicita a este Alto Tribunal declarar la invalidez de la porción normativa "De manera adicional a dichas sanciones", del segundo párrafo del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, por constituir una norma cuya redacción imprecisa e inexacta, se traduce en una vulneración al derecho humano de seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal.
CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 137/2017, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.
Así, por auto de cuatro de octubre siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que rindieran su informe; asimismo los requirió al primero para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que enviara el ejemplar de la Gaceta Oficial en el que se haya publicado la norma controvertida; así como a la Procuraduría General de la Republica, para que formulara el pedimento respectivo.
QUINTO.—Informe del jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En su representación acudió el director general de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, el cual lo hizo en los siguientes términos:
Señala que, por cuanto se refiere al artículo 256, párrafo segundo, en la porción normativa "De manera adicional a dichas sanciones" del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en el número 146 Ter, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de septiembre de dos mil diecisiete; que la promulgación del decreto de mérito se efectuó, para su debida publicación y observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base III, de la Constitución Federal; transitorios primero y segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis; y 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En vía de consecuencia, la intervención del jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso legislativo respectivo, se encuentra apegado a la Constitución Federal y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
SEXTO.—Informe de Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Leonel Luna Estrada, en su carácter de presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, rindió su informe, en los siguientes términos:
Señala que es infundado el único concepto de invalidez que aduce la parte accionante, pues el artículo impugnado (artículo 256, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal), establece que toda persona que desempeñe un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo Local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos, asimismo se establecen las sanciones en las que pueden incurrir, tales como la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los criterios ahí especificados.
Que el artículo 14 constitucional consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata; pues tal derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por siempre analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma.
En este orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, dicha descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado, para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivado del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Ello no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la ley penal, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa, sino que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios.
Aduce que la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella, pero es posible que contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hayan prohibidas por el ordenamiento; de ahí que el principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales de configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas.
En este sentido aduce que, el hecho de que se haya establecido "De manera adicional a dichas sanciones", no deja abierta la posibilidad para que el juzgador de forma discrecional pueda incorporar elementos nuevos que no se encuentran establecidos en la ley, sino que, en todo caso, el juzgador deberá imponer las sanciones en las que incurran tanto servidores públicos, como aquellas personas que se encuentren involucrados con ellos o con la comisión del delito, asimismo, se entiende que son aquellas sanciones que no se encuentran previstas en dicho artículo, pero que, a consecuencia de que la comisión de su conducta pueda estar relacionada con otra, que no necesariamente atienda a actos de corrupción de los servidores públicos, el ordenamiento penal, o cualquier otro ordenamiento, prevea otras sanciones. Lo cual, no constituye violación al derecho de taxatividad, mucho menos al de reserva de ley, en virtud de que ningún precepto constitucional establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios defina los vocablos o locuciones ahí utilizadas.
En este sentido, considera que es infundado el argumento de la parte accionante, pues considera que no deja a la arbitrariedad de las autoridades utilizar el término para introducir nuevos elementos, contrario a ello, resulta evidente que el tipo penal cumple con el principio de taxatividad que le es exigible, es decir, otorga seguridad jurídica al destinatario de la norma al permitirle conocer las condiciones materiales de aprovechamiento en que podría actualizarse el supuesto hipotético descrito en la norma penal y, por tanto, hacerse merecedor de la sanción que la misma establece, por afectar el bien jurídico que se pretende proteger, y en todo caso el juzgador tiene la facultad de imponer sanciones previstas en otra disposición u ordenamientos, en caso de que existan otras conductas antijurídicas, sin que ello permita la arbitrariedad.
Considera que el argumento de disenso que hace valer la promovente no es una cuestión o problema constitucional, pues dicha contravención se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno, lo cual, no acontece en la presente acción.
Que es innecesario que en todos los supuestos de la ley, se deba detallar minuciosamente un concepto cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad, por tanto, el artículo impugnado no viola los derechos de seguridad jurídica y de legalidad en su vertiente de taxatividad.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, rindió su informe, en los siguientes términos:
• Señaló que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto; que el órgano accionante, goza de la debida legitimación procesal, para promover el presente medio de control constitucional y que su interposición es oportuna.
• Hizo las precisiones de los marcos constitucional, jurisprudencial, convencional, doctrinal y legal que consideró aplicable al caso en estudio; luego señaló que era fundado el concepto de invalidez hecho valer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que, lo procedente era declarar la invalidez constitucional del artículo 256, párrafo segundo, en la porción normativa que señala "De manera adicional a dichas sanciones", del Código Penal del Distrito Federal, al no resultar acorde con los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en atención a los siguientes razonamientos:
• Que la porción normativa impugnada inobserva el principio constitucional de taxatividad al establecer la imposición de la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y de elección popular, de manera adicional a otras sanciones, misma que no se encuentran previstas por las normas.
• Aunado a lo anterior, considera que la porción normativa de la norma penal que se cuestiona reviste un problema lingüístico, pues la expresión "De manera adicional a otras sanciones", da lugar a que se admitan diversas interpretaciones y genera por consiguiente, dudas incertidumbre o confusión al observador y aplicador de la norma. Lo anterior, si bien es cierto que, las normas deben contener los elementos mínimos que aseguren el derecho de los particulares, también lo es que, atendiendo al principio de exacta aplicación de la ley penal, es obligación de la autoridad legislativa emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia.
• De esta manera estima que el legislador local al modificar la norma impugnada generó una incongruencia jurídica, ya que en el primer párrafo del artículo 256 se establece la definición de servidor público para los efectos de la norma penal; y el segundo párrafo inicia con una referencia a sanciones que no existen en el párrafo anterior, estableciendo únicamente la imposición de las penas de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, de manera adicional a otras sanciones, sin especificar a cuáles otras sanciones se refiere la norma, en razón de que solamente señala "a dichas sanciones", lo que provoca una falta de seguridad jurídica y taxatividad penal. Pues así no se garantiza debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que la porción normativa contiene una tipificación confusa o indeterminada que llevará al órgano jurisdiccional a tener que realizar labores de interpretación, aspecto que sin lugar a dudas vulnera los principios fundamentales de certeza y seguridad jurídica, ya que, para que se cumplan con dichos principios, el legislador debe expedirlas de manera clara, limitada e inequívoca, sin reenvío de parámetros extralegales que impliquen la posibilidad de imponer penas por simple analogía o por mayoría de razón.
• En este sentido concluye que la porción normativa analizada resulta inconstitucional, ya que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal generó incertidumbre jurídica, tanto para los operadores jurídicos como para los gobernados.
OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se cerró la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, fracción I(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción del artículo 256, párrafo segundo, del Código Penal del Distrito Federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, se debe analizar primero, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(5) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En el caso, la norma que se impugna (artículo 256, párrafo segundo, del Código Penal del Distrito Federal), fue publicada en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, por ende, conforme a lo asentado en el párrafo precedente, el plazo legal para promover la presente acción transcurrió del sábado dos de septiembre al domingo uno de octubre de dos mil diecisiete. Por lo que, al haber sido inhábil el último día del plazo, esto es, el uno de octubre de la referida anualidad, la demanda podía presentarse el lunes dos de octubre de dos mil diecisiete.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja veintiocho del cuaderno principal, la demanda se presentó el lunes dos de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en principio su presentación es oportuna.
TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda, Luis Raúl González Pérez, ostentándose como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación por el Senado de la República, de trece de noviembre de dos mil catorce.(6)
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, entre otras, que vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en lo que México sea Parte y, en el caso, se promovió la acción en contra del artículo 256, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que estima contraria a la Norma Fundamental, aduciendo la violación a distintos derechos humanos e instrumentos internacionales.
Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria.
CUARTO.—Causas de improcedencia. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y este Tribunal Pleno no advierte alguna de oficio, de ahí que, lo que procede es abordar los planteamientos de fondo.
QUINTO.—Análisis de fondo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea la inconstitucionalidad del artículo 256, párrafo segundo, en la porción normativa "De manera adicional a dichas sanciones" del Código Penal para el Distrito Federal, en esencia, debido a que:
Afirma, la norma impugnada viola el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, reconocidos en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se precisan cuáles son las sanciones a las que se pretenden añadir, en tanto en el párrafo segundo se establece la imposición de las penas de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, de manera adicional a otras sanciones, sin especificar a cuáles otras sanciones se refiere la norma, en razón de que solamente señala "a dichas sanciones", así no guarda congruencia con el párrafo primero, ya que en éste no se alude a ningún tipo de sanción que dé pauta a lo que establece el párrafo subsecuente; lo que se traduce en una redacción vaga e imprecisa cuyo efecto es dotar de incertidumbre jurídica a la norma.
El precepto impugnado a la letra dice:
(Reformado [N. de E. este párrafo], G.O. 1 de septiembre de 2017)
"Artículo 256. Para los efectos de este código, es servidor público de la Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo Local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos.
(Adicionado [N. de E. con sus fracciones], G.O. 1 de septiembre de 2017)
"De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
"I. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, y
"II. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.
(Adicionado, G.O. 1 de septiembre de 2017)
"Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de este código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.
(Adicionado [N. de E. con sus fracciones], G.O. 1 de septiembre de 2017)
"Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el Juez dará vista a la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:
"I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
"II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
"III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
"IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.
(Adicionado, G.O. 1 de septiembre de 2017)
"Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275, del presente código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo Local, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio."
A efecto de analizar el concepto aducido, es necesario aludir al principio de taxatividad que rige en la formulación legislativa de las normas de carácter penal, consagrado en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente:
El artículo 9 de la citada convención, estable el principio de legalidad, en los términos siguientes:(9)
"Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con tal principio, se ha pronunciado al resolver el Caso de Fermín Ramírez Vs. Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90) y el Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil novecientos noventa y nueve (párrafo 121), respectivamente, como sigue:
"90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que ‘nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable’, el artículo 9 de la convención obliga a los Estados a definir esas ‘acciones u omisiones’ delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido:
"... Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, ... la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.
"En un Estado de derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.
"En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.
"En este sentido, corresponde al Juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico."
"121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Éste implica una clara definición d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29424-67f0b664/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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