I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN. AL CONSTITUIR DERECHOS INDIVISIBLES, LA RESTRICCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DIVULGACIÓN REPRESENTA, DIRECTAMENTE, UN LÍMITE AL DERECHO DE EXPRESARSE LIBREMENTE. IV. PROHIBICIÓN DE LA CENSURA PREVIA. IMPLICA QUE EL ESTADO NO PUEDE SOMETER LAS ACTIVIDADES EXPRESIVAS O COMUNICATIVAS DE LOS PARTICULARES A LA NECESIDAD DE SOLICITAR PREVIAMENTE UN PERMISO A LA AUTORIDAD QUE, POR RAZONES DE CONTENIDO, TENGA EL PODER DE IMPEDIR SU DESARROLLO. V. RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DEBE SER PROPORCIONAL AL INTERÉS QUE LA JUSTIFICA Y AJUSTARSE ESTRECHAMENTE AL LOGRO DE ESE LEGÍTIMO OBJETIVO. VI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. TIENEN UNA DOBLE FACETA, INDIVIDUAL Y SOCIAL, QUE EXIGE QUE LOS INDIVIDUOS NO VEAN IMPEDIDA SU POSIBILIDAD DE MANIFESTARSE LIBREMENTE, Y QUE SE RESPETE SU DERECHO COMO MIEMBROS DE UN COLECTIVO A RECIBIR CUALQUIER INFORMACIÓN Y A CONOCER LA EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO AJENO. VII. DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ENCUENTRAN COMO RESTRICCIÓN LEGÍTIMA A SU EJERCICIO LA PROTECCIÓN AL ORDEN PÚBLICO. VIII. DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL USO LEGÍTIMO DE MEDIDAS PENALES COMO RESTRICCIÓN A ESTOS DERECHOS DEBE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. IX. DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SU EJERCICIO EFECTIVO PRESUPONE EL CUMPLIMIENTO QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA, EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN QUE UN TIPO PENAL REPERCUTA O IMPIDA SU CUMPLIMIENTO. X. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA CONSISTENTE EN QUE UN SERVIDOR PÚBLICO PROPORCIONE INFORMACIÓN QUE CONOZCA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES "PARA QUE SE COMETA CUALQUIER HECHO DELICTUOSO O PARA ENTORPECER EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN O IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, O DE EJECUCIÓN DE PENAS" ("HALCONEO"). RESTRINGE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 222-a Y 222-b DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XI. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA CONSISTENTE EN QUE UN SERVIDOR PÚBLICO PROPORCIONE INFORMACIÓN QUE CONOZCA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES "PARA QUE SE COMETA CUALQUIER HECHO DELICTUOSO O PARA ENTORPECER EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN O IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, O DE EJECUCIÓN DE PENAS" ("HALCONEO"). VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, AL ABARCAR CONDUCTAS NO REPROCHABLES Y QUE SE TRADUCEN EN EL CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS PRESUPUESTOS BÁSICOS PARA EL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 222-a DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XII. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA CONSISTENTE EN QUE UN SERVIDOR PÚBLICO PROPORCIONE INFORMACIÓN QUE CONOZCA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES "PARA QUE SE COMETA CUALQUIER HECHO DELICTUOSO O PARA ENTORPECER EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN O IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, O DE EJECUCIÓN DE PENAS" ("HALCONEO"). VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, AL ABARCAR UN SINNÚMERO DE CONDUCTAS NO REPROCHABLES AMPARADAS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 222-b DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 222-a Y 222-b DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 222-a Y 222-b DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE MARZO DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que los artículos 222-a y 222-b del Código Penal del Estado de Guanajuato, vulneran el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, así como el derecho de acceso a la información.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 94/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 222-a y 222-b, del Código Penal del Estado de Guanajuato, publicados mediante Decreto Número 93, en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el dos de agosto de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, quien se ostentó como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
Normas generales cuya invalidez se reclama:
Artículos 222-a y 222-b del Código Penal del Estado de Guanajuato, publicados mediante Decreto Número 93, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de agosto de dos mil diecinueve.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos humanos hizo valer un único concepto de invalidez en el que expuso los siguientes argumentos:
A. Seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal. Una vez precisada la jurisprudencia en torno al derecho de seguridad jurídica y al principio de taxatividad, la accionante considera que las disposiciones impugnadas los vulneran, en tanto que:
• Los verbos rectores de ambos tipos penales (proporcionar y obtener) implican que la conducta constitutiva del delito está relacionada con la búsqueda de información; acción que constituye el núcleo esencial del derecho de acceso a la información que se encuentra en posesión de cualquier sujeto obligado, que en principio es información pública conforme al principio de máxima publicidad.
• Si bien podría pensarse que el objetivo que persiguió el legislador fue la protección de la seguridad pública y administración de justicia, lo cierto es que las conductas relativas a "proporcionar información" o "realizar actos tendentes a obtener información" no dañan o ponen en riesgo el bien jurídico tutelado por las normas penales en comento, sino que se encuentran de lleno en el ámbito protegido por el derecho de acceso a la información.
• En efecto, en el artículo 222-a impugnado, se sanciona a los servidores públicos que, en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, otorguen información que les es solicitada en ejercicio de dicho derecho.
• No pasa inadvertido que la norma pretenda acotar la información precisando que ésta debe ser para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o ejecución de penas; sin embargo, la autoridad que entrega la información no puede saber que la información solicitada servirá para cometer un hecho delictuoso, pues cuando cualquier persona solicita información pública, en ejercicio del derecho de acceso a la información, no es necesario acreditar interés alguno ni justificar su utilización.
• Lo mismo ocurre respecto del artículo 222-b, pues por su imprecisión se sanciona cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre cualquier actividad de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o ejecución de penas.
• Si bien el legislador pretendió acotar su espectro sancionador, lo cierto es que las porciones normativas consistentes en "para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública" no logran encuadrar adecuadamente el tipo de información cuya ilegítima obtención sea capaz de producir un daño.
• En efecto, sancionar penalmente cualquier acto tendente a obtener información para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, da pauta a que prácticamente cualquier cosa pueda ser considerada como un entorpecimiento a las funciones de seguridad pública; permitiendo que sea la autoridad investigadora o, en su caso, la jurisdiccional, quienes decidan qué tipo de información será considerada de ese modo, lo que implica un traslado de la tipificación del delito a dichas autoridades.
• Además, si bien la finalidad fue prohibir la obtención ilegítima del tipo de información que la propia ley local de transparencia, atendiendo al caso concreto, clasifica como reservada, la sola mención de que la información cuya búsqueda se sanciona penalmente no logra encuadrar adecuadamente el tipo de información cuya ilegítima obtención sea capaz de producir un daño.
• Así, el legislador tipificó una actividad ordinariamente denominada como "halconeo", la cual ha sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 11/2013 y 9/2014.
• Las disposiciones impugnadas no cumplen con los requisitos exigidos en dichos precedentes, pues si bien los tipos penales establecen que la finalidad de proporcionar y obtener información es para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, también lo es que constituyen supuestos muy abiertos, pues el tipo penal no permite inferir qué se entiende por entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública.
• Por cuanto hace al segundo elemento señalado por la Suprema Corte del que deben gozar las normas que regulan tal actividad (especificar el daño que debe producirse con la conducta) tampoco se advierte de forma clara del tipo penal.
• Asimismo, la información no se encuentra acotada, pues únicamente se refiere a las labores de las autoridades de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas locales, es decir, se trata de información relativa al ejercicio de sus funciones de derecho público, que es sobre la que opera el derecho fundamental de acceso a la información pública.
B. Transgresión al derecho fundamental de acceso a la información. Después de desarrollar un estudio en cuanto al contenido del derecho de acceso a la información, la accionante considera que las normas son contrarias a él, a la luz de los siguientes argumentos:
• Las normas impugnadas constituyen una restricción al derecho de acceso a la información, en tanto que el verbo rector es el obtener y proporcionar información, lo que significa que la conducta constitutiva del delito está relacionada con la búsqueda de información; acción que constituye el núcleo esencial del derecho de acceso a la información.
• Atendiendo a los requisitos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se advierte que las normas impugnadas están previstas en una ley formal y persiguen un fin legítimo en tanto están orientadas a proteger la seguridad pública.
• Sin embargo, no satisfacen el requisito de necesidad en una sociedad democrática, en tanto que la restricción no está adecuadamente orientada a satisfacer los intereses que se pretenden proteger, y tampoco es la que, entre las opciones para alcanzar los objetivos mencionados, restringe en menor escala el derecho de acceso a la información.
• La descripción típica es tan amplia que termina por abarcar un sinnúmero de conductas no reprochables amparadas por el derecho de acceso a la información, ya que el verbo rector "realizar actos tendentes a la obtención de información" describe el núcleo esencial del derecho de acceso a la información, mientras que el resto de la descripción típica no aporta suficientes elementos que acoten adecuadamente las conductas sancionadas de aquellas que se pretendieron prohibir. En ese sentido, existe una disociación entre el fin legítimo de la norma, es decir, prohibir el halconeo, y las posibles conductas comprendidas en el tipo penal.
• Por tanto, al ser una medida demasiado amplia y excesiva, hace nugatorio el ejercicio del derecho a la información, al incluir incluso supuestos tales como la formulación de solicitudes formales de información a las instituciones de seguridad pública sobre, por ejemplo, la realización de operativos pasados.
• Además, contrario a lo que se desprende del dictamen de las normas impugnadas, éstas sí tienen un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico.
Cuestiones relativas a los efectos. Se solicita que, de ser declaradas inválidas las normas impugnadas, se invaliden todas aquellas que estén relacionadas.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 94/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
4. Posteriormente, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que rindieran su informe, requiriéndolos para que, el primero de ellos, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Por escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien se ostentó como Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, rindió el informe que le fue requerido y acompañó un ejemplar del Periódico Oficial de dicha entidad federativa en el que obra la publicación de las normas generales impugnadas.
6. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado, además de sostener la validez de su actuación respecto a la promulgación y publicación del decreto combatido, hizo valer los siguientes argumentos para sustentar la constitucionalidad de las normas impugnadas:
A. Después de exponer lo que a su juicio implican los derechos a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, el Poder Ejecutivo argumenta que las normas combatidas no son contrarias a ellos, por lo siguiente:
• Contrario a lo que sostiene la Comisión actora, las normas sancionan la entrega o recepción de información que se realiza con el propósito claro y cierto de llevar a cabo la comisión de un delito o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, las cuales se encuentran definidas en la ley de la materia.
• De ninguna manera se sanciona o inhibe el ejercicio del derecho de acceso a la información porque éste se ejerce a través de un canal oficial y, en ese sentido, es de explorado derecho que el goce de una garantía constitucionalmente reconocida nunca puede tener como consecuencia una sanción,
• Las expresiones "proporcionar información" o "realizar actos tendientes a obtener o proporcionar información" no resultan ambiguas, toda vez que no tienen un carácter autónomo, sino que se supeditan al deseo e intención del sujeto activo de producir un resultado que lesione el orden y la seguridad pública, mediante su entorpecimiento o a través de la comisión de un delito; de ahí que tales conductas sólo serán reprochables hasta en tanto dicho entorpecimiento o hecho delictivo se genere.
• Además, el legislador plasmó en la exposición de motivos de forma clara y suficiente que el fin último de las normas impugnadas es combatir la conducta socialmente conocida como "halconeo"; máxime que ambos tipos penales se encuentran integrados por elementos objetivos, subjetivos y normativos, los cuales exigen la realización de una actividad intelectual de quien aplique el precepto para conocer su sentido y el objeto de regulación del legislador. De esta manera, no podría ser sancionable la solicitud, obtención o entrega de información a través de los medios oficiales de acceso a la información.
• Resulta evidente que los actos relativos a proporcionar y obtener información se encuentran condicionados a la existencia del resultado material que se prevé, es decir, a la comisión de un hecho delictivo o el entorpecimiento del cumplimiento de las funciones que se señalan en el tipo, atento al elemento subjetivo del dolo que se desprende de las referidas conductas, por lo que no implican vaguedad ni ambigüedad, toda vez que la conducta constitutiva está relacionada con la búsqueda y difusión de información sensible y útil en forma dolosa.
• Por lo que hace al argumento de la Comisión actora relacionado con el entorpecimiento del cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas, resulta inconducente que los tipos penales deban definir cada de una de esas funciones, pues basta acudir a las leyes que las rigen para determinar si la conducta se encuentra encaminada a entorpecer alguna de estas funciones. Además, el verbo "entorpecer" tampoco constituye un obstáculo para la exacta aplicación de la ley penal, pues basta desentrañar el significado literal de éste, como se puede apreciar por el significado atribuido por la Real Academia Española.
• Por tanto, considerando el tipo penal, existe un riesgo real de un daño presente, probable, específico y sustancial al orden y la seguridad pública como bienes jurídicos tutelados en dichas figuras típicas, así como el efectivo desempeño de las funciones de las instituciones del Estado, ante el "caso probable" de que dolosamente se divulgue información; lo cual es independiente de la facultad de la autoridad para ponderar y valorar si proporciona o no de manera fundada y motivada aquella información que le sea solicitada ante una eventual solicitud de acceso a la información con base en una prueba de daño.
B. Después de exponer ciertos argumentos relacionados con el contenido de la seguridad pública y del derecho de acceso a la información, estima que las normas impugnadas superan un test de proporcionalidad, por lo siguiente:
• Primera grada. Del contenido de las normas impugnadas, así como de su ubicación dentro del Código Penal del Estado de Guanajuato, se advierte que su fin es abonar a la seguridad pública, el cual es un principio constitucional consagrado en el artículo 21 de la Constitución Federal.
• Segunda grada. La medida cumple con la grada de idoneidad, pues sí incide en el fin de abonar a la seguridad pública, ya que se pretende sancionar a quienes obtienen y proporcionan información concreta cuyo objeto es la comisión de cualquier delito e impedir la actuación diligente y oportuna de los cuerpos de seguridad pública, procuración e impartición de justicia o de ejecución de penas.
• Tercera grada. La medida también cumple con la grada relativa a la necesidad, pues además de que está adecuadamente orientada a satisfacer los intereses públicos imperativos que se pretenden proteger, es la opción idónea para alcanzar los objetivos mencionados porque se limita a sancionar a través de una responsabilidad ulterior establecida en la ley, la propagación de información concreta que no tiene como fin el flujo libre de ideas para promover un debate democrático, sino afectar el desempeño de la función de seguridad pública.
• No pasa inadvertido lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 11/2013 y 9/2014; sin embargo, en el Estado de Guanajuato sí existe una asociación ente el fin legítimo que es la seguridad pública y la conducta que se pretende prohibir pues, se insiste, para que la obtención y difusión de la información sea reprochable es necesario que concurran dos elementos: a) que con base en tal información se cometa cualquier hecho delictivo o se entorpezcan las funciones referidas; y, b) que dichas conductas se realicen con la intención de incurrir en el supuesto anterior.
• Además de lo anterior, no se advierten medidas menos invasivas para la consecución efectiva e inmediata del fin perseguido.
• Cuarta grada. Finalmente, también se cumple con la grada de proporcionalidad en sentido estricto, pues el grado de satisfacción del derecho a la seguridad pública es mucho mayor que la afectación a la libertad de expresión, en tanto que en las normas impugnadas no se instituyó una censura previa, sino una medida ulterior a fin de inhibir y sancionar la transferencia de información cuyo fin exclusivo sea afectar la función estatal de brindar seguridad pública y vulnerar con ello derechos de terceros.
• A mayor abundamiento, debe sostenerse que las disposiciones combatidas no tienen un efecto transgresor en el derecho humano de acceso a la información, pues de ninguna manera penalizan la búsqueda de información ni contienen elementos propios de una prueba de daño conforme a los cuales entrañe reserva de información alguna.
• Además, tomando en cuenta que tal derecho no es absoluto, el legislador puede establecer normas con responsabilidades posteriores que puedan atribuirse a una obtención y divulgación intencional de información, con el propósito de cometer un delito o de entorpecer las funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas.
• Por todo ello, las normas combatidas sí se ajustan a los límites del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, del cual forma parte el derecho de acceso a la información, contemplados en los artículos 13, párrafo 2, inciso b), y 32, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto son establecidos en una ley; persiguen un fin legítimo, y; son necesarias en una sociedad democrática.
• En conclusión, las normas son válidas a la luz de la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el marco de la libertad de configuración normativa de las Legislaturas Locales para la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales y sus garantías.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado, por conducto de la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante, quien se ostentó como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, rindió el informe que le fue requerido y acompañó las copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas. En su informe, sostuvo lo siguiente: A. Después de exponer lo que a su juicio es el alcance del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, argumenta que las disposiciones impugnadas no son contrarias a éste, por lo siguiente:
• La formulación normativa de las normas contiene de forma precisa, clara y concreta la conducta y la sanción, la cual se actualiza cuando la información obtenida, relativa a las funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, es proporcionada por el sujeto activo con el ánimo de que se cause un hecho delictuoso o para el entorpecimiento de las funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas.
• Bajo esa perspectiva, contrario a lo que alega la Comisión actora, se advierte que la entrega de información sí vulnera el bien jurídico tutelado, porque pone en riesgo, en general, la seguridad pública de la sociedad, pues la locución "para que", hace referencia al conocimiento que el sujeto activo debe tener sobre el uso que se dará a la información y con la cual se pretende obtener un resultado.
• Además, la información sobre las actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de pena, será susceptible de catalogarse como información trascendente en la comprobación de la conducta, siempre y cuando se encuentre relacionada con la seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas, ya que así se desprende de la interpretación que se le debe dar a la norma, al situarla dentro del contexto normativo del que forma parte.
• Así, el tipo penal se encuentra ubicado en la sección tercera, delitos contra la sociedad; título primero, de los delitos contra la seguridad pública; capítulo I, información para que se cometa un delito. Por tanto, es claro que, de una interpretación sistemática, armónica y de contexto normativo, se advierte que el tipo penal no puede ir más allá de circunstancias que provienen de un ámbito de seguridad pública.
• En lo relativo a que no se especifica qué se entiende por entorpecer el cumplimiento de las funciones referidas, lo cierto es que dicha porción debe analizarse en conjunto con las diversas normas que regulan las funciones de las instituciones a las que hacen referencia los propios preceptos y que completan los tipos penales. Por ello, el término entorpecer es comprensible para el común de las personas cuando se atiende a un hecho que imposibilita la concreción de un resultado; o para mayor precisión, sólo basta atender a la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia Española.
B. Después de exponer que se coincide con las acotaciones que la Comisión accionante realiza sobre el derecho de acceso a la información, se sostiene que las normas impugnadas no lo vulneran, por lo siguiente:
• Los artículos combatidos no sancionan a quienes obtengan o proporcionen información, pues la acción que se busca sancionar es el uso doloso que se le dé a la información obtenida. El punto toral no se centra en el tipo de información que se obtenga y proporcione, sino que, con dicha información, exista la intención del sujeto activo de que se cometa un hecho delictivo o se entorpezcan las funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas.
• Por otro lado, se coincide con que el verbo rector relativo a obtener y proporcionar información se encuentra relacionado con la búsqueda de la información; sin embargo, el desacuerdo radica en que las reformas impugnadas no imponen restricción alguna para la búsqueda de información pues, se insiste, la conducta sancionada no es la simple conducta de obtener y proporcionar información, sino que de ese resultado se exprese una intención de cometer un hecho delictivo o que se entorpezcan las funciones señaladas.
• Finalmente, en el caso que se considere que las normas impugnadas contienen una probable afectación al derecho humano de acceso a la información, se reitera que la conducta relativa a buscar información se ve intocada. De existir una restricción, sería en la parte que hace referencia a "proporcionar información" en su vertiente al uso que se dé a ésta.
• No obstante, dicha restricción supera un test de proporcionalidad, toda vez que: a) persigue una finalidad constitucionalmente válida como lo es la seguridad pública; b) es idónea, porque sancionar el uso de información con esos fines redunda en cumplimiento de las funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia o de ejecución de penas; c) no existen medidas menos lesivas para lograr el mismo fin, ya que a través de los otros medios previstos en la legislación no se ha obtenido el resultado esperado; y, d) si bien el derecho a obtener y proporcionar información se encuentra tutelado constitucionalmente, el uso de ésta para cometer hechos delictivos o entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, involucra un daño grave al bien jurídico tutelado.
• Por tanto, la supuesta restricción atiende a una razón constitucionalmente válida que debe prevalecer sobre la libertad en el uso de la información, al existir razones fundadas y motivadas que privilegian un interés general, como lo es la seguridad pública.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
9. Alegatos. Por escritos presentados el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Poder Ejecutivo del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hicieron valer sus respectivos alegatos. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado presentó sus alegatos el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.
10. Cierre de la instrucción. Visto el estado procesal del expediente y transcurrido el plazo para que las partes formularan sus alegatos, por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del asunto a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente al comienzo del procedimiento), en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea una posible contradicción entre los artículos 222-a y 222-b del Código Penal del Estado de Guanajuato y la Constitución Federal.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
13. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) deben fijarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad.
14. Por lo anterior y de la lectura integral a la demanda presentada por la Comisión accionante, la litis en el presente asunto se conforma por los artículos 222-a y 222-b, ambos del Código Penal del Estado de Guanajuato, reformados y adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de agosto de dos mil diecinueve. Dichos artículos son del contenido literal siguiente:
"Artículo 222-a. Al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa.
"Si el hecho delictuoso se actualiza, se aplicarán las reglas del capítulo IV del título segundo del libro primero de este código.
"Si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se aumentará hasta con una mitad del máximo.
"Además de las penas referidas en los párrafos anteriores, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta."
"Artículo 222-b. A quien realice cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de dos a siete años y de veinte a setenta días de multa.
"La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando:
"I. Sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas, además se impondrá inhabilitación para desempeñar cargo público hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
"II. Sea cometido a través de menores de dieciocho años o incapaces.
"III. Utilice equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas.
"Si el hecho delictuoso se llega a actualizar, se aplicarán las reglas del capítulo IV del título segundo del libro primero de este código."
III. OPORT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31515-f7cddd10/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS DE CENSURA PREVIA. (1a. CLXXXVII/2012 (10a.))
- LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU ESPECIAL POSICIÓN FRENTE A LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. (1a. CCXVIII/2009)
- DAÑO MORAL. LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA. LIMITANTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL. (I.10o.C.14 C)
- CENSURA PREVIA. ESTÁ PROHIBIDA POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS COMO RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA INFORMACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A MEN (I.4o.A.13 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis