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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. IV. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. V. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 65, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VI. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR ESTE SERVICIO SON INVÁLIDAS, PUES PARA HACERLO ESTE SERVICIO ES SUFICIENTE QUE EL ESTADO REALICE DICHA BÚSQUEDA SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 65, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VII. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. VIII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA POR "MENDIGAR HABITUALMENTE EN LUGAR PÚBLICO" ES INCONSTITUCIONAL, PUES IMPACTA DE FORMA DESPROPORCIONAL Y GENERA DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTA ACTIVIDAD, SI SE TOMA EN CUENTA EL CONTEXTO DE VULNERABILIDAD EN QUE SE ENCUENTRAN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, NUMERAL 10, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). IX. DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. X. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE PRESTAR UN SISTEMA DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. XI. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL MODELO SOCIAL DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES ENTRAÑA EL PLENO RESPETO A SUS DERECHOS, VOLUNTAD Y PREFERENCIAS. XII. MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. IMPLICA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN UNA VIDA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. XIII. IGUALDAD FORMAL. ES UNA PROTECCIÓN CONTRA DISTINCIONES Y/O TRATOS ARBITRARIOS Y SE COMPONE DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y LA IGUALDAD EN LA NORMA JURÍDICA. XIV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. XV. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. XVI. NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR. XVII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA A LA PERSONA ENCARGADA DE LA GUARDA O CUSTODIA DE UN "ENFERMO MENTAL" QUE LO DEJE TRASLADARSE LIBREMENTE EN LUGAR PÚBLICO, NO CUMPLE CON UNA FINALIDAD IMPERIOSA, PUES NO CONTIENE ALGÚN PROPÓSITO VÁLIDO, SINO MÁS BIEN UN APERCIBIMIENTO QUE PROMUEVE LA RESTRICCIÓN EN LA LIBERTAD DE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INOBSERVA QUE ÉSTAS DEBEN TENER IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, NUMERAL 36, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). XVIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. XIX. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVEA ALGUNA PENA O DESCRIBA ALGUNA CONDUCTA ES INCONST

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2023. · Registro digital (IUS): 32388
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-26
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.543.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS Y OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en diversos temas: 1. Cobros por búsqueda de información y expedición de copias simples; 2. Sanción por mendicidad; 3. Sanción a encargados de la guarda o custodia por el tránsito de personas con discapacidad; y, 4. Sanción por proferir injurias.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 81/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó demanda de acción de inconstitucionalidad señalando como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito, la Comisión promovente hizo valer, esencialmente, lo siguiente:

a. Cobros injustificados y excesivos por la búsqueda de información y la reproducción en copias simples. El artículo 65, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec establece cobros injustificados y desproporcionados por la simple búsqueda de información y reproducción en copias simples.

b. El Congreso local estableció tarifas de 0.048 UMA, es decir, $4.97 pesos, lo cual no guarda relación directa con los gastos que le representa al Ayuntamiento por la prestación de los servicios, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones.

c. Las fracciones controvertidas se encuentran insertas en los derechos por servicios, por lo que el Congreso local tiene la obligación de observar el principio de proporcionalidad tributaria mediante el establecimiento de montos que representen exactamente las erogaciones que le ocasionan dichos servicios al Municipio.

d. Así, al tratarse de derechos por la expedición de copias simples o búsqueda de documentos, implica para la autoridad la obligación de que la tarifa que establezca sea acorde y proporcional al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

e. De esa forma, no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad necesaria para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos para el Municipio que respalde el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia. Es decir, para la búsqueda de documentos es suficiente con que el funcionario la realice sin generar costos adicionales para el Estado.

f. Por su parte, cobrar por la entrega de información en copias simples sin que se advierta razonabilidad entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, también se considera desproporcionado, pues no responde al gasto que efectuó el Municipio para brindar el servicio.

g. Discriminación por el establecimiento de sanciones por actos de mendicidad. El artículo 113, párrafo segundo, numeral 10, de la ley impugnada vulnera el derecho humano a la igualdad y no discriminación debido a que deviene en prácticas discriminatorias al imponer multas a las personas que, por sus condiciones particulares, tienen la necesidad de solicitar dinero en espacios públicos.

h. El vocablo "mendigar" significa pedir limosna de puerta en puerta, así como solicitar el favor de alguien con importunidad y hasta con humillación. Por su parte "limosna" connota cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad.

i. La legislatura local estableció una multa que oscila entre 1 a 5 UMA a quien solicite habitualmente la caridad en los espacios públicos del Municipio. Tal disposición vulnera el derecho de igualdad y no discriminación porque produce un efecto de discriminación indirecta en perjuicio de las personas que, por sus condiciones particulares –al encontrarse en estado de desventaja económica o situación de calle–, tienen la necesidad de solicitar la caridad habitualmente en los espacios públicos del Municipio.

j. La norma, a pesar de encontrarse redactada en términos neutrales, sin incluir explícitamente a las personas en situación de calle o de vulnerabilidad, produce un efecto discriminatorio en perjuicio de aquellas que se encuentran en un contexto de desventaja económica, social y/o estructural que las lleva a la necesidad de requerir caridad. En ese sentido, la norma genera un trato diferenciado y desproporcionado, el cual estima irrazonable e injustificado, que invisibiliza el contexto de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que se ven en la necesidad de "mendigar habitualmente en lugar público".

k. El Congreso local pasó por alto los factores que colocan en situación de vulnerabilidad a las personas que solicitan apoyo económico en los espacios públicos, los cuales son macroestructurales que implican circunstancias económicas, políticas, culturales, migratorias, de desempleo y pobreza. También soslayó que las personas que solicitan caridad en espacios públicos, es justamente en estos lugares donde transitan, se desarrollan y habitan, circunstancia que les lleva a enfrentar continuamente pobreza extrema y diferentes tipos de violencia.

l. Discriminación por el establecimiento de sanciones a personas encargadas o custodias de personas con enfermedades mentales. El artículo 113, párrafo segundo, numeral 36, de la ley impugnada establece una sanción pecuniaria para la persona encargada de la guarda o custodia de otra con una enfermedad mental, cuando la deje trasladarse libremente en un lugar público del Municipio.

m. Si bien la norma tiene una apariencia neutra, constituye una regulación permeada de estereotipos y estigmas en torno a las personas con discapacidad mental, en consecuencia, se erige como una norma discriminatoria que impide el reconocimiento de la dignidad humana de las personas con discapacidad.

n. La regulación permite que se siga perpetuando una visión de que las personas con discapacidad mental representan un riesgo para sí y para el resto de la sociedad, por lo que siempre deben ser "cuidadas", lo cual resulta discriminatorio, obstaculizando una igualdad sustantiva.

o. El Congreso local emplea el término "enfermo mental" para referirse a personas que viven con discapacidad mental, diseño lingüístico que hoy es abiertamente discriminatorio, excluyente, que segrega y que además es contrario al andamiaje constitucional en materia de derechos humanos.

p. En ese contexto, la norma contiene un lenguaje discriminatorio al perpetuar estereotipos y estigmas basados en estimaciones de "peligrosidad" en torno a las personas con discapacidad mental, impidiendo que tengan una vida digna, autónoma e independiente dentro de la sociedad.

q. En el caso de la discapacidad mental e intelectual, se tienen concepciones relativas a la violencia, sensación de peligro, incapacidad para tomar decisiones, desesperanza, entre otros, que se proyectan en la disposición normativa impugnada, pues no existe justificación constitucionalmente válida para que se sancione por el simple hecho de que una persona con discapacidad mental se traslade libremente en lugares públicos del Municipio.

r. La norma no sólo trastoca el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad mental, sino también el reconocimiento de su personalidad jurídica como titulares plenos de derechos fundamentales. Así, la norma se aleja del modelo de derechos humanos de discapacidad, ya que refuerzan las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos en forma efectiva.

s. Asimismo, la legislatura local soslayó la obligación convencional de adoptar medidas específicas que no perpetúen el aislamiento, la segregación, los estereotipos, la estigmatización ni otros tipos de discriminación contra las personas con discapacidad.

t. Sanciones por proferir injurias. El artículo 113, párrafo segundo, numeral 43, de la ley impugnada prevé infracciones por proferir injurias con palabras, actitudes o gestos hacia los espectadores que asistan a espectáculos o diversiones.

u. La descripción normativa de la conducta antijurídica es ambigua e imprecisa, por lo que vulnera los derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia administrativa sancionadora porque permite la arbitrariedad de la autoridad administrativa para determinar, de forma discrecional, cuándo un comportamiento configura una conducta antijurídica.

v. La conducta antijurídica conlleva un amplio margen de valoración subjetiva por parte de la autoridad municipal, pues el supuesto no es lo suficientemente claro y exhaustivo para brindar certeza jurídica a las personas destinatarias en relación con los comportamientos reprochables. En consecuencia, la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino a un ámbito estrictamente personal que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, de manera que, si para una persona una expresión pudiera resultarle altamente injuriosa, para otra no representaría afectación alguna.

w. Respecto a la porción normativa "actitudes o gestos", la estima amplia y ambigua, dado que requiere de una valoración subjetiva, siendo la autoridad municipal competente quien determine cuáles expresiones o manifestaciones serán consideradas injuriosas para el público que asista a un espectáculo o diversión en el Municipio.

x. Adicionalmente, la norma impacta de forma desproporcional en el ejercicio de la libertad de expresión, pues sanciona a todas las personas actoras, jugadoras, músicas o auxiliares del espectáculo o diversión del que se trate, cuando profieran o expresen injurias mediante palabras, actitudes o gestos, quienes lo hacen dentro de su propia forma individual. Si bien la Constitución Federal no ampara un derecho al insulto, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales sino simbólicas. En consecuencia, el precepto constituye una medida de autocensura que contraviene la libertad de expresión, pues las manifestaciones reprochables involucran una forma de ser de cada persona.

3. Admisión y trámite. La Ministra Presidenta formó y registró el expediente de la acción de inconstitucionalidad en el momento oportuno y ordenó su turno al Ministro Instructor, por proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, el cual admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de trece de abril siguiente.

4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El órgano parlamentario local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

a. Respecto a las multas discriminatorias, multas que contienen un lenguaje discriminatorio y el establecimiento de faltas imprecisas, es importante señalar que el lenguaje y la sociedad son dos conceptos que interactúan de manera recíproca, la sociedad cambia y con ella el modo en que nos expresamos.

b. En el caso el lenguaje no es discriminatorio en sí mismo, más bien lo discriminatorio se relaciona con los significados atribuidos a él y las cargas psicosociales dadas a las formas de nombrar una acción.

c. El Municipio de Santo Domingo Tehuantepec posee autonomía indígena y hay consciencia de la pluriculturalidad del Estado y con respeto a la autonomía indígena se analizó que de ninguna manera los términos resultaban peyorativos o imprecisos, ya que son parte de un lenguaje familiar para la población del Municipio.

d. La ley impugnada se ciñe a los principios constitucionales, de los que se desprende el principio de vinculación al gasto público, esto es, contribuir al gasto público. Dicho gasto comprende todas las erogaciones destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de la función pública del Estado. Este principio, a su vez, constituye una obligación para el Estado, que es destinar las contribuciones únicamente a la satisfacción de los gastos públicos, y, en el caso que nos ocupa, la recaudación está justificada.

e. Por otro lado, la mendicidad puede considerarse a simple vista como una actividad lícita propia de quien pide limosna, pero no siempre es así ya que se ha identificado que es una actividad altamente relacionada con el delito de trata de personas y, en ese sentido, las multas previstas no son una medida discriminatoria, sino que se establecieron debido al interés general de proteger bienes jurídicos como la integridad física, seguridad, orden social o la vida.

f. Los preceptos impugnados no vulneran los principios de seguridad jurídica, legalidad, igualdad y no discriminación, pues el legislador no buscó crear categorías diversas atendiendo a las condiciones en que se encuentre una persona en particular, sino que buscan regular una situación de interés general.

g. Respecto al principio de proporcionalidad y equidad tributarios, señala que se establecieron tributos claros, precisos y acordes al medio económico en que tributa el contribuyente, ya que las tasas, cuotas y tarifas fueron elaboradas por los integrantes del Ayuntamiento del Municipio que se cercioraron de que cada gravamen fuera idóneo y acorde a los ingresos del contribuyente, a su capacidad de pago y a los beneficios que el contribuyente recibe del Gobierno Municipal. Además de estar elaborada con base en los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño, incluyendo objetivos anuales, estrategias y metas, con el marco jurídico aplicable, política de ingresos de la administración y exposición de motivos que explica el impacto jurídico, económico, social y presupuestal de la ley.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El poder local argumentó, en síntesis, lo siguiente:

a. Invoca la causa de improcedencia establecida por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 65, párrafo primero, ambos de la Ley Reglamentaria, porque la promulgación de la ley impugnada atendió a la facultad potestativa y su contenido no excede ni transgrede algún precepto o principio amparado en la Constitución Federal, aunado a que, dentro de los conceptos de invalidez que hace valer la promovente, no se advierte la existencia de dichas vulneraciones. Con lo anterior, señala que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad de conformidad con el diverso 20, fracciones II y III, de la citada Ley Reglamentaria.

b. Afirma que sí promulgó y publicó el Decreto 256, lo cual no resulta inconstitucional, porque se ejercieron las facultades previstas en los artículos 52, 53 y 58 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

c. Cobros excesivos y desproporcionados por reproducción de información no relacionados con acceso a la información. El Estado, a través del Poder Legislativo, es el único órgano facultado para crear, modificar o suprimir tributos, lo que se le conoce como facultad potestativa que se deriva de la premisa de que el Estado realiza numerosos gastos para cumplir con sus atribuciones, las cuales son de naturaleza diversa.

d. El propósito de las contribuciones es sufragar el gasto público, promover el desarrollo integral del país y prestar los servicios públicos que demanda la sociedad. Así, por mandado constitucional se impone a las y los mexicanos la obligación de contribuir conforme al artículo 31, fracción IV, constitucional.

e. El Municipio es autónomo y administra libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional.

f. Luego, el Congreso local ejerció sus facultades constitucionales y legalmente otorgadas para establecer las contribuciones necesarias y cubrir el presupuesto de egresos, por lo que no contraviene precepto constitucional alguno, pues no estamos en el supuesto del derecho de acceso a la información.

g. La legalización de un documento es cuando éste se somete a requisitos formales para que tenga validez; por su parte, la constancia es un documento que se expide en el que se acredita algún hecho; las certificaciones son documentos que dan fe de un hecho; y el permiso es un documento que se expide, previo al cumplimiento de requisitos, con el fin de autorizar actos. Éstos son solicitados por personas físicas o morales dentro del derecho privado, por lo que al imponer un cobro por la expedición de documentos en cuyo contenido obra información de actos realizados por particulares, no equivale a una transgresión al principio de proporcionalidad o equidad tributaria.

h. Finalmente, el cobro por la expedición de copias certificadas no resulta en una carga excedente para el contribuyente porque representa el 0.07 por ciento del salario mínimo mensual vigente, concluyendo que se encuentra debidamente justificado y atiende al principio de proporcionalidad.

i. Mendigar habitualmente en lugar público. Es importante un análisis completo de la porción normativa, pues no es el simple hecho de mendigar como lo refiere la promovente, sino que está la condicionante de que se realice habitualmente, es decir, de manera repetida, lo cual es contrario al orden público y no tiende a discriminar o generar mayor desigualdad, sino que se trata de evitar que dichas prácticas no resulten ordinarias.

j. El hecho de que una persona mendigue o pida limosna atiende a diferentes circunstancias, siendo una excepcionalidad, y ante esas situaciones el Estado ha implementado mecanismos que permiten que las personas que se encuentran en una condición económica desfavorable puedan cambiar ese estado excepcional, por lo que no resulta contrario a la norma constitucional ya que se trata de inhibir una situación contraria al orden público, pues no se sanciona a la persona que mendigue sino que dicha actividad la vuelva su forma de vida en los espacios públicos.

k. Sanción pecuniaria para la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental, cuando lo deje trasladarse libremente en un lugar público del Municipio. La sanción atiende a la responsabilidad que tiene la persona a cargo de la guarda y custodia, la que en todo momento deberá brindar apoyo, cuidados y vigilar el estado de la persona bajo su cuidado.

l. La sanción pretende cuidar la integridad de la persona discapacitada, que no es una cuestión que merme las libertades o discrimine, sino que atiende a una responsabilidad, y sobre todo a supervisar el estado de salud y la integridad física de las personas que sufren este tipo de padecimientos.

m. Infracciones por proferir injurias con palabras, actitudes o gestos hacia los espectadores que asistan a espectáculos o diversiones. El supuesto normativo es claro. La Real Academia Española define las injurias, con ello es dable afirmar que no existe grado de discrecionalidad pues estamos ante una falta administrativa en la que se pondera el derecho al honor de las personas ante acciones, expresiones, agravios o palabras que atenten contra la dignidad de las personas, así, cumple con el principio de taxatividad y es constitucional. 6. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. No se formuló pedimento ni manifestaciones en este asunto.

7. Alegatos. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca formuló alegatos mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de julio de dos mil veintitrés.

8. Cierre de la instrucción. El tres de agosto de dos mil veintitrés, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible vulneración a diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal como son: la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributarios, igualdad y no discriminación, y taxatividad en materia administrativa sancionadora.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

10. Del escrito de demanda se advierte que las disposiciones impugnadas de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, son las siguientes:

Cobros por búsqueda de información y expedición de copias simples.

1) Artículo 65, fracciones XI y XII.

Sanción por mendicidad.

2) Artículo 113, párrafo segundo, numeral 10.

Sanción por el tránsito de personas con discapacidad.

3) Artículo 113, párrafo segundo, numeral 36.

Sanción por proferir injurias.

4) Artículo 113, párrafo segundo, numeral 43.

III. OPORTUNIDAD

11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del veintidós de febrero al veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se promovió el veintitrés de marzo del citado año, es oportuna su promoción.

IV. LEGITIMACIÓN

13. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional,(4) la promovente cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre una ley expedida por la legislatura estatal que estima transgrede distintos derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

14. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 81/2023 está firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

15. La representación legal de la Presidenta de la referida Comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del Reglamento Interno de la misma Comisión.(5)

16. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

V.1. Primera causa de improcedencia aducida por el Poder Ejecutivo local.

17. El Poder Ejecutivo local expuso que la promulgación y publicación de la ley impugnada se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, de ahí que no resulta inconstitucional.

18. Tal argumento debe desestimarse porque no constituye una causa de improcedencia de las previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, aunado a que el Ejecutivo, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.(6)

V.2. Segunda causa de improcedencia aducida por el Poder Ejecutivo local.

19. El Poder Ejecutivo local señala que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII, 20, fracciones II y III, y 65 de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante.

20. Tales argumentos deben desestimarse ya que el análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos que aduce la Comisión accionante en su demanda involucra el estudio de fondo del asunto.(7)

21. Así, al no existir otro motivo de improcedencia planteado ni advertirse alguno otro de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. Metodología de estudio. De la lectura de la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierte que se impugnan diversos artículos en temas diferentes, por lo que el estudio de fondo se dividirá en las siguientes materias:

1. Cobros por búsqueda de información y expedición de copias simples.

2. Sanción por mendicidad.

3. Sanción a encargados de la guarda o custodia por el tránsito de personas con discapacidad.

4. Sanción por proferir injurias.

23. En los apartados siguientes se da respuesta a los conceptos de invalidez hechos valer por la accionante en cada uno de los tópicos, en el orden expuesto.

VI.1. Cobros por búsqueda de información y expedición de copias simples.

24. La Comisión accionante aduce que el artículo 65, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec establece cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda de información y reproducción en copias simples. Ello, porque el Congreso local estableció tarifas de 0.048 unidades de medida y actualización, es decir, $4.97 pesos, lo cual no guarda relación directa con los gastos que le representa al Ayuntamiento por la prestación de los servicios.

25. Los argumentos son fundados. El principio de proporcionalidad tributaria se encuentra contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

26. Este Alto Tribunal en diversos precedentes como la acción de inconstitucionalidad 93/2020(8) y, de manera reciente, en las acciones de inconstitucionalidad 42/2022,(9) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022,(10) así como en la 179/2021 y su acumulada 183/2021,(11) ha sostenido que, para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.

27. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que, para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.(12)

28. Establecido lo anterior, se procede a analizar el contenido del artículo impugnado:

Ver artículo impugnado 1

29. El artículo transcrito contempla cuotas por búsqueda y copias simples de documentos, por primera hoja y por hoja adicional de 0.048 unidades de medida y actualización ($4.97)(13) en ambos casos.

30. A consideración de este Tribunal Pleno, las cuotas previstas resultan desproporcionales como lo sostiene la accionante, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio.

31. Además, respecto a la cuota por búsqueda de documentos, este Pleno llega a la conclusión de que resulta abiertamente desproporcional, pues como se ha sostenido, las tarifas establecidas deben guardar una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados. En ese sentido, y por mayoría de razón, la búsqueda de documentos requiere de menores recursos que la expedición de copias simples, pues es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado.

32. Así, atendiendo a las consideraciones precisadas, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 65, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

VI.2. Sanción por mendicidad.

33. La Comisión accionante señala que el artículo 113, párrafo segundo, numeral 10, de la ley impu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32388-0aca2757/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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